El presidente Mesa de Bolivia se niega a recuperar el 60% de las reservas de gas

Por ECONOTICIAS
28 de julio del 2004

En abierta defensa del poder petrolero, el gobierno boliviano se resiste a cumplir el artículo 30 de la Ley de Hidrocarburos que, de aplicarse, permitiría que el Estado recupere de inmediato, y sin pagar ni un centavo, por lo menos el 60% de las reservas de gas y petróleo, que ilegalmente están detentando las transnacionales que operan en el país más pobre del Sur de América.

Por lo menos el 60 por ciento de las reservas certificadas de gas natural, valuadas en más de 60 mil millones de dólares, podrían pasar nuevamente a dominio del Estado boliviano si el gobierno del neoliberal Carlos Mesa hiciera cumplir la ley y los contratos de riesgo compartido, aseguraron expertos al matutino El Diario.

El Articulo 30 de la Ley 1689 de Hidrocarburos, promulgada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, establece que las compañías petroleras que tengan concesiones de exploración y que hubiesen declarado un campo descubierto como comercial, tienen la obligación de perforar un pozo de explotación o de inyección por parcela cada cinco años, de lo contrario deben devolver la parcela.

Este artículo, que no ha sido cumplido por las transnacionales, señala textualmente : ’Un participante con YPFB en un contrato de riesgo compartido, que haya declarado un descubrimiento comercial, podrá seleccionar un área para su explotación que comprenda uno o más campos, con o sin solución de continuidad. El área de explotación seleccionada dentro del área del contrato por cada descubrimiento comercial, tendrá una superficie máxima de diez parcelas. En cualquier caso, si en el plazo de cinco años desde la notificación a YPFB y a la Secretaría Nacional de Energía con la declaratoria de un descubrimiento comercial, el interesado no hubiese efectuado la perforación de al menos un pozo productor o de inyección en cada una de las parcelas seleccionadas, éstas serán obligatoriamente devueltas’.

Hasta ahora, sin embargo, las petroleras no han invertido en la magnitud requerida ni han devuelto las parcelas no trabajadas, según destaca un informe oficial que establece que la gran cantidad de reservas de gas descubiertas en el país y la ausencia de mercados de exportación han impedido que las petroleras cumplan con las exigencias de inversión.

El informe oficial señala que la petroleras dejaron de invertir 1.400 millones de dólares, al amparo del ilegal decreto 26366 del ex presidente Jorge Quiroga, que fue derogado por la administración de Mesa ante la evidencia que se estaba vulnerando la ley en directo perjuicio del Estado boliviano.

Según el experto petrolero Víctor Hugo Sáinz Ossio, este decreto, que fue ilegal e inconstitucional porque va en contra de la Ley de Hidrocarburos, había sido dictado en beneficio de las transnacionales. Según el ordenamiento jurídico boliviano, un decreto no puede ir en contra de lo que establece la Ley, bajo pena de ser inconstitucional y no tener validez legal.

’El país, a través de sus legisladores, dirigentes políticos y cívicos, debe exigir que las empresas petroleras devuelvan todas las parcelas comerciales no explotadas. Ya que la promulgación del decreto supremo 26.366 fue ilegal e inconstitucional, por lo tanto nunca fue válido. Así se hace cumplir la Ley vigente y no hay inseguridad jurídica ni cambios en las ’reglas del juego’, dice.

Pero otro es el criterio del gobierno de Mesa, que sistemáticamente elude el clamor ciudadano para nacionalizar la industria y recuperar el gas y el petróleo para los bolivianos. Así, en vez aplicar el artículo 30 de la Ley y retomar el 60% de las reservas, el gobierno ha emitido el decreto 27414 que abroga el decreto 26366 de Jorge Quiroga y abre las puertas para que las empresas petroleras dejen de lado la inversión comprometida y se acojan a nuevas disposiciones. Este decreto también vulnera el artículo 30 de la Ley de Hidrocarburos, que no deja más opción a las petroleras que invertir en pozos nuevos o devolver las parcelas obtenidas del Estado.

Sin embargo, el decreto de Mesa señala : ’Se encomienda a los Ministerios de Minería e Hidrocarburos y Desarrollo Económico a identificar y establecer nuevos mecanismos jurídicos que induzcan a realizar inversiones productivas en otras áreas de la industria petrolera, cuando existan elementos que imposibiliten la inversión productiva en las áreas de explotación’, dice la reseña consignada en El Diario.

Incumplimiento petrolero

Un informe oficial, publicado la pasada semana en La Prensa, señala que las petroleras extranjeras que operan en Bolivia han dejado de invertir 1.400 millones de dólares, vulnerando el artículo 30 de la ley de Hidrocarburos en actual vigencia.

Repsol YPF no invirtió 900 millones de dólares en el campo Margarita, de Tarija. A través de su subsidiaria Maxus, esta transnacional declaró área comercial al bloque Caipipendi, en Margarita, el 30 de noviembre de 1995, fecha en la que accedió a 39 parcelas y desde entonces tenía un plazo de cinco años para perforar un pozo por parcela. A la fecha Repsol YPF sólo perforó tres pozos y dejó pendientes 36.

En similar situación se encuentra Petrobras, en el campo Sábalo, en San Alberto, donde accedió a 18 parcelas, pero sólo perforó dos pozos y dejó pendiente una inversión de 400 millones de dólares. La petrolera Andina (de la que Repsol YPF es socia) dejó de invertir 250 millones de dólares en el campo Los Sauces.

La argentina Pluspetrol debía perforar 14 pozos, pero sólo perforó uno, dejando de invertir 325 millones de dólares. En el campo Tajibo, esta misma petrolera pospuso la perforación de 9 pozos, por tanto no invirtió 225 millones.

La petrolera Maxus dejó pendiente la perforación de nueve pozos y una inversión de 225 millones de dólares en el campo Surubí Noroeste.