De Arbenz a Zelaya: <BR :>Chiquita (United Fruit) en Latinoamérica.

From Arbenz to Zelaya:
Chiquita in Latin America

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Cuando los militares hondureños derrocaron el gobierno democráticamente elegido de Manuel Zelaya hace dos semanas, puede haber habido un suspiro de alivio en las salas del consejo corporativo de Chiquita banana. A principios de este año la compañía frutera basada en Cincinnati, EE.UU. se unió a Dole en su crítica al gobierno en Tegucigalpa que había aumentado el salario mínimo en un 60%. Chiquita se quejó de que las nuevas reglas afectarían los beneficios de la compañía, y exigirían que la firma tuviera costes más elevados que en Costa Rica: 20 centavos de dólar más para producir una caja de ananás y diez centavos más para producir una caja de plátanos, para ser exacto. En total, Chiquita se inquietaba porque perdería millones con las reformas laborales de Zelaya ya que la compañía producía unas 8 millones de cajas de ananás y 22 millones de cajas de plátanos por año.

Cuando apareció el decreto del salario mínimo, Chiquita buscó ayuda y apeló al Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP). Como Chiquita, COHEP estaba descontento con la medida de Zelaya sobre el salario mínimo. Amílcar Bulnes, presidente del grupo, argumentó que si el gobierno seguía adelante con el aumento del salario mínimo, los empleadores se verían obligados a despedir trabajadores, aumentando así el desempleo en el país. Como principal organización empresarial en Honduras, COHEP agrupa a 60 asociaciones empresariales y cámaras de comercio que representan todos los sectores de la economía hondureña. Según su propio sitio en Internet, COHEP es el brazo político y técnico del sector privado hondureño, apoya los acuerdos de comercio y suministra "apoyo crítico para el sistema democrático."

COHEP argumenta que la comunidad internacional no debiera imponer sanciones económicas contra el régimen golpista en Tegucigalpa, porque empeorarían los problemas sociales de Honduras. En su nuevo papel como vocero de los pobres de Honduras, COHEP declara que Honduras ya ha sufrido terremotos, lluvias torrenciales y la crisis financiera global. Antes de castigar al régimen con medidas punitivas, arguye COHEP, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos deberían enviar equipos de observadores a Honduras para evaluar cómo las sanciones afectarían a un 70% de los hondureños que viven en la pobreza. Mientras tanto, Bulnes ha expresado su apoyo al régimen golpista de Roberto Micheletti y argumenta que las condiciones políticas en Honduras no son propicias para un retorno del exilio de Zelaya.

Chiquita: De Arbenz a Bananagate

No sorprende que Chiquita busque y se alíe con fuerzas social y políticamente retrógradas en Honduras. COLSIBA, el organismo coordinador de los trabajadores de plantaciones de plátanos en Latinoamérica, dice que la compañía frutera no ha suministrado a sus trabajadores los equipos de seguridad necesarios y que ha retardado la firma de acuerdos laborales colectivos en Nicaragua, Guatemala y Honduras.

La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros, COLSIBA compara las condiciones laborales infernales en las plantaciones de Chiquita con campos de concentración. Es una comparación inflamatoria, pero puede contener un cierto grado de verdad. Mujeres que trabajan en las plantaciones de Chiquita en Centroamérica trabajan de las 6.30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con manos que arden dentro de guantes de goma. Algunos trabajadores tienen sólo 14 años. Los trabajadores bananeros centroamericanos han denunciado que Chiquita los expone en el terreno a DBCP, peligroso pesticida que causa esterilidad, cáncer y defectos congénitos en los niños.

Chiquita, conocida antes como United Fruit Company y United Brands, ha tenido una larga y sórdida historia política en Centroamérica. Dirigida por Sam "The Banana Man" Zemurray, United Fruit entró al negocio de los plátanos a comienzos del Siglo XX. Zemurray observó una vez: "En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del parlamento." En los años veinte United Fruit controlaba 263.000 hectáreas de la mejor tierra en Honduras, cerca de un cuarto de la tierra cultivable del país. Lo que es más, la compañía controlaba carreteras y ferrocarriles.

En Honduras, las compañías fruteras extendieron su influencia a todas las áreas de la vida, incluidas la política y las fuerzas armadas. Por esas tácticas adquirieron el nombre de ’los pulpos.’ Los que no aceptaban el juego de las corporaciones eran hallados a menudo boca abajo en las plantaciones. En 1904, el humorista O. Henry acuñó el término "República bananera" para referirse a la tristemente célebre United Fruit Company y sus actividades en Honduras.

En Guatemala, United Fruit apoyó el golpe militar patrocinado por la CIA en 1954, contra el presidente Jacobo Arbenz, un reformador que trató de realizar una reforma agraria. El derrocamiento de Arbenz llevó a más de treinta años de intranquilidad y de guerra civil en Guatemala. Posteriormente, en 1961, United Fruit prestó sus barcos a exiliados cubanos respaldados por la CIA que trataron de derrocar a Fidel Castro en Playa Girón.

En 1972, United Fruit (rebautizada como United Brands) llevó al poder al general hondureño Oswaldo López Arellano. Sin embargo, el dictador tuvo que renunciar posteriormente después del infame escándalo "Bananagate" que tuvo que ver con sobornos de United Brands para López Arellano. Un jurado de acusación estadounidense acusó a United Brands de sobornar a Arellano con 1,25 millones de dólares, con la promesa de otros 1,25 millones si el militar aceptaba la reducción de los impuestos a la exportación de frutas. Durante el Bananagate, el presidente de United Brands cayó de un rascacielos de Nueva York, en un aparente suicidio.

Los años Go-Go de Clinton Years y Colombia

United Fruit también se estableció en Colombia y, durante sus operaciones en el país sudamericano, desarrollo una imagen no menos accidentada. En 1928, 3.000 trabajadores se declararon en huelga contra la compañía para pedir mejores condiciones de paga y trabajo. La compañía primero se negó a negociar, pero después cedió en algunos puntos menores, y declaró que las otras demandas eran "ilegales" o "imposibles." Cuando los huelguistas se negaron a dispersarse, los militares dispararon contra los trabajadores, matando a muchos de ellos.

Podría pensarse que Chiquita habría reconsiderado sus políticas laborales después de lo sucedido pero a fines de los años noventa, la compañía comenzó a aliarse con fuerzas insidiosas, específicamente con paramilitares derechistas. Chiquita les pagó hasta más de un millón de dólares. En su propia defensa, la compañía declaró que simplemente estaba pagando a los paramilitares para obtener protección.

En 2007, Chiquita pagó 25 millones de dólares para dirimir una investigación del Departamento de Justicia sobre esos pagos. Chiquita fue la primera compañía en la historia de EE.UU. condenada por tratos financieros con una organización terrorista específica.

En un juicio contra Chiquita, víctimas de la violencia paramilitar afirmaron que la firma instigaba a cometer atrocidades, incluyendo terrorismo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Un abogado de los demandantes dijo que la relación de Chiquita con los paramilitares "tenía que ver con la adquisición de todos los aspectos de la distribución y venta de plátanos mediante un reino del terror."

De vuelta en Washington, Charles Lindner, director ejecutivo de Chiquita, estaba ocupado cortejando a la Casa Blanca. Lindner había sido un gran donante del Partido Republicano, pero cambio de lado y comenzó a prodigar dinero a los demócratas y a Bill Clinton. Clinton recompensó a Lindner convirtiéndose en un crucial respaldo militar del gobierno de Andrés Pastrana, responsable de la proliferación de escuadrones de la muerte derechistas. En esos días EE.UU. impulsaba su agenda de libre comercio amistosa hacia las corporaciones en Latinoamérica, una estrategia realizada por el antiguo amigo de infancia de Clinton, Thomas "Mack" McLarty. En la Casa Blanca, McLarty actuó como Jefe de Gabinete y Enviado Especial para América Latina. Es un personaje fascinante a quien volveré en un instante.

La conexión Holder-Chiquita

En vista del historial poco limpio de Chiquita en Centroamérica y Colombia, no sorprende que la compañía haya tratado de aliarse posteriormente con COHEP en Honduras. Aparte de cabildear a asociaciones empresariales en Colombia, Chiquita también cultivó relaciones con firmas legales importantes en Washington. Según el Center for Responsive Politics, Chiquita ha pagado 70.000 dólares en gastos de cabildeo a Covington and Burling en los últimos tres años.

Covington es una poderosa firma legal que asesora a corporaciones multinacionales. Eric Holder, actual Fiscal General [Ministro de justicia], co-presidente de la campaña de Obama y ex Fiscal General Adjunto bajo Bill Clinton fue hasta hace poco socio de la firma. En Covington, Holder defendió a Chiquita como abogado principal en su caso con el Departamento de Justicia. Desde lo alto de su elegante nueva oficina en Covington, ubicada cerca del edificio del New York Times en Manhattan, Holder preparó a Fernando Aguirre, director ejecutivo de Chiquita, para una entrevista con "60 Minutes" sobre los escuadrones de la muerte colombianos.

Holder hizo que la compañía frutera se declarara culpable de un cargo de "entrar en transacciones con una organización explícitamente identificada como organización terrorista global." Pero el abogado, que cobraba un considerable salario en Covington del orden de más de 2 millones de dólares, medió en un dulce acuerdo según el cual Chiquita sólo pagó una multa de 25 millones de dólares durante cinco años. Escandalosamente, sin embargo, ni uno de los seis funcionarios de la compañía que aprobaron los pagos recibió una condena a la cárcel.

El curioso caso de Covington

Si se mira un poco más detenidamente se descubrirá que Covington no sólo representa a Chiquita sino que sirve como una especie de nexo para la derecha política que quiere propugnar una política exterior agresiva en Latinoamérica. Covington mantuvo una importante alianza estratégica con Kissinger (famoso por Chile en 1973) y McLarty Associates (sí, el mismo Mack McLarty de los días de Clinton), una firma muy conocida internacionalmente de consultoría y asesoría estratégica.

John Bolton sirvió de 1974 a 1981 como socio en Covington. Como embajador de EE.UU. en Naciones Unidas bajo George Bush, Bolton fue un crítico feroz de izquierdistas en Latinoamérica como Hugo Chávez. Además, John Negroponte se convirtió hace poco en vicepresidente de Covington. Negroponte es un ex secretario adjunto de Estado, director de Inteligencia Nacional y representante de EE.UU. ante Naciones Unidas.

Como embajador de EE.UU. en Honduras desde 1981 hasta 1985, Negroponte jugó un papel importante en la ayuda a los rebeldes de la Contra respaldados por EE.UU. que se proponían derrocar el régimen sandinista en Nicaragua. Grupos de derechos humanos han criticado a Negroponte por hacer caso omiso de los abusos contra los derechos humanos cometidos por los escuadrones de la muerte hondureños que fueron financiados y parcialmente entrenados por la CIA. Por cierto, cuando Negroponte sirvió como embajador, su edificio en Tegucigalpa se convirtió en unos de los mayores centros neurálgicos de la CIA en Latinoamérica y decuplicó su personal.

Aunque no hay evidencia que vincule Chiquita al reciente golpe en Honduras, existe suficiente confluencia de personajes sospechosos y de políticos influyentes como para justificar más investigación. Desde COHEP a Covington hasta Holder y Negroponte y McLarty, Chiquita ha seleccionado a amigos en puestos importantes, amigos que no aprecian las políticas laborales progresistas del gobierno de Zelaya en Tegucigalpa.

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens.

CounterPunch. USA, 17-19 de julio de 2009.

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* Nikolas Kozloff es autor de "Revolution! South America and the Rise of the New Left" (Palgrave-Macmillan, 2008).
Su blog es: senorchichero.blogspot.com

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From Arbenz to Zelaya:
CHIQUITA IN lATIN AMERICA

By NIKOLAS KOZLOFF
CounterPunch. USA,July 17-19, 2009.

When the Honduran military overthrew the democratically elected government of Manuel Zelaya two weeks ago there might have been a sigh of relief in the corporate board rooms of Chiquita banana. Earlier this year the Cincinnati-based fruit company joined Dole in criticizing the government in Tegucigalpa which had raised the minimum wage by 60%. Chiquita complained that the new regulations would cut into company profits, requiring the firm to spend more on costs than in Costa Rica: 20 cents more to produce a crate of pineapple and ten cents more to produce a crate of bananas to be exact. In all, Chiquita fretted that it would lose millions under Zelaya’s labor reforms since the company produced around 8 million crates of pineapple and 22 million crates of bananas per year.

When the minimum wage decree came down Chiquita sought help and appealed to the Honduran National Business Council, known by its Spanish acronym COHEP. Like Chiquita, COHEP was unhappy about Zelaya’s minimum wage measure. Amílcar Bulnes, the group’s president, argued that if the government went forward with the minimum wage increase employers would be forced to let workers go, thus increasing unemployment in the country. The most important business organization in Honduras, COHEP groups 60 trade associations and chambers of commerce representing every sector of the Honduran economy. According to its own Web site, COHEP is the political and technical arm of the Honduran private sector, supports trade agreements and provides "critical support for the democratic system."

The international community should not impose economic sanctions against the coup regime in Tegucigalpa, COHEP argues, because this would worsen Honduras’ social problems. In its new role as the mouthpiece for Honduras’ poor, COHEP declares that Honduras has already suffered from earthquakes, torrential rains and the global financial crisis. Before punishing the coup regime with punitive measures, COHEP argues, the United Nations and the Organization of American States should send observer teams to Honduras to investigate how sanctions might affect 70% of Hondurans who live in poverty. Bulnes meanwhile has voiced his support for the coup regime of Roberto Micheletti and argues that the political conditions in Honduras are not propitious for Zelaya’s return from exile.

Chiquita: From Arbenz to Bananagate

It’s not surprising that Chiquita would seek out and ally itself to socially and politically backward forces in Honduras. Colsiba, the coordinating body of banana plantation workers in Latin America, says the fruit company has failed to supply its workers with necessary protective gear and has dragged its feet when it comes to signing collective labor agreements in Nicaragua, Guatemala and Honduras.

Colsiba compares the infernal labor conditions on Chiquita plantations to concentration camps. It’s an inflammatory comparison yet may contain a degree of truth. Women working on Chiquita’s plantations in Central America work from 6:30 a.m. until 7 at night, their hands burning up inside rubber gloves. Some workers are as young as 14. Central American banana workers have sought damages against Chiquita for exposing them in the field to DBCP, a dangerous pesticide which causes sterility, cancer and birth defects in children.

Chiquita, formerly known as United Fruit Company and United Brands, has had a long and sordid political history in Central America. Led by Sam "The Banana Man" Zemurray, United Fruit got into the banana business at the turn of the twentieth century. Zemurray once remarked famously, "In Honduras, a mule costs more than a member of parliament." By the 1920s United Fruit controlled 650,000 acres of the best land in Honduras, almost one quarter of all the arable land in the country. What’s more, the company controlled important roads and railways.

In Honduras the fruit companies spread their influence into every area of life including politics and the military. For such tactics they acquired the name los pulpos (the octopuses, from the way they spread their tentacles). Those who did not play ball with the corporations were frequently found face down on the plantations. In 1904 humorist O. Henry coined the term "Banana Republic" to refer to the notorious United Fruit Company and its actions in Honduras.

In Guatemala, United Fruit supported the CIA-backed 1954 military coup against President Jacobo Arbenz, a reformer who had carried out a land reform package. Arbenz’ overthrow led to more than thirty years of unrest and civil war in Guatemala. Later in 1961, United Fruit lent its ships to CIA-backed Cuban exiles who sought to overthrow Fidel Castro at the Bay of Pigs.

In 1972, United Fruit (now renamed United Brands) propelled Honduran General Oswaldo López Arellano to power. The dictator was forced to step down later however after the infamous "Bananagate" scandal which involved United Brands bribes to Arellano. A federal grand jury accused United Brands of bribing Arellano with $1.25 million, with the carrot of another $1.25 million later if the military man agreed to reduce fruit export taxes. During Bananagate, United Brands’ President fell from a New York City skyscraper in an apparent suicide.

Go-Go Clinton Years and Colombia

In Colombia United Fruit also set up shop and during its operations in the South American country developed a no less checkered profile. In 1928, 3,000 workers went on strike against the company to demand better pay and working conditions. At first the company refused to negotiate but later gave in on some minor points, declaring the other demands "illegal" or "impossible." When the strikers refused to disperse the military fired on the banana workers, killing scores.

You might think that Chiquita would have reconsidered its labor policies after that but in the late 1990s the company began to ally itself with insidious forces, specifically right wing paramilitaries. Chiquita paid off the men to the tune of more than a million dollars. In its own defense, the company declared that it was merely paying protection money to the paramilitaries.

In 2007, Chiquita paid $25 million to settle a Justice Department investigation into the payments. Chiquita was the first company in U.S. history to be convicted of financial dealings with a designated terrorist organization.

In a lawsuit launched against Chiquita victims of the paramilitary violence claimed the firm abetted atrocities including terrorism, war crimes and crimes against humanity. A lawyer for the plaintiffs said that Chiquita’s relationship with the paramilitaries "was about acquiring every aspect of banana distribution and sale through a reign of terror."

Back in Washington, D.C. Charles Lindner, Chiquita’s CEO, was busy courting the White House. Lindner had been a big donor to the GOP but switched sides and began to lavish cash on the Democrats and Bill Clinton. Clinton repaid Linder by becoming a key military backer of the government of Andrés Pastrana which presided over the proliferation of right wing death squads. At the time the U.S. was pursuing its corporately-friendly free trade agenda in Latin America, a strategy carried out by Clinton’s old boyhood friend Thomas "Mack" McLarty. At the White House, McLarty served as Chief of Staff and Special Envoy to Latin America. He’s an intriguing figure who I’ll come back to in a moment.

The Holder-Chiquita Connection

Given Chiquita’s underhanded record in Central America and Colombia it’s not a surprise that the company later sought to ally itself with COHEP in Honduras. In addition to lobbying business associations in Honduras however Chiquita also cultivated relationships with high powered law firms in Washington. According to the Center for Responsive Politics, Chiquita has paid out $70,000 in lobbying fees to Covington and Burling over the past three years.

Covington is a powerful law firm which advises multinational corporations. Eric Holder, the current Attorney General, a co-chair of the Obama campaign and former Deputy Attorney General under Bill Clinton was up until recently a partner at the firm. At Covington, Holder defended Chiquita as lead counsel in its case with the Justice Department. From his perch at the elegant new Covington headquarters located near the New York Times building in Manhattan, Holder prepped Fernando Aguirre, Chiquita’s CEO, for an interview with 60 Minutes dealing with Colombian death squads.

Holder had the fruit company plead guilty to one count of "engaging in transactions with a specially designated global terrorist organization." But the lawyer, who was taking in a hefty salary at Covington to the tune of more than $2 million, brokered a sweetheart deal in which Chiquita only paid a $25 million fine over five years. Outrageously however, not one of the six company officials who approved the payments received any jail time.

The Curious Case of Covington

Look a little deeper and you’ll find that not only does Covington represent Chiquita but also serves as a kind of nexus for the political right intent on pushing a hawkish foreign policy in Latin America. Covington has pursued an important strategic alliance with Kissinger (of Chile, 1973 fame) and McLarty Associates (yes, the same Mack McLarty from Clinton-time), a well known international consulting and strategic advisory firm.

From 1974 to 1981 John Bolton served as an associate at Covington. As U.S. Ambassador to the United Nations under George Bush, Bolton was a fierce critic of leftists in Latin America such as Venezuela’s Hugo Chávez. Furthermore, just recently John Negroponte became Covington’s Vice Chairman. Negroponte is a former Deputy Secretary of State, Director of National Intelligence and U.S. Representative to the United Nations.

As U.S. Ambassador to Honduras from 1981-1985, Negroponte played a significant role in assisting the U.S.-backed Contra rebels intent on overthrowing the Sandinista regime in Nicaragua. Human rights groups have criticized Negroponte for ignoring human rights abuses committed by Honduran death squads which were funded and partially trained by the Central Intelligence Agency. Indeed, when Negroponte served as ambassador his building in Tegucigalpa became one of the largest nerve centers of the CIA in Latin America with a tenfold increase in personnel.

While there’s no evidence linking Chiquita to the recent coup in Honduras, there’s enough of a confluence of suspicious characters and political heavyweights here to warrant further investigation. From COHEP to Covington to Holder to Negroponte to McLarty, Chiquita has sought out friends in high places, friends who had no love for the progressive labor policies of the Zelaya regime in Tegucigalpa.

CounterPunch. USA, 17-19 July 2009.

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* Nikolas Kozloff is the author of Revolution! South America and the Rise of the New Left (Palgrave-Macmillan, 2008) Follow his blog at senorchichero.blogspot.com