¿Fracaso o fraude de la multinacionales en Bolivia ?

Por Gabriel Tabera Soliz
econoticiasbolivia.com

La Paz, diciembre 2002.- Los bajísimos niveles de rentabilidad declarados por las transnacionales que administran y controlan las más grandes empresas de Bolivia han sembrado una gran interrogante en el país : ¿hay fraude contable o hay ineficiencia y fracaso administrativo ?

"Es inadmisible que presenten esos resultados tan bajos. Vamos a investigar", aseguró el superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, Juan Javier Estenssoro, sorprendido ante los resultados presentados por las transnacionales que controlan las actividades petroleras, de telecomunicaciones, electricidad y transporte aéreo y ferroviario.

En promedio, la rentabilidad declarada por estas empresas alcanza a un poco más del 2 por ciento, un nivel considerado por las autoridades y expertos como insignificante, dada la expansión de operaciones y producción en estos sectores, que están entre los más importantes de la economía boliviana.

Desde 1996, las más importantes empresas públicas de Bolivia (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Electricidad, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, el Lloyd Aéreo Bolivianos y la Empresa Nacional de Ferrocarriles) fueron privatizadas parcialmente con el denominado proceso de capitalización.

En este proceso, el Estado entregó el control, la dirección, la administración y el 51 por ciento de las acciones de las empresas públicas a varias transnacionales, que se comprometieron a invertir en estas empresas 1.600 millones de dólares. El restante paquete accionario, transferido formalmente a todos los ciudadanos bolivianos que eran mayores de 21 años en ese entonces, está bajo la administración de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), también manejadas por empresas extranjeras.

Bajo esta modalidad, las utilidades de las empresas públicas capitalizadas se distribuyen casi en partes iguales entre las transnacionales y las AFPs, que utilizarán estos recursos para pagar rentas de jubilación a los bolivianos beneficiarios de la capitalización.

Por ello, cuanto mayores son los niveles de rentabilidad de las empresas capitalizadas, mayores son los recursos que deben ser entregados por las transnacionales a las AFPs. Pero, como ocurre actualmente, cuando los niveles de rentabilidad son bajos, las transnacionales que manejan las empresas petroleras, de telecomunicaciones, eléctricas y de transporte entregan muy pocos recursos.

Los informes oficiales establecen que en los últimos años, las transnacionales que controlan las empresas capitalizadas entregaron 30 millones de dólares como dividendos, en promedio anual, lo que está muy lejos de las expectativas generadas al inicio del proceso.

Hace 7 años se consideraba, en esferas gubernamentales y empresariales, que la capitalización de las empresas públicas generaría anualmente una rentabilidad superior al 10 por ciento, casi cinco veces más de lo que declaran actualmente las transnacionales.

"No creo que hoy en día (las transnacionales) vengan a invertir lo que han invertido a sabiendas de que van a ganar dos por ciento", dijo el Superintendente, quien como muchos bolivianos duda de los balances presentados por las empresas extranjeras.

Entre los analistas y sectores contrarios a la capitalización hay casi la certeza de que las transnacionales están cometiendo un fraude contable y que están declarando niveles de rentabilidad muy por debajo de los reales, con el único propósito de reducir los aportes que deben entregar a las cuentas de los ciudadanos bolivianos administradas por las AFPs.

La absoluta falta de control y de fiscalización sobre las transnacionales, evidenciadas públicamente en fraudulentas transacciones en la empresa área nacional y en sobreprecios y mañosas adjudicaciones en una de las petroleras, da pie para que los sectores adversos a la capitalización consideren que las transnacionales están inflando sus costos, sus inversiones y sus compras de equipos y materiales a sus filiales, todo ello para mostrar menores niveles de rentabilidad y, por tanto, pagar menos dividendos e impuestos.

Las irregularidades y malos manejos son tan evidentes que hay en curso investigaciones oficiales sobre la presunta defraudación y evasión fiscal por 100 millones de dólares que estarían cometiendo las empresas petroleras, y otra sobre la irregular remisión de utilidades al extranjero por 200 millones de dólares por parte de la empresa de telecomunicaciones.

Según las autoridades, estas investigaciones permitirán esclarecer y resolver las situaciones anómalas e irregulares. Esto puede ocurrir, aunque queda en la memoria de los bolivianos que esa misma intención quedó a medias en el caso de la línea aérea (LAB), que en pocos años ha visto caer su patrimonio de 50 millones de dólares a sólo 2.