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21 février 2007

La Abuelas resuelven un caso Histórico de los robos de bebés del represor Norberto Atilio Bianco en Argentina.

"Pudimos revertir el plan macabro"

 

Recupero la identidad un niño, hoy un joven, que fue apropiado por el represor Bianco. Hace más de veinte años, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico militar y represor de Campo de Mayo Atilio Bianco por la apropiación de dos menores. La Justicia confirmó ahora que uno de ellos es el hijo de los desaparecidos Jorge Casariego y Norma Tato. El joven aceptó voluntariamente hacerse el análisis de ADN.

Por Victoria Ginzberg
Página 12
. Buenos Aires, 21 de Febrero de 2007.

Los padres desaparecidos
Norma Tato y Jorge Carlos Casariego

En 1985, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico del Ejército Norberto Atilio Bianco como apropiador de hijos de desaparecidos. Una fuga a Paraguay, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una condena a doce años de prisión formaron parte de esa historia. Pero aun así, las identidades biológicas de Pablo y Carolina, los dos niños que el represor había criado, no habían sido develadas. Eso fue así hasta que Pablo, hoy un joven de 29 años, aceptó hacerse voluntariamente el estudio de ADN. De esta forma, se comprobó finalmente que es hijo de Norma Tato y Jorge Carlos Casariego. Ellos fueron secuestrados en abril de 1977 y fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, donde Bianco atendió partos y se ocupó de "repartir bebés". "Después de más de veinte años de inclaudicable y tenaz lucha para restituir sus derechos a un bebé, hoy un joven, pudimos revertir el macabro plan de los genocidas. Pablo Hernán Casariego Tato es libre", dijeron las Abuelas en un comunicado.

Por este caso fue que el juez Roberto Marquevich ordenó el 9 de junio de 1998 que el dictador Jorge Rafael Videla volviera a prisión. Pero hace ya más de cinco años que la causa en la que se investigaba el origen de los chicos apropiados por Bianco y su mujer, Susana Wehrli, está cerrada. El represor fue condenado a doce años de prisión, aunque no estuvo mucho tiempo tras las rejas, porque la Justicia computó como tiempo de detención diez años que pasó mientras esperaba su extradición con una laxa prisión domiciliaria en Paraguay, donde se había fugado.

En 2001, la Cámara Federal de San Martín consideró que el delito de supresión de estado civil y la identidad de Pablo y Carolina estaba prescripto. De esta forma, impidió seguir investigando quiénes eran los padres de los niños. Pero el delito no había cesado, ya que los jóvenes no habían recuperado su identidad.

Las Abuelas de Plaza de Mayo no se resignaron. Una joven colaboradora del organismo contactó a Pablo y Carolina en Paraguay, donde vivían. Y en octubre de 2002 logró que Pablo accediera a realizar el estudio de ADN. El análisis se hizo en forma privada y reveló que los padres de quien había crecido como Bianco Wehrli eran Casariego y Tato. En noviembre del año pasado, las Abuelas, con la representación del abogado Luciano Hazan, consiguieron que la jueza de San Martín Sandra Arroyo Salgado y el secretario Walter Rodríguez reabrieran la causa judicial en base al derecho a la Verdad. Con la intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se pudo repetir el análisis de sangre, esta vez en el Banco Genético del Hospital Durand. Así, la Justicia confirmó formalmente la identidad de Pablo, que inició un proceso de acercamiento a su familia biológica.

La familia

Norma Tato y Jorge Carlos Casariego se conocieron mientras trabajaban en el laboratorio Squibb. El era alto, de tez blanca y ojos claros y usaba anteojos. Estudió Química en la UBA, se casó con su prima Rosa María, tuvo dos hijos y luego se separó. Ella tenía ojos marrones, pelo castaño y nariz pequeña. Era maestra y también tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Ambos militaban en Montoneros y vivían en un pequeño departamento cerca del Zoológico.

Norma fue secuestrada el 13 de abril de 1977, en su domicilio, frente a sus hijos, que fueron dejados con una vecina y luego entregados a su papá. Estaba embarazada de cinco meses y fue vista junto con Casariego en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese centro clandestino revelaron que dio a luz a mediados de agosto. Según los testimonios, el parto se hizo en condiciones precarias, sin asistencia médica, en una piecita ubicada junto al pabellón número 1. La mujer fue asistida por otra detenida. Veinticuatro horas después le sacaron al bebé. Y una semana más tarde fue "trasladada", es decir, asesinada. Unos días antes Jorge había tenido el mismo destino.

La Justicia

Las Abuelas comenzaron a seguir la pista de Bianco en 1984, a partir de informaciones anónimas, incluso de personas cercanas al represor, que aseguraban que Bianco y su mujer tenían niños que podían ser hijos de desaparecidos. Las denuncias se completaban con el dato de que la pareja no podía tener hijos y con el hecho de que el hombre se desempeñaba como médico en el hospital militar de Campo de Mayo.

Bianco no sólo es responsable por la apropiación de Pablo -la identidad de Carolina aún se desconoce-, sino también por su actuación como represor en Campo de Mayo, donde se registraron al menos 35 casos de mujeres embarazadas (ver aparte). Bianco era el encargado de la maternidad clandestina que funcionó en el hospital militar. Las denuncias señalaron a Bianco como quien llevaba a las mujeres a parir en el sector de Epidemiología de ese lugar y luego retiraba a los niños recién nacidos. Allí, después de dar a luz, las madres recibían una inyección para que no tuvieran leche.

Para evitar el análisis de sangre que confirmaría la identidad de los niños y lo llevaría a la cárcel, en 1986 Bianco se escapó con su mujer y los dos chicos a Paraguay, donde recibió el amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner. Fueron localizados en 1987 en Asunción, donde los chicos iban a la escuela con el apellido Polimeni. El 23 de abril de ese año, la Justicia argentina pidió la extradición y la restitución de los niños bajo la tutela del juez. El trámite de extradición se demoró diez años y motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de haberse comprometido a partir de un acuerdo en el organismo internacional, la Justicia paraguaya nunca hizo los exámenes genéticos a los chicos. Para conocer la verdad sobre Pablo hubo que esperar otros diez años.

***
LA CAUSA CONTRA BIANCO POR LA REPRESION EN CAMPO DE MAYO
Dueño del destino de las embarazadas

Norberto Atilio Bianco cumplió funciones como médico en el Hospital Militar de Campo de Mayo con el grado de capitán del Ejército durante la última dictadura militar. La Justicia lo condenó en 2000 por la apropiación de dos menores de edad, pero en diciembre del año pasado las Abuelas de Plaza de Mayo sumaron a esa denuncia otra por su responsabilidad en los secuestros y desapariciones de los hijos de, por lo menos, 35 mujeres embarazadas que pasaron por Campo de Mayo. La denuncia contó con el respaldo de casi cuarenta testimonios reunidos en la causa judicial de primera instancia y en el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

"A las mujeres se las denominaba NN, por eso ignoro los nombres", indicó Concepción Piffareti de Garzulo, una enfermera auxiliar del Hospital Militar que declaró en la causa y que trabajaba en el área de Epidemiología : "Las que tenían parto natural no volvían a Epidemiología, sólo volvían las que tenían cesáreas, pero no estaban más de dos días".

El testimonio de Piffareti de Garzulo es sólo uno de los muchos antecedentes reunidos por la denuncia de Abuelas y que redefine el rol de Bianco en Campo de Mayo, hasta el año pasado juzgado y condenado sólo por la causa de apropiación de dos menores de edad a quienes anotó con su nombre (ver aparte).

En la guarnición militar existieron tres centros clandestinos. El primero, recuerda la denuncia, en la plaza de tiro, próximo al campo de paracaidismo, conocido como "El Campito" o "Los Tordos". El segundo, de inteligencia, ubicado en la Ruta 8, frente a la escuela de Suboficiales Sargento Cabral, y el tercero, en la Prisión Militar de Campo de Mayo. Allí cumplió funciones Bianco como médico en el Hospital Militar y en el área de Epidemiología, donde se alojaban mujeres embarazadas sin registro alguno.

La denuncia está sostenida por testimonios de enfermeros, mucamas, un músico militar, médicos civiles, una obstetra y ex detenidos reunidos. Las declaraciones permitieron entender cómo funcionó el mecanismo de apropiación-desaparición desarrollado en ese lugar.

Ernestina Larretape trabajaba como enfermera del servicio de maternidad del Hospital Militar de Campo de Mayo. Fue otra de las personas que declaró. "En unas pocas oportunidades -dijo-, entre 1976 y 1977, tuvo que llevar medicación a pacientes alojadas en epidemiología, tratándose siempre de mujeres que habían tenido familia, las cuales estaban en dos habitaciones custodiadas." Esas mujeres no figuraban asentadas en maternidad. "El comentario general era que eran ’subversivas’ y se las conocía como N.N."

Un técnico radiólogo mencionó las rutinas. Declaró en 1984 como Jorge Luis Espósito ante la Conadep. Las mujeres que estaban en la sala de hombres de Epidemiología, dijo, "eran llevadas por la noche a parir a ginecología y obstetricia, a cargo de Caserotto". Una vez nacido el niño, explicó, "las prisioneras embarazadas eran separadas de él e inmediatamente desaparecían con destino desconocido". Sobre los niños, supo por referencias que permanecían en la nurserie.

En ese esquema, se considera a Bianco como una de las pocas personas con acceso a donde estaban las detenidas. Además, era una de las dos personas que emitía las órdenes de atención para las embarazadas y ordenaba el modo de realizar los partos. Una tarea compartida con otro médico ya fallecido, Julio César Caserotto. A pesar de que desarrollaba estas tareas, la acusación describe como su rol fundamental el de llevar a algunas embarazadas detenidas-desaparecidas a parir a Campo de Mayo y retiraba a los niños recién nacidos. Ni el parto ni la existencia de criaturas eran motivo de registro, "es decir ocurrían en la clandestinidad y sordidez más absoluta".

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LA BUSQUEDA EN URUGUAY
Buenos Aires, 21 de febrero de 2007.

Tras la restitución de la identidad de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, se está buscando ahora en el Uruguay a otros hijos de desaparecidos argentinos. "Hay tres casos pendientes, dado que hay sospechas de que eran mujeres que estaban embarazadas y probablemente hayan dado a luz en cautiverio", señaló Eduardo Pirotto, integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos. La búsqueda se realiza sobre jóvenes nacidos entre 1974 y 1978, adoptados o con la presunción de serlo, algunos de los cuales se contactaron con la Comisión para la Paz, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) o Familiares de Desaparecidos para conocer sus orígenes.

Pirotto dijo que hay datos concretos que muestran que el caso de la nieta de Gelman no fue el único. "Hay dos niños hijos de uruguayos desaparecidos en Argentina, en 1976, que fueron traídos en el mismo vuelo que la nieta de Gelman a Montevideo. Pero esos niños, luego de pernoctar en Montevideo, fueron abandonados en una plaza de Valparaíso en Chile", relató. El grupo de madres y familiares que realiza este trabajo ya recibió 140 denuncias, de las cuales un 50 por ciento son de jóvenes que se presentaron por iniciativa propia. Las investigaciones son coordinadas por la Secretaría de Seguimiento, adjunta a la presidencia de la República, que trabaja con el banco de datos genéticos del Hospital Durand, de Buenos Aires.

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Reclamo a Casación

El Consejo de la Magistratura solicitó a la Cámara de Casación un detalle sobre su actuación en las causas vinculadas con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El pedido se concretó el lunes y se hizo a partir de una propuesta de la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo. Página/12 informó la semana pasada que la Cámara de Casación era considerada por los organismos de derechos humanos como uno de los principales obstáculos en el avance de los expedientes sobre la última dictadura. En ese tribunal hay más de cien recursos pendientes, algunos hace más de tres años. Uno de los planteos que deben resolver es el de la validez de la ley que anuló el Punto Final y Obediencia Debida, sobre el que ya se expidió la Corte Suprema. Además, varios casos que están por ir a juicio oral deben esperar por decisiones de Casación. Ahora, el tribunal deberá informar mensualmente sobre el estado de las causas y los jueces que intervienen. También tendrá que aclarar la fecha de ingreso de los expedientes.

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