El presidente Mesa de Bolivia cede el gas a las petroleras, pero exige exportar por Perú

Para viabilizar los multimillonarios negocios petroleros, el presidente boliviano Carlos Mesa ha dejado en manos de las transnacionales las ingentes reservas de gas y petróleo, pero ha exigido que los proyectos de exportación de gas hacia México y Estados Unidos se realicen por puertos peruanos y no por Chile.

Por ECONOTICIAS
La Paz, 5 de agosto del 2004

’La Carta de Intenciones que hemos firmado implica el compromiso del Estado Boliviano con el Perú, implica la decisión del Estado Boliviano, a través de mi gobierno, de exportar nuestro gas por el Perú, por territorio peruano y por un puerto peruano’, dijo Mesa al suscribir hoy un acuerdo en Lima con el presidente Alejandro Toledo (ver documento adjunto).

Con esta decisión, que busca reponer el debate interno sobre el puerto de salida del gas y ya no sobre la propiedad de la riqueza hidrocarburífera, que es la segunda más importante de Sudamérica, Mesa intenta desorientar y desactivar la resistencia de los sindicatos y organizaciones populares, que habían anunciado la reanudación de la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos y su oposición a la nueva Ley propuesta por el gobierno neoliberal.

El presidente y las élites gobernantes ya no quieren que se discuta en el Congreso, y mucho menos en las calles, si se nacionalizan o no los 54 trillones de pies cúbicos de gas y los más de 900 millones de barriles de petróleo de reservas cuantificadas y valoradas en más de cien mil millones de dólares.

Exacerbando el sentimiento nacionalista de los bolivianos, que es contrario a Chile por la guerra de conquista de 1879 y la pérdida de una salida soberana al Océano Pacífico, lo que quieren Mesa y las élites es que los ciudadanos acepten los negocios de exportación y los privilegios de las transnacionales a cambio de ’castigar’ a los chilenos, al no cederles las millonarias inversiones y beneficios que reportará el proyecto con la instalación de plantas industriales de transformación de gas en líquido, antes de su exportación a los mercados norteamericanos.

Con ello, Mesa intenta también mostrar, de cara a la opinión pública interna, que no es un simple instrumento de las transnacionales, especialmente de Repsol YPF, British Gas y British Petroleum, que habían proyectado exportar gas a Estados Unidos por el puerto chileno de Patillos y no por Perú. En octubre del 2003, este proyecto desencadenó una revuelta popular que derrocó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y puso en la agenda la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y de los beneficios que reporta su explotación, lo que ponía en riesgo la continuidad de las operaciones petroleras.

Según los cálculos gubernamentales, las petroleras optarían finalmente por un puerto peruano para no perder todo el negocio, lo que podría ocurrir si los sectores sociales y populares reeditan las protestas de octubre. Adicionalmente, confían en que las autoridades del vecino país ofrezcan nuevas y mayores facilidades y beneficios que reduzcan los mayores costos que significa salir por esas costas y no por Patillos.

Exportar por Perú y no por Chile también le permitirá a Mesa que su proyecto de ley tenga menos objeciones en el Congreso nacional, que a partir de la segunda quincena de agosto deberá evaluar y, en su caso, aprobar la legislación que es extremadamente favorable a las transnacionales.

La aprobación del Congreso, dominado en sus dos tercios por parlamentarios afines a los partidos que gobernaron con Sánchez de Lozada, ya había sido tramitada por el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roger Noriega, que llegó expresamente a La Paz para dar el respaldo de Bush a Mesa y al proyecto petrolero.

’Estoy aquí para mostrar nuestro apoyo para el gobierno democrático, constitucional del Presidente Mesa y para tratar temas importantes y coordinar nuestros esfuerzos para apoyar el proceso de recuperación económica de su país’, dijo Noriega al instar al Congreso a aprobar la ley que da vía libre a las exportaciones de gas y respeta de principio a fin los contratos de las transnacionales.

Hasta ahora, la presión estadounidense sobre el Congreso ha dado los resultados esperados por Washington. A principios de julio, el embajador de Estados Unidos en La Paz, David Greenle, logró que el Congreso respaldara con una ley el referéndum convocado por Mesa para legitimar los negocios petroleros. Días después el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, James Hill llegó a La Paz para garantizar igual apoyo del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

La aprobación legislativa de la nueva ley, elaborada en base a los resultados del referéndum pro petrolero, parecía un hecho, tras conocerse que militantes del Movimiento nacionalista Revolucionario (MNR) del ex presidente Sánchez de Lozada y del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) del ex presidente Jaime Paz Zamora, serán los que dirijan nuevamente las Cámaras de Senadores y Diputados hasta agosto del 2005. Esta elección, que contó con el apoyo de todas las bancadas, incluida la del diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, permitiría además neutralizar todos los intentos por iniciar un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada por la masacre de octubre, en la que murieron más de 70 civiles y otros 400 quedaron heridos.

Por ello, a pesar de la objeción del MAS, que exige que las petroleras tributen de inmediato más impuestos, la aprobación de la Ley en el Congreso parece tener el camino allanado. La única oposición real a la propuesta de Mesa está en la actividad que desarrollen los sindicatos y organizaciones populares que alistan acciones de masas con el propósito de lograr la industrialización del energético en territorio nacional, a través de la nacionalización y de la venta del hidrocarburo con valor agregado y ya no como materia prima.

El proyecto de ley establece un reajuste tributario, reemplazando el impuesto sobre las utilidades extraordinarias de las empresas (Surtax) por el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos, que obliga a pagar más en la medida que se venda más al extranjero y se pongan en marcha nuevos emprendimientos como la exportación a la Argentina, México y Estados Unidos.