Invasión de los Estados Unidos à Panamá, diciembre 1989.

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8. La Ocupación

« Los americanos encontraron más resistencia de la que esperaban. » Esto lo afirmó Newsweek en su edición sobre la invasión a Panamá. Y tan es así que el 22 de diciembre Estados Unidos envía 2000 nuevos efectivos para reforzar los 24 000 que ya combatían en el Istmo. Las Fuerzas de Defensa contaban con 12 000 unidades, y éstas diseminadas en toda la República. Por su parte el general Thurman, jefe del Comando Sur, « llega a reconocer que la oposición encontrada a las fuerzas americanas ’está organizada, no desorganizada’, especulando sobre la posible ’mano conductora’ de Noriega en la contraofensiva.  » Adicionalmente señala que « tendrán que trabajar duro para poner bajo control a los Batallones de la Dignidad ». [1]

En el área metropolitana, los principales teatros de batalla fueron el barrio de El Chorrillo, al cual nos referimos, y el Distrito Especial de San Miguelito, cuya población de 200 mil habitantes fluctúa entre la miseria y la pobreza. Responsable de su defensa era el teniente coronel Daniel Delgado Diamante.

Las acciones armadas en San Miguelito se iniciaron a las dos de la madrugada del mismo 20 de diciembre. Y se prolongaron hasta el amacener del 22 de diciembre.

La batalla de San Miguelito se caracterizó por la conjunción en combate de unidades de las Fuerzas de defensa y de integrantes de distintos Batallones de la Dignidad. El teniente coronel Delgado Diamente tuvo éxito inicial al resistir las tropas invasoras en tierra, a las cuales obligaron a retirarse. Pero frente al imposible apoyo aéreo hubo de desistir. [2]

El profesor de enseñanza media Rolando Sterling, miembro de un Batallón de la Dignidad y combatiente en San Miguelito, nos da el siguiente testimonio sobre los combates en el área de Los Andes, del mencionado distrito : « A las seis de la mañana [del 20 de diciembre], desde las lomas al norte de Los Andes, un helicóptero empezó a ametrallar la escuelita. Miembros de la undécima zona [militar] y los batallones empezamos a responderle con fuego de ametralladoras y evacuamos el área. »

A las 9 de la mañana más o menos, bajaron en helicóptero una cantidad de tropas en el cerro Tinajitas. Fue la única vez que vimos tropas de infantería ese día y ahí se les mantuvo a punta de fuego de mortero y ametralladoras. Ahí les disparamos de tal manera que les causamos bajas.

Desde la posición en que estábamos veíamos cuando caían algunos de ellos. Pero, cuando tratábamos de acercarnos más, para el remate final, los helicópteros y los aviones que bombardeaban el área lo impedían. A las 5 de la tarde fueron retiradas por helicópteros esas unidades del cerro Tinajitas. [3] La toma de la capital aseguró el éxito militar de la invasión en todo el territorio panameño.

El 11 de enero la prensa del nuevo gobierno informaba sobre operaciones de « rastreo » en áreas aledañas a la capital. El mismo diario, a grandes titulares, anuncia días después que en la lejana comarca indígena Kuna Yala « confiscan cinco mil armas y capturan a 20 del Batallón de la Indignidad », precisando que « las tropas del ejército norteamericano desarticulan la red de los facinerosos que pretendía extenderse hasta las guerrillas del M.19 en Colombia » [4] Esto en el extremo colindante con Colombia.

Para el otro extremo de la República, el colindante con Costa Rica, otro diario, también adicto al nuevo gobierno, informaba el 19 de enero : « Tropas del Comando Sur descendieron de ocho helicópteros en el área de Progreso y otras regiones fronterizas con Costa Rica, para inciar la búsqueda de subversivos que integraban los desarticulados Batallones de la Dignidad. » [5]

Para esta fecha la firme posesión del territorio está ya asegurada. Ahora se puede proceder con parsimonia a la « caza al hombre ». Por ello no ha de sorprender demasiado que no es sino en los últimos días de enero que es apresado el doctor Rómulo Escobar Bethancourt, ex rector de la Universidad de Panamá, ex negociador de los Tratados Torrijos-Carter, y ex representante de Panamá en la OEA cuando este organismo fungía como mediador durante la crisis.

Finiquitada la invasión, era llegado el momento de la ocupación. Esta se había iniciado con anterioridad a los hechos de la invasión, y tuvo su acta de nacimiento cuando horas antes de comenzar Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford tomaron posesión de la Presidencia de la República en Fort Clayton, base militar norteamericana.

Se ha publicado una fotografía en que uno de los miembros del triunvirato hace el juramento de rigor sosteniendo en sus manos un ejemplar de la Constitución de Panamá, no obstante que su artículo 306 dice : « Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado. » Por otra parte el artículo 13 dice : « La renuncia expresa de la nacionalidad se produce cuando la persona manifiesta por escrito al Ejecutivo su voluntad de abandonarlo ; y la tácita, cuando se adquiere otra nacionalidad o cuando se entra al servicio de un Estado enemigo », todo lo cual significa que los triunviros juraron cumplir y hacer cumplir una constitución que ella misma los declaraba apatridas.

La ocupación se fue perfeccionando mediante los hechos cumplidos o a través de disposiciones normativas ad hoc. Entre las últimas uno de los más interesantes documentos hechos públicos es el memorándum dirigido « A todos los comandantes de la 7a. División de Infantería (Ligera) » fechado el 13 de enero. El documento, obviamente redactado en inglés, es acompañado de una fotografía de los triunviros y en su parte medular dice : « Se les remite fotografía del nuevo presidente y vicepresidente para su distribución en sus unidades. Asegúrense que todos los soldados en patrulla conozcan bien a estos individuos y observen cuando viajan con sus propios guardaespaldas. » [6]

También el nacimiento de la nueva Fuerza Pública está acompañado de documentos sui generis. Todas sus unidades recibieron una tarjeta de identificación redactada en inglés y firmada por Marc A. Cisneros, mayor general, ejército de Estados Unidos, comandante, ejército sur.

El documento dice : « El portador de esta tarjeta tiene autorización para viajar por toda la República de Panamá para apoyar el recién establecido gobierno de Panamá del presidente Guillermo Endara. » [7] Para mayor escarnio se ha hecho pública una fotografía de la hija del presidente Endara rodeada de unidades del ejército yanqui en uniforme, en el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo panameño.

La silla donde está sentada ostenta, en lo alto del respaldo, una reproducción del escudo nacional. Y también otra fotografía del propio presidente Endara, rodeado de soldados norteamericanos uniformados que portaban sus respectivas armas. Los mismos que masacraron al pueblo panameño. Todos estaban sentados. ¡Y todos reídos ! [8]

Por razones que conciernen a la opinión pública nacional y a la imagen internacional la ocupación militar no habría de ser ostentosamente norteamericana. Esta, convenientemente institucionalizada, habría de ejercerse a través de la propia Fuerza Pública panameña.

Para tal efecto en febrero se firma un acuerdo para crear una « fuerza bilateral ». El convenio prevé la adquisición de bienes y servicios en Estados Unidos por parte de la Fuerza Pública panameña. Pero en cuanto a esas adquisiciones el nuevo instituto armado queda totalmente endeudado a la administración y al ejército norteamericano : « los reglamentos de Adquisición Federal de los Estados Unidos y los reglamentos del Ejército de los Estados Unidos sobre logística y control de fondos regirán la administración de las adquisiciones ». [9] Lo cual quiere decir que se están sentando premisas para una creciente dependencia militar directa, incluso institucional, en el marco de los hechos de la ocupación. Recordemos que uno de los objetivos declarados de Santa Fe II con relación a Panamá fue el de la destrucción de las Fuerzas de Defensa.

Una vez alcanzado era necesario al gobierno de Estados Unidos asegurarse de que el nuevo instituto armado nunca más alcanzaría la autonomía que hicieron posible los Tratados Torrijos-Carter, tan destestados por la nueva derecha norteamericana. De ahí que la dependencia a que ahora está sujeto alcanza niveles institucionales.

Por lo que se refiere a la dependencia económica ésta nunca estuvo en cuestión. El Japón, como veremos, podría ser un peligro para los intereses de Estados Unidos en Panamá. Pero, por lo pronto, invasión y ocupación habrá de convertirse en sucesos que sujetarán aún más la economía panameña a la dependencia de Estados Unidos.

En páginas atrás destacábamos que algunos economistas estimaban que la agresión económica ya había comenzado desde el momento en que a Panamá se le impusieron los programas de ajuste estructural exigidos por el Fondo Monetario Internacional. Y muy en especial cuando en marzo de 1986 se aprobaron leyes que afectaban sensiblemente los sectores agrícola, laboral e industrial panameños.

En ese mismo año se iniciaron, a considerable escala, las privatizaciones del sector público exigidos por el FMI y tan anheladas por el sector privado. Se trataba, en todos los casos, de medidas antinacionales y antipopulares tomadas por el régimen de Noriega cuando aún un modus operandi parecía posible entre el gobierno panameño y el de Estados Unidos.

El gobierno panameño no varió su política económica al desencadenarse la crisis política en junio de 1987. Tampoco cuando el gobierno norteamericano le declaró la guerra económica total a partir de marzo de 1988. El gobierno panameño siempre apostó a un entendimiento con el imperio que lo agredía, y nunca jugó la carta de hacer suyas las reivindicaciones populares. A las cuantiosas pérdidas causadas por la agresión económica de 30 meses, la invasión, finalmente, agregó otras que pueden calificarse de abismales.

En la imposibilidad de hacer un inventario exhaustivo, intentemos señalar las más relevantes. Hay que destacar, en primer término, que el cuantioso equipo militar de las antiguas Fuerzas de Defensa fue apropiado por Estados Unidos sin pago alguno al actual gobierno. Un pávido reclamo hecho al respecto no ha tenido, hasta ahora, respuesta alguna. No se ha cuantificado lo que esta pérdida significa en términos económicos.

Los saqueos que siguieron a la invasión ocasionaron pérdidas astronómicas. El Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio estima que « en la ciudad capital y áreas aledañas las pérdidas oscilan entre 670 y mil millones de dólares », en tanto que para la provincia de Colón, sólo en la Zona Libre, « calculó pérdidas probables de 106 millones de balboas ». [10]

Por lo que respecta al desempleo éste afectaba al 20% de la fuerza laboral en 1989. Después de la invasión, en su momento más crítico, alcanzó el 33 por ciento. La vulnerabilidad de la economía panameña quedó harto demostrada con las medidas tomadas por Estados Unidos durante la agresión. Ella permitió también observar las violentas oscilaciones a que está sujeta una economía no autocentrada.

La prohibición de que naves con bandera panameña atracaran en puertos norteamericanos dio lugar a que más de medio millar de barcos abandonaran el abanderamiento panameño. Después de la invasión, « a pesar del levantamiento de la sanción, únicamente el 10% de aquellos barcos [...] han expresado su voluntad de volver al registro panameño ». [11] Con posterioridad, la guerra civil en Liberia, otro país de « abanderamiento de conveniencia », ha tornado nuevamente atractivo el abanderamiento panameño. El inestable vaivén es obvio.

Por lo que se refiere a la deuda externa, ésta roza los 5000 millones de dólares. Su servicio ascendía a 900 millones de dólares al año, y 1984 fue el « primer año en que Panamá pagó, en concepto de servicio a su deuda externa, un monto superior al nuevo financiamiento recibido de la banca transnacional ». [12] El régimen de Noriega, frente a la agresión económica, hubo de suspender los pagos. Pero siempre sobre la premisa de que un acuerdo político daría lugar a un entendimiento económico.

Señalamos ya que la apropiación del equipo militar de las Fuerzas de Defensa se constituyó en « botín de guerra » de Estados Unidos. Se trata de un robo descarado. Hay que agregar que no fue el único. Por lo demás, el gobierno ni siquiera ha realizado un inventario de los despojos.

Todo lo anotado da apenas una pálida imagen de la magnitud de la catástrofe económica en que se encontró el país después de la agresión y de la invasión. Un guarismo, que resume lo anotado indica que « el PIB de 1990 se colocará entre un 34 y un 40 por ciento por debajo del observado en 1987 ». [13] Frente a esta situación, la parte panameña del gobierno de la ocupación ha diseñado una « Estrategia nacional para el desarrollo » cuyos efectos serán, en el mejor de los casos inciertos, y en el peor, funestos. Inspirada en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional su filosofía general es de clara filiación neoliberal.

Como es de suponerse los primeros afectados serán los obreros ; se han diseñado y ya aprobado algunas de las primeras propuestas para las reformas al Código del Trabajo. Por lo pronto se parte de la premisa, cara al empresariado, de que « El alto costo de la mano de obra local a su vez afecta los costos de producción de todas las actividades, reduce la capacidad de competir internacionalmente ». [14]

Uno de los golpes legales e institucionales se ha de dar a través del Fondo de Emergencia Social, el cual contrataría trabajadores en que « éstos recibirán el salario mínimo vigente en el país, no así las prestaciones sociales establecidas por la ley ». [15] Por otra parte, en cuanto a las reformas al sistema tributario, la « Estrategia » asume « que no es conveniente, ni realista, la existencia de una progresividad en el impuesto sobre la renta ». Con lo cual, nuevamente, son las clases subordinadas las que resultan con las mayores cargas, sobre todo porque se recomienda acrecentar los impuestos de los servicios. Con ello, se « hace todavía más regresivo al sistema tributario en términos de la distribución de las cargas impositivas  ». [16]

Finalmente la « Estrategia » exalta el inevitable proceso de privatización. A este respecto el estudioso que seguimos indica : « lo que se quiere destacar es que no se trata sólo de los problemas que implica una privatización hecha sobre criterios ambiguos, sino de una privatización que sirva para atender puntualmente el servicio de la deuda externa ». Y concluye : « Si tenemos en cuenta que un conjunto de 17 empresas estatales manejaban en 1988 un total de activos equivalente a 5310.9 de balboas, se hace evidente la profundidad que puede adquirir dicho proceso. » [17]

La « Estrategia para el desarrollo » no resulta ser, pues, efectivamente, otra cosa que la « Estrategia de la ocupación » del país para beneficio de las clases domiantes panameñas y de su amo imperial. Y si esto se hace evidente para el análisis cuando se evalúan las implicaciones generales de la política económica que se propone, igualmente se esclarece aún más el sentido y dirección de aquellas generalidades cuando la atención se fija en más acotados miradores, tal como, por ejemplo, es el caso de las políticas de vivienda. El déficit de 223 304 viviendas del país implica que más de 1 200 000 panameños carecen de viviendas adecuadas, lo que equivale al 50% de su población. [18]

Ese guarismo iguala al de la población panameña en extrema pobreza que es también el 50%. Y así como el gobierno cipayo se precipita sobre el Código de Trabajo de Torrijos para introducir reformas que intensifican la explotación de la fuerza de trabajo, ahora también se lanza sobre las leyes de vivienda del proceso torrijista en beneficio del sector casa tenientes que en 1925 pidió y obtuvo la intervención del ejército yanqui para proteger sus intereses. Torrijos preconizó « el uso más colectivo posible » de las tierras y bienes que reviertan a Panamá con motivo de los Tratados de 1977. Pero ahora, la parte panameña del gobierno de ocupación, propone, mediante su venta, la incorporación de tierras urbanas de las áreas revertidas. Sólo que « la venta de las tierras revertidas margina a los sectores sin capacidad adquisitiva violentando el principio del uso más colectivo posible. Y elimina la posibilidad de utilizar estas tierras para el desarrollo de servicios de la comunidad ».

Recordábamos líneas atrás que las empresas estatales poseían activos equivalentes a 5310.9 millones de dólares. Las tierras y bienes del área canalera se han estimado en más de 7000 millones de dólares. Si se moderniza el actual canal para hacerlo transitable más allá del año 2000 se requirirán inversiones que fluctúan entre 400 y 500 millones de dólares.

Todo ello arroja un total que roza los 13000 millones de dólares lo cual es una perspectiva exaltante para orgías privatizadoras y contratos millonarios. Sólo que, recordemos, las 121 personas propietarias de bienes y valores por mil millones de dólares en un país cuyo producto interno bruto era de 4500 millones de dólares no tienen,a pesar de ello, la capacidad de engullir tanto, y continuarán siendo apéndices de los grandes monopolios transnacionales, con lo que, a corto plazo, el futuro previsible de Panamá sólo promete mayor concentración de la riqueza, mayor desigualdad y mayor desnacionalización.

Tomado de : « La Invasión de Estados Unidos a Panamá, Neocolonialismo en la posguerra fría » Ricaurte Soler, Siglo Veintiuno editores.

Tragaluz Panamá, 20 de diciembre del 2001.