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Por ECONOTICIAS
La Paz, Bolivia
En el mundo de los negocios, el que tiene todo, aún quiere más. En Bolivia, seis empresas petroleras, que son las principales beneficiarias de un sistema tributario excesivamente generoso, le han plantado la cara al Estado boliviano y se niegan a pagar 13 millones de dólares en impuestos.
En un manifiesto público, las petroleras Repsol, Amoco, Flama Gas, British Gas Bolivia, Maxus y PeCom oficializaron su decisión de no pagar el Impuesto a las Transacciones por la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), demandada por el Servicio de Impuestos Nacionales.
Las compañías petroleras argumentan que el GLP no debe pagar el Impuesto a las Transacciones y que solo deberían cumplir con el pago de regalías. El caso está en la justicia y, mientras no haya un veredicto, el Servicio de Impuestos no tiene posibilidades de cobrar estos recursos, dijo el presidente de la entidad recaudadora, Eduardo Zegada, quien cree que las petroleras están interpretando inadecuadamente la ley para no pagar tributos.
’Creemos que aquí existe un principio de universalidad y que este tipo de GLP que viene de los pozos a través de un proceso de separación también está gravado por el impuesto. No es posible que en el mercado haya un producto que esté gravado con un impuesto y otro que compite con él, que sea calóricamente el mismo y que no esté gravado, dijo Zegada.
Las petroleras extranjeras que operan en territorio nacional han sido ampliamente beneficiadas con un sistema tributario que busca, sobre todas las cosas, incentivar las inversiones. Así, la mayor parte de la empresas pagan apenas el 18 por ciento del precio de los hidrocarburos puesto en boca de pozo, un nivel que es el más bajo de la región. En los campos gasíferos del Perú este mismo tributo alcanza al 37 por ciento y en Venezuela el 30 por ciento.
Pese a estas ventajas, las transnacionales petroleras que operan en el país se han dado a la tarea de burlar el pago de impuestos, ya sea a través de pleitos judiciales como el planteado sobre la comercialización del GLP, así como por la evasión directa de tributos.
En este último caso, las autoridades del gobierno boliviano habían denunciado que las petroleras estaban defraudando anualmente más de 100 millones de dólares en impuestos por la comercialización de hidrocarburos. Un reciente decreto gubernamental, de principios del 2003, redujo el margen de evasión tributaria al disponer que las transnacionales paguen un monto adicional de aproximadamente 70 millones de dólares al año.