Brasil convocado a la OEA por unb Grupo de exterminio militar

Por Adital. Brasil 21 de octubre de 2005

El Centro de Defensa de la Niñez y del Adolescente (Cedeca) de Ceará participará, el próxima viernes 21, de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington (Estados Unidos), para discutir la existencia de un supuesto "grupo de exterminio" en Ceará y las ejecuciones extrajudiciales de adolescentes. También participará de la audiencia un representante del gobierno brasileño.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA acató la solicitud del Cedeca/CE para tener una audiencia general que tratara exclusivamente sobre la existencia de grupos de exterminio. Para el Cedeca/CE, la supuesta existencia de un grupo de exterminio en Ceará es una de las más graves denuncias de violación de los derechos humanos ocurrida en Brasil en los últimos años que involucra oficiales de alta jerarquía de la Policía Militar del Estado, un gran grupo económico con filiales en todo Brasil y una empresa de seguridad, supuestamente articulados para el exterminio. Será la primera vez que la Comisión realizará una audiencia general específica sobre la seguridad pública de Ceará.

Las denuncias recogidas por el Cedeca/CE dan cuenta de la contratación de seguridad privada clandestina al servicio de la red de farmacias Pague Menos, en afronta a la legislación federal sobre la materia; además de la contratación de policías militares para la realización del referido esquema; la tortura de adolescentes por policías militares; y el uso de este esquema de seguridad para exterminio de adolescentes y adultos.

El grupo, que sería coordinado por un oficial de la Policía Militar, está siendo acusado de matar cerca de 30 personas, sobre todo adolescentes, además de los delitos de tortura, prevaricación, seguridad clandestina y formación de banda para delinquir. En Ceará, cuatro procesos criminales están en trámite en el Poder Judicial.

Las primeras denuncias sobre la posible existencia de un esquema de seguridad clandestino involucrando a la red de farmacias Pague Menos fueron enviadas al Ministerio Público Federal el 08 de julio de 2002 por una articulación que reunió a la Orden de los Abogados de Brasil, a través de las Comisiones de la Niñez y del Adolescente y de Derechos Humanos de la Seccional de Ceará y el Concejo Federal, el Centro de Defensa de la Niñez y del Adolescente de Ceará (Cedeca/CE), la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Ceará y la Oficina de Derechos Humanos Fray Tito de Alencar.

A partir de ese entonces, el Ministerio Público solicitó a la Policía Federal la realización de investigaciones. Durante dos años, la Policía Federal investigó el caso en secreto con escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia Federal. A fines del 2004, la Policía Federal solicitó detenciones provisorias y la autorización de búsqueda y aprensión, a fin de dar continuidad a las investigaciones. La Justicia Federal se juzgó incompetente en razón de la materia, ya que se trataba de homicidios calificados (de competencia de las Jurisdicciones del Juri), remitiendo la investigación, en enero de 2005, al Poder Judicial Estatal.

En mayo de este año, la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano de la Procuraduría General de la República lleva al conocimiento del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) un informe sobre el caso, recomendando el alejamiento de los Policías Militares involucrados. Entre el 31 de mayo y el 03 de junio, una Comisión Especial creada por el CDDPH visitó la ciudad de Fortaleza para monitorear el caso. El Ministerio Público denunció a 13 personas, solicitando la detención de siete acusados. Después de las declaraciones de los testigos, los acusados fueron dejados en libertad y varios testigos pasaron a ser amenazados.

En septiembre, el CDDPH realizó, excepcionalmente, su sesión ordinaria en Ceará debido a la ausencia de la Procuradora General de Justicia, Iracema do Vale, y del Secretario de Seguridad Pública y Defensa de la Ciudadanía de Ceará, Théo Bastos, a la sesión de agosto, a la cual fueron invitados. Théo Bastos no compareció a la reunión, lo que dio como resultado la deliberación del Consejo en representar a la Abogacía General de la Unión para la propuesta de la competente acción de improbidad administrativa.

Con la audiencia, según el Cedeca/CE, se pretende que la CIDH recomiende al Estado Brasileño la adopción de todas las medidas necesarias para la protección de las víctimas, testigos y familiares, inclusive con el fortalecimiento del Programa de Protección a las Víctimas y Testigos Amenazados (PROVITA); la observancia del debido proceso legal para que todos los responsables materiales e intelectuales de los delitos sean castigados civil, criminal y administrativamente, inclusive los financiadores del esquema clandestino; la reestructuración de la seguridad pública del Estado para que no se permita la reedición de estas conductas, con la instalación inmediata del Concejo Estatal de Seguridad Pública.

– Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com