Ambiente-Ecuador: Recrudecen denuncias contra fumigaciones antidrogas

Por Raúl Pierri
IPS-Central Latinoamericana. Montevideo, 1° de octubre del 2004.

Campesinos e indígenas de la frontera norte de Ecuador reclaman al gobierno y a la justicia que se detengan las fumigaciones del Plan Colombia, pues tienen efectos mortales en las personas y en el ambiente.

Más de 100 habitantes de la septentrional provincia amazónica de Sucumbíos se manifestaron en Quito el 23 y 24 de septiembre para pedir a la cancillería ecuatoriana que exija a Bogotá el alto de las fumigaciones con herbicidas sobre plantaciones de coca y de adormidera (amapola) a una distancia de 10 kilómetros de la frontera.

Mientras, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, presentó el 22 de septiembre un Amicus Curiae ante el Tribunal Constitucional de Quito en respaldo de un pedido para que el Estado ecuatoriano explique qué acciones ha tomado para proteger a sus ciudadanos de los efectos de las fumigaciones.

El recurso del Amicus Curiae (amigo de la corte) se presentó en este caso como un estudio científico que detalla el impacto de los rociados con diferentes sustancias herbicidas, y tiene el objeto de sustanciar la demanda hecha por la Federación de Organizaciones Campesinas del Sector Fronterizo y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Coniae), entre otros grupos.

"Hemos dialogado con un representante del gobierno, pero la respuesta que nos dio no fue satisfactoria. En este mismo momento estamos regresando a Sucumbíos porque muchos compañeros están cansados, pero lo más seguro es que volvamos la semana próxima" a protestar, dijo el 24 de septiembre a IPS el presidente de la federación de campesinos, Daniel Alarcón.

El dirigente informó que las autoridades les aseguraron que las fumigaciones ya habían sido suspendidas en la franja de 10 kilómetros. "Pero no nos dieron pruebas", dijo Alarcón.

Los campesinos también exigieron que se les condone una deuda con el Banco Nacional de Fomento de nueve millones de dólares, pues arguyen que no pueden pagarla debido a que las fumigaciones arruinaron su producción.

Por su parte, el vicecanciller de Ecuador, Edwin Johnson, dijo a IPS que estas movilizaciones no representan a la población de Sucumbíos, sino a "ciertos grupos que hacen estos planteamientos con el afán interesado de lograr una indemnización".

Johnson aseguró que la Fuerza Aérea de Colombia no realiza desde hace un año fumigaciones en la franja de 10 kilómetros de la frontera, pues "ya no es necesario".

El vicecanciller indicó que los gobiernos de Ecuador y de Colombia ordenaron una serie de estudios científicos en la frontera, con colaboración de institutos y agencias de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Estos concluyeron que las fumigaciones no eran peligrosas.

Toda esta información fue presentada ante el Tribunal Constitucional, y "el asunto está terminado", dijo Johnson.

Sin embargo, Alarcón anunció que continuarán los reclamos ante el Tribunal, sobre todo después de la presentación del informe de la FIDH.

"Esperamos que este Amicus Curiae contribuya a que el Tribunal Constitucional tome una decisión conforme a las normas y principios de seguridad sanitaria y del derecho ambiental, y que ordene al Estado ecuatoriano a tomar las medidas necesarias para reparar los perjuicios causados", dijo el presidente de la FIDH , Sidiki Kaba.

El 24 de septiembre, los manifestantes rociaron con glifosato, el herbicida más empleado en las fumigaciones, las plantas que rodean al edificio de la cancillería, mientras mostraban a periodistas sus lesiones cutáneas que presuntamente les causaron los tóxicos.

Para Johnson, estas lesiones son manifestación de enfermedades típicas en la región amazónica, y no una consecuencia de las fumigaciones.

El Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla fue lanzado en 2000 por los entonces presidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Bill Clinton, de Estados Unidos.

Pero hay elementos químicos peligrosos empleados en las fumigaciones que "no fueron antes probados. Los están utilizando directamente sobre las personas, sobre escuelas y poblados", dijo IPS el médico tropicalista español Adolfo Maldonado, investigador de la organización ambientalista ecuatoriana Acción Ecológica.

Maldonado realizó en los últimos años al menos tres investigaciones en la frontera con Colombia, en los que comprobó graves perjuicios en la población.

"La toxicidad afecta en forma directa. Los elementos tóxicos rompen la capa grasa de la piel, lo que, en un ambiente tropical y con mal saneamiento, facilita las infecciones y los hongos", dijo el científico, uno de los autores del Amicus Curiae presentado por la FIDH.

Maldonado explicó que las sustancias contaminantes se propagan con facilidad por aire. Las fumigaciones se llevan a cabo desde aviones o helicópteros a entre 15 y 60 metros de altura, permitiendo una fácil dispersión gracias a los vientos. Esto causa graves afecciones respiratorias en la población, como neumonías.

A su vez, la ingesta de alimentos y de agua contaminada con glifosato provoca diarreas y vómitos.

"El Ministerio de Salud dijo hace tres años que la frontera era un lugar muy peligroso y no podía poner en riesgo a sus funcionarios. La población del lugar está en completo abandono, sin ninguna atención, y sin posibilidad de salir. La situación es patética", dijo Maldonado.

Acción Ecológica atribuyó al menos 12 muertes a las fumigaciones desde que éstas empezaron en 2000. La mayoría de las víctimas fueron niños y ancianos con sus sistemas inmunológicos debilitados.