El rol de las cúpulas sindicales actuando como socios de Techint

Los ejecutivos de empresas de primer nivel se han abroquelado para vedar el ingreso de más directores del Estado en sus cúpulas. Hizo la punta Paolo Rocca, mandamás de Techint, el pulpo siderúrgico trasnacional con sedes en Luxemburgo, Milán y San Nicolás. La asamblea de accionistas de Siderar rechazó la incorporación de más directores del Estado. En este momento ya hay una directora pero en virtud del decreto 441/11, que derogó un inciso de la ley que permitió el rescate de los fondos previsionales, deberían sumarse otros dos. Es que el Estado, por medio de la Anses, tiene casi 26 por ciento de las acciones de ese grupo siderúrgico y le corresponderían tres directores.

Ese DNU es perfectamente legal, pero Rocca ha dejado trascender a los medios, comenzando por Clarín, íntimo aliado suyo, que apelará a la justicia. Presentará un amparo, imitando la estrategia de defensa que el monopolio mediático empleó contra la Ley de Servicios Audiovisuales.

Argumentos.

La línea argumental de los monopolios es que se trata de empresas privadas y que el Estado no debe intervenir. Las patronales de la industria emitieron sendos comunicados oponiéndose a la aplicación del DNU. Sus periodistas amigos, como Carlos Pagni, de La Nación, politizaron la cuestión adjudicando al gobierno una tendencia hiper-estatista similar a la de Hugo Chávez (ver « Voracidad y poder para violar la ley »).

En esa nota Pagni cuestionó por tontos a una parte de los empresarios. « La Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina alertaron ayer sobre ese peligro. Nada que objetar, salvo la falta de visión de largo plazo que caracterizó a muchos hombres de negocios cuando se estatizó el sistema previsional : en esa decisión está la raíz de esta expansión sobre la esfera privada », escribió el columnista acusado por Repsol de exigir pagos indebidos.

Apego a la ley.

Uno o más directores estatales no van a cambiar el sentido de las votaciones en los directorios privados; menos aún van a cortar la acumulación de capital en beneficio central de sus controlantes. Eso sí, pueden objetar balances, votar en contra de una inversión riesgosa o en otro país, interrogar sobre la distribución de ciertos dividendos, etc.
Y esto es lo que ha molestado al grupo Rocca pero también a Pérez Companc (Molinos), Brito (Macro), Pagani (Arcor) y por supuesto a Héctor Magnetto (Clarín). Sin embargo, desde el punto de vista legal y teniendo en cuenta la cantidad de papeles empresarios que obran en poder de la Anses, aquellos popes industriales no deberían salirse con la suya.

El sentido de su oposición se dejó traslucir en Siderar. El dedazo de Rocca determinó que se distribuyeran dividendos por 1.500 millones de pesos y se negaran a distribuir otros 6.455 millones de pesos, sin dar explicaciones. ¿Así tratan a un socio con el 26 por ciento de las acciones? ¿Dónde está el respeto a las minorías que reclaman al gobierno en relación a los partidos de la oposición conservadora? ¿Dónde su apego a la ley?

Los amigos mediáticos.

Nadie puede sorprenderse de que Techint cuente con el aval sin fisuras de La Nación y Clarín. Rocca comparte vicepresidencias en la AEA con Magnetto y con Julio César Saguier, del vocero de la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio. Otro hombre del clan del acero, Luis Betnaza, es vicepresidente segundo de la UIA.

Cada medida que podría rozar alguno de estos intereses, hizo que saltaran todos juntos. Cuando Héctor Recalde presentó el proyecto para coparticipar el 10 por ciento de las ganancias con los trabajadores, todo el espectro se movilizó en contra. Con la ley de medios, otro tanto. Con la recuperación de los fondos previsionales, también. Con el reclamo salarial en paritarias, los miembros del establishment metieron miedo con que habría más inflación.

Más aún, cuando regía todavía el tope del 5 por ciento -o sea un solo director estatal en las privadas-, allá por noviembre de 2010, la UIA realizó su Conferencia Industrial. Su titular, Federico Nicholson (Ledesma), criticó la intervención estatal en la economía, clamando por « un Estado concentrado en lo que debe hacer y no gastando energía donde no debe; cada vez son menos los que creen que el Estado puede ocupar los espacios que mejor saben hacerlo los privados ».

¿Sin conflicto?

Estos monopolios saben bien lo que quieren. En todo caso el equívoco es del gobierno nacional, cuyas primeras figuras concurrieron a esa Conferencia y trataron de reconciliarse con ese mundillo empresario.
Incluso por estos días, de intensa pelea, Bossio expresó que no hay conflicto. « Tenemos los mismos intereses que las empresas, no hay conflicto de intereses. A nosotros nos interesa que a las empresas les vaya bien », manifestó el titular de la Anses. El error es muy grosero: por supuesto que hay una pugna de intereses.

El pulpo que se devoró Somisa siempre cultivó buena onda con los dos diarios mencionados. Una prueba de esa relación fue que el 28 de abril del 2001, hubo un accidente de aviación: cayó la avioneta Cessna Grand Caravan piloteada por Agostino Rocca, al que acompañaba el secretario general de Redacción de La Nación, Germán Sopeña. Murieron ellos dos y otros viajeros.

Modelo sindical-empresario.

En cambio sí puede llamar un poco la atención que los dirigentes sindicales de la UOM se alinearan junto a Paolo Rocca para rechazar la incorporación de directores del Estado. Horacio Verbitsky, en Página/12 de este domingo, escribió: « Lo más asombroso fue que las decisiones de la asamblea que el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, calificó de irregular e ineficaz contaran con el apoyo del director Francisco Cudos, de la UOM, quien representa las acciones entregadas a los trabajadores de la ex Somisa por el Plan de Propiedad Participada ».

La seccional San Nicolás de la UOM tiene como secretario a Naldo Brunelli, que hizo poco y nada a principios de los ´90 para impedir la privatización a precio irrisorio de Somisa en beneficio de Techint.
Que los hombres de Brunelli se hayan coaligado con la patronal, no es extraño porque en 2008 y 2009 fueron enfáticos defensores suyos cuando Chávez nacionalizó Sidor y otras empresas de Techint en Venezuela, entre ellas Matesi y Tavsa.

En rigor fue toda la UOM, a nivel nacional, la que defendió al monopolio en esas dos oportunidades. Así lo expresó el secretario de prensa de UOM-Nacional, Abel Furlán: « Somos coherentes con lo ocurrido con la firma Sidor en 2008, cuando también criticamos idéntico procedimiento del gobierno boliviariano ». Ante el estupor de que el gremio se fundiera en una colada con el monopolio, Furlán precisó: « Con casi siete décadas de vida, y a pesar de circunstanciales disensos con el sector empresario, privilegia el diálogo constructivo, el respeto irrestricto a los pactos nacionales e internacionales ».

Tajadas.

Al tomar nota de ese aval, Rocca habrá pensado en cuánto les debe a sus amigos Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Roberto Dromi y Domingo Cavallo, sin olvidar a María Julia Alsogaray, por haber impulsado esa privatización de la acería con la « zanahoria » del Programa de Propiedad Participada. Este PPP es el que llevó a la designación de « directores obreros » como los nominados por la UOM para defender a... Techint.
El PPP se empleó sino también en las privatizaciones energéticas, ferroviarias, etc. Las conducciones de Luz y Fuerza (Carlos Alderete y Oscar Lescano), de la Unión Ferroviaria (el hoy detenido sospechado de un crimen político, José Pedraza) y de otros gremios se cobraron su tajada por haber permitido el desguace del Estado.

Quizás el actual titular de los metalúrgicos, Antonio Caló, tenga sus matices con lo actuado en ese tiempo. No se sabe. Su segundo, Juan Belén, secretario adjunto de la CGT nacional, no luce arrepentido del PPP y la privatización en San Nicolás-Ramallo. Es que cuando tiene los medios de comunicación delante, en vez de apuntar contra Rocca, denuncia a la CTA como « zurda loca » y a la « Cuarta Internacional ».

Con uno, o con otro.

El secretario general de Azopardo al 800 debería hacer alguna autocrítica de su pasado apoyo al pulpo siderúrgico. En mayo de 2009, cuando esa patronal, la UIA y la AEA, criticaron al presidente venezolano por las nacionalizaciones mencionadas, además de la UOM, salió a escena el camionero.

Al ser consultado sobre la decisión de Chávez, Hugo Moyano afirmó: « No comparto el hecho de estatizar empresas privadas porque no es la política que en su momento nos enseñó (Juan Domingo) Perón ».
Sería bueno que en los gremios involucrados en la actual disputa por los directores del Estado, y también en el seno de la CGT y CTA, se discuta a fondo esta cuestión: ¿Se está con Techint o con la ley y los fondos de la Anses?

La Arena. La Pampa, 19 de abril de 2011.