Ecuador:
Movilizaciones para rechazar violencia e impunidad

En un contexto enrarecido por atentados criminales y amenazas a medios y periodistas,
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE) y otros sectores sociales anuncian movilizaciones
progresivas, que se efectuarán entre el 11 y el 16 de
febrero, con el objetivo de "rechazar la política de
persecución, crimen e impunidad que pretende instaurar el
gobierno neoliberal de Lucio Gutiérrez y sus aliados de la
derecha".

El fallido intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de
febrero el dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza, en el que
fueron heridos de bala tres de sus parientes, a manos de
dos presuntos sicarios, fue la gota que derramó el vaso de
la paciencia del movimiento indígena que convocó a una
movilización nacional denominada "por la vida, en defensa
de la democracia, la soberanía y la paz".

En estas jornadas de lucha también participarán otras
organizaciones como la Unión Nacional de Educadores, la
Coordinadora de Movimientos Sociales, trabajadores
eléctricos y petroleros y empleados públicos.

Las protestas se efectúan en un contexto de creciente
violencia e inseguridad. En menos de dos semanas se ha
producido tres atentados criminales. El 30 de enero, fue
asesinado Patricio Campana, funcionario de Petrocomercial
que realizaba investigaciones sobre robo de gasolina de los
poliductos que pertenecen a la empresa estatal. El 1 de
febrero ocurrió el atentado contra Iza y sus familiares. Y
en la noche del 9 de febrero, el empresario guayaquileño
Carlos Muñoz Insúa, representante legal del canal de
televisión Telesistema, sufrió un ataque de presuntos
sicarios que intentaron matarlo. Insúa salió ileso del
ataque pero su chofer, Ricardo Mendoza, falleció tras ser
gravemente herido.

Aunque el gobierno ha deslindado responsabilidades en estos
atentados y se ha presentado más bien como víctima de
"grupos extremistas que quieren desestabilizarlo", la
oposición ha acusado al Gobierno de Gutiérrez y a su
círculo de allegados y familiares de querer acallar las
voces discrepantes mediante presiones, amenazas y acciones
de represión. El año anterior, Alejandro Nájera, dirigente
del Partido Sociedad Patriótica (PSP) en el poder y quien
fungía como asesor presidencial, difundió una lista de
"enemigos del régimen". Posteriormente, el 12 de diciembre
de 2003 fue apresado por la policía durante unas horas
Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari, la principal
organización de la CONAIE, por unas declaraciones en las
que calificaba a Gutiérrez de "mentiroso, incapaz e
incoherente". Así mismo, el Ejecutivo y el alto mando de
las Fuerzas Armadas han ejercido presiones para que el
Congreso levante la inmunidad del diputado socialdemócrata
Guillermo Haro, y sea juzgado penalmente por supuestas
calumnias a las Fuerzas Armadas.

A más de ello, varios medios y periodistas, que han
formulado denuncias de nepotismo o corrupción, han sido
objeto de amenazas e intimidaciones. Entre los medios se
encuentran el diario El Comercio y las radios capitalinas
Quito, Tarqui y La Luna. En contra de esta última y de su
director, Paco Velasco, la Fiscalía inició un proceso
legal, en tanto que el gobierno ofició al Consejo Nacional
de Radio y Televisión (CONARTEL) para que revierta la
frecuencia de esta emisora en caso de que no se prueben las
aseveraciones vertidas en el Informativo La Clave. Cabe
indicar que La Luna FM es un medio crítico que ha abierto
espacios inéditos de participación y expresión ciudadana.

Luego de que el movimiento Pachakutik, brazo político de la
CONAIE, rompiera con el gobierno el pasado mes de agosto,
tras co-gobernar por 6 meses, Lucio Gutiérrez ha intentado
dividir al movimiento indígena recurriendo a acciones
clientelares de entrega de prebendas, cargos y dádivas a
las comunidades.

Rechazando esta política divisionista, que ha fracasado en
anteriores gobiernos, la CONAIE retoma las movilizaciones
demandando la renuncia del primer mandatario a quien acusa
de traición y de haber hecho todo lo contrario de lo que
prometió en la campaña electoral. Así, está cumpliendo
fielmente los dictados del Fondo Monetario Internacional y
paga puntualmente los servicios de la deuda externa a un
costo social muy alto; se ha alineado incondicionalmente
con Estados Unidos y con el gobierno de Alvaro Uribe
involucrando al Ecuador en el Plan Colombia; prometió
combatir la corrupción pero ha gobernado en beneficio de
sus familiares, de su círculo íntimo y de los partidos
tradicionales, mientras ha sido incapaz de desmentir las
constantes denuncias de haber recibido dineros de oscura
procedencia en su campaña electoral.

Las organizaciones sociales se oponen al tratado bilateral
de libre comercio con Estados Unidos y al Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), demandan la suspensión del
pago de la deuda externa, rechazan la privatización del
área estatal de la economía y defienden los derechos de los
trabajadores públicos, cuyos sueldos han sido congelados
para los próximos años por presiones del FMI.

ALAI-AMLATINA, Quito, 10 de febrero 2004.-

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