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A propósito del artículo aparecido en la sección "Débats" del diario Le Monde (Francia) : « Chile y el camino de la verdad profunda »
A propósito del artículo aparecido en la sección "Débats" del diario Le Monde (Francia) :
« Chile y el camino de la verdad profunda » de Ricardo Lagos, Presidente de la República.
Ex-presas y ex-presos políticos de la dictadura militar chilena, hacemos pública nuestra opinión sobre las declaraciones del Presidente chileno Ricardo Lagos publicadas en el diario Le Monde (Francia) el día 10 de diciembre de 2004.
Tal como lo señala el Sr. Presidente, Chile se caracteriza por ser el país de los "terremotos". Pero más importante que ello, nuestro país se hizo conocer en el mundo, sobre todo, por el proceso social que llevó a Salvador Allende a la Presidencia de la República, lo que permitió los mil días del gobierno de la Unidad Popular en 1970.
La opinión pública internacional fue sacudida enseguida por la interrupción de este proceso vía un violento golpe de estado y la instauración de una dictadura militar.
Más tarde, los ojos del mundo se fijaron, el 16 de octubre de 1998, en Inglaterra, durante la detención del dictador Pinochet, como consecuencia de una demanda de extradición de la Justicia española y con el fin de juzgarlo por sus crímenes. Este terremoto sacudió enteramente nuestro país y principalmente su clase política, confortablemente instalada en una interminable "transición hacia la democracia". Hoy, esta misma opinión pública sigue con atención los pasos de la Justicia chilena para juzgar a Pinochet y a sus cómplices en su país.
A pesar de la afirmación del Sr. Presidente sobre la responsabilidad de los agentes del estado chileno en las exacciones cometidas por los militares chilenos, ésta ha sido ampliamente conocida por la población, vista la extensión y duración de la represión y esto también gracias al trabajo de memoria y a la denuncia constante hecha por las organizaciones chilenas e internacionales de Derechos Humanos. Desde hace treinta años, a pesar de la negación, el ocultamiento de los hechos, la defección del Estado concerniendo estos derechos esenciales y las múltiples tentativas para cerrar las demandas de justicia ; la verdad está surgiendo de nuevo.
Si bien el informe Valech, recientemente entregado al Presidente chileno, ha considerado el testimonio de 35000 personas, no constituye una experiencia sin precedentes en el mundo, como lo señala el Sr. Presidente. Otras iniciativas similares han sido realizadas en Argentina, Uruguay y en África del Sur.
Aún más, como consecuencia de la falta de información, tanto en Chile como en el extranjero, numerosas personas no supieron que podían testimoniar y aquéllos que -en el marco de la "Operación Cóndor"- estuvieron presos en el extranjero, no fueron tomados en cuenta.
Este informe, en sus recomendaciones, hace proposiciones sobre la reparación a las víctimas, que finalmente no fueron tomadas en consideración por el Sr. Presidente. La no conformidad del Estado chileno con las normas internacionales sobre este tema es lamentable y la explicación dada por el Presidente chileno (esta reparación es "modesta" e "insignificante" pues nuestro país es "insignificante") no está a la altura de las expectativas, ni de su investidura. Es vergonzoso que este Estado entregue una indemnización "anti-stress" a los militares torturadores y que entregue también el 10% de los ingresos de la venta del cobre a la Fuerzas armadas, a pesar de conocer la situación de las víctimas y los estragos socio-económicos que el modelo neo-liberal provoca en los sectores más desfavorecidos de la población chilena. He aquí recursos considerables que utilizar correctamente, evitando de paso, una carrera armamentista en América Latina.
Si bien el informe Valech constituye una contribución a la búsqueda de la verdad, desgraciadamente sus conclusiones se agregan a otras tentativas para cerrar definitivamente las demandas de justicia de las víctimas. En el actual clima de arrepentimientos y de mea-culpas, las organizaciones chilenas e internacionales de Derechos Humanos tratan, tenazmente, de impedir que la impunidad siga progresando.
Las nociones de verdad, justicia y reparación, de las cuales habla el Sr. Presidente, no han sido una referencia obligatoria en las diferentes etapas de resolución de los problemas de estos derechos. Basta analizar el número de militares en proceso o condenados, durante todos estos años, para constatar que estas nociones han sido escasamente consideradas :
– Si bien el informe Rettig en 1991 ha considerado los nombres de los detenidos desparecidos y ejecutados, el establecimiento de los procesos judiciales sólo comenzó 10 años más tarde.
– En 1999, en la "mesa de diálogo", a pesar del reconocimiento de violaciones de Derechos Humanos por las Fuerzas armadas, las informaciones brindadas por los militares no han permitido encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos.
– En 2000, a pesar del acuerdo de extradición de Pinochet en España pronunciada por la Corte Suprema de Inglaterra y la tentativa lanzada por el juez Guzmán en Chile, el dictador fue autorizado a regresar al país y no ha sido aún juzgado. Es el mismo consenso político de la época y las mismas supuestas "razones humanitarias-médicas" utilizadas en Londres y en Santiago que le han permitido escapar a la justicia.
– La ley de amnistía de 1978, que favorece a los militares responsables de exacciones, no ha sido abrogada y solamente una pequeña parte de procesos judiciales, en relación con estos crímenes, ha progresado. Amnesty International ha señalado en varias ocasiones que esta ley es incompatible con el derecho internacional relativo a los Derechos Humanos y con las obligaciones del Estado chileno. El Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre las Desapariciones forzadas no han sido ratificadas por Chile y esta última infracción constituye un argumento bastante utilizado por los jueces para liberar a los militares de sus responsabilidades.
Efectivamente, como el Sr. Presidente lo señala, la prisión política y las torturas han constituido una política institucional de Estado. Pero, la existencia de prisioneros políticos chilenos y mapuches, hoy en Chile, es un hecho indiscutible ; además diferentes informes de Amnesty International dan cuenta de la práctica de torturas al interior de las prisiones y comisarías chilenas. Los prisioneros políticos fugados de las prisiones (año 1990) y otros condenados a penas de exilio están en la imposibilidad, por decisión de justicia, de volver al país.
Sobre el trabajo de esta Comisión y la publicación de su informe, debemos señalar que el acto más importatnte, para responder al dolor de las víctimas, no ha sido realizado pues sus conclusiones no han sido traducidas en acciones de justicia y los torturadores no han sido identificados. Aún más, la confidencialidad garantizada por ley por una duración de 50 años, no contribuye a la búsqueda de la verdad y consagra la existencia de la impunidad. Por su carácter sistemático y su considerable extensión, los delitos de tortura cometidos bajo el régimen militar son crímenes contra la humanidad y como tales, son imprescriptibles. El Estado tiene el deber de juzgar a los responsables y de castigar a los culpables.
Finalmente, estimamos que una dimensión ética de la política, considerando las lecciones del pasado, debería justamente conducir a actuar con transparencia y coraje ante situaciones como las que vive el país hoy día.
Como el Sr. Presidente lo señala, nosotros pensamos que para jamás revivir este pasado trágico de nuestra historia, jamás debemos olvidarlo, ni ocultarlo, ni negarlo. El deber y trabajo de memoria, la búsqueda de la verdad y la justicia deben continuar. Con este fin, haremos conocer al país los nombres de los torturadores y seguiremos presentando ante los tribunales las querellas criminales por torturas y secuestros que correspondan, acompañadas de demandas civiles contra el Estado, hasta obtener satisfacción.
La dignidad debe ser restituida a todos aquellos que contribuyeron duramente y valientemente a terminar con las horas negras de la dictadura militar.
Ex-prisioneras y ex-prisioneros :
– Germán ALFARO ROJAS. N°799
– Jorge BORQUEZ VEGA. N°3264
Campos de concentración : Villa Grimaldi, Ritoque, Puchuncavi, Tres Álamos
– Luis CAMPOS NÚÑEZ. N°4166
Fuerte Silva Palma (Armada), Campo de concentración Puchuncavi .
– Domingo CARRASCO NÚÑEZ N°4652
– Wladimir CERDA CARRASCO N°5508
Centro de detención Cuartel Borgoño (CNI) en Santiago
– Manuel CUADRA SÁNCHEZ N°6762
Campo de concentración Villa Grimaldi
– Claudio FIGUEROA SEPÚLVEDA N°8565
– Manuel FUENZALIDA NAVARRETE N°9091
– Norman GAMBOA
Estadio Nacional, Campo de concentración Chacabuco
– Edicto GARAY OYARZO N°9489
– Julio LAKS FELLER N°12601
Campo de concentración Villa Grimaldi
– Alejandro LEON SALINAS N°13024
Regimiento San Bernardo
– Carlos LÓPEZ FUENTES N°13387
Regimiento Tucapel de Temuco
– Rosalía MARTÍNEZ CERECEDA N°14223
Campo de concentración Villa Grimaldi
– Natacha MONROY RODRÍGUEZ N°58
(menor detenida con sus padres) - Centro de detención ’Hogar Buen Pastor’ La Serena
– María PINA
Estadio Nacional
– Fernando RUIZ DUMENEZ N°21758
Regimiento Arauco, Campos de concentración : Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Tres Álamos
– Héctor VASQUEZ N°25605
Academia de Guerra de la Fuerza Aérea
– Maritza VILLEGAS ARTEAGA N°26568
Campo de concentración Villa Grimaldi
– Patricia ZÚÑIGA BARROS N°27059 - Campo de concentración Villa Grimaldi
– Héctor ZAVALA LEIVA N°26981
Estadio Nacional, Campo de concentración Tres Álamos
París, diciembre de 2004
Si quieren firmar la carta pueden escribir a :
hzavalaL@hotmail.com
Tribuna publicada por el diario francés "Le Monde" del 10 de diciembre de 2004 y por el diario argentino "El Clarín" del 21 de diciembre de 2004.
Chile, el final de los silencios
Ricardo Lagos
Chile es conocido, entre otras cosas, por los temblores de tierra que sufre de tanto en tanto y por su geografía caótica y alargada. Pero también el alma nacional experimenta grandes conmociones y el mundo entero nos mira.
Eso fue lo que vivimos en estos días, cuando se dio a conocer el informe de la Comisión Nacional sobre los Presos Políticos y la Tortura. Por primera vez los chilenos pudieron conocer la verdad sobre la responsabilidad del Estado en las torturas que se practicaron durante el régimen militar, entre 1973 y 1990.
El informe contiene testimonios de más de 35.000 personas que viven en Chile o en el exterior. No creo equivocarme al afirmar que este informe constituye una experiencia sin precedentes en el mundo. Pudo penetrar -después de tres décadas- en un profundo abismo de sufrimientos y tormentos.
¿Por qué lo hicimos ? Porque toda sociedad necesita encontrar el camino por el cual sus verdades se reincorporan a la historia. En 1988 el pueblo pudo poner fin a la dictadura manifestando su fervor cívico con entusiasmo. El mundo entero vio cómo Chile decía "¡No !" y rehusaba la continuación del régimen autoritario.
Hace quince años, otro mes de diciembre, pudimos elegir libremente un presidente y un Parlamento para retomar la senda democrática. Desde entonces avanzamos, con madurez y prudencia pero sin detenernos nunca por el camino del desmantelamiento de los obstáculos que nos ocultaban la verdad.
La primera etapa fue el informe Retting : trató de presentar un panorama lo más completo posible de las graves violaciones de los derechos humanos que derivaron en el asesinato y las desapariciones que perpetraron agentes del Estado o particulares con fines políticos. Se reunieron así más de 3.200 nombres, que daban cuenta en líneas generales de lo que había pasado en Chile y nunca antes se había admitido.
Luego llegaron las medidas a favor de los que habían vivido en el exilio y de quienes se habían quedado sin trabajo por motivos políticos. Tres conceptos sirvieron a cada paso como referencia : verdad, justicia, reparación. En 1999 se constituyó la "mesa del diálogo", donde, por primera vez, representantes de las fuerzas armadas reunidos con personalidades destacadas de las organizaciones de derechos humanos y de distintas corrientes espirituales trataron de definir una verdad común sobre el pasado chileno. Por primera vez se habló de cadáveres enterrados de forma clandestina y de presos arrojados al mar. Esta difícil marcha nos condujo en 2003 al más arduo de los terrenos : crear una comisión ante la cual aquellos que siempre guardaron para sí sus recuerdos y sus dolores pudieran contribuir con su testimonio a la manifestación de la verdad de Chile y al cierre de sus heridas.
Esos miles de relatos me emocionaron ; las palabras de las víctimas son conmovedoras y dan cuenta de manera adecuada de Chile y de la fuerza que lo impulsa hoy a enfrentar la verdad.
El informe de la comisión nos pone ante esa realidad irrefutable : la cárcel por motivos políticos y la tortura constituyeron una práctica institucional del Estado, absolutamente inaceptable.
En Chile, el trabajo de la comisión y la publicación de su informe fueron mucho más lejos que lo que muchos habían imaginado. Cada testimonio se conserva en un expediente individual que tiene su lugar en los archivos permanentes de la nación. Tal vez es ahí donde reside el acto más importante, que trata de dar respuesta al dolor de las víctimas. El silencio terminó, el olvido está desterrado, se restableció la dignidad de cada uno.
Sin duda habrá reparaciones. Serán modestas, pero responden a la obligación del Estado de reconocer su responsabilidad. Es una luz que ya se instaló en nuestra vida cotidiana. Como fuimos capaces de enfrentar la verdad, podemos empezar a dejar atrás el dolor, a cicatrizar heridas.
Hablé a mi país ubicándome en el marco de una dimensión ética de la política. En el siglo XXI, esa debería ser la base de toda sociedad y la norma de la comunidad internacional. Como le dijimos a Chile : si no queremos vivir eso nunca más, nunca más debemos negarlo.
Copyright Clarín y Le Monde, 2004.
Traducción de Joaquín Ibarburu.
