¿Hacia donde va Bolivia ?

Por Luis Verdesoto *
La Paz, 29 de octubre de 2003

Introducción

Los desafíos por armonizar la democracia política, el desarrollo económico y la equidad social en Bolivia parten del reconocimiento que la "pobreza, la inequidad y la exclusión son los problemas más severos que afectan a la democracia y gobernabilidad, consecuentemente, la preservación de la democracia exige atender prioritariamente esos retos". En efecto, existe consenso de que el actual modelo ha producido estabilidad sin crecimiento y que la democracia se ha mostrado ineficaz en la resolución de los principales problemas que aquejan a la población [1].

En 2002 Bolivia cumplió dos décadas de funcionamiento democrático ininterrumpido. Las elecciones de ese año estuvieron marcadas por las demandas emergentes de las movilizaciones sociales y políticas de 2000 y 2001. Estas demandas fueron inicialmente intermediadas por movimientos sociales que se convirtieron en movimientos políticos "asistémicos" y que referían fundamentalmente a demandas de cambios en el modelo de desarrollo, lucha contra la corrupción, nueva funcionalidad del Estado para la generación de empleo y en la prestación de servicios y los destinos del excedente generado por la exportación de gas.

El Sistema de Partidos

La oferta electoral del entonces principal partido de oposición, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, se centró en la lucha contra la exclusión social, la corrupción y la generación de fuentes de trabajo ; el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, MIR, partido de la entonces vigente coalición de gobierno, focalizó su debate electoral en una lucha frontal con el candidato del MNR, al que calificaba de "vende patria", en alusión al proceso de "capitalización" [2] realizado en el período 93-97 ; el Movimiento al Socialismo, MAS, que agregó al sector campesino, indígena y a la izquierda, enfiló su discurso contra la política antidroga, impulsada por el ex embajador norteamericano y en la revisión del modelo de desarrollo ; la Nueva Fuerza Republicana, NFR, antiguo aliado de Acción Democrática Nacionalista, ADN, en la practica no presentó programa y evadió todo tipo de confrontación.

En el debate electoral los candidatos "asistémicos" centraron su campaña contra la "democracia pactada", el régimen de partidos políticos a quienes identificaron con la corrupción, y por la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, mecanismo de consulta no previsto en el orden legal. El sistema electoral boliviano puede ser calificado como de "representación proporcional personalizada" con candidatos en distritos uninominales y listas cerradas bloqueadas" (Varios, La política importa, pp. 108) [3]. Los resultados en la elección presidencial fueron : MNR, 22.46% ; MAS, 20.94% ; NFR, 20.91% ; MIR, 16.31% ; y los partidos restantes(7), 19.38%. La primera característica del resultado fue la insignificancia de la votación de la ADN, derecha modernizada, uno de los tres partidos que estructuraron la lógica de pactos. Se derrumbó el funcionamiento de acuerdos sobre la base del "tercero excluido". La segunda característica consistió en que el MIR, liderado por el ex-Presidente Jaime Paz, cogobernante en casi todos los regímenes de estas décadas de democracia, se integró, también esta vez, al acuerdo de gobierno, sustentado en una débil fracción electoral y haciendo pesar la capacidad de bloquear la gestión desde su cuota parlamentaria. La tercera característica, con mayor significación estructural en el sistema político, fue la conformación de un polo, para unos llamado "neopopulista", que en todo caso, fue un liderazgo regional que recogió, principalmente, a la votación inclinada hacia la derecha y que había sido sustento del régimen tanto como votación originada en la informalidad económica y política.

La característica más importante del resultado electoral fue el surgimiento de un actor cuya presencia se insinuó, desde entonces, como decisiva para el sistema político. El MAS, a cuya representatividad nos hemos referido antes, comenzó a presionar por la recomposición del sistema partidario. La oposición política se puso a la cabeza de un "frente de masas" -también conformado por los campesinos, CSUTCB, y los obreros, COB,-, mostrando a la opinión pública que tenía en sus manos la llave de algunas políticas públicas, que debían atravesar por las decisiones parlamentarias. El eje de la oposición quedó oscilante entre la acción parlamentaria y las calles y las regiones. La dinámica reivindicativa combinaba temas clasista y étnicos, con una forma ligada al sindicalismo tradicional.

Hasta los incidentes de febrero 2003 -que enfrentaron a la Policía con el Ejército y dieron lugar a actos de vandalismo-, el país vivió una "democracia pactada", consistente en un acuerdo de gobernabilidad entre los principales partidos con representación parlamentaria tanto para el ejercicio del gobierno como para la oposición [4]. Los partidos convirtieron al acuerdo político en una forma de manejo clientelista y prebendal de las cuotas de poder y administrativas conseguidas. La debilidad de los acuerdos políticos consistió en que no tuvieron sustento en acuerdos sociales.

Hasta 2002, la cuestión pendiente consistía en el restablecimiento de las prácticas históricas de desborde de la sociedad civil sobre el orden estatal y político o el establecimiento de nuevos/modernos/convencionales canales institucionales de procesamiento de las diferencias. El sistema político formal apostaba firmemente a que el país había pasado desde una dinámica política de enfrentamiento entre el sindicalismo (especialmente minero) y la Fuerzas Armadas, en el contexto de un modelo estatal de intervención en el desarrollo social y económico orientada al interior, hacia un procesamiento político-electoral de la legitimidad, en general aceptado por los actores, en el contexto de crisis de aquel modelo estatal y de emergencia de una forma radicalmente liberal y abierta hacia la globalización.

Una digresión necesaria. Bolivia es una muestra de unas fuerzas armadas que fueron "derrotadas" en la transición a la democracia, sin embargo, de lo cual conservaron autonomía para su reorganización institucional. A su vez, la democracia fue la oportunidad para la policía de retomar capacidades autónomas de reordenamiento, especialmente, en relación con las fuerzas armadas. Es una historia de definición de la identidad institucional de la policía por oposición a las fuerzas armadas, las que a su vez las subordinan ante la sociedad y el Estado. A su vez, el conflicto institucional es mutuamente manipulado para determinar una agenda que incluye presupuesto y reacomodos institucionales. Quintana (2002) denomina "Pacto de coexistencia y subordinación pragmática" [5] a la actual dinámica entre las instituciones, que se produce en un contexto de asimetría en los tiempos y formas de democratización y aproximación a la sociedad. Asimismo en la comprensión de su respectiva profesionalización. [6]

Las Drogas en la Política

La democracia boliviana está sobredeterminada, desde la transición a la democracia hasta la actualidad, por la definición de seguridad de los Estados Unidos, surgidas de su concepción de la "Guerra contra las drogas", siendo que el país no ha desarrollado un pensamiento/posición autónomos en el tema. Hasta la reciente focalización del problema de las drogas en Colombia, Bolivia fue concebida - especialmente por Estados Unidos y algunos organismos multilaterales - como el caso paradigmático del área andina. [7]

En Bolivia, en la dimensión formal se verificó una transacción entre los programas de erradicación de cocales e interdicción, la cooperación para el desarrollo alternativo (financiamiento para alternativas de producción campesina) y el amparo internacional ante la banca multilateral para sustentar el modelo de liberalización económica. En la dimensión real, esta transacción consistía en que Estados Unidos asumía parcialmente un subsidio temporal a la erradicación de la hoja de coca y la sustitución de cultivos, el Estado boliviano adoptaba los costos políticos en el plano de la gobernabilidad y los productores cocaleros soportaban los costos sociales de la transición.

Por su parte, los diversos gobiernos de la democracia boliviana, presentaron matices que oscilaron entre la sustitución gradual y la erradicación forzosa. Esta ultima modalidad, que cristalizo en el referido Plan Dignidad cuyo objetivo fue el logro de "coca cero", potenció un movimiento social/regional basado en los productores de hoja de coca de la región del Chapare, que posteriormente se asoció a las demandas étnicas que habían surgido en otros sectores sociales y regionales. Esta coalición, como hemos anotado, ha logrado significativas posiciones electorales, locales y parlamentarias a través del MAS, al tiempo que hasta los hechos de octubre de 2003 mantuvo una estrategia dual consistente en negociación con el gobierno central mientras abría condiciones de enfrentamiento urbano y rural. Esta oscilación fue rota por la reciente movilización espontánea de masas.

En suma, la referida "transacción" [8] tuvo efectos serios en el esquema de gobernabilidad boliviano. La agenda boliviana de seguridad está conformada por tres problemas -drogas, seguridad publica y relaciones cívico-militares -, y tres problemas conexos -desarrollo institucional, modelo económico y tierras - (Gamarra y Barrios, 2003). En el plano de los esquemas de integración, Bolivia esta cada vez mas lejos del área andina [9], pero políticamente está dentro de su inestabilidad general.

La Explosión

¿Cuál es la especificidad de la presente coyuntura y de la fase del ciclo reivindicativo popular ? Octubre de 2003 fue la primera muestra abierta de fuerza de los actores populares luego de los hechos de Febrero de 2003. Febrero mostró una enorme debilidad -casi descomposición- en el aparato estatal ; una disputa que potenció al conflicto social y evidenció las debilidades de la gobernabilidad.

Un Estado débil como política pública, "desorientado" como gestión, falto de instrumentos de gobernabilidad y sediento de control como afirmación frente a su miedo, produjo la "peor" combinación política. Febrero instaló a las Fuerzas Armadas como único bastión firme del Estado. La gestión política gubernamental, escudada tras las Fuerzas Armadas, fue ineficiente en términos democráticos. Las legitimidades del sistema político se diluyeron. La situación política se tornó en letal en la medida en que no se consiguieron los objetivos de estabilización.

En sus inicios, en septiembre de 2003, la oleada reivindicativa tuvo tintes tradicionales, casi rituales para esos meses en todos los años. Sin embargo, la opinión pública desprendía un temor a que se produjera un nuevo estallido social, impredecible como el anterior. En el sistema político no existió actor o institución capaz de detectar la acumulación de descontento, que pueda expresarse mediante acciones que superen los controles sociales y estatales.

En sus inicios, el enfrentamiento se desató y se focalizó social y regionalmente : campesinos, indígenas, sindicalismo tradicional, excluidos de todo tipo en el Departamento de La Paz, cuya depresión económica también fue un factor catalizador. Posteriormente, la ola alcanzó a todo el altiplano, con los Departamentos de Oruro y Potosí, y al valle, en el Departamento de Cochabamba. La punta más alta fue la ciudad de El Alto [10], base del asedio a la ciudad de La Paz, sede de gobierno. Los Departamentos orientales, de tierras bajas, nucleados a través del Departamento de Santa Cruz, eje del desarrollo agrario boliviano, no se plegaron y al contrario montaron barreras políticas y sociales. [11]

La correlación de fuerzas que se exhibió en la escena fue fundamentalmente social -por la pluralidad de agendas- pero con efectos políticos decisivos. La multiplicidad de orientaciones de la movilización que se opusieron a muchas formas del "establecimiento" fueron, paradójicamente, la garantía de su procesamiento institucional o, al menos dentro de niveles menores de violencia. Fundamentalmente, ya que no se fundieron en una unidad de orientación, ni consiguieron una dirección política con objetivos claros. [12]

Más aun, la agitación social, en un principio, no persiguió un propósito decidido de derribar al gobierno [13]. El movimiento surgió en el campesinado del altiplano, que inició un "cerco" -casi convencional en sus prácticas- a la ciudad de La Paz bloqueando algunas carreteras importantes y exhibiendo un pliego reivindicativo tradicional y disperso [14]. El detonante que permitió el ascenso cualitativo del movimiento fue un operativo militar del gobierno para desbloquear el acceso a una población mestiza rodeada de población indígena -Sorata- y que atraviesa por otra población, de tradición reivindicativa y de alta significación para el nacionalismo revolucionario [15] -Warisata-.

Los acontecimientos de Sorata y Warisata se inscriben en una marcada organicidad con propósitos políticos del gobierno y de una marcada ocasionalidad ligada a las debilidades institucionales nacionales. Por un lado, en la voluntad de los conductores políticos del gobierno ahora defenestrado se trataba de hacer un "efecto demostración" [16] a los "sediciosos" mediante la exhibición de fuerzas, para lo cual se apeló a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía. Por otro lado, la falta de preparación para afrontar las situaciones de explosión social por parte de las Fuerzas Armadas [17] produjo una exacerbada represión.

Lejos de atemorizar a la masa, el desborde represivo la despertó. Despertó características represadas de respuesta violenta a la descontrolada violencia estatal en manos de las Fuerzas Armadas. Este emparejamiento de descontroles está relacionado con la incapacidad hegemónica del Estado boliviano, entendido como conducción de comportamientos sociales a través de aparatos residentes en la sociedad, y está relacionado con una crónica opresión sobre la sociedad, a la que se le ha impedido su maduración ciudadana y su participación en las instituciones. De este modo, se configuró propiamente una explosión social, entendida como ocupación a-normativa y disruptiva de todos los espacios de expresión de reivindicaciones a su disposición, en especial, la calle.

La coyuntura permitió la exacerbación de la fuerza de la sociedad, con la que ningún actor político tuvo ni tiene vínculos orgánicos. Esto presentó y en la actualidad presenta riesgos extremos, cuando los imaginarios de asociación exitosa entre liberalismo y pobreza habían copado todas las certezas acerca del futuro. Las elites económicas y políticas formales habían "vendido" a la población boliviana que la única expectativa de futuro era la organización liberal de Estado y sociedad. Este fue el principal mensaje de las elites durante la democracia, con el que se creía posible fundamentar la confianza política en su conducción. La quiebra de esta estrategia permitió al movimiento, en la cresta de su acción de enfrentamiento contra las fuerzas armadas, eliminar los sentidos de autoridad e institucionalidad, referencia que posteriormente pudo ser recogida y reconducida [18] por organizaciones corporativas de los sectores movilizados. En el desenlace de los acontecimientos, la clase media urbana, en especial de La Paz, jugó un importante rol para apaciguamiento de los enfrentamientos y para la búsqueda de una salida política.

Al desperdigarse el poder en las calles y fuera de las instituciones, la consecuencia de mediano plazo ha sido desestructurar las débiles bases del capital social en Bolivia. La institucionalidad se diluye en sus dificultades antes de que puedan crecer sus fortalezas. El riesgo fundamental que en un principio fue liberar la anomia contenida en un pasado de comportamiento plebeyo, esa "masa en acción" que hizo la Revolución Nacional en 1952 y que ahora ancla a Bolivia en el corporativismo. La "fiesta de la plebe" pudo conducir a un enfrentamiento generalizado, sin orientación, con alta capacidad destructiva de "mínimo orden" y afectando a las precarias instituciones. Pero no fue así. La masa se autorreguló y puso freno a los desbordes con que intentaba proseguir la explosión social, especialmente a través de los jóvenes.

La "medición" del "potencial disruptivo" popular es muy difícil. Las apreciaciones que se hacen acerca de sus límites se basan en los límites estrechos de la capacidad de reproducción privada de los sectores populares comprometidos. Es una expectativa muy pobre, tan pobre como la pobreza crónica de los movilizados. Esta fue la apuesta del gobierno defenestrado por la masa. Se asentó en que la pobreza que genera la reivindicación, sería la misma que garantice sus alcances y provoque la desmovilización. Sin embargo, perdieron la apuesta : el despliegue de fuerza social superó el "punto de equilibrio" e hizo de la movilización social -incluyendo a sus formas anómicas- el sentido de pertenencia a un colectivo empoderado, que modificó los términos de la pasividad social.

Dicho con sencillez, al iniciarse la movilización, Bolivia -a través de su sede política- estuvo más cerca de un estallido social anómico -que pudo expresarse solamente en violencia exacerbada, saqueos incontrolados, enfrentamientos de "todos contra todos"- que de acciones destinadas a producir un recambio gubernamental bajo la forma de un golpe de Estado o una sucesión constitucional.

Los códigos que exhibió la dinámica gobierno/oposición tuvo, en esta fase de la coyuntura, connotaciones de tragedia. Presentaron una articulación perversa, que ineluctablemente conducía hacia la mutua derrota. La política perdió su lugar. Las acciones de parte y parte fueron asertivas, el gobierno a través de la violencia militar, y la masa a través de la toma de la calle. De allí no podía surgir un juego libre de oportunidades políticas, que abra el cerrojo político y peor aun de desarrollo.

El estallido social -en esa fase de la coyuntura marcada por la extrema fragilidad de la política y del Estado- tuvo consecuencias decisivas en el tipo de democracia. La primera, la "castración" de los partidos tradicionales como operadores políticos en el presente y el futuro. El resultado es que en Bolivia se afirmó un "colapso del sistema partidario", parecido a los que se han operado en algunos países andinos ; mientras que la forma de hacerlo -despliegue nacionalista y poder desparramado por las calles- es exclusivamente boliviana.

Al finalizar la fase de la movilización en esta coyuntura, se aleja el espectro de un enfrentamiento generalizado. Sin embargo, la consecuencia de mediano plazo es más temible : la quiebra de la cohesión social y ausencia de conducción política pueden iniciar a un ciclo de violencia oscilante entre lo social y lo político. Y que la incapacidad de contención de los actores -nacionales e internacionales- puede conducir al Estado a que base la seguridad en la mayor coerción y no en la mayor democracia.

Las estrategias de los actores

¿Cuáles son las estrategias de los actores subalternos una vez cerrada la movilización ?.

El movimiento étnico/campesino, fundamentalmente los campesinos aymaras fueron los primeros en recrear un espacio de la sociedad en la política, mostraron una perseverancia que se sobrepuso a la pobreza y, contra los temores generalizados, lograron mantener las reivindicaciones de nacionalidad étnicas en el límite de las reivindicaciones nacionales bolivianas. La forma institucional de sus demandas claramente se inscribe en la necesidad de asumir estatalmente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que cobije a las otras etnias y situaciones campesinas incluyendo a los temas de la tierra y el territorio, y de abrir una sana interrelación entre las sociedades indígenas, las sociedades regionales y la nación.

El movimiento sindical liderado por la COB ha resucitado el peso de las entrañas corporativas de un país que espera modernizarse. Ciertamente la COB abrió el espacio para la expresión de una infinidad de particularidades reivindicativas, que forman parte de las agendas irresueltas en un sistema de gestión pública profundamente ineficaz. El choque frontal como única estrategia no es el mejor consejo, pero en la coyuntura se mostró justo. La devolución de la institucionalidad arrebata por la calle tiene el costo de una definición precisa e inteligente del marco de derechos sociales, individuales y colectivos, precisos y difusos, que se demandan, en el marco histórico actual. Es quizá la parte más difícil de la adecuación de la institucionalidad : es preciso lograr un equilibrado intercambio entre los derechos que Bolivia se compromete a garantizar y el compromiso por dotar de voluntades y procedimientos de gobernabilidad.

Los campesinos productores de coca, políticamente ligados al MAS, obtuvieron un triunfo estratégico al desplazar el tema de la coca, en que el gobierno defenestrado basaba su lealtad a los Estados Unidos, por el tema del gas. Impusieron el tema de la nación acudiendo a un código antiguo y nuevo de anti-imperialismo, y lograron una amplia respuesta de la población. El tema de la hoja de coca se ubica una vez más en el centrodelasdefinicionesbolivianas, por la fuerza que adquiera este segmento de trabajadores. La oposición al ALCA está en su agenda inmediata.

¿Cuál renovación ?

Los síntomas políticos parecen inequívocos. Las dos décadas de democracia han alojado a todas las variantes de acuerdo partidario, pero se ha mantenido la fragmentación del sistema y no ha habido ninguna renovación. La salvedad ha sido la desaparición de la izquierda tradicional y el surgimiento de una oposición, que es la agregación de una capacidad de movilización y de vectores políticos dispersos, que hacen de vehículo para nuevos componentes políticos como son los ingredientes étnicos, la informalidad, el milenarismo y la memoria reivindicativa y corporativa. Pero, ¿es una renovación ?

Como hemos mencionado antes, los tres partidos que encarnan a la formalidad política -MNR, MIR y ADN- han mostrado una altísima capacidad de adecuación a las coyunturas de gestión y una extraordinaria incapacidad para asentar sus acuerdos políticos en la sociedad y en opciones de desarrollo. En este sentido, han agotado a la eficacia del "acuerdo político" como sustento de la gestión y, por esa vía, de la re-estructuración del Estado y de modernización del sistema político.

La movilización social sepultó a la forma pactada de la democracia, en su concepción oligopólica de acuerdos interpartidarios. Pero, fundamentalmente, ha arrastrado a la forma "semi-parlamentaria" de régimen, que en este momento navega en el limbo de la transición. La cuestión central es ¿hasta donde la ilegitimidad de los pactos interpartidarios con exclusión de la sociedad ha contaminado a los componentes deliberativos y consensuales de la perspectiva estratégica de la democracia ?.

Para este agotamiento de la "metodología política boliviana" no se ve un horizonte de reemplazo. En el corto plazo existen dos factores importantes en juego. De un lado, el rol que cumple una clase media notablemente disminuida como portavoz de la desafección partidaria pero de aceptación de la política como reconstitutora del orden, puede organizar un nuevo acuerdo político, que prepare un acuerdo social hacia delante. [19] De otro lado, la informalidad política -los "neopopulismos" emergentes que se reemplazan como nombres pero que se reproducen como estructuras- pueden volver a constituirse en el "árbitro" entre el gobierno y la oposición, especialmente por su base popular, por representar a la parte más volátil del público y la irresponsabilidad con la que pueden invocar temas, pero por esta vía, la forma encubierta de reconstitución y re-entrada de formas partidarias tradicionales e ilegítimas de hacer política. [20]

Bolivia se encuentra ante la necesidad de dotarse de nuevas formas de gobernabilidad. El sistema caduco estuvo basado en altos niveles de tolerancia política entre elites, en ausencia de actores sociales decisivos y con un apoyo internacional sólido. El sistema representativo debe rediseñarse para evitar que se venga al traste los significados políticos esbozados por la calle y que ahora deben adquirir forma institucional y constitucional.

El espejo de Bolivia es el resto de América Latina, en que las reformas políticas apuntan a afirmar instrumentos de gestión en torno al Ejecutivo, con notables ausencias de rediseños de la representación y de fortalecimiento paralelo de los legislativos. Pero también son posibles otros instrumentos de gestión que permitan afirmar a los componentes deliberativos de la democracia y rehacer a los acuerdos políticos fundantes del sistema.

Los actores y sus plataformas durante el conflicto

La masa estuvo conformada básicamente por una mayoría rural del altiplano -campesinos productores de alimentos de consumo interno- y del valle del Chapare -campesinos productores de hojas de coca- y por segmentos populares urbanos del sindicalismo tradicional. Este bloque adquirió una clara connotación clasista y estuvo dominado por la espontaneidad. Procedió como una afirmación de las identidades clasistas con su lógica propia, antes que en respuesta a la dirección político-partidaria.

Durante el conflicto, el MAS mostró una mirada estratégica. Evitó el choque frontal que sólo hubiera favorecido a una aguda represióncontra el movimiento de productores de coca, su principal base social. La represión a los cocaleros buscaba justificar un alineamiento sin disimulo de la política gubernamental a los términos de la seguridad norteamericana. El gobierno defenestrado argumentaba que la oposición estaba compuesta por narcotraficantes -en alusión a los productores de coca- y por terroristas -en referencia a los campesinos supuestamente afines a Sendero Luminoso -.

El gobierno defenestrado tuvo un tema estratégico en su agenda. La definición de los términos de la exportación del gas genera auspicios para la coyuntura de depresión económica. Las expectativas de una venta futura recrean a la agenda de articulación internacional de Bolivia, tema central del desarrollo. Al margen de la bondad o torpeza en el manejo de las negociaciones con las empresas que puedan encargarse de la producción y comercialización, de las relaciones de los países a través de los cuales pueda hacerse -Chile o Perú- y de los condicionantes técnicos para ese proceso, el tema del gas se enfrenta a una disyuntiva perversa. Todas las salidas tienen no solamente altos costos políticos sino nacionales.

La colectividad boliviana vive bajo el peso de ser una nación oprimida. La Guerra del Chaco se conecta con la Revolución Nacional, la Guerra del Pacífico se conecta con los bloqueos al desarrollo. La reacción colectiva frente a un problema de opresión nacional genera imaginarios improcesables con instrumentos técnicos o con decisiones racionales. El imaginario de la nación afectada mueve las bases conductuales de los colectivos, por ello la lentitud de los cambios de cultura política, en especial, en estos temas.

El gobierno defenestrado, como se mencionó, puso como vínculo central de su relación con la oposición al tema de la producción de las hojas de coca. La política asumida presentó variantes formales frente al Plan Dignidad, sin constituir una plataforma de negociación política. Se asumieron, además, los términos de la política norteamericana en la búsqueda inequívoca es de un tratamiento privilegiado por Estados Unidos.

La oposición a través de la movilización desplazó los parámetros anteriores, para lo cual polarizó su intervención social en el tema del gas, desde una perspectiva de "nación oprimida". Esto es, el gas representa la solución a la problemática del desarrollo bloqueado, es una fuente de disputa con los Estados Unidos que aparece como beneficiario contra Bolivia, es fuente de corrupción y posibilitaría el desarrollo industrial nacional al procesarlo internamente. [21]

Producido el conflicto de significaciones político -coca contra gas- la racionalidad "cartesiana" perdió espacio frente al poder que se desparramó en las calles y en las significaciones más difíciles de desentrañar en el discurso popular. Los códigos políticos no se resuelven en el plano de la explicación, sino que solamente alteran los supuestos conductuales de la nación y del Estado.

En los siguientes meses, Bolivia vivirá la dificultad de enfrentar códigos de mundos socio-culturales con significaciones intraducibles cuando tocan los temas de la nación. [22] Tampoco existen puentes ni lenguajes institucionales. En corto, en la evolución de la coyuntura pesará decisivamente la clase media, el único actor con capacidad para decodificar los lenguajes y para devolver ciertos estatutos básicos a la política.

Por ahora, se ha masificado la oposición a la exportación de gas, cualquiera que fuere la fórmula que se le proponga. Se ha sobrepuesto una connotación clasista de reivindicación de los más pobres -los campesinos- y de los más nacionales -los indios-.

La reinserción internacional de Bolivia

El correlato fuerte de la actual coyuntura es que la inserción internacional de Bolivia es un tema decisivo, que no puede no tratarse. Pero ahora está acorralada en el tema del gas versus coca.

La decisión de un puerto de exportación para el gas, si es que se llaga a esa situación, provocará en todo caso una reacción desfavorable del país excluido, sea este Chile o Perú. Por un lado, en el caso de Perú, las elites del sur peruano -afectadas por procesos de exclusión por el centralismo de su Estado- confían en la exportación del gas boliviano como fuente de desarrollo. Y además como consolidación histórica de un acuerdo geopolítico. Por otro lado, en el caso de Chile, el grado de necesidad que tiene de gas para el desarrollo de su territorio norte y en general del país, no es comparable con la pesada oposición de la población y de las Fuerzas Armadas chilenas a cualquier concesión a Bolivia al margen de los Tratados. Una decisión contraria a Chile aleja, de modo más radical, cualquier posición negociadora futura.

La definición de una política estatal hacia la coca fuera de los parámetros del Plan Dignidad entraña la re-inclusión de Bolivia en los parámetros clásicos de la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto supone, que Bolivia se re-integra a los países que generan riesgos decisivos a la seguridad norteamericana, más allá de su voluntad de salir fuera del marco andino.

La cuestión del terrorismo parece no tener un asidero cierto. Las explosiones sociales, con uso limitado de armas en menor escala [23], no convierten a Bolivia en un espacio de guerra civil o guerrilla significativa. Las acciones propiamente terroristas no se han registrado. Más bien el tema es que un acorralamiento a las reivindicaciones étnicas, en el sistema político más fuertemente indio de América Andina, provoquen reacciones de violencia milenarista asociadas a la demanda por mayor democracia, de lo que existen ejemplos en el continente.

Bolivia ha sido un país que ha hecho esfuerzos para aproximarse en términos de inserción económica externa al MERCOSUR y separarse en términos políticos de la CAN. Pero la paradoja es que Bolivia -el más andino de los países de la Comunidad Andina de Naciones- se ancla a los países andinos, adicionalmente, a través de los vínculos más complejos : la inestabilidad democrática y la violencia política.

La situación actual

Luego de la aceptación de la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, la coyuntura ha comenzado a encontrar cauces. El presidente defenestrado aglomeraba todas las desconfianzas de la ciudadanía y obstruía todas las salidas. El gobierno de transición se ha definido fuera del espectro partidario [24], ha invocado a los partidos a aprovechar la oportunidad para redefinirse, ha dejado abierta la posibilidad de una duración menor a la prevista en la sucesión constitucional (agosto de 2007) y se ha propuesto como tarea la convocatoria a un referéndum "vinculante" y a la Asamblea Constituyente.

Las situaciones "límite" llevan a las sociedades a adoptar decisiones constructivas, que las alejan del suicidio sociológico. Bolivia puede ser el caso, en que la espontaneidad arrinconó a la elite política, y que encontró en una serie de símbolos, una inédita capacidad de autorregulación, sin la mediación de los actores tradicionales. Queda mucho camino por recorrer, pero los síntomas son auspiciosos.

El primero es la sucesión constitucional. Sin que haya tenido que apelarse a la tradicional salida andina -"guardar" a la Constitución en un cajón" por un par de días o meses y "revivirla" al cabo- shock que ha permitido a otros países conservar la "estética" de la política y a la comunidad internacional la "dignidad" de sus instrumentos. Ahora, el gobierno de transición, que con propiedad debería ser denominado gobierno constitucional de Bolivia, debe tener contenido y procedimientos para ser viable.

El segundo es la definición de una agenda mínima por el gobierno. La definición como de transición permite a los actores políticos y sociales, tradicionales y emergentes, bajar la "adrenalina" y manejar cautelosamente sus miedos. Los gobiernos de transición tienen antecedentes de buen y mal manejo en América Latina, ninguno enteramente asimilable a Bolivia. Paniagua, en Perú, y Dualde, en Argentina, entendieron que la limitación temporal de su gobierno transitorio les garantizaba las posibilidades políticas a las fuerzas en ascenso, a los actores económicos les posibilitaba una programación de actividades y a los movilizados les daba señales de instalar los procesos de corrección que demandan. Este tema, la indefinición temporal del gobierno boliviano actual, puede ser un eslabón débil del proceso en Bolivia [25].

La agenda de la transición tiene demasiadas tareas y demasiada complejidad para ser afrontada por un sistema político -y no sólo por el gobierno- asentado en su debilidad, obligado por el sensación del vacío/abismo, político y físico, a una cierta racionalidad. Examinémoslos.

Referéndum = Soberanía popular

Un referéndum vinculante para tratar el tema del gas tiene muchas limitaciones. Se llegó a la figura de la consulta popular empujado por la dinámica de la movilización. El cumplimiento necesario del mandato del referéndum es obvio -si la institución está bien diseñada-, ya que para ello se acude al mandante primario y se deja, temporalmente, sin delegación a las autoridades a cargo de la decisión en tiempos normales. Un "referéndum consultivo" [26] fue una timadura ya que es sólo una encuesta, con la ventaja que ésta, la encuesta, es menos cara, la puede hacer una publicitaria sin el concurso de la Corte Nacional Electoral y el público no sería manipulado.

Una consulta popular puede interrogar al pueblo acerca de criterios, normas o decisiones. De hecho, cada una puede ser una institución con su propia denominación. Todas tienen carácter vinculante, siendo lo importante lo que se pregunta. Existen muchos casos de manipulación en la formulación de preguntas, por lo que se suele establecer, o limitaciones legales a las preguntas o instancias de calificación de las preguntas. Una manipulación puede ser fatal para un proceso de apertura democrático o desencadenante de nuevas protestas.

Sin embargo, el tema central es preguntarnos ¿Toda decisión de la gestión pública de un país puede/debe sujetarse a un referéndum ? La esencia de la delegación en democracia es permitir la adopción de decisiones dentro de un marco general otorgado por el mandato. Cuando ese mandato se quiebra, es irregularmente administrado o existen normas que lo mandan, se puede acudir a la consulta popular. Este es o puede ser el caso de Bolivia. Pero no toda la materia de la gestión pública entra en la posibilidad de la consulta, al menos de la misma forma.

La gestión pública está flanqueada por la realidad y por los límites que impone la técnica. Así, no es posible acudir a los electores para preguntarles acerca de irrealidades o situaciones imposibles de transformar. Desde este punto de vista, una vez comprometido un referéndum, la cuestión central es la pertinencia de sus preguntas, para que contribuyan a la legitimidad pública y a la sensatez en la conducción del país.

Refundar es una cosa seria

La Asamblea Constituyente se impuso en la agenda pública. Ayer, obviamente, estuvo muy alejada de las primeras prioridades del público boliviano [27]. Hoy, la realidad de las estructuras institucionales resquebrajadas o definitivamente quebradas obliga a nuevos diseños en los que la gente ha puesto su interés. Los cimientos de la "casa política" se han movido y es preciso establecer hasta donde y reemplazarlos si es necesario.

Una Constituyente es una forma de establecer un nuevo acuerdo político entre los bolivianos acerca de su Estado en el sentido lato, esto es, la institucionalidad social y política, las vinculaciones entre funciones del Estado, las relaciones del Estado y la economía, y los órdenes territorial, funcional y administrativo.

Constituyente es un apelativo muy fuerte para una Asamblea que surge de un mandante primario. Quiere decir que lo constituye todo, incluso a la misma institucionalidad que le da origen y a las autoridades que rigen el cuerpo que ejerce su soberanía para convocarla. En caso contrario, sería una Asamblea surgida del poder constituido, por ejemplo el Congreso, con objetivos de reforma constitucional parcial y alcances limitados.

El lenguaje político se ha encargado de darle algunas significaciones sólidas y podríamos calificarlas de extra-técnicas. Una es la idea de refundación del país. Un tiempo la frase paseó por los pasillos de los grupos de izquierda, ahora es una bandera de grupos regionales. En los pasillos regionales, connota al logro de un nuevo acuerdo territorial, que de inicio a una nueva forma de gestión y de representación.

Las experiencias latinoamericanas muestran que los países salieron de las dictaduras sin Asambleas Constituyentes, sino mediante una recuperación acelerada de instituciones, reasumidas sin "beneficios de inventario". Fue literalmente un "retorno a la democracia", esto es a la institucionalidad que pudo sobrevivir al autoritarismo. Las Constituyentes, en su exacta concepción, no entraron en la oleada democratizadora de hace un par de décadas.

En la actual acepción generalmente aceptada, una Constituyente es una Asamblea especial que evalúa el desempeño de las instituciones y tiene atribuciones de reforma de toda la Constitución. Pero no suele abordar otros temas, como la capacidad fiscalizadora o los términos de los mandatos. De hecho funciona en medio de regímenes constitucionales sin afectarlos y, más aun, paralelamente a los Congresos, con los que llega a compartir competencias.

La agenda de la Constituyente, que es un tema sumamente delicado, ha sido materia de controversias. ¿Es posible una Constituyente con agenda y acuerdos previos de los actores sociales y políticos ? ¿La agenda y los acuerdos afectan a la soberanía popular ?. Sí y no. Una agenda que ordene la gestión Constituyente es sana en toda dimensión. Unos acuerdos que limiten la gestión constituyente al margen de los mandatos ilegitiman a la Asamblea. La soberanía popular expresada en sus constituyentes es incuestionable y se debilitaría si precisara de ratificación.

Muchos son los temas de una Constituyente. Hay que tratarlos con sumo cuidado y sobretodo con transparencia, por ejemplo, su composición, tiempo de duración, forma de funcionamiento, atribuciones. Las cuotas de poder de la Constituyente las darán los electores. Pero su diseño, por su novedad y carácter único, da muy poco espacio para el error en el diseño. La ventaja es que otros países ya han recorrido algún terreno en esta materia y el que va al último tiene como ventaja el conocimiento de los errores del otro.

¿Pueden los bolivianos vivir juntos ?

Vista desde la Constitución, Bolivia no tiene gobiernos subnacionales sino solamente formas de control territorial -comprendidas como regímenes especiales- de fuerte hedor oligárquico. Lo primero que hay que hacer es retirarle algunos mitos a la descentralización.

El proceso de descentralización son solamente los grados de autonomía de los gobiernos subnacionales, que permiten afianzar a la democracia y mejorar la prestación de servicios. Estos grados de autonomía [28] deben establecerse mediante acuerdos políticos. Todo lleva a pensar que Bolivia está frente a uno de esos momentos. La cuestión es ¿por donde debe avanzar la descentralización ?

Las autonomías o el nombre que los grupos regionales [29] quieran darle son, desde otro ángulo, la necesidad de los nuevos actores regionales de dotarse de un sistema político regional y de participar en el nacional. Un gobierno subnacional es sólo y sobradamente eso : una conformación de nuevas legitimidades, que luego se traduzcan en gestión pública para afirmar a la nación asumiendo y participando sus reglas, entre las cuales está la redistribución de los beneficios del desarrollo.

Un sistema de partidos infartado

La actual forma de los partidos en Bolivia colapsó. Lo obvio es que los partidos no cumplían función alguna en la sociedad, salvo vehiculizar apetitos particulares. La coalición que sustentó al gobierno defenestrado -MNR, MIR, NFR- no pudo cumplir su función de soporte social de la gestión y de control social de esa gestión política ; al contrario, en cuanto pudo, evadió a la sociedad.

¿Puede un gobierno democrático funcionar con los partidos en hibernación ? De modo permanente no, de modo transitorio sí. El reto plateado por el presidente Mesa es desafiante. ¿Tendrán los partidos capacidad para reconocer y aprovechar la oportunidad de autocriticarse y reformarse ? La historia reciente de la región nos dice que los reformadores no se reforman, dicho en concreto, que los partidos, protagonistas de la reforma política, lo único que no reforman es el sistema de partidos. Pero tendrán que tomar rápidas medidas que los relegitimen ante la población. Justamente para ser parte legítima del proceso reformador fundamental, la Asamblea Constituyente.

La salida inmadura de los partidos sería replegarse mientras dure el vendabal y cuando amaine retomar la iniciativa, a la modalidad de un "frente clasista de defensa". No tienen ninguna fuerza histórica, pues junto con el sistema de partidos, el "turbión" [30] social se llevó al vaso medio vacío y medio lleno de parlamentarismo y presidencialismo. Pero, los partidos sí tienen desde donde levantar la ofensiva : el Parlamento. Desde allí pueden hacer una oposición destructiva contra el gobierno, que se refugiará en la sociedad.

Entonces comprendemos, que la política puede convertirse en un "casino". La duración incierta del gobierno -amenaza por medio de renuncia presidencial- es una apuesta que puede ser funcional. Sin lugar a dudas es el eslabón débil del gobierno, que impide estrategias estables de concertación y de inversión.

Una conclusión obligada

En suma, el problema fundamental de Bolivia hoy es la desconexión entre una sociedad civil que ha conformado poder en las calles, desautorizando al sistema político, y una sociedad política cuyos partidos no encuentran la agenda para vincularse con la sociedad que dicen representar.

El problema urgente es asentar, en una plataforma común, a las bases de poder real subsistente y emergente, virtual y real. El tema no es otro que la nación, esto es, los atributos que permiten a los bolivianos converger en un proyecto para "vivir juntos" teniendo formas públicas comunes. Para ello, no solo debemos conocer ¿quién gobierna a Bolivia ? sino ¿qué une a los bolivianos y qué forma pública debe tener esa unidad ?

El desmoronamiento de la coalición gubernamental presidida por Sánchez de Lozada viabilizó una salida, pero no garantizó la forma que adquiera el soporte del gobierno de transición.

La principal fracción de poder, en el sentido cualitativo, la deben tener los actores de la calle. La esencial fracción de poder la debe tener el sentido de continuidad de la nación. El tema es cómo darle una forma institucional a esas demandas de la calle y reformar la inconveniente institucionalidad de arrastre.

La cuestión pendiente en la actual coyuntura es ¿se restablecerán las prácticas de desborde de la sociedad civil sobre el orden estatal y político o se establecerán canales institucionales de procesamiento de las diferencias ? ¿Mantendrá Estados Unidos su interés en Bolivia una vez que el modelo de erradicación de la hoja de coca ha llegado a su limite tanto como la liberalización económica en un contexto de pobreza ? Bolivia enfrenta la necesidad de redefinir su ubicación internacional -en especial frente a la cooperación internacional-, en que difícilmente puede insistir en un presentar una asociación - liberalidad y pobreza - con perspectivas de éxito.

Los desafíos bolivianos permanentes también son urgentes : armonizar la democracia política, el desarrollo económico y la equidad social, con el objetivo de evitar el desencuentro entre democracia y gobernabilidad. El actual modelo ha producido estabilidad sin crecimiento y la democracia se ha mostrado ineficaz para estimular la resolución de los principales problemas del desarrollo. Sin embargo, la población adhiere al sistema democrático como el mejor régimen de convivencia social y política. En este clivaje debe actuar la inteligencia política del país. Y de la región.