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25 janvier 2003

En Bolivia, negocian una tregua y hay escándalo por adjudicación vial

 

Urgente 24.info, 25/01/2003 - 15:58.- En Bolivia, los cortes de ruta provocaron ya ocho muertos ; pero es posible que haya una tregua en horas más. Buscan acercar posiciones entre Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales.

Armando Medrano, un campesino chuquisaqueño de aproximadamente 20 años, murió luego de recibir el impacto de una bala disparada por un fusil FAL 7.62, arma del Ejército boliviano, elevando a ocho los muertos durante 12 días de conflicto social.

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada reconoció que en la región de Chori, Chuquisaca, hubo un enfrentamiento entre fuerzas combinadas del Ejército y la Policía y campesinos por el despeje del camino, ya que un camión que transitaba por la carretera fue objeto de apedreo.

El Ejecutivo boliviano reiteró que defenderá la libre transitabilidad de sus rutas y caminos, reprimiendo a quienes violen ese derecho.

El deceso ocurrió cuando el conflicto con el sector cocalero del Chapare y Yungas y con los movimientos campesinos empezaba a perder intensidad.

Anoche también se conoció que la central obrera COB, encabezada por Saturnino Mallcu, líder del Estado Mayor del Pueblo, se reunirá hoy con el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, lo que puede ayudar a lograr soluciones a varios problemas sectoriales.

Asimismo, el líder opositor Evo Morales envió mensajes de diálogo.

En tanto, el fiscal general de la República, Óscar Crespo, informó que las muertes ocurridas durante los enfrentamientos en los bloqueos de caminos son investigadas, aunque con muchas dificultades, por los representantes del Ministerio Público.

Los fiscales de Chimoré, Irvirgarzama y Sacaba iniciaron sus pesquisas para tratar de determinar, en principio, la causa de los decesos. Sacha Llorenti, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, había denunciado que el Ministerio Público no cumplía su función de esclarecer las muertes por causa de disparos de armas de fuego.

En el caso de la muerte del soldado Mario Copa, la versión del gobierno asegura que cayó en una emboscada preparada por los lugareños. Sólo las investigaciones de los fiscales podrán determinar si esa afirmación es cierta o falsa.

En tanto, en el sur de Bolivia, la tensión no cesa, y la carretera Potosí-Chuquisaca se convirtió en una alfombra de piedras, que impidó el tráfico interprovincial.

La Prefectura de Potosí responsabilizó al dirigente del MAS, Félix Santos, de estar detrás de esos hechos. La red Erbol difundió que el jefe de seguridad de esa Prefectura, Roberto Alurralde, informó que Santos es seguido muy de cerca por personal de inteligencia.

Guerrilleros

"Un simulacro grosero y de mal gusto, un montaje", así calificaron los dirigentes políticos a la noticia sobre el surgimiento en Cochabamba de un grupo irregular armado llamado Ejército Dignidad Nacional (EDN).

Incluso el general Gary Prado Salmón, el oficial que capturó a Ernesto Che Guevara en la guerrilla de Ñancahuazú, restó importancia a la versión que difundió la CNN.

El analista Juan Ramón Quintana dijo que las fotos de un grupo de personas que portan armas de fuego, visten ropa camuflada y realizan ejercicios de índole militar no son más que un "montaje" o la puesta en escena de una idea que se le ocurrió a alguien de mente muy imaginativa.

Para Quintana, con la detención de personas en posesión de dinamita, en Cochabamba y en los Yungas, y la presentación repentina de un grupo guerrillero, sólo se pretende crear un escenario conspirativo que alarme a la población bajo la idea de que la seguridad del país está en jaque.

El análisis del experto señala que el "simulacro" tiene tres objetivos políticos :

** deslegitimar la protesta y los movimientos sociales ;

** atribuir a los cocaleros una alianza con grupos irregulares, como si éstos fueran su brazo armado ; y

** volcar el escenario de conflicto para generar más comflicto y violencia desde los cocaleros hacia las fuerzas gubernamentales.

"A nivel general se crea un clima de zozobra, de esquizofrenia. Esto forma parte de una estrategia de debilitamiento de la oposición", añadió.

Para Quintana, las dictaduras fueron más lúcidas y hábiles al armar este tipo de shows mediáticos, de simulación de ejercicios conspirativos.

Según el MAS, no es novedad que un gobierno acuse a los dirigentes sindicales de organizar un movimiento subversivo o de participar en grupos armados.

El dirigente cocalero y diputado de los Yungas, Dionisio Núñez, lleva la cuenta de las veces en las que fue tildado como político cuando sus reivindicaciones eran sólo económicas.

"Cuando había movilizaciones y bloqueos de caminos, el gobierno siempre hacía aparecer que en eso estaban incrustados grupos armados irregulares", indicó Núñez.

"Nos decían que teníamos contacto con grupos de Colombia o de México, a veces nos acusaban de que teníamos francotiradores o éramos subversivos", dijo Núñez.

Corrupción

Si no se esclarecen las denuncias en el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), tanto el Banco Mundial como la Cooperación Suiza para el Desarrollo (Cosude) no desembolsarán dinero a varios municipios bolivianos. La Fiscalía investigará durante cuatro meses.

Los documentos de la comisión calificadora del Servicio Nacional de Caminos (SNC) demuestran que la empresa italiana Astaldi había quedado fuera del proceso de licitación de la carretera San José-Taperas-Roboré porque su oferta estaba por debajo de la franja referencial exigida en la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Astaldi salió del concurso porque ofreció contruir el tramo San José-Taperas-Roboré por US$ 64,8 millones, monto 13,6% menos que el costo referencial del camino, estimado en US$ 75,4 millones.

La Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios establece el 10% como tope mínimo y máximo.

Sin embargo, Alberto Benítez, ex Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC), sabiendo que la empresa italiana Astaldi había sido descalificada por la Comisión Calificadora, le adjudicó la obra desconociendo que la ganadora había sido ARG-Copesa-ICA.

El argumento que utilizó fue que el consorcio ARG-Copesa-ICA tenía problemas legales y deudas tributarias y cobraba US$ 5 millones más que Astaldi.

Sin embargo, las disposiciones legales señalan que si las obras no se adjudican a la empresa que resultó 1ra., la 2da. es la ganadora.

Bajo este criterio, Benítez debió adjudicar la construcción del controversial tramo al consorcio Alquimaq-Green-Rovella, que ofrecía US$ 71,3 millones, precio que es 4,9% menor al precio referencial.

El presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, destituyó a Benítez que también ejercía el cargo de gerente de Planificación y Desarrollo Tecnológico ; y a Cecilia Aparicio, asesora legal, por actuar irregularmente en el proceso de licitación San José-Roboré.

La destitución se concretó el 19 de enero de 2003, un día después de que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada respaldara a Bakovic y a la reforma.

Al proceso de licitación se presentaron ocho empresas : Ohl-Incotec Asociados, Alquimaq-Green S.A-Rovella-Carranza-Cruceña-Minerva-Terra, ARG-Copesa-ICA, CCS Alfa Sudamericana Construcciones, Camargo Correa, Oderbrecht-Queiroz Galvao-IASA, Astaldi SPA y Ferrovial-Agroman-Apolo.

Camargo Correa también fue descalificada pues el precio que ofreció -US$ 83,6 millones- era 11,5% superior al precio referencial de US$ 75,4 millones.

Las empresas que quedaron en la competencia fueron : Oderbrecht-Queiroz-Iasa, Ferrovial-Agroman-Apolo, Alquimac-Green-Rovella y ARG-Copesa-ICA.

Las que quedaron por encima del precio referencial, pero dentro del 10% permitido, fueron CCI- Alfa- Sudamericana y Ohl- Incotec.

Tras la depuración realizada por la comisión calificadora ARG-Copesa-ICA fue la elegida, pues ofreció US$ 69,9 millones para la construcción y pavimentación del tramo San José-Taperas-Roboré, monto que es 6,8% menor al precio referencial.

Ahora el Tribunal Constitucional debe definir qué empresa se encargará de la obra, Astaldi o ARG-Copesa-ICA. Los magistrados nombrados el lunes tienen 30 días para emitir su fallo.

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