El Senado de Bolivia aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos

El Senado de Bolivia aprobó hoy la nueva Ley de Hidrocarburos, a marcha forzada y al amanecer, sin atender objeciones del gobierno, lo cual abre la posibilidad de un veto presidencial a la legislación.

Argenpress. La Paz, 29 de abril del 2005

La ley fue aprobada al cabo de dos agotadoras jornadas, pese a presiones de las empresas transnacionales, en forma abierta, y de los ejecutivos de esas compañías y de organismos financieros afines, de manera más diplomática.

La legislación restablece la propiedad estatal del gas y el petróleo y otorga al Estado el monopolio de la exportación y el comercio mayorista interno, además de establecer un régimen tributario que obliga a las empresas a pagar 50% de la producción.

Sobre el tema, el Movimiento al Socialismo (MAS) planteó que ese porcentaje se pague ’como regalías’, en lugar de la fórmula finalmente aprobada, que mantiene el 18% de regalías vigente y agrega 32% de impuestos no deducibles.

La norma obliga, por otra parte, a las transnacionales a firmar nuevos contratos de operaciones bajo las nuevas reglas de juego en 180 días, punto que el ministro de la Presidencia, José Galindo, pidió moderar con la eliminación de la obligatoriedad.

Tras argumentar que esa variante motivaría juicios contra Bolivia, el ministro se retiró el miércoles de la sesión que debatía la ley, lo que actualizó anteriores declaraciones del presidente Carlos Mesa, en el sentido que no aprobaría ’una ley inviable’.

La posibilidad de que el mandatario vete la ley fue considerada lamentable por el diputado del MAS Santos Ramírez, principal impulsor del proyecto original aprobado el mes pasado por la Cámara Baja y modificada en algunos puntos por el Senado.

Ramírez dijo a Prensa Latina que si el Jefe de Estado ejerce su potestad de observar la ley, los reparos serán analizados por el Congreso bicameral en pleno, que sólo podrá ratificarla con el voto de dos tercios de sus miembros, lo que se perfila difícil.

De no lograrse los dos tercios, la legislación será aprobada con las modificaciones planteadas por el mandatario, confirmó el diputado, quien advirtió que en tal caso habrá reacciones sociales de consecuencias impredecibles.

Las organizaciones populares saldrán a las calles a exigir que se cumpla el mandato del referendo de julio de 2004, que dictaminó la recuperación de la propiedad estatal de los hidrocarburos y la fijación de tributos de 50 por ciento, advirtió.

El senador Franz Barrios, de la corriente parlamentaria oficialista, alentó sin embargo la posibilidad de que Mesa promulgue la ley, que volverá de inmediato a la Cámara de Diputados para que esta se pronuncie sobre los cambios hechos por el Senado.

Los presidentes del Congreso, Hormando Vaca Diez, y de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, coincidieron en señalar la responsabilidad y el costo político de un veto presidencial y ratificaron su respaldo a la nueva ley.

Barrios y su colega socialdemócrata Hugo Carvajal dijeron que los diputados aceptarán las modificaciones, por no ser sustanciales.

De no ser así la ley será analizada por el Congreso en pleno, lo que por su parte consideró necesario el diputado Ramírez, quien opinó que los cambios hechos por los senadores ’mutilan el texto original’ en varios puntos, como las atribuciones de la empresa estatal de hidrocarburos.

La ley aprobada dejó pendientes algunos puntos, como las discusiones sobre cómo debe ser la participación de los departamentos (provincias) en los tributos y la situación de los cuestionados contratos firmados por las transnacionales en la última década.

Un artículo transitorio aprobado por el Senado establece que el cumplimiento de los contratos será investigado por la Contraloría, lo que para el MAS equivale a reconocerlos pese a que su legalidad fue impugnada por el Tribunal Constitucional.

Gas de Bolivia : ¿juicios contra quién ?
Por Vincent Gómez-García
Bolpress, 29 de abril 2005

En la fase final de aprobación de la Ley de Hidrocarburos por parte del Poder Legislativo, nuevamente ha surgido la sombra -alentada por el propio gobierno- de posibles juicios que podrían seguir las empresas petroleras al Estado boliviano en caso que se mantengan los aspectos ’confiscatorios’ de esta nueva norma, particularmente en el ámbito impositivo y la obligatoriedad de ’migrar’ a un nuevo régimen. Al respecto, conviene realizar algunas puntualizaciones con el objeto de ordenar este caótico panorama a partir de criterios técnicos y patrióticos.

En primer lugar, la situación jurídica en el sector es más bien de que las empresas petroleras están explotando y usufructuando nuestros recursos naturales a partir de contratos inconstitucionales, cuya ratificación de su ilegalidad no debería ser más que un simple trámite administrativo. En este sentido y en lugar de temer a juicios internacionales, el gobierno ya debería por lo menos haber intervenido estas empresas, iniciar las investigaciones y auditorias para determinar la magnitud del daño económico generado por la explotación y comercialización ilegal de nuestros recursos e iniciado acciones legales contra los responsables bolivianos de haber comprometido los recursos energéticos nacionales sin autorización congresal. Lo mínimo que se debería haber producido es la iniciación de acciones legales contra por lo menos los ex presidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que firmaron los 76 contratos. Es menester advertir que el actual gobierno está corriendo, a su turno, el riesgo de responder judicialmente por no haber tomado ninguna acción desde la última declaración del Tribunal Constitucional, donde se aclara la inconstitucionalidad de los contratos con las petroleras. Definitivamente, el envió de los contratos al Congreso no lo absuelve de la responsabilidad resultante de esta omisión.

En este contexto, todo el proceso de formulación, diseño, discusión y aprobación de la Ley de Hidrocarburos está errado en la medida que el mismo estuvo y sigue determinado por el régimen inconstitucional existente. Si se toma conciencia sobre la verdadera situación jurídica en el sector ya ni se tendría que hablar sobre la migración o no de los contratos, puesto que las empresas que deseen seguir operando en el país tendrían simplemente que aceptar el nuevo modelo definido para el sector. Del mismo modo, toda la complicación relativa al tratamiento impositivo con la fórmula 18/32 también se simplificaría en la medida en que el Estado boliviano no se encuentra obligado a respetar cierto nivel de regalías a las empresas petroleras, el 18% del actual régimen inconstitucional, debiendo directamente dar cumplimiento con lo emanado del Referéndum, que es la aplicación expresa de una regalía de 50%.

De esta manera, convendría que en lugar de permitir que aquellos parlamentarios cooptados por el poder petrolero pretendan seguir sacando las castañas del fuego, aprobando de forma acelerada e improvisada una Ley de Hidrocarburos inconsistente, parcial e ineficiente ; se retome el proceso a partir de la definición de una verdadera política energética nacional, donde la explotación, industrialización y comercialización de nuestras reservas de gas natural tendrían que servir de impulso crítico para implantar un nuevo modelo de desarrollo productivo, éste si realmente competitivo y solidario.