El presidente de Bolivia Carlos Mesa decapita el juicio contra Enron

Por Econoticias Bolivia
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La Paz, 1° de abril 2004.-

El presidente Carlos Mesa echó hoy al Delegado Presidencial para la Capitalización, Juan Carlos Virreira, principal impulsor de un juicio contra la petrolera Enron, que fraudulentamente se había apoderado de al menos 130 millones de dólares del Estado boliviano con la complicidad del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex Canciller, Antonio Araníbar, actual ministro de Hidrocarburos.

El despido de Virreira, que deja en la incertidumbre el proceso contra la Enron, había sido solicitado, además, por las empresas petroleras que operan en Bolivia, molestas por las informaciones difundidas por el hasta hoy Delegado Presidencial y que mostraban que Bolivia se había convertido en un paraíso para las transnacionales al obtener millonarias utilidades y pagar muy poco en impuestos.

Horas antes de ser echado del cargo, Virreira entregó a la Fiscalía las pruebas documentales del fraude cometido por la Enron, en un último intento para que el proceso no quede trunco.

Sin embargo, lo evidente es que la decisión del Presidente Mesa descabeza en los hechos el proceso contra la Enron y da un directo respaldo a su ministro Araníbar, considerado por muchos ya como el "Canciller de la Enron".

Según consta en la documentación presentada por la Fiscalía, el ministro Araníbar le puso la firma a uno de los contratos más onerosos, irregulares y corruptos de la historia reciente de Bolivia.

El informe de los fiscales Salomón Paniagua y Mery Gutiérrez, adscritos a la investigación del proceso de Capitalización, señala que la firma de Araníbar y Sánchez de Lozada se encuentra en el contrato de la petrolera Enron, el que tiene graves irregularidades e ilícitos penales tipificados por estas autoridades de la judicatura como "uso indebido de influencias, tráfico de influencias, contrato lesivo al Estado, legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e inobservancia de las normas de contratación vigentes en Bolivia".

Este contrato fue firmado en Washington el 9 de diciembre de 1994 por la representante de Enron, Rebbeca P. Mark, el ex presidente Sánchez de Lozada, el ex canciller Araníbar y el ex presidente de YPFB, Mauricio González. El acuerdo establecía que la Enron debía financiar el gasoducto entre Bolivia y Brasil y a cambio obtener casi el 40% de participación en esa obra. Pero, el gasoducto fue financiado por Petrobras y la Enron, a pesar que no puso ni un centavo en ello, se hizo propietaria de parte de la obra, amparada en las cláusulas del contrato.

El daño económico inferido al Estado boliviano por causa de este contrato asciende a por lo menos 130 millones de dólares, los que intentan ser recuperados con la acción de la Fiscalía.

Hasta antes del despido de Virreira se había adelantado que la investigación de los fiscales remataría en el inicio de acciones legales en contra de la Enron y de las ex autoridades bolivianas que firmaron el documento, entre ellos el actual ministro de Hidrocarburos, un veterano fundador del socialdemócrata y neoliberal Movimiento Bolivia Libre y que sabe muy poco o nada de hidrocarburos, pero que cuenta con la confianza de las empresas petroleras que operan en el país.

En su descargo, Araníbar dijo que había firmado en Washington sólo "como testigo", lo que, en su criterio, no significaba que estaba de acuerdo con el contrato (ver "El canciller de la Enron se lava las manos"). Otro de los acusados, Sánchez de Lozada, se encuentra refugiado en Estados Unidos desde que fuera derrocado en octubre.

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