Argentina : Impunidad y represión. La Justicia de la balanza oxidada

Por Mariana Collante y Leandro Albani
Rebelión, 25 de marzo del 2004

Desde hace tiempo, el poder político es el encargado de asegurar, a través de la justicia, la impunidad del Estado frente a la protesta social y los más desprotegidos. Los fallos que claramente benefician a los amigos del poder político, persiguen y condenan a la mayoría que exige un cambio social. No sorprende, entonces, que los jueces (muchos de ellos activos participantes de la última dictadura militar) se amparen en la "libre interpretación" de las leyes. No son interpretaciones, sino la puesta en funcionamiento de un mecanismo que desconoce las propias normas escritas que supuestamente deben vigilar y garantizar su cumplimiento. La aplicación de justicia pone en evidencia pactos entre fracciones del mismo poder o entre diversas clases de la sociedad : en el primer caso, la imagen consagrada de la justicia tiene los ojos sin vendas, lista para reconocer y recompensar al poderoso que comete delitos ; en el segundo, la correlación de fuerzas es siempre desigual, porque la balanza contiene el peso del dinero.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad asesinan, torturan y maltratan personas en las cárceles y en los barrios de todo el país. Los ejemplos son numerosos.

Algunos hechos

El 6 de febrero de 2002, Javier Barrionuevo (integrante del MTD Aníbal Verón) se encontraba participando de un corte en la ruta 205, en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. A las dos de la madrugada, un Ford Falcón blanco sin patente, conducido por Jorge "Batata" Bogado, puntero del intendente de Ezeiza, el menemista Alejandro Granados, se acercó al grupo de manifestantes. Luego de insistir para que lo dejaran pasar y amenazar de muerte, Bogado, todavía dentro del auto, desenfundó su pistola 9 milímetros ilegal y disparó dos tiros contra los piqueteros de la Verón. Uno de ellos apuntó y dio en la garganta de Javier Barrionuevo. Las pericias demostrarían que el disparo se efectuó a cincuenta centímetros de Barrionuevo. El fiscal a cargo de la defensa de Bogado, Pablo Pando, argumentó que el asesino había sido atacado por un grupo de inadaptados y "presuntos saqueadores", y esto lo llevó, en defensa propia, a disparar dos tiros al aire. Cinco testigos demostraron que nadie tocó el auto y que tampoco lo habían agredido. Luego de declararse culpable frente a las autoridades, Bogado quedó en libertad. Al poco tiempo le dictaron la prisión domiciliaria hasta la fecha del juicio. Una cámaro oculta demostró cómo el "Batata" se relajaba antes del juicio, comiendo asados en una parrilla e infringiendo el arresto. "Los tres miembros del tribunal -explica un cable de la agencia ANRED- pudieron comprobar que las declaraciones fueron coincidentes en demostrar que Bogado cruzó intencionalmente el piquete, sabiendo lo que hacía y que ante cualquier eventualidad dispararía". El fiscal Pando desconoció los elementos en contra de Jorge Bogado y el 28 de mayo de 2003, el asesino de Javier Barrionuevo volvió a su casa.

El pasado 25 de noviembre, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de la provincia de Neuquén, junto a otras organizaciones realizaban una asamblea en las inmediaciones del estadio Ruca - Che, donde discutían los motivos por los cuales rechazar el pago con tarjeta de los planes sociales. Mientras el gobernador Jorge Sobich viajaba por Brasil promocionando el "modelo exitoso" de su gestión, los ministros bajo su tutela desencadenaban la represión. El salvajismo de la policía fue el acostumbrado : por las calles del barrio San Lorenzo, los agentes del "orden" rompían las puertas a patadas ; montados en motos azules, los efectivos descargaban sus escopetas con balas de goma y plomo ; la cifra de los heridos fue contundente : nueve personas alcanzadas por balas de plomo, además del obrero de Zanón e integrante del MTD, Pedro Alveal, quien recibió sesenta y cuatro impactos de balas de goma y los golpes de la policía que le hicieron perder un ojo. El martes 27 de enero de 2004, la justicia neuquina liberó a Osvaldo César Fornara, Néstor Daniel Gatica, Elías Ariel Cifuente y al oficial inspector Alfredo Humberto Cortínez, integrantes de la policía provincial. Los vocales del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, Eduardo Badano, Roberto Fernández (elegido a dedo por el gobernador Sobich) y Héctor Rimaro modificaron la calificación de los hechos : de lesiones gravísimas doblemente agravadas que prevé una pena de entre tres y diez años según el Código Penal, el cambio de carátula pasó a imputarlos por lesiones graves en riña, agravada por uso de armas. Los policías quedaron libres gracias a la maniobra, aunque continuarán procesados. A su vez, el abogado defensor de los policías, doctor Oscar Pandolfi, argumentó que "los empleados policiales, por entrenados que estén, siguen siendo mamíferos, si así no fuera, no se entendería cómo los súper profesionalizados soldados norteamericanos que ocupan Iraq, no obstante su profesionalismo, hayan matado a un par de miles de niños iraquíes". El cinismo del abogado Pandolfi, los jueces adictos a Jorge Sobich y el silencio por parte del gobierno nacional frente a gobernadores que cenan con personajes de la talla de Luis Abelardo Patti y Domingo Bussi, y que manejan las provincias como feudos, dejan inmensos baches a la hora de hablar de justicia.

Por decisión del juez de instrucción número 2 de Salta, Ricardo Martoccia, se detuvo a seis integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, entre ellos al dirigente Pepino Fernández. Acampaban frente a refinería Refinor (perteneciente al grupo Petrobras) e impedían el ingreso y egreso de camiones, lo que para el magistrado significa un delito, ya que causa el "entorpecimiento al transporte terrestre contra Refinor". El viernes 13 de febrero de 2004, aproximadamente cincuenta efectivos de la guardia de infantería de la policía salteña, en cuatro camionetas de la comisaría 42, procedieron al desalojo. Durante el cumplimiento del operativo no mostraron sus identificaciones ni la orden escrita del juez. Avanzaron sobre los desocupados, a los que encapucharon con remeras y arrojaron sobre la parte trasera de los móviles policiales. La UTD reclama el cumplimiento del pago de 39.500 pesos por las acciones pertenecientes a los ex trabajadores de YPF y que el gobierno de Eduardo Duhalde fijó en 23.728 mediante un decreto. En el mes de noviembre, los integrantes de la UTD se reunieron en Casa de Gobierno buscando una respuesta. Todavía esperan que se cumpla con lo prometido, mientras en General Mosconi las detenciones ilegales no han cesado.

Impunidad

Estos ejemplos son una muestra del funcionamiento que la justicia impone sobre los movimientos sociales : las leyes, que dicen iguales para todos, siempre castigan a las personas que enfrentan y jaquean el funcionamiento de este sistema político.

En el país hay tres mil procesados sociales que reclaman su libertad. Las causas que se les adjudican son diversas : pedidos de comida para los más necesitados, reclamos por mejores condiciones en la educación y la salud. En definitiva : derechos que han sido arrancados por un sistema político que prefiere las cuentas claras frente a los organismos financieros internacionales.

Hoy en día, los personajes que saquearon al país disfrutan de cuentas bancarias en Suiza y demás paraísos fiscales ; Fernando De la Rua y Domingo Cavallo, responsables máximos de la cacería efectuada el 19 y 20 de diciembre de 2001, transitan de vez en cuando los tribunales esgrimiendo teorías de complot que no se sostiene en ninguna realidad ; Eduardo Duhalde, político de lengua cambiante según los vientos que soplen, recorre el mundo promocionando las ventajas del país que él mismo llevó al abismo, mientras en su historial queda impune la masacre en Puente Puyrredón, donde Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados a sangre fría.

A su vez, los cambios en la Corte Suprema de la Nación todavía no logran desarticular una institución plagada de favores y prebendas con el poder de turno : la estructura del poder judicial todavía se mantiene intacta. Mientras tanto, en provincias como Santiago del Estero, Neuquén o Salta se siguen encarcelando a referentes de movimientos sociales por el simple hecho de exigir lo que corresponde : trabajo, educación y tierras para producir.