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Por Econoticiasbolivia.com
La Paz, 1 de octubre 2004.
El presidente Carlos Mesa admitió en Miami que su proyecto de ley sobre el gas fue elaborado por expertos del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el referéndum fue hecho para viabilizar las millonarias exportaciones de las transnacionales y que negociará y consensuará con ellas la adecuación de sus contratos a la futura ley. Todo lo contrario a lo afirma dentro del país.
Durante su exposición en la "Conferencia de las Américas", organizada por El Miami Herald, Mesa dijo este jueves que su proyecto de ley, que actualmente está en debate en el Congreso boliviano, garantiza plenamente la seguridad jurídica y las inversiones de las petroleras extranjeras, que controlan la totalidad de sus ingentes reservas de gas y petróleo.
Contrariamente a lo que sostiene dentro del país, donde asegura que lo fundamental del referéndum del gas del 18 de julio habría sido "recuperar la propiedad estatal sobre los hidrocarburos", el Presidente dijo en Miami que "lo más importante (del referéndum) fue liberar el gas, deshipotecar el gas, romper la idea que se había asentado en octubre (del 2003) de que Bolivia no quería vender su gas, no quería exportar su gas, porque consideraba que éste no recibía los beneficios adecuados para el país".
"La pregunta número cinco (del referéndum) categóricamente respondió sí a la exportación del gas boliviano, y este es un aspecto fundamental que hoy quizás no se mide en su exacta dimensión, de en qué medida recuperamos el concepto de seguridad de la inversión, cuando antes de octubre, entre octubre y julio, la gran pregunta de los inversionistas era, si se había justificado una inversión de más de 3.000 millones de dólares para un tipo de exploración y un tipo de certificación que estaba quedando en el limbo. Esta liberación, para ponerlo en términos muy explícitos de nuestro gas, creo que fue uno de los éxitos más importantes del Referéndum", dijo.
Sobre esta base, Mesa aseguró que su proyecto de ley de hidrocarburos recoge este espíritu del referéndum, respetando la seguridad jurídica de las petroleras y alejándose de las tentaciones nacionalistas y expropiadoras.
"No estamos, en consecuencia, en la línea ni de la confiscación, ni de la expropiación, ni de ninguna línea que pudiera significar una ruptura de una relación de seguridad con quienes ya han invertido en el país y quienes tienen que hacerlo en el futuro inmediato", agregó.
Según el Presidente, los cambios que se operarán con la nueva ley son : "que el Estado boliviano recupera el concepto de control de la comercialización y del manejo de precios internos. Básicamente representa que el Estado boliviano se convierte en el interlocutor para la firma de contratos de exportación a diferentes puntos.
Estamos llevando adelante un programa que nos permitirá la exportación de gas a la Argentina en el corto plazo, en plazo inmediato en realidad, un proceso de exportación de gas por el Pacífico".
Sobre la orientación y alcance de la nueva Ley, Mesa fue también muy claro al colocar a los principales organismos internacionales como validadores de su propuesta, los que también financiaron el proyecto.
Estos organismos internacionales también habían respaldado, al igual que los gobiernos de Estados Unidos, España y Brasil y la petroleras extranjeras, la realización del referéndum, considerado como tramposo por las organizaciones sociales y populares.
"El segundo elemento de la diferencia entre la actual ley y la anterior, es un incremento de los impuestos y las regalías en favor del Estado boliviano. No es una tarea ni es un tema fácil. Hemos trabajado con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para hacer una evaluación de cómo podemos llevar adelante un mejor nivel de ingresos para Bolivia sin que esto represente una situación imposible desde el punto de vista de la rentabilidad para las empresas".
"Hemos subido la presión fiscal sobre las empresas, pero no en ningún caso a un límite que haga inviable la inversión o que se convierta en un desincentivo para los inversionistas. La voluntad de nuestro gobierno es que creemos en la inversión, necesitamos la inversión y particularmente necesitamos la inversión externa, no solamente en el ámbito de los hidrocarburos, pero creemos que un elemento fundamental de la seguridad jurídica está vinculado a una sociedad que conciba que hay una relación justa y equilibraba entre Estado y empresas", agregó.
El Presidente adelantó, además, que negociará con las petroleras la "migración" de sus actuales contratos a otros definidos por la nueva ley. "Esta adecuación tiene que responder claramente al mandato del referéndum, porque, quiero decirlo, es, entiendo, la primera vez que un país establece a través de un Referéndum las líneas maestras de su política de hidrocarburos con carácter vinculante y con carácter obligatorio.
"Hemos trabajado para que ese Referéndum no implique, ni quiera decir, en ningún caso, actitudes contrarias a la inversión o contrarias a la seguridad jurídica, y queremos de manera explícita acompañar ese cambio, esa adecuación de los contratos de la ley anterior a los nuevos, buscando un consenso entre el Estado y las petroleras con la única condición de que se cumpla rigurosamente lo que las cinco preguntas del referéndum planteaban, vinculado a los impuestos, vinculado a la comercialización y a los precios y vinculado al fortalecimiento de la empresa del Estado boliviano, la empresa petrolera del Estado", agregó.
La negociación y consenso para modificar los actuales contratos había sido exigida por las petroleras extranjeras que operan en Bolivia, como Repsol, Petrobras, British Petroleum, Shell, Enron y otras.