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Por Econoticiasbolivia.com
La Paz, 21 de septiembre 2004.
Nuevos enfrentamientos entre las fuerzas militarizadas de erradicación de la coca y campesinos productores en el Chapare boliviano dejan como saldo varios heridos y la sensación cada vez más intensa de que la guerra de la coca ha vuelto a levantar cabeza.
Desde la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, el propio Comando de la Policía Departamental informó que en la madrugada de hoy se desató un intenso enfrentamiento entre los efectivos erradicadores y los cocaleros de la región de Aroma "El resultado de este enfrentamiento, por las explosiones y disparos de armas de fuego del sector de los colonos, es que tenemos dos heridos : un policía y un marino. Ambos fueron trasladados a centros de salud", dijo el Comando Policial.
Del lado de los campesinos cocaleros, también reportan heridos y contusos, además de un creciente nerviosismo ante lo que califican como una "ofensiva" gubernamental contra la coca. El último fin de semana, las tropas militarizadas arremetieron contra los cocaleros del Sindicato Progreso, dejando seis heridos entre los campesinos que resisten la destrucción de sus cultivos.
Los enfrentamientos son cada vez más intensos y amenazan con quebrar la virtual alianza que hasta hoy mantienen el presidente Carlos Mesa y el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, que ha estado evitando entrar en conflictos para no poner en riesgo las elecciones municipales ni su proyección electoral para la presidencia de la república el 2007.
Sin embargo, la renovada intención gubernamental de erradicar coca en el Chapare y en los Yungas de La Paz ha radicalizado a las bases cocaleras y puesto contra la pared al diputado Morales, que hoy advirtió que "la tregua está a punto de terminar por culpa de los errores del gobierno". Morales dijo que el gobierno tiene plazos hasta fines de este mes para transferir los dineros del desarrollo alternativo a la mancomunidad de municipios del trópico de Cochabamba y para parar la erradicación forzosa de cultivos.
Pero donde no hay tregua ni plazos es en el trópico, por la fuerte presión que ejerce la Embajada de Estados Unidos y que ha empujado al gobierno de Mesa y a las tropas de erradicadores a salir con más fuerza contra la coca y los campesinos.
En las federaciones de Chimoré, Centrales Unidas y Carrasco la presión es intensa y los conflictos tienden a agudizarse. En el sector de Entre Ríos, Tacarual, el Progreso, sindicato Aroma, Independiente y Pocuata continúan también las movilizaciones de los cocaleros y se radicalizan las vigilias en los campamentos de los erradicadores de la Fuerza de Tarea Conjunta. En las primeras horas de ayer, según reportan radioemisoras locales, "se registraron nuevos enfrentamientos en el sindicato Samaypata, Pocuata y la Central Tacuaral, donde un joven de 18 años resultó herido con un disparo de balín en el ojo derecho y quien fue evacuado al hospital de Villa Tunari".
En el Chapare, la emergencia es total ante la "provocación del gobierno", que intenta instalar nuevos campamentos militares, reforzando la presencia de tropas especialmente entrenadas para enfrentar a los cocaleros y liquidar la coca.
VIGILIAS Y RESISTENCIA
Para detener la ofensiva gubernamental, los productores de coca de las seis federaciones del trópico determinaron realizar vigilias y concentraciones para detener la erradicación "violenta y abusiva" de la coca por parte de los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). El objetivo de los cocaleros es cercar en sus propios campamentos a las tropas militarizadas, impidiendo que se desplacen a las zonas de erradicación. "En el Chapare nuevamente empezó los conflictos, la erradicación es muy abusiva y salvaje, no solamente erradican los cultivos sino todos los cultivos que encuentran a su paso los militares", dijo Morales.
Según destacan los dirigentes campesinos, el gobierno ha incumplido todos los acuerdos a los que había arribado con el sector. Así, hasta ahora, no hay avances ni se ejecutó el estudio sobre la demanda legal de la hoja de coca en el trópico y la expansión de mercados legales, como tampoco se cumplió con la institucionalización de la Dirección de Control y Fiscalización de la Coca (Digeco), trabajo que debía haber concluido el 27 de agosto.
De acuerdo con la Asociación de Productores de Coca de la Zona Tradicional de los Yungas (Adepcoca), el ministro de Gobierno, Saúl Lara, debía haber posesionado al nuevo director de Digeco y personal jerárquico y técnicos de esa oficina, con el propósito de reducir la burocracia y acabar con el estigma de la corrupción ; sin embargo, este proceso no habría tenido ningún avance.