Gran Bretaña habia aprobado el derrocamiento de Salvador Allende según documentos secretos.

Por Argenpress
Argenpress.info, 2 de enero del 2004

El Archivo Nacional británico hizo públicos documentos sobre el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende, reveladores de la anuencia otorgada por el gobierno conservador de entonces a los militares chilenos.

Una parte del material desclasificado está constituido por los informes del embajador Reginald Seconde, para quien los militares golpistas eran "profesionales decentes, sin experiencia política,".

Tres semanas después del cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Seconde escribía al Foreign Office que el "actual régimen tiene infinitamente más que ofrecer a los intereses británicos que el gobierno que lo precedió".

También advertía a sus superiores en Londres que la junta militar encabezada por el jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, iba a adoptar "fuertes medidas contra los simpatizantes del depuesto gobierno de izquierda".

"Sus dos objetivos son eliminar el marxismo y restaurar el orden (...) y es probable que apliquen mano dura". La represión desatada costó más de tres mil vidas entre muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990.

Otro informe del diplomático aseguraba que "los nuevos líderes están -sin lugar a dudas- de nuestro lado y quieren establecer relaciones, en su sentido más amplio, con nosotros".

Los centenares de documentos dados hoy a conocer no son todos los que guarda la Oficina de Registros Públicos sobre el derrocamiento del presidente constitucional de Chile.

Al comentar la desclasificación, la Corporación Británica de Radiodifusión, BBC, apuntó que muchos de los documentos no entregados contienen información sobre el papel de algunos gobiernos occidentales en el golpe de Estado.

Prueba de la excelencia de las relaciones bilaterales fue la guerra de Gran Bretaña contra Argentina por las islas Malvinas, en 1982.

Por entonces, el gobierno de la primera ministra conservadora Margaret Thatcher recibió del régimen castrense chileno valiosa información de inteligencia sobre la estructura militar argentina.

Los laboristas, a su vez, decidieron en marzo de 2000 liberar a Pinochet, detenido en Londres mientras se tramitaba un pedido de extradición a España para ser juzgado por sus crímenes, y autorizar su regreso a Chile "por razones de salud".

Creyendo al parecer que era impune fuera de su país, el senador vitalicio había viajado a Londres en octubre de 1998 para un tratamiento médico y allí lo retuvo una orden internacional de arresto librada por el juez español Baltasar Garzón.

La saga londinense del dictador chileno le costó al contribuyente británico cerca de cuatro millones de libras esterlinas, unos 5,8 millones de dólares al cambio de entonces.