Bachelet y los pinguinos chilenos : El socialismo liberal chileno en dificultad con 264 detenidos y 29 heridos

Un millón de alumnos secundarios -"los pingüinos" por sus uniformes- reclamaron cambios en el sistema educativo. Hubo movilizaciones y disturbios, con 264 detenidos y 29 heridos. Bachelet dijo que hoy presentará el proyecto de reforma educativa en el Congreso. Más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas las que representan a los funcionarios del Ministerio de Educación, se unieron a la protesta.

Por Página 12
Buenos Aires, Martes, 6 de Junio de 2006.

Los "pingüinos" reatacaron ayer con un paro nacional en el que participaron alrededor de un millón de estudiantes, entre secundarios y universitarios, y al que más de cien organizaciones sociales se adhirieron, aunque la mayoría no de manera activa. Los jóvenes intentaron que esta vez no hubiera violencia ni detenidos. Sin embargo, el tono que ha tomado el conflicto, sumado a la expectativa que se había generado en torno de posibles infiltrados, no permitió que ello sucediera. Más de 260 detenidos -58 mayores de edad- y al menos 29 heridos -24 carabineros y cinco periodistas- fue el saldo de la segunda movilización masiva en menos de una semana. Mientras el gobierno de Michelle Bachelet se sigue aferrando a la propuesta que presentó el jueves pasado y que fue el detonante del paro de ayer, los alumnos se reunían anoche en los colegios tomados para decidir si continúan hoy con la medida de fuerza.

Comparada con la primera gran movilización del martes pasado, el paro de ayer convocó a una base social mucho más amplia. No sólo participaron la mayoría de los colegios públicos y establecimientos de financiamiento compartido -que están tomados desde hace semanas-, sino que esta vez se sumaron estudiantes de 35 universidades y el Colegio de Profesores. Como si fuera poco, más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas las que representan a los funcionarios del Ministerio de Educación y a los trabajadores portuarios, se unieron a la protesta. En el primer caso, no trabajaron durante dos horas y, en el segundo, alternaron entre adhesiones "más simbólicas" y otras más activas, como las de los trabajadores en Valparaíso, que marcharon junto a los estudiantes hasta el Congreso Nacional. La movilización allí alcanzó las 12 mil personas y terminó con 12 detenidos.

Durante todo el día se vieron enfrentamientos intermitentes con los carabineros, especialmente en la ciudad de Santiago. Durante la mañana y parte de la tarde, algunos grupos de estudiantes, que no acataron el llamado de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) de manifestarse dentro de los colegios con actividades culturales, se lanzaron a protestar en las zonas céntricas, como frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, en donde lograron cortar una de las avenidas principales de la ciudad durante un tiempo, hasta que la policía los dispersó con camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Esta escena se volvió a repetir varias veces con no más de mil manifestantes y, en una ocasión, incluso derivó en saqueos a varios negocios. Según los periodistas que cubrían las protestas, los responsables habrían sido "infiltrados" de movimientos radicales.

Quizá la movilización más temida de ayer era la que había convocado el radical Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) para marchar por la céntrica Alameda hacia el palacio presidencial de La Moneda ya entrada la tarde. Previendo cualquier tipo de reacción violenta, la ACES emitió un comunicado más temprano en el que daba libertad de movilización a cualquier organización que los estaba apoyando en esta jornada, aunque se desreponsabilizaba de sus acciones. Como se esperaba, los dos mil militantes del FPMR fueron interceptados por los carabineros, que les impidieron avanzar. El broche de la jornada fue el paro "bullicioso", que aunque no fue tan masivo como deseaban los estudiantes fue un ejemplo de una protesta pacífica en las calles. Decenas de automovilistas tocaron sus bocinas, mientras que desde las casas se oía el ruido de las cacerolas y desde las ventanas de los edificios se veían velas prendidas en solidaridad con los jóvenes que desde hace más de un mes vienen demandando una mejora integral en el sistema educativo instaurado por la dictadura pinochetista (ver aparte).

El paro repercutió en la dirigencia política. Por primera vez, el ex presidente Ricardo Lagos habló del tema. Además de reafirmar su apoyo a su sucesora, que a la mañana había calificado de "innecesario" el paro, el ex mandatario cuestionó a algunos manifestantes que apedrearon a los carabineros. "Las piedras corresponden a otra época de la historia de Chile", recordó. En tanto, la oposición aprovecha la situación de debilidad del gobierno. Parlamentarios de los dos principales partidos, Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente (UDI), acordaron presentar en la semana un pedido de interpelación contra el ministro de Educación, Martín Zilic. La presidenta, sin embargo, continúa defendiendo su propuesta y ya adelantó que hoy presentará el proyecto de reforma educativa en el Congreso. Una conciliación que parece cada vez más lejos.

DOS RAICES DEL ACTUAL CONFLICTO EDUCATIVO :
Municipalización y subsidios

En los últimos días, el sistema educativo chileno quedó en el ojo de una tormenta impulsada por cientos de miles de estudiantes secundarios que quieren terminar con lo que consideran un modelo "de mercado". ¿Cómo funciona este sistema instaurado en el final de la dictadura de Augusto Pinochet ? ; las políticas de educación de los gobiernos de la Concertación, ¿beneficiaron o acentuaron el modelo impuesto a principios de los ochenta ? Para Rodrigo Cornejo, investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, muchos de los problemas actuales tienen en su raíz el proceso de municipalización del sistema educativo, iniciado en 1980 y a través del cual el estado nacional delegó el control y financiamiento de los establecimientos escolares a los gobiernos municipales. El problema, según explicó Cornejo a Página/12, es que este proceso "no estuvo acompañado de una delegación de recursos, o de capacidades técnicas y de decisión" para hacerse cargo de tamaña tarea. "El Estado nacional simplemente se desentendió", aseguró el investigador.

Esta política fue acompañada por una ley de Financiamiento, que introdujo el sistema vía subsidios por alumno, que descansa en la premisa de que son los padres los que deben velar por el nivel de la educación de sus hijos y por ello pueden elegir el establecimiento que mejor rendimiento tenga. De esta manera, el sistema empujaría a los colegios a una competencia para acaparar la mayor cantidad de alumnos, asegurándose así un mayor subsidio. El problema fue que esto no sucedió. Según explicó a Página/12 Carolina Velasco, una economista y experta en Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, la causa se encuentra en "la mala gestión" de los subsidios públicos, que por ejemplo son consumidos por establecimientos con bajo rendimiento escolar. Este es en parte el argumento de la oposición que llama a una reforma para liberalizar el sistema, para que la elección esté realmente en manos de los padres y no se financie la continuidad de establecimientos "malos", que en la actualidad "jamás cierran".

Para Cornejo la historia fue otra. Con el nuevo sistema implantado en los ochenta y consolidado en 1990 con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), se diversificó el tipo de establecimientos en cinco, por lo que ya se parte de una situación de competencia despareja. En primer lugar, los colegios privados que no reciben fondos públicos. Alrededor de la mitad de ellos pertenece a instituciones católicas y es el refugio de la elite chilena. El resto de los colegios se dividen entre los subvencionados públicos y privados. Todos ellos tienen lo que se llama un sostenedor. Esta es la figura que se encarga de recibir el dinero público y de administrarlo como mejor le parezca.

En el caso de los subvencionados privados, como el nombre lo indica, el sostenedor es un empresario o una empresa que tiene, por ley, la posibilidad de cobrar un plus a la familia y, además, si es un establecimiento católico, tiene la libertad de rechazar a un alumno si no pertenece a esa religión. En el caso del colegio subvencionado público, el sostenedor es el intendente del municipio en cuestión y no tiene ninguna de las dos prerrogativas antes mencionadas. La conclusión es que este último tipo de colegios, que además tienen pocos profesores calificados y mal pagos, son los que reciben todos los estudiantes que no pueden acceder a otros establecimientos. En un alto porcentaje, se trata de estudiantes con dificultades de aprendizaje o de sectores más pobres, acentuando la segmentación de los estudiantes según su condición social.

Los gobiernos de la Concertación no han atacado el problema de raíz. Sus políticas en materia de educación han rondado sobre la inversión localizada en los colegios más pobres, una reforma curricular y la Ley de Jornada Escolar Completa (JEC) de Ricardo Lagos. Las dos primeras tuvieron poco éxito en transformar el mal estado de los colegios públicos de las zonas más marginales o con mayor ausentismo.

La JEC, en cambio, "se implementó en algunos lugares bien y en otros no tanto", según Cornejo. Sin embargo, su derogación se ha convertido hoy en una de las principales demandas de los estudiantes secundarios. Tanto Cornejo como Velasco coinciden en que las tres horas más que incluyó la JEC no han provocado una mejora en el rendimiento académico de los jóvenes. En realidad, sostienen ambos, "se hace lo mismo en más tiempo" y por eso los estudiantes están pidiendo rever esta situación, reorganizar las actividades e incluir otras más afines a sus intereses, como deporte, música o computación.

Informe : Laura Carpineta.