Carlos Mesa el presidente entre la ’nación’ y la ’antinación’ esta deshoja margaritas por la ley petrolera

Por J. Osvaldo Calle Quiñónez
BOLPRESS, 8 de mayo del 2005

Carlos Mesa es un presidente excepcional. Nunca antes el país tuvo un mandatario tan indeciso a la hora de promulgar leyes de tanto interés como la sancionada nueva legislación petrolera. Las presiones de los grupos de poder y las transnacionales que buscan frenar esta nueva norma que les impone nuevas condiciones para el negocio petrolero y las protestas de los sectores populares que buscan que los beneficios producidos por el sector lleguen a los bolivianos han dejado a Carlos Mesa en la disyuntiva de promulgar o vetar la ley. A estas alturas, el presidente deshoja margaritas.

A poco de su posesión, en octubre de 2003, el Presidente, quien llegó al poder como consecuencia de las movilizaciones populares en contra de la exportación del gas a Estados Unidos por puertos chilenos -aquella que el fugado Gonzalo Sánchez de Lozada intentó aplacar con el saldo de 60 muertos- había prometido impulsar una nueva legislación petrolera.

Sin embargo, desde su posesión, Mesa confió el estratégico Ministerio de Energía e Hidrocarburos a personajes ligados a los intereses de las trasnacionales. En julio del pasado año impulsó la realización de un referéndum sobre el negocio energético -las preguntas fueron elaboradas con el financiamiento de las petroleras-, consulta después de la cual Mesa creyó tener la aceptación necesaria para impulsar un proyecto de ley que no cambiaba ninguna de las condiciones existentes en el negocio petrolero.

Cuando la Cámara de Diputados decidió la consideración del proyecto de Ley de Hidrocarburos, sin tener la propuesta gubernamental, Mesa y su gabinete hicieron una serie de maniobras para que por fin el proyecto del gobierno sea considerado por el Parlamento. A fines del pasado año, cada vez se hacía más evidente el alineamiento del presidente periodista-historiador en la defensa del interés de las transnacionales petroleras, aquellas que el también periodista-historiador Carlos Montenegro había llamado como la ’antinación’.

Los frecuentes ataques de Mesa a los partidos políticos hicieron que estos opten por apoyar -quizás demagógicamente- un proyecto de ley que comenzó a ser declarado como propio por la mayoría de los sectores sociales. Sin embargo, el lobby de las empresas petroleras y un gobierno muy a tono con ellas, lograron recortar los alcances del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

Si la ley fue aprobada, fue por la constante presión de los sectores sociales, aquellos a los que Montenegro llamó la ’nación’, que protagonizaron las más importantes movilizaciones sociales desde octubre de 2003.

Pero la aprobación no fue un proceso fácil. En un intento por evitar que la norma tenga el voto mayoritario en el Congreso, Carlos Mesa presentó su renuncia. El anuncio, hecho en los primeros días de marzo, cambió la agenda congresal y tuvo al país en vilo por algunos días. Mesa, que condicionó su permanencia a un acuerdo que permita lo que él llama ’leyes racionales’, logró el apoyo de miles de citadinos que salieron a las calles a pedirle que continúe en el poder -en Cochabamba un dirigente vecinal dijo que salieron porque la Prefectura les pagó para ello- aunque no logró el acuerdo y fue ratificado sin mayores cambios.

Días antes de la aprobación de la ley petrolera en la Cámara de Diputados, su entorno dijo que el presidente renunciaría si se aprobaba una ’ley irracional’. Los diputados aprobaron la propuesta, mientras el Congreso elaboró un plan para hacer frente a una eventual renuncia presidencial. En la segunda vez que Mesa renunció, nadie salió a las calles, Mesa ya no quiso renunciar.

Después de aprobada la norma en Diputados, cual portavoz de las petroleras, el gobierno dijo que la nueva ley provocaría que las petroleras le inicien juicios al Estado, pero los argumentos del gobierno fueron desechados cuando el Tribunal Constitucional declaró que los contratos de las petroleras deben ser ratificados por el Congreso. Como no lo están, los mismos fueron considerados como ’nulos de pleno derecho’ y por tanto inexistentes. Por el tema, la Fiscalía General de la República demandó el enjuiciamiento de dos ex presidentes, varios ministros incluidos los ministros de Energía e Hidrocarburos de la gestión de Carlos Mesa. Aún así, el lobby de las petroleras logró suavizar la ley en la Cámara de Senadores.

La etapa final del proyecto de ley fue conflictiva y los grupos de poder rearticularon la coalición del MNR, MIR, NFR y ADN -partidos que sostuvieron a Sánchez de Lozada en su gestión que dejó el saldo de 80 muertos por represión- para sancionar una ley suavizada.

Aún así, en palacio de Gobierno consideraban la posibilidad de vetar la Ley, veto que según la Constitución podría ser insuficiente para frenar la puesta en vigencia de la nueva norma petrolera.

Con los recortes, la ley no contenta a todos. Las transnacionales se oponen a ellas por considerarla confiscatoria, el gobierno la calificó de irracional, conceptos compartidos por los grupos de poder empresariales que detentan los principales medios de comunicación en Bolivia. Los gobiernos extranjeros -como los de Estados Unidos y España- presionan para evitar se afecte a los intereses de las compañías petroleras, las oligarquías regionales, como la de Tarija, pelea por llevar la sede de la nueva YPFB a su ciudad y la presión más importante es la de los sectores sociales que amenazan con articular nuevas movilizaciones cuyas consecuencias pueden ser imprevisibles.

En la víspera, desde Palacio de Gobierno se dijo que le ley sería promulgada sin mayores observaciones, aunque también algunas fuentes aseguran que las presiones de las transnacionales y los gobiernos extranjeros, hicieron que Mesa desista de su promulgación. Se promulga o no.., Carlos Mesa deshoja margaritas.