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28 février 2003

Uruguay : maniobras oficialistas hacen peligrar plebiscito por petrolera

 

Por COMCOSUR

ALAI-AMLATINA, 26/2/2003, Montevideo. La Mesa Política del Frente Amplio (FA) escuchó ayer un informe de su delegado ante la Corte Electoral, Wilfredo Penco, quien afirmó que la mayoría blanca y colorada de ese organismo ha cambiado las reglas del juego sobre la marcha, con la intención de anular tantas papeletas de firmas como sean necesarias para que no se pueda convocar a un referéndum derogatorio de la ley que permite la privatización parcial de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP).

Penco explicó que en agosto de 2002 (cuando ya hacía cinco meses que se estaban recolectando firmas, la Corte decidió que deberían anularse las papeletas que estuvieran escritas con dos tintas y las que tuvieran enmendaduras o tachaduras.
A este respecto, develó que se ha llegado al punto de
descartar papeletas escritas con una sola tinta, debido a que en la parte final de la escritura el color de la tinta es menos intenso que al comienzo. Por su parte, los integrantes colorados y blancos de la corporación afirman que el procedimiento aplicado se ajusta estrictamente a las normas vigentes y que lo afirmado por Penco es una "maniobra para presionar."

La Comisión de Defensa de Ancap emitió un comunicado donde señala que "existen elementos más que suficientes para tener una profunda preocupación por el respeto efectivo de la voluntad de cientos de miles de ciudadanos, que con su firma y huella digital han expresado su decisión, de que se convoque a referéndum a toda la ciudadanía, para que sea ésta la que decida sobre el futuro del Ente de los combustibles (...) Esa preocupación está sustentada por un conjunto de hechos que contienen el claro propósito de impedir el libre ejercicio de Derechos Democráticos consagrados en la Constitución y las Leyes de la República, como lo es el de la democracia directa, a través del referéndum".

El delegado del Frente Amplio en la Corte Electoral,
Wilfredo Penco, demostró que se anulan firmas indebidamente y pidió la revisión de las últimas adhesiones descartadas.

Por su lado, la Comisión de Defensa de Ancap llamó a los firmantes a concurrir a la Corte, en salvaguardia de su voluntad de convocar a un referéndum. Penco solicitó al organismo que revise seis mil papeletas descartadas en la última semana. Fundamentó su pedido en los resultados de un pequeño muestreo que personalmente hizo de las mismas, encontrando que 94 de ellas eran válidas. Según dijo al diario La República, las firmas habían sido desechadas por errores cometidos en la digitación que la Corte hizo de las
adhesiones o por deficiencias en la revisión.

Sin embargo, la mayoría blanca y colorada del organismo no hizo lugar al pedido, aunque requirió de la Oficina Nacional Electoral nueve juegos de fotocopias de las firmas en cuestión para su estudio. Otro factor para las equivocaciones, lo constituye las similitudes de la V y U manuscritas y la anulación de las papeletas en la primera verificación, sin buscar la variante posible. Penco señaló que además, en el proceso de verificación se detectaron errores en el padrón electoral. Los promotores del plebiscito denunciaron que se cambió radicalmente el esquema de contralor de las firmas, porque la Corte halló que se descartaban pocas. La la mayoría del organismo decidió entonces ordenar una nueva revisación de las papeletas ya aceptadas.

El representante del Frente Amplio en la comisión pro-
referéndum sobre Ancap, Carlos Coitiño dijo al diario El País que el procedimiento que se está utilizando responde a "una visión partidaria que está superando las garantías que la Corte Electoral tendría que ofrecer en estas instancias," y que "la mayoría de la Corte Electoral está aplicando criterios que están restringiendo los derechos de quienes han adherido." Recordó también que hace dos meses se presentaron dos recursos que fueron desestimados por la corte : uno para actualizar el padrón electoral a la fecha de la presentación de la firmas, borrando del mismo a los
fallecidos hasta ese momento ; y otro que se ampara en el llamado "derecho de informalidad", el que obliga a las instituciones del Estado a que si la falta no es principal como podía ser la firma o la huella, la institución debe agotar los esfuerzos para completar los datos.

Hugo de Mello, el presidente del sindicato de ANCAP, dijo al diario La República "se anulan papeletas donde un número ha sido repasado (por ejemplo, si un seis es vuelto a repasar con la intención de que el seis quede claro) o el caso de un brigadista que llena los datos del firmante y en lugar de una V pone B, es dejado de lado. También, si en la grafía se confunde la V con la U es anulada, aunque los demás datos sean válidos. A nuestro juicio -reflexionó- son medidas destinadas a descartar una cantidad de firmas y por consiguiente se inviabilice la consulta popular".

Para De Melo es llamativo que "el proceso de control estaba avanzado cuando la Corte comenzó a modificar las reglas de juego, incluso algunos miles de papeletas habían ingresado en la última fase de la verificación (cotejo de la huella dactilar). Sin embargo, la Corte Electoral pidió que todas las firmas que habían sido revisadas se volvieran a controlar. A nuestro juicio, en el fondo hay una decisión, por lo menos de algunos sectores del Poder Ejecutivo, de que no haya plebiscito. Indudablemente saben que si el mismo se
produjera, muy probablemente se dará un triunfo muy
importante del movimiento popular, en donde no sólo va a ser cuestionada y derogada la ley de privatización de Ancap, sino que lleva implícita también, un juzgamiento a la política social y económica del gobierno. Creo que éste no puede permitirse una derrota de esa magnitud y busca un atajo para evitarla, por ello trata de que las firmas no alcancen".

Ante esta situación, la mesa política del Frente Amplio
manifestó su preocupación, encomendó a su bancada
parlamentaria el estudio del tema y las posibles acciones que se podrán emprender al respecto, no descartando la solicitud de veedores internacionales para garantizar la cristalinidad del proceso. Jorge Brovetto, el vicepresidente de la coalición opositora, dijo que su fuerza política, que también participó en la campaña de recolección, está convencida de que las firmas están, y que el problema va más allá de este plebiscito, pues lo que está en juego es la credibilidad misma de la democracia uruguaya.

El comunicado del Frente Amplio

"Ante el proceso de verificación de adhesiones a recursos de referéndum, que lleva adelante la Corte Electoral, y tras los informes presentados al respecto, la Mesa Política del Frente Amplio y la Dirección Nacional del Encuentro Progresista, declara :

- Su más firme convicción de que las adhesiones a los dos recursos que vienen siendo procesadas, alcanzan los
porcentajes establecidos en la normativa vigente y que la distorsión de los criterios adecuados, no debe impedir que se convoque al pueblo uruguayo a las urnas, lo que constituiría una situación de extrema gravedad.

- Su preocupación por aquellas disposiciones reglamentarias e instructivos aprobados por la mayoría de la Corte Electoral -en particular los incorporados cuando ya estaba avanzada la campaña de recolección de adhesiones que denunciáramos y rechazáramos en su oportunidad- que procuran limitar o conculcar la voluntad manifiesta de miles de ciudadanos para que una serie de normas legales sean sometidas a la decisión de la soberanía popular.

- Su reclamo para que se extremen todos los cuidados y se agoten los procedimientos que estén al alcance en la
consideración de las adhesiones ciudadanas a los recursos de referéndum, en la medida en que todas y cada una representan manifestaciones que deben ser respetadas en el marco de un instituto previsto y amparado por la Constitución de la República y la ley.

- Su rechazo a toda forma de coacción por parte de
jerarquías políticas sobre funcionarios electorales que, en el ordenamiento y la clasificación de las papeletas de adhesión, aplican criterios estrictos para contemplar el derecho de la ciudadanía a que se haga efectivo un pronunciamiento democrático.

- Su voluntad de continuar controlando con rigurosa atención la tarea que en la instancia viene llevando a cabo la Corte Electoral y de exigir que sea realizada con la máxima transparencia y sujeta al conjunto de garantías básicas que requiere la democracia como sistema.

- Su respaldo y la actuación cumplida por los ministros de la corporación, doctores Washington Salvo y Wilfredo Penco, y el reclamo reiterado de constituir la Corte Electoral de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República y el resultado de las elecciones nacionales de 1999".

Mesa Política del Frente Amplio

Febrero 24 de 2003


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