Argentina : Documento del EDI, VIII - Conclusión.
El Interminable socorro de los banqueros. Un aporte al movimiento popular

Por el EDI *
20 de Febrero de 2004

De manera sigilosa y bajo la cobertura de las polémicas con los acreedores, administradores de pensión o compañías privatizadoras, el gobierno está concretando multimillonarias compensaciones al sector que corporizó la ira popular el 20 de diciembre : los banqueros. La secuencia de estos pagos no se detuvo en ningún momento y ya acumula una cifra sideral.

Los financistas recibieron redescuentos por 20.000 millones durante la crisis del 2001, luego Duhalde inició la entrega de bonos (Boden 2012) que ya totalizan 14.000 millones y recientemente Lavagna asignó el pago de hasta 2800 millones por la alegada ’indexación asimétrica de créditos pesificados’. Aún falta definir cuál será el monto a otorgar por los amparos (pagados al valor del dólar libre en lugar de 1,40 más CER) cuya negociación actual gira en torno a 7000 millones. Lavagna se comprometió con el FMI a llegar a algún acuerdo frente a este reclamo pendiente de los financistas.

¿Cuál será el costo final del rescate oficial del sistema bancario ? Nadie se atreve a definir una cifra, pero, teniendo en cuenta los antecedentes de México, Corea o Indonesia, este socorro equivaldría al 12 % del PBI. Algunos cínicos suelen afirmar que también se ’auxilió a los pequeños deudores hipotecarios’, pero este gasto no superó los 550 millones, mientras que en la compensación a los bancos ya se dilapidaron casi 36.000 millones. Otros analistas afirman que el sistema bancario siempre debe ser rescatado ’para que la economía siga funcionando’. ¿Pero cuál es la razón de esta primacía ? ¿No resultaría más prioritario asegurar el alimento de los desocupados o el salario de los trabajadores para mantener la continuidad de la producción y el consumo ?

Como resultado de las compensaciones, la reactivación y desenlaces muy diversos en la situación de los ahorristas, el contexto financiero es muy diferente al prevaleciente durante el pico de la crisis. A dos años del corralito sólo se mantienen restricciones sobre la disponibilidad de un porcentaje menor de los depósitos (8-10%). A través de una impresionante emisión de bonos, el Estado cargó con la cuenta de la expropiación sufrida por los ahorristas. Los que pudieron aguantar la tormenta recuperaron el dinero confiscado y quiénes necesitaron el dinero para sobrevivir debieron rematar los títulos que recibieron a su bajo valor inicial de mercado. El drama de los pequeños ahorristas ha sido nuevamente una importante fuente de beneficios para los especuladores.

De todas formas, en su conjunto, el sistema financiero no se ha recompuesto del colapso sufrido con la convertibilidad. No ha quedado dirimida aún cuál será la estructura bancaria que prevalecerá en los próximos años. Por eso, a pesar de la reactivación, el crédito se mantiene retraído. Durante el año pasado este nivel de préstamos cayó -en proporción al PBI- a los niveles más bajos del mundo (8% frente a 20% de Brasil, 85% de España, 108% de Europa). En un marco de significativa acumulación de dinero, los bancos prefirieron preservar en sus arcas el excedente de liquidez en lugar de relanzar los préstamos.

Ni siquiera la recuperación de los depósitos y la flexibilización de las normas de control del Banco Central indujeron el resurgimiento del crédito. La alta morosidad de las grandes empresas deudoras fue más determinante de esta restricción que la incobrabilidad de los préstamos otorgados a las Pymes o a los consumidores. Además, la demanda potencial de crédito se mantiene acotada a los grupos beneficiarios de la reactivación, lo que excluye por completo al 60 % de pobres y a la masa de trabajadores con salarios congelados.

La reactivación no ha cerrado la crisis bancaria porque, a pesar de las compensaciones, el negocio se achicó para las entidades que sufrieron pérdidas patrimoniales. El destino de varios bancos todavía es una incógnita, ya que muchos deben resolver si les conviene seguir en la Argentina. No hay que olvidar que la mitad de los activos de las entidades está constituida por títulos públicos de un Estado en ’default’ y que el brutal achique de la economía tiene que tener un correlato en la esfera financiera. Los depósitos totales que en los 90 superaron los 80.000 millones de dólares hoy no alcanzan a 20.000 millones. De todas formas, también es cierto que la propia depresión ha dejado una secuela de grandes negocios futuros que muchos financistas quieren aprovechar. Por eso el perfil próximo del sistema financiero es tan dudoso.

En cualquier variante, los banqueros y sus voceros del FMI exigen que el Estado asuma el costo de la remodelación. Además de las compensaciones pendientes reclaman una reforma del sistema que les asegure la protección del Banco Central (prestamista en última instancia, garante de créditos) de todas sus actividades futuros, el sostén directo de los negocios fracasados (compra de carteras irregulares), la bancarización compulsiva de los perceptores de subsidios oficiales (planes de jefes y jefas), algún mecanismo de indexación para asegurarse el cobro de las acreencias si repunta la inflación y avanzar en la privatización de los tres bancos públicos.

El principio que guía la reestructuración de los bancos es el mismo que desangra al país desde hace décadas : los entidades aumentan su patrimonio cuándo los negocios florecen y reciben el socorro oficial cuando se generalizan las pérdidas. Esta forma de subsidio se recrea una y otra vez, sin que nadie explique cuál es el sentido de preservar un sistema financiero privado invariablemente sostenido por el Estado. La propuesta alternativa de centralizar toda la actividad bancaria en torno a un régimen único y estatal constituye la mejor variante para un proyecto de reconstrucción popular de la economía.

Otro camino para la integración regional

El gran despliegue retórico del gobierno a favor de MERCOSUR y la integración latinoamericana apenas disimula la aceptación oficial del ’ALCA light’ que Kirchner ratificó al enviar varias señales aprobatorias del proyecto de dominación comercial que impulsa Estados Unidos. La sanción legislativa del régimen de propiedad intelectual propiciado por los laboratorios extranjeros y el comando que ejerce el ex funcionario menemista Martín Redrado de todas las tratativas de libre comercio confirman que el acuerdo con Estados Unidos figura en la agenda del gobierno.

Esta alianza no requiere la aceptación de los términos originales del ALCA. La versión inicial ha sido reemplazada por una variante más flexible que exime a los participantes de un compromiso único y plazos perentorios. Esta alternativa profundiza la amenaza de la conformación de un área de libre comercio favorable centralmente a los intereses norteamericanos.

El ALCA constituye tan sólo una instancia de las presiones norteamericanas para reducir aranceles y extranjerizar los servicios. Otro ámbito de este chantaje son las negociaciones multilaterales en la Organización Mundial del Comercio, OMC, y los acuerdos bilaterales. En este marco, el gobierno mantiene por un lado la alianza con Brasil para negociar en bloque con Estados Unidos, mientras que, por otra parte, no descarta seguir los pasos de los países que optaron por convenios directos con Estados Unidos. Todo depende del juego de intereses empresarios que, a través de distintos ’lobbys’, operan en el Ministerio de Economía.

Si los exportadores que comanda Martín Redrado ganan la partida se afianzará la tendencia a algún acuerdo estrecho con primera potencia. Se negocia que Estados Unidos reduzca los aranceles para varias exportaciones nacionales a cambio del aval a la continuidad de los subsidios norteamericanos al agro. Si Argentina acepta este acuerdo, sólo algunos grupos concentrados obtendrán altos lucros a costa del resto del país. Este ha sido el resultado del Nafta en México y es la perspectiva del reciente acuerdo bilateral de Chile. En el primer caso las consecuencias ya están a la vista en la terrible secuencia de desnacionalización bancaria, retroceso industrial, quiebra agrícola y emigración que padece la economía mexicana. En Chile los negocios de las compañías mineras, fruteras, pesqueras o madereras podrían florecer a costa del agobio impositivo y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Pero Chile ya es una economía abierta al exterior, su comercio es complementario del norteamericano y detenta una estructura industrial muy limitada.

En cambio, para la Argentina cualquier avance hacia el libre comercio tendrá consecuencias más gravosas. Aceptar el mantenimiento de los subsidios agrícolas en Estados Unidos a cambio de concesiones puntuales en el ingreso de ciertos productos al mercado norteamericano implicaría convalidar una desigualdad estructural en las relaciones comerciales entre dos países que compiten con los mismos productos (alimentos) en los mismos mercados de exportación.

En el terreno industrial, cualquier convenio de libre comercio supondría reiniciar el ciclo de apertura que demolió gran parte del tejido productivo bajo la convertibilidad. En el campo de los servicios, Estados Unidos no apunta en Argentina tanto a las escasas privatizaciones pendientes, sino al desplazamiento de sus competidores en los negocios de obra pública y en las actividades sanitarias o educativas. Finalmente, no hay que olvidar que cualquier tratado reforzaría la transferencia de soberanía a los tribunales internacionales para dirimir los litigios comerciales, en un momento que el país acumula demandas financieras como consecuencia del ’default’.

El trasfondo de las negociaciones por un ’ALCA light’ es la continuada crisis del MERCOSUR. Transcurrida más de una década desde el inicio de esta asociación, Brasil y Argentina no han logrado avanzar en la conformación de un área monetaria común y tampoco han podido superar sus divergencias arancelarias. De hecho, la unión aduanera no funciona porque el arancel externo común se encuentra perforado por la drástica apertura que implementó Argentina durante la convertibilidad sin ningún tipo de acompañamiento por parte de Brasil. Por eso persisten las diferencias entre los regímenes arancelarios que rigen en ambos países. El régimen para el ingreso de bienes de capital y el sistema de admisión temporaria de importaciones de Argentina son, por ejemplo, la antítesis de la protección selectiva a las compras externas que impone Brasil.

Por otra parte, el intercambio corriente se encuentra periódicamente afectado por la vigencia de políticas de subsidios divergentes, que no se han podido armonizar por la ausencia de los sistema de arbitrajes previstos para dirimir estos conflictos. El paralelo político de esta inconsistencia económica es la ausencia de instituciones comunes para toda la zona. Sin moneda común, ni políticas macroeconómicas conjuntas, el MERCOSUR continuará languideciendo.

Este estancamiento obedece a la dependencia unilateral de cada país hacia sus acreedores y el FMI. En cada renegociación de la deuda se suscriben compromisos de ajuste que impiden cualquier coordinación regional. Estos acuerdos definen porcentajes de superávit diferenciados, cronogramas impositivos distintos y políticas de subvención industrial peculiares.

La erosión de los acuerdos se evidencia en las recurrentes oscilaciones la balanza comercial entre Brasil y Argentina que suceden a las crisis devaluatorias que afectan a cada nación. Al desplomarse la convertibilidad pareció insinuarse un nítido ciclo de superávit argentino, pero como la recesión brasileña coincide con la recuperación económica local, ha reaparecido en el país la conocida queja contra la ’invasión de las importaciones paulistas’. Además se han reavivado las tensiones en los sectores más conflictivos (calzado, textiles, línea blanca de electrodomésticos).

El trasfondo del problema radica en que a pesar de su dimensión continental, Brasil no puede emular a Estados Unidos como locomotora zonal, ni al rol de Alemania en su sostén de una moneda común europea. Los dos grandes socios de Sudamérica son países sometidos a la dominación imperialista y no se perfilan como un bloque competitivo en el mercado mundial. Por eso el aumento del intercambio comercial entre Argentina y Brasil, no mejoró el perfil de ninguno de los dos países frente a los concurrentes extraregionales.

El MERCOSUR actual no constituye una alternativa popular frente al ALCA porque la década transcurrida desde la formación de esa alianza ha sido nefasta para los trabajadores y desocupados de la región. Los años del MERCOSUR han estado signados por el ajuste, los recortes salariales, los despidos masivos y la pauperización. Esta tragedia social indica que este acuerdo no representa un remedio para los problemas de la región. Mientras los negocios de varios grupos empresarios prosperaron con subsidios y beneficios arancelarios, la mayoría popular soportó los golpes de la flexibilización laboral y del recorte de los sueldos.

Frente a este resultado numerosos analistas proponen crear ’Otro MERCOSUR’ Pero el problema no radica en el nombre sino en el contenido del proyecto. El MERCOSUR continuará sirviendo a los intereses de la minoría capitalista si gira en torno al mejoramiento de la rentabilidad de las corporaciones afincadas en varios países. Seguirá beneficiando a un grupo selecto de corporaciones si se limita a promover ’economías de escala’ basadas en el ’abaratamiento del costo salarial’. Con su perfil actual, continuará perfeccionando la división del trabajo y el abismo económico y social entre zonas y regiones.

La única opción positiva es cambiar las prioridades y colocar la integración al servicio de las aspiraciones populares. Hay que coordinar la solidaridad y no la competitividad de grupos multinacionales, asegurar la estabilidad del empleo y no la libre movilidad de los capitales, eliminar la pobreza y la desnutrición y no las restricciones a los negocios empresarios. Este tipo de integración no puede desenvolverse en torno al comercio, sino que debe desarrollarse en función de las reivindicaciones sociales. La prioridad es unir a los pueblos y no atarlos a los intereses de cada clase dominante.

Para avanzar hacia una integración de los pueblos latinoamericanos hay que encarar una batalla conjunta contra la dominación comercial y financiera imperialista. La resistencia contra el ALCA debe ir asociada a la lucha por cesar el pago de la deuda externa, porque cualquier freno del ALCA acompañado del mantenimiento del pago de la deuda implicaría la continuidad del ajuste permanente.

Un aporte al movimiento de resistencia popular

El contexto económico actual es muy diferente al predominante cuando suscribimos los documentos anteriores del EDI. No se vive actualmente el estallido de fines del 2001, ni la situación de sostenido colapso del 2002, ni tampoco el pasaje de la depresión a la reactivación que se registró a mitad del año pasado. Pero la miseria y los sufrimientos populares permanecen sin cambios y, por esta razón, el sentido de nuestras propuestas no ha variado.

Los integrantes del EDI intentamos analizar las modificaciones registradas en cada coyuntura, observando el comportamiento del ciclo, el funcionamiento del aparato productivo, las tendencias del comercio y el rumbo de las finanzas.

No aspiramos a competir con ninguna fundación o consultora en la cuantificación de las variables o a la formulación de previsiones de corto plazo. Nuestro objetivo es diferente. Apuntamos a desenvolver las propuestas que los movimientos de lucha plantean en oposición al neoliberalismo y el capitalismo. Recogemos las reivindicaciones de esta resistencia popular y desarrollamos su contenido, buscando transformar las consignas en programas y los escuetos enunciados en planteos más sólidos. Pretendemos también brindar argumentos de polémica contra las justificaciones en boga, aún presentadas como ’progresistas’, de la explotación, el desempleo y la degradación salarial.

Esta batalla ideológica se ha tornado más importante y más compleja desde que asumió un gobierno que encubre con una retórica antiliberal su apuntalamiento del modelo. Como la ortodoxia ha perdido autoridad, sus adversarios heterodoxos han tomado ahora en sus manos la función de sostener el status quo. Los integrantes del EDI rechazamos esta naturalización de la miseria y resistimos la resignación de los economistas que aplauden al gobierno. No bajamos los brazos y continuamos promoviendo el debate sobre las medidas que permitirían una reconstrucción económica favorable a la mayoría popular.

La coyuntura política actual es favorable para avanzar en este proyecto porque las clases dominantes recompusieron parcialmente la estabilidad política y el crecimiento económico, pero no desactivaron la protesta social. Un nuevo movimiento de masas con sus organizaciones de trabajadores y piqueteros y partidos se ubica hoy en la primera fila de la batalla por las reivindicaciones de los ocupados y desocupados. Para contribuir a la elaboración del programa económico de este movimiento presentamos este documento de los Economistas de Izquierda.

* Por el EDI : Luis Becerra, José Castillo, Alfonso Florido, Guillermo Gigliani Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini, Andrés Méndez, Pedro Resels.