El gas es lacrimógeno para el pueblo argentino y dulce para las multinacionales.

Por LAVACA.org
20 de abril del 2004

SE VIENE LA ESCASEZ PRIVATIZADA

En un comienzo, la privatización del gas fue considerada un ’caso modelo’ y ’un proceso ejemplar’. La historia fue variando.

Las mismas firmas que antes desafiaban cualquier crítica sobre la falta de calidad del servicio, ahora hacen de esas falencias su caballito de batalla.

Reconocen -como no habían hecho nunca públicamente- que no realizan inversiones.

Argumentan que no hay inversiones porque perdieron rentabilidad con la salida de la Convertibilidad.

Anuncian que no tienen rentabilidad por el bajo nivel de las tarifas y que por lo tanto necesitan aumentarlas para poder encarar las inversiones.

Sin embargo, nada es tan lineal : ni hay una conexión automática entre rentabilidad e inversión ni la pérdida económica luego de la devaluación (y del ’cambio unilateral de reglas de juego’, tal como aducen) es tan indiscriminada.

Es que la crisis energética no es de coyuntura sino estructural y -en este sentido- el daño ya causado es inmenso.

Datos para recordar

Hasta principios de los años 90, la Argentina era uno de los primeros países en cuanto a la expansión del gas natural por redes. A cargo de Gas del Estado desde 1946, era una de las estructuras de servicio mejor montadas.

Según enumeran Víctor Bravo y Roberto Kozulj en ’Las propuestas de privatización de Gas del Estado y la eficiencia empresaria’ (Realidad Económica N 102, 1991) :

En 1943, luego de 90 años de distribución del gas por parte de empresas privadas extranjeras, sólo el 6 % de la población recibía el servicio, lo que equivalía 190.000 usuarios del Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, Bahía Blanca y Tucumán.
En 1992, transcurridos 46 años de la actuación de Gas del Estado, la cantidad de usuarios domésticos se acercaba a los cinco millones y había aproximadamente 500.000 incorporaciones anuales.
El total usuarios era equivalente al 45 % de la población, abarcando 18 provincias y cerca de 300 localidades.

El gas natural representaba un 40% de la ecuación energética, igualando a los combustibles líquidos.
La tarifa en 1992 era sólo el 6 % de la percibida por los privados en 1943.

Gas del Estado era una de las empresas mejor consideradas internacionalmente y, conjuntamente con Gaz de France, era tomada como ejemplo en las prestación del servicio público de gas.

Redes expandidas, fuertes inversiones realizadas por el gobierno, tareas de exploración a cargo de la también estatal YPF, fuerte crecimiento de las reservas : todas actividades de reducida y lenta tasa de retorno, que -a juzgar por como resultó la privatización- nunca hubieran sido encaradas por las concesionarias a las que, sin embargo, les reportaron holgados beneficios.
Beneficios que han sido de los más altos en el plano local e, incluso, en el nivel internacional. De hecho, las firmas recuperaron el monto invertido para el traspaso de manera extraordinariamente rápida : en menos de cuatro años las empresas transportistas y en siete las distribuidoras.

Así, el Estado entregó un sistema en condiciones óptimas. Con un mercado interno que se encontraba prácticamente al límite de su expansión posible y una empresa saneada en lo financiero, porque -además- fueron traspasados los activos pero no los pasivos (con la excepción de una deuda contraída con YPF y el Tesoro Nacional).

Del diputrucho hasta hoy

Gas del Estado se concesionó -por ley, diputrucho mediante- en enero de 1993 (traducción : como el oficialismo menemista no conseguía la mayoría, ubicó en una banca a un falso diputado -o ’diputrucho’- que votó a favor de la privatización).

Once años más tarde, todos los logros anteriores se han evaporado, como lo demuestran los informes que la Auditoría General de la Nación realizó desde el inicio de la concesión.

– La red destinada al consumo interno no se expandió
– No se hicieron inversiones
– Se perdieron reservas, dada la extracción desmedida y la exportación descontrolada
– No se realizaron tareas de exploración.
– Ya en 1994 las auditorías detectaron los incumplimientos en relación con las inversiones previstas por contrato.

A partir de entonces observaron que :

Respecto de Metrogas, las inspecciones realizadas constataron deficiencias en las instalaciones de gas.

Tanto Gas Natural Ban como Metrogas incumplieron con las obligaciones que se habían comprometido a desarrollar en su carácter de gestores, por cuenta y orden de Gas del Estado, cometiendo numerosas irregularidades. Se habría configurado un perjuicio patrimonial para el Estado Nacional, ya que el mismo no habría percibido todo lo que le correspondería de acuerdo a los contratos.

En las presentaciones de los presupuestos para cumplimentar las Inversiones del año 1996, las licenciatarias incluyeron ’rubros’ y ’gastos’ que deberían haber sido cuestionados, y valores poco razonables.

Existen aparentes sobrevaluaciones de materiales y servicios así como la inclusión presupuestaria de ’Gastos Generales’ no justificados.

Se sucedían cortes improcedentes, habilitaciones y rehabilitaciones demoradas del servicio, facturación errónea y escaso suministro. Así por ejemplo, Metrogas, a pesar de haber incurrido en la interrupción o en el suministro deficiente (baja presión) del servicio por presencia de agua en las cañerías, no formuló proyectos de obra que contemplaran medidas para solucionar esas irregularidades. Estas mismas cuestiones fueron detectadas en los varios informes de auditoría dedicados al análisis de los reclamos de los usuarios.

Las licenciatarias enviaron al Ente la información para la elaboración de los índices de calidad del servicio comercial fuera de los plazos estipulados. Tal incumplimiento afecta la calidad y seguridad, dado que esos indicadores constituyen una importante herramienta para detectar anomalías en tiempo oportuno, aplicar medidas correctivas y medir los estándares de calidad del producto brindado. También afecta en forma específica al usuario, en cuanto a la relación calidad-precio del servicio.

También desde 1994 los informes de la AGN denuncian la falta de sanciones por parte del Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS). El organismo tardó tanto en llamar la atención de las empresas por los incumplimientos del 94 que en la Resolución 239 admite la extemporaneidad de su propia actuación : ’la licenciataria acredita haber concluido, en el transcurso del presente año (1995), las correspondientes tareas, por lo que exigir el citado depósito en garantía carece de sentido práctico’.

Diferentes informes señalan, entre otras cosas, que :

No existen sistemas de verificación directa (del Ente a las licenciatarias) tanto de la documentación, como del comportamiento de los equipos ; y no se dispone de procedimientos de muestreo y evaluación de la calidad del gas. Tampoco se realizan por parte del Ente, sea en forma directa o a través de terceros, contrastes independientes de los cromatógrafos utilizados por las licenciatarias como equipos de medición.

El Ente no implementó una metodología específica de control sobre la calidad de servicio.

Se han advertido deficiencias formales en la tramitación de los expedientes administrativos.
13 años de reservas, y gasoductos ilegales

¿Qué ocurre en el sector del gas natural ?, se pregunta el ingeniero Jorge Lapeña -ex secretario de Energía de la Nación- en ’Situación energética argentina : crisis y perspectivas’ y arriesga :

El sistema demuestra que no es capaz de hacer frente al crecimiento de la demanda, que después de años de recesión se manifiesta creciente : durante el año 2003 creció más de un 13 % respecto al año 2002 y 2004 parece continuar con la tendencia.

Para generar energía, el sector eléctrico demanda una cantidad creciente de gas, ya que las centrales térmicas instaladas en la década del 90 son altamente dependientes del gas natural y tienen poca flexibilidad para el uso de combustibles alternativos como el gasoil y el fuel oil, mucho más caros que el gas natural.

Una política simplista en materia de exportaciones, hace que estas presionen sobre la demanda contribuyendo al desabastecimiento del mercado interno.

La fuente de energía que más se utiliza en el país es el gas natural : 46,2 por ciento, frente al 41,2 de petróleo según la Asociación Argentina para el Uso Racional de la Energía. Es un elemento vital tanto para la actividad industrial -casi totalmente abastecida por gas natural- como el ámbito doméstico.

Además, la Argentina tiene el parque automotor convertido a gas natural comprimido (GNC) más importante del mundo. De modo que el uso que se haga de este insumo es estratégico y -según alertan desde hace tiempo los especialistas- el colapso del sistema de energía es inevitable.

– 1) si no se modifica el accionar de las empresas concesionadas,
– 2) si no se impone un control estatal más riguroso y,
– 3) si no se aplica una política genuina que rompa con el neoliberalismo energético.

En los años 70, las reservas de gas representaban el 10% de las reservas y potenciales energéticos del país y gracias a las tareas de exploración encaradas por la ex YPF, éstas aumentaron posteriormente al 20%, de modo que al momento de la privatización se suponía que -dados los volúmenes de extracción y producción entonces vigentes- las reservas alcanzarían para casi treinta años. La exportación desmesurada de hidrocarburos sin inversión en exploración, hicieron que -en la actualidad- las reservas de gas alcancen, con suerte, para 13 años.

A diez años de la privatización, el ex secretario de Combustible Gustavo Calleja, concluye que :

La incorporación de usuarios domésticos al sistema se ha reducido sensiblemente, pues no alcanzan al millón en todos esos años.

Los faltantes de gas en invierno no solamente siguen existiendo sino que se han incrementado,
No se construido un solo metro de gasoducto troncal destinado a atender las necesidades del mercado interno ; solamente se ha potenciado la capacidad de transporte de la red troncal -ya existente en 1989- hasta extremos peligrosos, como lo demuestra el accidente de Las Lomitas en 1998, que costó la vida a doce trabajadores.

En este contexto de autoabastecimiento precario -sostiene- ’los gasoductos construidos y destinados a la exportación, constituyen una insensatez y resultan violatorios de las Leyes de Hidrocarburos y del Marco Regulatorio del Gas. Se ha perdido la racionalidad energética’.

La doctrina del tarifazo

Una inversión en mejoramiento o expansión del servicio puede -según establece el permisivo contrato de concesión- fundamentar un aumento tarifario sólo si la obra ha sido verificada y aprobada por el Ente Regulador. En el caso del gas casi no hubo inversiones (y si algo hubo, por ejemplo en el caso de las distribuidoras, fue -justamente- financiada por los usuarios), no hubo controles y, sin embargo, hubo aumentos, tal como puede leerse en diferentes informes de la Auditoría.

En la Resolución 7/03 de la AGN se puntualiza que ’los expedientes a través de los cuales tramita la conformación y aprobación de los cuadros tarifarios, no contienen la información necesaria y suficiente que proporcione los antecedentes que han servido de base para la determinación de los valores contenidos en los citados cuadros’.

Durante muchos años el precio que recibían las empresas extractoras de gas (precio ’en boca de pozo’) era fijado oficialmente, porque el mismo resulta de importancia clave : es uno de los componentes centrales de las tarifas finales, tanto del gas como de la luz. Con el desmembramiento de Gas del Estado se desreguló también el precio de ’boca de pozo’, que pasó a ser determinado por la libre interacción de una oferta y una demanda fuertemente concentradas. Resultado : aumentó el precio del gas que pagan los usuarios, sobre todo en el nivel residencial y el de los pequeños consumidores no residenciales.

Mientras los más afectados fueron los hogares de menores recursos (hoy cerca del 50% de la población no tiene acceso a la red distribuidora y se abastece de gas a través de garrafas), las tarifas de los grandes usuarios se abarataron durante la Convertibilidad.

Con el objeto de hacer más seductora la oferta a concesionar, los primeros aumentos se dieron, incluso, antes de la privatización : entre el inicio del 1 a 1 y el momento de la concesión, la tarifa promedio se había incrementado un 30 por ciento. ’Esto no sólo determinó la fijación de una tarifa media inicial elevada sino que también le garantizó a los consorcios adjudicatarios de las distintas ’unidades de negocio’ en que fue subdividida Gas del Estado niveles de facturación muy superiores a los que se habían registrado bajo la gestión estatal : entre 1991 y 1992, antes de ser privatizada, Gas del Estado había facturado un promedio anual de 1.627 millones de dólares, mientras que en 1993 el conjunto de las empresas distribuidoras que surgieron de la privatización de la misma obtuvieron un volumen global de ventas equivalente a 1.968 millones de dólares’, puntualizan Daniel Azpiazu y Martín Schorr en el trabajo ’Desempeño reciente y estructura del mercado gasífero argentino : asimetrías tarifarias, ganancias extraordinarias y concentración del capita’.

Entre 1991 y el 2000 las tarifas abonadas por los usuarios residenciales se incrementaron un 121,1%, crecimiento casi tres veces más elevado que el registrado por la tarifa promedio ponderado. ’En este punto -apuntan Schorr y Azpiazu- es importante recordar la relación que se establece entre el riesgo empresario que subyace a las distintas actividades económicas y el nivel de la tasa de ganancia (a mayor riesgo, mayor el margen de beneficio esperable) : en el caso del sector gasífero, como en el resto de los mercados privatizados, se constató la paradoja de que a diferencia de lo esperado las extraordinarias tasas de ganancia tendieron a denotar una correspondencia inversa con el prácticamente nulo riesgo empresario que caracterizó al sector hasta fines de la Convertibilidad’.

Y, según entiende Kozulj, estas empresas tampoco dejaron de ganar luego de la devaluación. Este especialista argumenta :

Los precios siguen dolarizados para la porción más importante del negocio hidrocarburífero, el valor del crudo en el mercado internacional está en sus niveles históricos mas elevados y ellos rigen también las transacciones en el mercado interno. Esto compensa las supuestas ’pérdidas’ ocasionadas por la pesificación del precio del gas en el mercado interno.

Los precios medios del crudo se han incrementado entre un 33 y un 38 % en promedio para los datos 2002-2004 respecto a los vigentes durante el período 1991-2001, pero en más de 51% si se consideran los vigentes en el 2004. En el caso de Argentina esto representa ingresos adicionales del orden de los 500 a 1500 millones de dólares anuales a pesar de las retenciones y de los menores niveles de producción. Las ’pérdidas’ por el precio del gas pesificado rondan los 1000 a 1280 millones de dólares. Pero ambos sectores enfrentan hoy costos menores en dólares y un posicionamiento favorable en términos de poder adquisitivo interno (Ello sin mencionar que las exportaciones de gas natural o pagan retenciones, en franca contradicción con lo establecido por la Ley de Emergencia N 25.561).

También los precios de los derivados han aumentado notablemente de modo tal que para ciertos productos como el gas oil, fuel oil, glp y kerosene los precios actuales llegan a superar en dólares los percibidos en el pasado.

Las principales empresas tomaron préstamos por encima de sus necesidades de inversión total incluyendo inversiones en el período y la expansión de las cifras al 100% de la participación accionaria. Por otra parte cuando se compara con el valor pagado en efectivo y se tiene en cuenta que los títulos de la deuda aceptados como parte de pago de los activos otorgados en licencia tenían un valor de mercado muy inferior al reconocido en la licitación, el nivel de endeudamiento supera con creces a las necesidades totales de financiamiento genuino. Si además se considera que el 73% de la deuda total de las licenciatarias de gas fue contraída entre enero del año 2000 y diciembre del 2001 puede concluirse que se trata de una estrategia financiera ajena a las necesidades de inversión.

Se debe recordar por otra parte que las empresas de gas obtuvieron entre el año 1993 y 2001 alrededor de 3800 millones de dólares de los cuales el 81% se repartió en forma de dividendos.

Monopolio, extranjerización y final

Históricamente, el mercado gasífero nacional fue controlado por dos empresas de propiedad estatal : Gas del Estado que se ocupaba del transporte y distribución del fluido y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), encargada de las actividades de exploración y producción.

La empresa Gas del Estado fue traspasada a manos privadas por un lapso de 35 años -prorrogables por diez más- y dividida en dos sociedades transportistas (Trasportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur) y en ocho unidades de distribución monopólicas (a cargo de Metrogas, Gas Natural Ban, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Litoral Gas, Noroeste, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, con jurisdicción sobre distintas zonas del país.

Ciertas cláusulas de concesión tenían la intención de introducir algún tipo de competencia (’competencia por comparación’). El suministro de gas quedó a cargo de grandes grupos económicos, ex contratistas de Gas del Estado y de YPF -como Astra, Macri, Pérez Companc, Soldati y Techint- que se convirtieron al mismo tiempo en juez y parte. Estas firmas resultaron, simultáneamente, productoras de gas natural y de petróleo, grandes usuarios industriales de esos insumos energéticos, y fabricantes de equipos y de materiales para cada actividad. ’Dicha situación, en tanto supone la presencia de los mismos actores en los distintos eslabones de la cadena gasífera así como en otros segmentos del mercado energético, conlleva en base a la segmentación inicial del mercado un importante proceso de reconcentración económica del mercado gasífero - e incluso del conjunto del sector energético- reduciendo en gran medida las posibilidades de garantizar un funcionamiento medianamente competitivo-oligopólico del mismo y elevando considerablemente el riesgo de que tales actores instrumenten distintos tipos de prácticas discriminatorias’, sostiene Azpiazu en ’Las privatizaciones en la Argentina. Diagnósticos y propuestas para una mayor competitividad y equidad social.’

Poco después, comenzó un proceso de extranjerización de la propiedad del capital en el sector energético : cada vez la presencia de firmas transnacionales era mayor. Como corolario, la presencia de la empresa española Repsol es hegemónica en el mercado productor : participa directa o indirectamente de la propiedad de distintas empresas distribuidoras de gas así como de diversas firmas que operan en general en el mercado energético ; tiene una intervención de peso en las tres cuencas del país que cuentan con importantes reservas gasíferas (sobre todo en la neuquina y la noroeste) con lo que controla gran parte del gas ofertado en el mercado local (tanto a partir de su carácter de productor como de comercializador del gas generado por terceros).

Tal como concluye el investigador de Flacso ’sea por acción (principales características del marco normativo el Estado) o por omisión (en especial, la renuncia estatal a evaluar los impactos de las transferencias de capital sobre la configuración estructural y la dinámica de funcionamiento del mercado), el modelo argentino de regulación del transporte y distribución del gas natural, tanto en lo que respecta a las tarifas como a la estructura de propiedad del capital de las firmas, ha tendido a favorecer sistemáticamente a las fracciones más concentradas del poder económico local’.