El titular de la corte es el nuevo presidente de Bolivia y habrá elecciones.

Se fue la Vaca, vienen las urnas La ruta a las elecciones anticipadas quedó abierta en Bolivia tras una jornada de extrema tensión. Después que enfrentamientos dejaran un muerto y tres heridos, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío renunciaron a la sucesión constitucional. Asumió el presidente de la Suprema Corte.

Por Pablo Stefanoni
Página 12. La Paz, 10 de junio del 2005

Es un capítulo cerrado. Después de una jornada que incluyó un muerto y tres heridos por el ejército, los presidentes de las dos Cámaras del Congreso, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, renunciaron a la sucesión constitucional y Eduardo Rodríguez fue elegido presidente de Bolivia por el Parlamento. Vaca se fue emitiendo fuertes conceptos contra el presidente renunciante Carlos Mesa y Evo Morales, jefe del Movimiento al Socialismo (MAS). Sostuvo que "hemos llegado a una etapa en el país en el que los culpables se presentan como los inocentes y donde las víctimas aparecen como culpables" y denunció "ante la comunidad internacional" que "en Bolivia no estamos viviendo en democracia, porque gente pagada impide sesionar al Congreso". Pocos minutos más tarde renunció también a la sucesión el presidente de Diputados, Mario Cossío, quien en la misma línea de Vaca Díez acusó al gobierno de instalar una "lógica de confrontación" en el país y de "impulsar una agenda demagógica". Las dos renuncias fueron aceptadas por unanimidad en el Parlamento, lo que transformó en nuevo presidente de Bolivia al titular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, quien deberá convocar a elecciones anticipadas en el plazo de 90 días.

La sesión parlamentaria, programada inicialmente para las 10 de la mañana y trasladada luego a las 6 de la tarde, volvió a ser suspendida durante la noche, mientras Vaca Díez huía de la multitud hacia una unidad militar, en medio de una espiral de violencia que tuvo como saldo a un minero muerto. Wilbert Ramos, el principal dirigente campesino de Chuquisaca, había señalado que "Vaca Díez sólo abandonará Sucre descuartizado", y piquetes de campesinos se trasladaron al aeropuerto para evitar que el cuestionado senador, un representante derechista de la clase alta de Santa Cruz de la Sierra, se trasladara a su feudo para seguir tramando su ascenso al sillón presidencial. "Si Vaca gobierna, guerra civil", corearon durante toda la jornada varios de los grupos que se movilizaron a lo largo y ancho del país.

Entretanto, en el centro de la ciudad -capital formal de la República-, mineros provistos de dinamita y policías protagonizaron duros enfrentamientos a sólo 100 metros de la Casa de la Libertad, que alguna vez fuera sede de eventos menos grotescos. La muerte del minero Carlos Coro, a manos del ejército, en la localidad vecina de Yotala, a 17 kilómetros de Sucre, y las heridas de tres personas más caldearon aún más los ánimos. "Primero los gasificaron (a los mineros), los cercaron y finalmente los acribillaron", dijo el diputado del MAS Santos Ramírez. El hecho de "tener un muerto" antes de asumir la primera magistratura -y el clima de creciente violencia que se expandió en todo el territorio nacional- precipitó el postergado "renunciamiento" de los presidentes de ambas Cámaras.

Si bien en una primera instancia la sucesión constitucional parecía contar con mayoría -al menos por las declaraciones de los representantes partidarios-, en las últimas horas las agrupaciones, incluyendo el MIR al que pertenece Vaca Díez, se mostraron divididos, y Nueva Fuerza Republicana (NFR, populista de derecha y parte de la ex "megacoalición") señalaron que no apoyarían la investidura del senador. Y la ilusión presidencialista de Vaca y las elites cruceñas se derrumbaron como un castillo de naipes.

Esta decisión puede empezar a distender la extrema convulsión social que vive el país, aunque algunos sectores sociales reclaman que las eleccionesno se restrinjan al Ejecutivo sino que se renueve también el Congreso, sede del repudio generalizado. Ayer, la ciudad de La Paz presentaba un paisaje desolado, casi sin vehículos y con gente caminando por el medio de las principales avenidas. Los controladores aéreos del país se declararon en huelga por tiempo indefinido, lo que cesó todos los vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional de La Paz. El paro en El Alto fue total, lo que impidió el abastecimiento de la sede de gobierno, y miles de personas esperaron frente a la planta de Senkata para comprar una garrafa que no llegaba, lo que generó tensión entre las amas de casa -que reclamaban "queremos gas"- y dirigentes vecinales. Algunos representantes barriales sostuvieron, ante una consulta de Página/12, que era posible "levantar las medidas de presión a favor de la nacionalización" si Vaca Díez daba un paso al costado. Pero eso debe ser decidido por las organizaciones sindicales y vecinales que probablemente se reúnan hoy para decidir cómo seguir en el nuevo escenario político.

Sectores radicalizados -incluyendo a la COB- intentaban poner en pie una Asamblea Popular. Por la mañana, los representantes del Alto Mando Militar habían convocado a "un nuevo pacto social entre los bolivianos". Su llamado pacifista contrastaba con el uniforme de campaña que vestían los militares, una especie de mensaje de que la situación estaba llegando a un límite (ver abajo). Con el camino libre para el presidente de la Corte, parece haberse encendido una luz al final del túnel. Los problemas en el país continúan, aunque se espera que con la convocatoria a elecciones anticipadas las agendas en disputa -Asamblea Constituyente, nacionalización y autonomías- se puedan canalizar por la vía institucional. En todo caso, es una papa caliente para el nuevo mandatario.

HABLA EL EXPERTO MILITAR JUAN RAMON QUINTANA
"Fue una señal de advertencia"
Por P. S. Desde La Paz

En la mañana de ayer, en la sede de gobierno, los miembros del Alto Mando, vestidos en uniformes de combate, emitieron un comunicado pidiendo a todos los sectores sociales y políticos que hagan esfuerzos para pacificar el país y aclararon que respetarán las decisiones del Congreso Nacional. Sin embargo, el mensaje despertó algunas suspicacias. En diálogo con Página/12, el sociólogo y ex militar Juan Ramón Quintana intentó descifrarlo.

¿Qué significó el mensaje del Alto Mando Militar ?
– Fue un mensaje de doble carril. Por un lado, las FF.AA. señalan que se mantienen subordinadas al orden constitucional, reafirmando las tradiciones de los últimos 20 años. Pero también fue un mensaje sutil de que se está llegando a un límite y que, si el sistema político no logra resolver la crisis actual, ellos podrían emprender alguna acción preventiva. Los jefes militares mostraron una profunda preocupación sobre el destino nacional. El mensaje alude a un dilema crítico : si la situación se sigue degradando, van a tener que intervenir con o sin orden presidencial. Pero es ante todo un discurso preventivo.

¿Estar vestido con uniforme de campaña fue parte de la advertencia ?
– Fue un mensaje de que están en el umbral de esa intervención preventiva. Normalmente sólo visten uniforme de campaña los días viernes.

¿A qué se refiere con acciones preventivas ?
– Significa básicamente intervenir en los escenarios que ponen en riesgo los sistemas de abastecimiento, desbloquear los ejes logísticos.

¿Excluye entonces la posibilidad de golpe ?
– T otalmente. No existe ese riesgo por los escenarios adversos que los militares tendrían que enfrentar. Tanto la cohesión social contra el golpe, que derivaría en una contrarrespuesta social, como un fuerte veto de la comunidad internacional.

Un escape en la llave de gas

Las petroleras en Bolivia responsabilizan a la crisis política por las bajas en sus producciones. La española Repsol-YPF anunció ayer que redujo en un 0,3 por ciento su producción de hidrocarburos, es decir, unos 3500 barriles de petróleo por día. Con un tono similar, un vocero de la petrolera estatal brasileña Petrobras aseguró ayer que la empresa sólo puede garantizar el suministro de gas boliviano a Brasil durante una semana más. Sin embargo, el director de Asuntos Internacionales de la petrolera, Néstor Severo, salió a explicar que la empresa y el Ministerio de Minas y Energía ya están trabajando en el diseño de "un plan de contingencia" para el caso en que el suministro de gas llegue a suspenderse. El plan incluiría comenzar a explotar las enormes reservas de gas que posee Brasil.

Las declaraciones llegan luego de que grupos de indígenas bolivianos tomaran el miércoles siete campos de Repsol-YPF y de la compañía británica British Petroleum en el departamento oriental de Santa Cruz de la Sierra, agravando la crisis en la producción.

Repsol recordó que invirtió cerca de 800 millones de euros, entregó 490 millones de euros en impuestos al Estado boliviano y generó 300 empleos directos y 3000 indirectos. La empresa española posee derechos sobre 38 bloques, entre ellos el campo Margarita, que alberga la mayor reserva gasera del país andino. Con intereses en otros consorcios, como Andina, Repsol-YPF detenta una superficie neta total de 13.670 km2.

Petrobras, por su parte, es responsable por el 20% del PBI de Bolivia, ha invertido en ese país unos 1600 millones de dólares desde que comenzó a operar, en 1996, bajo la anterior Ley de Hidrocarburos promulgada por el ex presidente depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada. En el caso de Brasil, la disminución en la producción podría tener graves consecuencias para el país, ya que de su consumo total de 38 millones de metros cúbicos diarios, 24 millones son importados todos los días desde Bolivia.

Una salida, no la solución
Por Claudio Uriarte
Página 12. Buenos Aires, 10 de junio del 2005

Iglesia, Fuerzas Armadas y analistas políticos están actuando bajo el supuesto de que la solución a la crisis política de Bolivia es la convocatoria a elecciones anticipadas.

Por cierto, es una mejor salida que lo que hubiera sido el ascenso al sillón presidencial de un político impopular y polarizador como Hormando Vaca Díez, pero eso no significa que las elecciones -cuyo camino quedó desbloqueado tras la renuncia de los dos titulares del Congreso- sean una panacea, sino sólo un modo de aclarar quién representa a quiénes y a cuántos después de una cadena de hechos traumáticos -la represión de Gonzalo Sánchez de Lozada, su derrocamiento popular, la aprobación de la polémica Ley de Hidrocarburos, la escalada de la protesta social a reclamos de renacionalización de la energía y ahora el vacío de poder- que han dejado al Congreso existente -y a su titular, el mismo Vaca Díez- como reliquias de tiempos largamente extintos.

Pero las elecciones mismas conllevan un riesgo casi seguro : que el panorama de extrema fragmentación en el Congreso se reproduzca -aunque con distintas proporciones según los distintos partidos- y que el presidente resulte nuevamente elegido con menos del 50 por ciento de los votos -en Bolivia no hay segunda vuelta-, dejando la decisión final en manos de un Parlamento desesperadamente incapaz de producir un consenso nacional genuino.

Esa debilidad de las instancias institucionales lleva en su seno el fantasma de la ilegitimidad, sobre todo para un presidente que -sea quien sea el sucesor después del sucesor de Carlos Mesa- deberá decidir sobre dos cuestiones cruciales -y, en el fondo, mutuamente contradictorias- para el futuro económico del país : la Ley de Hidrocarburos (que se supone que es nacional, y que eleva el nivel de tributación de las compañías extranjeras que operan en Bolivia) y las demandas de autonomía de departamentos como Santa Cruz de la Sierra y Tarija, principales productores de esos mismos hidrocarburos, que buscan en definitiva limitar el nivel de sus aportes al Tesoro nacional, quedarse con más de lo que producen y establecer sus propios acuerdos económicos con las compañías multinacionales o con quien sea. En esta contradicción está latiendo la bomba de tiempo de un separatismo que puede desgarrar el frágil tejido de las dos o más Bolivias que hoy asoman en el horizonte.

Por eso, las elecciones anticipadas son condición necesaria, pero no suficiente para la salida a la crisis. Y eso si una decisión unilateral de los departamentos secesionistas, no provoca una renovada erupción de la violencia.