Declaración del Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO)

Buenos Aires, 08 de abril de 2005

INTRODUCCIÓN:

DOS MODELOS INCOMPATIBLES
Ante distintos acontecimientos que afectan al sector energético, hemos considerado hacer público el análisis de los mismos. Si bien aparentan ser temas específicos, ellos están relacionados y marcan las diferencias incompatibles que existen entre el sistema neoliberal o de mercado en aplicación, que está al servicio de un modelo socioeconómico que sólo deja a los argentinos la libertad de morirse de hambre, y el propuesto por el MORENO en su Documento Fundacional, organizado en forma centralizada nacional, estatal y racionalmente, para que funcione en pos de una Nación Soberana sin excluidos sociales.

Dos modelos incompatibles, dos políticas con hechos y propuestas que no suelen ir de la mano: con Enarsa el Moreno tuvo la esperanza que se tomaran algunas medidas recuperadoras del patrimonio público. También esperábamos que se establecieran políticas esperadas, como realizar las auditorías de reserva y de producción con técnicos argentinos, que se dieran pasos efectivos en la constitución efectiva de Petrosur y Petroamérica, que se iniciara desde el propio gobierno el debate sobre la renta energética, en especial sobre su distribución de regalías e impositiva; se debe discutir por qué Argentina es el país que menos regalías recibe de los extractores de hidrocarburos. Se debe abandonar definitivamente el modelo neoliberal, que en el campo energético ha significado la pérdida de los recursos naturales, la extranjerización de la renta y la entrega de la gestión a las compañías del exterior.

Son dos políticas y dos modelos; las políticas que ahora no se realizan son las que sujetarán el futuro de nuestro país.

MARCO REGULATORIO DEL GAS LICUADO (GLP)
El caso de Gas Licuado de Petróleo, especialmente en sus envases menores -las garrafas- adquiere connotaciones sociales de gravedad que parten de su carácter de bien sustituto del gas natural por redes; consecuentemente, tienen relación con las ilegales exportaciones de éste último, en que el precio ocho veces más elevado que el gas natural y, esencialmente, en que el 40 por ciento de los compatriotas -en su mayoría los menos favorecidos socialmente- no acceden al mismo. La reciente sanción parlamentaria del Marco Regulatorio del GLP, a pesar del hecho positivo que significó conservar la propiedad de los envases en poder de los usuarios, significa mantener por parte del gobierno el criterio de considerara a los combustibles como simples bienes comerciales -commodities- incluso en este caso que afecta a los desposeídos.

El rechazo a considerarlo un servicio público con la consiguiente potestad estatal de fijar sus precios en todos las etapas de su ciclo económico, la referencia a la fijación de un precio basado en el internacional -desechando el criterio del costo interno e incluso a un parámetro comparativo fundado en los valores del gas natural por redes-, el no reconocimiento de las asociaciones de usuarios y trabajadores en las tareas de control en sintonía con las disposiciones constitucionales de los Arts. 41, 42 y 14 bis, la falta de límites a la actuación de las grandes empresas oligopólicas en el mercado minorista, la ausencia de facilidades para la gestión de cooperativas, empresas estatales provinciales y municipales y consorcios vecinales, son los aspectos merecedores de las críticas más severas.

REPSOL Y LA RECOLONIZACIÓN
Después del cambio del presidente de Repsol-YPF, a nadie le debe quedar duda de que la sociedad es herramienta estratégica del Reino de España, por más que sus capitales sean privados y mayoritariamente españoles. Es lógico que el nuevo presidente Brufau discuta con el presidente Rodríguez Zapatero los planes necesarios a la consecución de los intereses vitales del Reino, especialmente sus proyectos de inversión y el acceso seguro de España a la provisión de hidrocarburos ante eventuales situaciones conflictivas. Pero no lo es que haga lo mismo con el presidente de la República Argentina, porque la irrefutable conclusión que se extrae es aquella que nos retrotrae a nuestra antigua condición de colonia, que nos muestra que hemos perdido nuestra soberanía, entendida como la capacidad de adoptar decisiones independientes a favor de los intereses del pueblo argentino. Obsérvese, por ejemplo, la diferencia con las situaciones y actitudes de los presidentes de Brasil y Venezuela en relación con sus empresas petroleras, puestas al servicio de sus intereses nacionales. Frente a la gravedad de este hecho es relativa la importancia de los anuncios de inversiones por parte de Repsol-YPF, ya reiteradas en numerosas oportunidades y nunca realizadas.

ENARSA Y LA FALTA DE DEFINICIONES
Por decantación, llegamos a apreciar la vigencia de los problemas que nos genera la ausencia de una petrolera pública, tal cual lo era Y.P.F. Como el Gobierno Nacional no transfiere a la nueva empresa todas aquellas áreas mal habidas que se encuentran en poder de los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos, la dimensión de ENARSA es irrelevante en el mundo del petróleo. Al mismo tiempo, es posible comprobar cómo se van cumpliendo los malos vaticinios formulados en los debates sobre su creación. A pesar de graves denuncias periodísticas y legislativas, nadie conoce con exactitud que se ha firmado con China y si ello implica algún tipo de adjudicación directa, ni si la empresa ha solicitado a la Secretaría de Energía las autorizaciones para concretar su carácter de permisionario y concesionario de la Ley 17.319, ni si ha aprobado su reglamento de contrataciones, ni por qué causas no se la responsabiliza de la ejecución de las inversiones incluidas en el Plan Energético Nacional, ni se le adjudica la administración de los fideicomisos recientemente creados.

LOS HIDROCARBUROS DE BOLIVIA
El dominio y la administración de una de sus principales riquezas remanentes se ha transformado en el centro del debate en la hermana Bolivia. La crisis actual, no por esperada es menos grave, donde el presidente Mesa se ha constituido en un manipulador de plebiscitos y representante de las petroleras asentadas en su país que, casualmente, son casi las mismas que actúan en el nuestro: Total, BP, Repsol-YPF y Petrobrás que, además de su accionar hiperlucrativo y depredatorio, son organismos estratégicos de sus respectivos Estados. El centro de la discusión es el tratamiento de los artículos de la Ley de Hidrocarburos referidos a la propiedad integral del subsuelo y a las regalías; los sectores populares y defensores del uso de sus hidrocarburos en beneficios de su postergado pueblo, pretenden la renacionalización efectiva de los yacimientos, la explotación por parte de un solo concesionario -YPFB- la priorización del uso del petróleo y el gas en el desarrollo industrial y social del mercado interno y una exportación controlada. Las petroleras persiguen conservar el carácter de concesionarios de explotación que les otorgó Sánchez de Losada, que les permite disponer a su voluntad de las reservas y de la producción; de los precios, de las exportaciones y el libre manejo de las divisas.

Actuando concordantemente con Estados Unidos, Argentina y Brasil han manifestado su apoyo a la posición del presidente Mesa. Es lógico que el presidente Lula da Silva lo haga por Petrobrás, a quien solamente le interesan los intereses de Brasil, pero no es aceptable que el Gobierno Argentino actúe en pos de los intereses petroleros, de los cuales, los más importantes, corresponden a Repsol-YPF, e incluso que nuestra Embajada, en abierta violación a las normas de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, manifieste públicamente su desaliento porque los sectores progresistas no hayan firmado el Pacto de Gobernabilidad propuesto por el Gobierno de Bolivia. Entendemos que no cabe otra conducta que el apoyo irrestricto a los legítimos reclamos del pueblo boliviano.

La provisión de gas boliviano por el refaccionado gasoducto de Tarija es de, aproximadamente, 6.500.000 m/3 por día, mientras que dos gasoductos de exportación ubicados en la zona -el Atacama y el NorAndino- permiten exportar a Chile casi 5.000.000 de m/3 diarios. Es decir que, si en cumplimiento de las Leyes de Hidrocarburos y del Marco Regulatorio del Gas en Argentina, se suspendieran las exportaciones a Chile, las necesidades de exportación disminuirían sensiblemente. Está de más agregar que no son los países quienes comercian sino las grandes petroleras, ubicadas, en algunos casos, en los dos lados del mostrador (Repsol-YPF de Argentina y Repsol Andina de Bolivia, por ejemplo). Si Argentina utilizara el gas que se exporta a precio internacional y lo inyectara en la red troncal nacional a precio local obviamente más bajo, habría un menor traslado de costos hacia los usuarios, ya que las necesidades de importar a valor internacional se reducirían al mínimo. Queda en evidencia que las autoridades nacionales privilegian los negocios de las petroleras en detrimento de los intereses de los argentinos.

RENEGOCIACIONES DE CONTRATOS. AUDIENCIAS PÚBLICAS
En los inicios de la actual gestión presidencial y ante la decisión de revisar los contratos de las privatizadas, hicimos saber a las autoridades energéticas nuestra inquietud por la exclusión de aquellos considerados como no regulados, entre los que se encontraban todas las concesiones de explotación y permisos de exploración de la Ley de Hidrocarburos, los correspondientes a las generadoras eléctricas y los derivados de la Ley de Privatización de YPF SA, incluida la venta de su capital social. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro beneplácito por la contratación como asesores de técnicos capacitados e independientes -FLACSO- y la incorporación de representantes de los usuarios que, final y lamentablemente, fueron excluidos; tampoco se revisaron los convenios no regulados. Señalamos también que, cuanto menos, el sector energético vinculado a la prestación de los servicios públicos esenciales debía ser reestructurado en su totalidad, tal como lo explicitamos en los Lineamientos Básicos de nuestro programa energético.

En estos dos últimos años se han producido importantes incrementos en las tarifas eléctricas y gasíferas con exclusión de las destinadas a los usuarios residenciales, cuya repercusión en los aumentos de precios es indudable. Recientemente la UNIREN ha convocado a audiencias públicas a efectos de discutir los acuerdos alcanzados, que se realizarán en la órbita de los Entes Reguladores. Estos organismos no han sido reorganizados y siguen funcionando con los mismos defectos que arrastran desde su creación; en otras palabras, al ser dependientes del Poder Ejecutivo carecen de independencia de criterio por lo que las decisiones que finalmente adopten luego de concretadas las audiencias públicas no serán, previsiblemente, contrarias a los acuerdos previos entre la UNIREN y las empresas. La negativa a facilitar a las asociaciones defensoras de los usuarios y consumidores el acceso a datos básicos para discutir fundadamente los aumentos acordados, basada en el erróneo criterio de reconocer a las empresas concesionarias o licenciatarias de servicios públicos la confidencialidad contable y operativa, y la ausencia de dictámenes previos por parte de la SIGEN y de la AGN, otorga a los resultados de las audiencias una final esperado y criticable: se volverán a otorgar incrementos tarifarios sin conocer los reales costos de producción alegados por las privatizadas.

EL ENCUENTRO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA
Hemos participado en la creación del Encuentro Nacional de la Soberanía Energética, conjuntamente con otras organizaciones que comparten las mismas inquietudes. Los objetivos principales son la recuperación del dominio de los recursos naturales por parte del Estado Nacional y la consiguiente recuperación de su renta. Ello permitirá su explotación con sentido racional, contemplando las necesidades de las generaciones futuras y la prestación de los servicios esenciales en donde se apliquen los criterios de accesibilidad y permanencia para todos los argentinos, sin importar su nivel de ingresos ni su lugar de residencia.

En el documento básico y con relación a la situación actual, las organizaciones manifiestan que "Las luchas realizadas hasta ahora no alcanzan para rebatir esas políticas nefastas; debemos alcanzar otro escalón en intensidad y organización y recuperar para el Estado Nacional la propiedad de los recursos energéticos, así como un nuevo modelo superador, de gestión democrática y con control popular en la dirección de las empresas de servicios públicos". De este convencimiento parte la propuesta de nacionalizar los recursos naturales, democratizar la gestión de las empresas públicas que se recuperen, revisar las concesiones energéticas incluyendo las hidrocarburíferas, racionalizar, generalizar y socializar el concepto de servicio público y avanzar en la integración energética latinoamericana.

AUMENTO DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
Según publicaciones de Repsol correspondientes al año 2003 (Informe Anual 2003) su costo total internacional -del cual Argentina es una parte más que importante del costo- alcanza a 6,10 dólares el barril, compuesto de 1,46 de exploración, 2,92 de desarrollo y 1,72 de extracción). Como en nuestro país prácticamente no se explora, restándole los 1,46 correspondientes, el costo total queda reducido a 4,64 dólares el barril. Como actualmente el gobierno regula el precio de ingreso a refinerías mediante las retenciones móviles, los aproximadamente 48/50 dólares por barril de la cotización internacional del crudo intermedio del oeste de Texas (WTI) se transforman en más de 32 dólares el barril. El margen porcentual entre el costo total de 4,64 y el valor de ingreso a industria alcanza al 589 por ciento. Hasta la sanción de las retenciones móviles este margen había sido consensuado entre las productoras y las refinadoras y avalado por el Poder Ejecutivo; de allí en más, el actual gobierno lo ha tolerado sin observaciones.

Rigen en Argentina leyes no respetadas, en especial por las petroleras, que ponen por encima de las leyes de la Nación a las del mercado, para peor, oligopólico. Esto es lo que han hecho con la Ley de Convertibilidad Nº 23.918 dictada en abril de 1991 y ratificada por la vigente Ley de Emergencia Pública Nº 25.561, que estableció la prohibición de aumentar los precios sobre la base de relacionarlos con valores o índices de cualquier naturaleza. Todas las empresas actuantes en el sector petrolero aplican la libertad de precios que les otorgaran tres simples decretos desreguladores de 1989 (Nº 1055; 1.12 y 1589) e invocan como justificativos de sus incrementos las variaciones en el precio internacional del petróleo.

Las posturas de Shell y Esso se emparentan porque no son productoras y, consecuentemente, deben comprar el petróleo crudo a las extractoras que se lo venden al precio internacional localmente ajustado o, caso contrario, deben importarlo. En consecuencia, no son formadoras de precio. Recordemos que siete consorcios extraen el 90 por ciento del petróleo, y dentro de ellos, Repsol llega al 42 por ciento (sólo en los consocios que encabeza) y Petrobrás alcanza al 18,5 por ciento en las mismas condiciones consorciales.

Tanto la actitud del Presidente de convocar al boicot contra los productos de la Shell, como las expresiones favorables de algunas organizaciones populares, de empresarios y de consumidores que actúan en consonancia con la Secretaría de Defensa del Consumidor y la Competencia no resuelven, en los hechos, los problemas creados por la privatización del sector petrolero. Además, como de las 900 estaciones, 700 están concesionadas a pequeños comerciantes que ocupan a 8 mil empleados, los más perjudicado serán éstos; además, el daño que puede ocasionarse a una corporación multinacional de la envergadura de la Shell es insignificante. La pelea la debe dar Poder Ejecutivo llevando ante las instancias administrativas y judiciales a los máximos responsables de las empresas que han incrementado sus precios alegando la vigencia de aumentos en los valores externos y, si tal conducta obliga a incluir a los productores -Repsol-YPF y Petrobrás incluidos- es la oportunidad para que el Poder Ejecutivo demuestre en los hechos su voluntad de cambiar el modelo neoliberal.

Tiene el Gobierno Nacional otras herramientas legales factibles de ser aplicadas. La Ley de Emergencia Pública (Art. 13) le otorga la facultad de regular los precios a fin de proteger a los usuarios y consumidores de eventuales distorsiones o maniobras oligopólicas. La Ley de Abastecimiento Nº 20.680, cuya vigencia se obtiene mediante el dictado de un simple decreto, lo faculta a establecer precios e intervenir a las empresas. La Leyes de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y de Defensa de la Competencia Nº 25.156, aunque más inocuas, también resultan de aplicación. Para las productoras cuenta con la Ley de Hidrocarburos, que bajo pena de nulidad absoluta, según sus términos, prohibe la acumulación de más de cinco áreas, las prórrogas otorgadas por fuera de las condiciones que ella establece y el acceso a la categoría de concesionario mediante reconversiones de contratos.

CONCLUSIÓN:
Consecuentemente, las declaraciones de funcionarios señalando que carecen de legislación adecuada no son aceptables. Sólo se requiere que el Poder Ejecutivo adopte en la práctica las posturas políticas que sostiene verbalmente, haciendo uso de las normas vigentes en defensa de los consumidores y de los recursos estratégicos de pertenencia común. En el área energética no caben más las posiciones duales ni el doble discurso. La no revisión de los contratos surgidos de los Decretos Desreguladores de 1989 que beneficiaban a los concesionarios y permisionarios de la Ley Nº 17319 y de los generadores eléctricos a los que se califica como no regulados, el "premio" del aumento del 270 por ciento en dólares al precio del gas en boca de pozo y su redolarización, otorgado luego de los cierres de válvulas denunciados por el Presidente en los Estados Unidos, el permiso por cuatro años más otorgados a las refinadoras para que puedan seguir produciendo combustibles altamente perjudiciales para la salud, la premeditada ignorancia a reconocer la existencia de la Acción de Oro en YPF SA, el mantener vigentes los decretos desreguladores y otros relacionados que permiten la vigencia del precio internacional del crudo como referente en las transacciones internas, el reiterar la propiedad provincial de los yacimientos, etc., no nos permiten ser optimistas sobre la ruptura de las políticas implementadas por Carlos Menem y continuadas por todos sus sucesores.

Firman: Fernando "Pino" Solanas (Presidente), Gustavo A. Calleja, Félix Herrero y José Rigane (Vicepresidentes).

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DECLARACIÓN

Los ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.) y de Petroquímica General Mosconi (PGM) saludamos al Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientador en este aniversario de su fundación.

Asimismo hacemos extensiva nuestra congratulación a las distintas organizaciones integrantes, por el importante nivel en el aporte al debate sobre el Nuevo Modelo Energético, necesario para la artiuclación de un proyecto económico independiente
de los mercados y que responda a los intereses de nuestros pueblos.

En estos tres años de vida los claros conceptos del MORENO han sido para nosostros vientos de patriótica dignidad contra las interesadas nieblas del olvido y la desesperanza... que nos reafirma en la convicción, que más tarde o más temprano, nuestro pueblo triunfará en la batalla por la recuperación del Patrilmonio Nacional... porque todos los pueblos que no abandonen la lucha finalmente triunfarán.

Buenos Aires, 4 de mayo de 2005.

Ana Sacchi,
Presidente del Movimiento Oro Negro
Por la Recuperación del Patrimonio Nacional
(de ex trabajadores de YPF y PGM).

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UN GRAN EJEMPLO ETICO

En el próximo número 96 del Boletín, que estará disponible para todos los lectores del InfoMORENO a partir del 13 de abril de 2005, se reproducirá íntegramente la Demanda de Nulidad de todas las concesiones de petróleo y gas otorgadas ilegalmente en Bolivia por el neoliberal Sánchez de Lozada en la década del ’90. La Demanda fue presentada en la Justicia el 31 de marzo pasado.

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