Cuenta regresiva con calor social en Bolivia

Por Manuel Robles Sosa
Argenpress.info, 21 de octubre del 2003

Una especie de cuenta regresiva marcada por las acuciantes demandas sociales avanza para el nuevo Presidente de Bolivia, Carlos Mesa, cuyos gestos y decisiones pueden ser sin embargo más importantes que las formalidades cronológicas.

El periodista e historiador enfrenta el desafío con un gran respaldo o comprensión popular y con el Parlamento y los partidos tradicionales desacreditados y arrinconados por la formidable protesta social que acabó con el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada.

A contrapelo de su falta de experiencia política, en la que tiene menos de dos años, Mesa demostró en sus primeros días como presidente lo que un comentarista radial definió como gran sensibilidad para tomar el pulso de la sociedad, con gestos como su presencia, despojado de escoltas y protocolos, en concentraciones de organizaciones populares que le exigían cambios inmediatos.

Mesa apeló al lenguaje directo para abstenerse de promesas y pedir tiempo a fin de instalar su gobierno y ponerse a trabajar en la perspectiva de un programa democratizador, con eficiencia, honradez y participación ciudadana.

Ante una concentración campesina, admitió que su legitimidad nace de las protestas populares, al señalar que la marejada social que propició su ascenso a la Presidencia, puede también revocarlo.

Así logró la aceptación a su pedido de tregua social para trabajar, de parte de las radicales dirigencias de la Confederación Sindical Campesina y la central obrera del vecino municipio de El Alto, que le extendieron un plazo de 90 días para que comience a atender las demandas populares.
La tregua social, sin plazos y condicionada más bien a los hechos que hagan realidad las promesas presidenciales, fue otorgada por el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, apenas instalado Mesa en la Presidencia, y por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), este último tras un diálogo directo con el nuevo mandatario.

Aunque siguen sin actuar articuladamente, las citadas organizaciones que junto a las juntas de vecinos de La Paz y El Alto jugaron un rol decisivo en las protestas reprimidas con un saldo trágico de 80 muertos, coinciden en que la tregua se mantendrá y hasta apoyarán al gobierno, si este atiende las demandas pendientes y de ninguna manera colmadas con la fuga de Sánchez de Lozada.

’El propio gobierno se debe dar plazos, para ver hasta dónde avanza, y sus respuestas a la crisis y demandas sociales será el mejor termómetro de sus resultados’, manifestó el dirigente de los cultivadores de hoja de coca de la región central, Luis Cutipa.

En diversos tonos, esas agrupaciones han advertido también que si Mesa no sintoniza con las demandas que motivaron las manifestaciones, estas volverán con fuerza y el nuevo mandatario podría sucumbir también bajo el asedio social.

Aunque el amargado ex presidente Sánchez de Lozada sugirió en su autoexilio en Estados Unidos que la tregua y el diálogo directo entre Mesa y las organizaciones sociales pueden ser sólo una ’luna de miel’, es decir una efímera distensión, Mesa ha dado pasos que han encontrado amplio apoyo social.

Esas decisiones están en la agenda del corto plazo y consisten en celebrar un referéndum sobre el proyecto de exportación del gas -tema que desencadenó las protestas-, revisar la ley de hidrocarburos para que el país obtenga mayores ingresos por esos recursos explotados por las transnacionales, y convocar a una asamblea constituyente.

Las medidas atienden parcialmente las demandas que lanzaron a la población a las calles durante más de un mes y dejan pendiente otros reclamos ante los cuales, con cautela, Mesa no se ha pronunciado todavía.

La lista de reclamaciones sociales tiene un punto clave en la exigencia de cambio del modelo económico neoliberal vigente desde 1985, y sobre lo cual el nuevo Presidente espera poder mantener una posición intermedia entre la ortodoxia, que sería una locura, según admitió, y la ruptura drástica.

Al respecto, dirigentes populares han manifestado con desconfianza su preocupación por el nombramiento de tecnócratas y empresarios de filiación neoliberal en los ministerios económicos.

Las demandas sociales incluyen la anulación de un código tributario concertado por el anterior gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la pronta distribución de tierras para los campesinos pobres y la cancelación de una ley que endureció las sanciones contra los bloqueos de calles y carreteras.

Medidas de apoyo al campesinado, que el Presidente ha prometido tratar una a una con la Confederación Agraria figuran también la lista de reclamos sociales que parecen mostrarse como un camino ríspido y cuesta arriba para el Jefe de Estado.

La tregua sin embargo deja espacio para las impaciencias, pues el Movimiento sin Tierra (MST) anunció el reinició de las ocupaciones de predios, con la toma de una hacienda del sur de La Paz, propiedad de parientes del ex presidente renunciado, y anunció similares medidas de predios de otros personeros del régimen caído.

En opinión de analistas locales, la credibilidad y los gestos de apertura social del nuevo Presidente abonan el camino a la concertación como vía de solución de los problemas sociales, como lo demuestra el tema de la hoja de coca, fuente de alta conflictividad social que ha dejado decenas de muertos en la última década.

Si bien ha ratificado la política de los anteriores gobiernos, de erradicar bajo presión de Estados Unidos los cultivos considerados excedentes, Mesa ha dicho también que negociará el tema con el campesinado.

Los cultivadores de coca se han declarado abiertos a definir con el nuevo gobierno la extensión de cocales legales mediante un estudio de mercado, opción que habían rechazado con la anterior administración por temor a que esta manipule el estudio.

El nuevo ministro del Interior, Alfonso Ferrufino, se declaró además abierto a discutir con los cocaleros la modificación de la ley antidrogas -que abarca el tema de la coca y que era intocable para el gobierno anterior y para Washington- y dijo que el asunto debe ser tratado desde el punto de vista nacional y sin más derramamiento de sangre.

La tregua social obtenida, por otra parte, debe servir para recomponer la crítica situación económica, cuya situación fue calificada de agobiante y crítica por el nuevo ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales.