Chile insiste en confiarle al mercado la solución de una crisis creada por el mercado : El bono basura y la crisis energética nacional

Los sectores postergados siguen subsidiando las inepcias del modelo.

Por Francisco Herreros, Pablo Monje, Juan Cristóbal Moreno y Leandro Torch
Taller Análisis de Coyuntura ICAL, 17 de abril del 2005

Propuestas para una Política Energética Nacional.

Parlamentarios de derecha calificaron como mezquino e insuficiente el bono compensatorio dispuesto por el gobierno para atenuar el efecto de las alzas en el precio de los combustibles derivados del petróleo, el que atribuyeron a una maniobra de populismo electoral.

Aunque evidentemente es así, la crítica de la derecha evade el problema de fondo, consistente en la ausencia de una política energética nacional y la incapacidad del sistema de mercado desregulado para solucionar las crisis que provoca su propia lógica depredadora.

La sostenida tendencia al alza en el precio internacional del petróleo, que amenaza con transformarse en un factor estructural, debe entenderse en correlación con la crisis energética derivada de los recortes del suministro de gas argentino y con el alarmante nivel de desinversión en el sector eléctrico, controlado íntegramente por el capital transnacional.

Enfrentado a una contingencia que no está en condiciones de manejar, el gobierno se debatió entre tres medidas de carácter paliativo, inscritas en la lógica de mercado : incrementar el fondo de estabilización del precio del petróleo, reducir el impuesto específico a los combustibles o entregar un subsidio directo a los sectores más afectados, que fue finalmente su opción.

Las dos primeras, que apuntan a la contención de precios, eran exigidas por la derecha y los gremios empresariales, quienes no pierden oportunidad para imponer exenciones tributarias.

El gobierno las descartó con base en el argumento de que constituirían un subsidio a transportistas y automovilistas, o sea, sectores de ingresos medios y altos. En aval de tal decisión, cabe agregar que una economía tan desregulada, la rebaja del impuesto a los combustibles no garantiza su traslado a precios, y que su restitución a los niveles anteriores requeriría de una iniciativa de ley, que la derecha eventualmente está en condiciones de bloquear.

Sin embargo, la probable prolongación de la crisis no permite descartar que la capacidad de presión corporativa de los gremios del transporte termine por imponerlas.

Un bono miserable

En definitiva, el gobierno optó por enviar al parlamento una iniciativa legal que dispone un bono de 16 mil pesos, pagaderos en dos mensualidades, a 2,2 millones de familias : 160 mil familias del programa Chile Solidario ; 433 mil que reciben el subsidio único familiar, 386 mil que reciben pensiones asistenciales ; 600 mil personas que reciben pensiones mínimas, 100 mil que reciben pensiones de gracia e ingresos inferiores a 100 mil pesos y 520 mil trabajadores con un ingreso inferior a 180 mil pesos, según el desglose entregado por el propio presidente Lagos.

El costo de la medida alcanza a 36 mil millones de pesos, unos 59 millones de dólares, los que provendrán de los aproximadamente 200 millones de dólares de ahorro fiscal, por prepago de deuda externa con los ingresos extraordinarios del cobre.

Lo primero que resalta es que el desglose de las familias beneficiadas constituye un reconocimiento empírico de lo que se intenta negar con el espejismo de las estadísticas. En Chile hay 2,2 millones de familias cuyo ingreso mensual fluctúa entre 20 y 180 mil pesos. Si se considera un promedio de cuatro personas por familia, se desprende que más de la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza.

En segundo lugar, un bono de ocho mil pesos mensuales no representa ninguna solución, toda vez que alcanza para 13 kilos de pan, 23 boletos de micro y 15 litros de parafina.

En opinión del economista Hugo Fazio, ’nadie podría oponerse a que se entregue un bono, pero realmente no guarda relación con la magnitud del problema. Esto no atenúa nada porque el alza del precio del petróleo se ha transformado en una fuente de ingresos fiscales importante, dado que es un impuesto proporcional que va creciendo en la medida que sube el precio y genera un ingreso fiscal significativo. Que se diga que es ’un gran esfuerzo’ y un paliativo, claramente no es así’.

Control social de precios

Enseguida, el bono se hará todavía más insuficiente en el probable caso de que el alza del combustible se refleje en un alza equivalente del precio del trasporte, y por esa vía genere una espiral alcista en los precios de productos y servicios de primera necesidad.

En tal caso, la única medida capaz de evitar un mayor deterioro de la ya deprimida capacidad de consumo de la gran mayoría de la población, sería un mecanismo de reajuste salarial que compense el alza de los productos de primera necesidad.

Es evidente que una medida de esa naturaleza se aparta de la lógica del actual modelo, y precisamente de eso se trata.

El gobierno hizo suya la tesis neoliberal de la ’mano invisible’ del mercado, y por tanto, de que la oferta y la demanda son las únicas y supremas instancias de asignación de recursos y regulación de las intermediaciones propias de la actividad económica, noción que se contrapone diametralmente con aquella que postula que los precios, entre ellos el del trabajo, y el ingreso de las personas, se inscriben en lo que la teoría marxista denomina relaciones sociales de producción, y que por tanto, pueden y deben ser regulados en función de correlaciones políticas y necesidades sociales.

Ante el argumento neoliberal de la falta de recursos para la reajustabilidad salarial, la respuesta es que no hay ninguna razón válida para que sean los sectores más postergados y desposeidos los que sigan subsidiando, con el deterioro de su capacidad de consumo y calidad de vida, los desajustes intrínsecos del modelo, así como la imprevisión y las trapacerías de sus gestores y beneficiarios.

En tal sentido, la movilización de los estudiantes de Valdivia, para oponerse a un incremento en el precio del pasaje escolar, está señalando un camino, el de la participación ciudadana y la lucha popular para imponer el control social de los precios.

Con su habitual arrogancia, el Ministro Eyzaguirre ironizó que ’el Viejo Pascuero no existe’, al intentar justificar el bono. Pero tampoco existe Mandrake el Mago, y si existiera, no sería capaz de llegar a fin de mes con el ingreso que perciben más de ocho millones de chilenos.

Dependencia energética

El Ministro Eyzaguirre tiene en parte razón cuando plantea que Chile no es productor de petróleo y que el gobierno no tiene cómo controlar la fluctuación de su precio internacional. Pero por más que el alza de los combustibles tenga un origen externo, sus consecuencias en la economía del país expresan una crisis mayor ; a saber, la falta de una política energética nacional, que ha hecho de este país uno de los más dependientes del mundo en esta materia.

Precisamente, los efectos que desencadena el alza de los combustibles demuestran que el mercado es incapaz de asignar eficientemente los recursos y sustentar una política energética nacional.

Chile no tiene petróleo, pero tiene un enorme potencial de generación de energía hidroeléctrica y posee importantes reservas de carbón.

La producción de carbón se abandonó por estrechas consideraciones de rentabilidad de corto plazo, aun cuando sustentaba la actividad económica de importantes localidades de las cuencas carboníferas.

El costo de la imprevisión no sólo lo están pagando los mineros del carbón y sus familias, cuya mentada reconversión productiva y laboral ha sido un estruendoso fracaso, sino también la dependencia de la matriz energética nacional de productos importados como el petróleo y el gas natural, sujetos a contingencias inmanejables de precios y suministro.

Las mismas consideraciones de rentabilidad, así como la anarquía derivada de la desregulación, amenazan con una grave crisis de desabastecimiento en el sector eléctrico, entregado imprudentemente al capital transnacional, mediante oscuras transacciones fuera del control ciudadano.

El problema de fondo en el sector, el cual no constituye la menor novedad puesto que fue suficientemente advertido en su oportunidad, consiste en que las empresas transnacionales, que no obedecen al interés nacional sino al de sus propietarios e inversionistas, chantajean al gobierno y se niegan a invertir en la medida en que no se les garantice determinada tasa de rentabilidad, que por cierto pagarán los usuarios por la vía del incremento de los precios, fijado por ley.

En el marco del actual modelo de mercado desregulado, este problema no tiene solución, y por el contrario, tenderá a agudizarse, con consecuencias imprevisibles para el desarrollo nacional. Como señala Hugo Fazio, ’las transnacionales no asumen su responsabilidad frente al bajo nivel de inversiones, y el gobierno no utiliza o no dispone de mecanismos que las obliguen e ello. En la práctica, no se asume que el sistema eléctrico se encuentra debilitado y por tanto, sometido a contingencias. El tema tiende a agravarse dado que la economía crece y por tanto las necesidades de abastecimiento también, estimándose que llegaría a requerir 400 mil kw. adicionales por año’.

Hacia una política energética nacional

La solución, por tanto, no es técnica ni económica, sino política, y dependerá de la capacidad del movimiento popular de forzar un cambio en las orientaciones y prioridades estratégicas del modelo de desarrollo nacional.

En el marco de una estrategia de desarrollo distinta, una política energética nacional debería considerar ejes como los siguientes :

I) Reorientar la política de relaciones internacionales en función de una mayor y mejor integración con países que tienen disponibilidad energética, como Argentina, Bolivia y Venezuela. Por ejemplo, Chile es un país con alto potencial de generación de energía hidroeléctrica. Hipotéticamente, podría canjear electricidad por gas con Argentina y Bolivia, o cobre por petróleo con Venezuela. De hecho, Argentina está canjeando petróleo por ganado y tecnología con Venezuela.

II) Recuperar el rol estratégico del Estado en la planificación, inversión y construcción de la matriz energética nacional, puesto que ya está demostrado que el sector privado no invierte, y si lo hace, es condicionado por expectativas de rentabilidad y no en función de las necesidades del desarrollo nacional.

III) Diversificar la matriz energética nacional, incorporando otros recursos abundantes, como el carbón o construyendo centrales hidroeléctricas de pasada, y prospectando fuentes alternativas, como la energía geotérmica, la energía solar o la energía eólica, sin perjuicio de la racionalización del transporte, con la recuperación del trasporte público y del ferrocarril como medio eficiente para el transporte de carga.

Las crisis que el modelo ya no puede controlar

La crisis energética nacional no es sino una demostración de que este modelo ya no está en condiciones de solucionar los desequilibrios estructurales que genera su lógica interna, orientada a la rentabilidad del capital a todo trance, y que en la práctica se traduce en que su principal ventaja competitiva es la sobreexplotación del trabajo.

Esta crisis se suma a otras de similar naturaleza, entre las que cabe consignar :

– La crisis en la generación de trabajo, expresada en el hecho de que ni aun en un ciclo expansivo, este modelo logra suministrar trabajo suficiente para el crecimiento de la población, y el que suministra, es precario y mal remunerado.

– La crisis de la educación, que en la práctica se ha transformado en un instrumento para consolidar las actuales desigualdades.

– La crisis de la previsión, que empieza a emerger como un problema social de incalculables proyecciones, especialmente cuando el sistema deba empezar a pagar pensiones en forma masiva, en los próximos diez a quince años.

– La crisis de la salud, a la que los sectores de menores ingresos virtualmente no tienen acceso.

– La crisis medioambiental, que acaba de expresarse en la muerte de todo un ecosistema en el humedal del río Cruces, en Valdivia, en función de las ganancias de una planta de Celulosa, que manifiestamente atropelló la precaria legislación ambiental, ante la desidia de la autoridad ambiental.

El actual modelo económico ya no está en condiciones de enfrentar y solucionar crisis de esta naturaleza estructural, cuyos efectos, medidas de parche no harán sino incrementar.