Denuncian en la ONU sobre la persistencia de la tortura en Chile

Simona Rui Pérez, Julio Cortes, Gimena Zabala y Lorena Frías, representantes de las ONG chilenas CINTRAS, La Morada, Instituto de la Mujer y Opción, vinieron a Ginebra para testimoniar ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que examina el comportamiento de Chile como signatario de la Convención contra la Tortura, aguardándose un dictamen para el próximo 19 de mayo.

’Estamos negociando impunidad por un poquito de verdad y justicia’, estimó Simona Rui Pérez, al referirse a la ley adoptada días pasados en Chile que ’otorga beneficios procesales especiales a personas involucradas en los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, reafirmando una cultura de impunidad’, entre ellos la tortura.

’A las personas que se acojan a los beneficios de esa ley, a cambio de entregar datos sobre la represión se les garantizara el anonimato y en realidad van a estar pocos días en la cárcel, o sea que no habrá castigo’, concluyó Rui Pérez.

En un comunicado conjunto distribuido a la prensa estas ONG recuerdan que las ’cifras oficiales aluden a que alrededor de 104.000 personas fueron sometidas a tortura durante el periodo que va desde 1973 hasta 1990’, pero que solo 25.000 personas han acudido a que sus testimonios sean registrados por las autoridades democráticas.

Julio Cortes de Opción dio cifras sobre la practica de la tortura que llevan a cabo actualmente fuerzas policiales, indicando que un 93% de los jóvenes detenidos son sometidos a golpes, a un 20% se los asfixia con sacos de plástico, un 13% son colgados, y a un 8% se les aplica corriente eléctrica, ’y cuando denunciamos estos casos muchos terminan en la justicia militar y los autores son absueltos’.

Gimena Zabala, del Instituto de la Mujer y Lorena Frias, de La Morada insistieron en subrayar que la violación y el abuso sexual no es considerada una tortura en Chile, y que tales atrocidades abundaron en épocas de la tiranía del general Augusto Pinochet, lamentando que el gobierno democrático acepte solo denuncias de casos que tuvieron lugar ’dentro de recintos oficiales’.

’Muchas mujeres fueron violadas en sus casas por los represores, otras en campos de concentración o en centros clandestinos, pero el gobierno no acepta esas denuncias porque no acontecieron en prisiones, lo cual es un grave error porque no quedará constancia histórica de esas violaciones de los derechos humanos’, finalizaron estas dos mujeres.

Juan Gasparini * Ginebra, ARGENPRESS.info, 14/05/2004

* Juan Gasparini es periodista y escritor, autor del libro «La delgada línea blanca»