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17 août 2021

No al plan del gobierno uruguayo de transferir el
Equipo Especializado en Graves Violaciones de Derechos Humanos a la Policía

par ¿Dónde están ?*

 

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La Asociación ¿Dónde están ? de Francia se une al Observatorio Luz Ibarburu, de Uruguay, para expresar su profunda preocupación por el plan del gobierno de poner el Equipo Especializado en Graves Violaciones de Derechos Humanos bajo el mando de la Dirección Nacional de Policía.


París, 12 de agosto de 2021



Esta propuesta, que se encuentra en el Parlamento, podría socavar gravemente la eficacia de la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado (1968-85).

El artículo 56 del proyecto de rendición de cuentas prevé que el Equipo Especializado en Graves Violaciones de Derechos Humanos, que actualmente es un servicio del Ministerio del Interior, pase a depender de la Dirección de la Policía Nacional, que incluye, entre otras, la Dirección de Información e Inteligencia.

El mencionado Equipo Especializado fue creado en julio de 2013 a solicitud de los organismos de derechos humanos con el fin de dotar al Estado uruguayo de una herramienta que contribuya al pleno cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de febrero de 2011 sobre el caso Gelman, así como en el artículo 1 de la Ley 18.831, que en octubre de 2011 restableció la pretensión punitiva del Estado por los delitos de lesa humanidad.

Esta transferencia administrativa, si se aprueba, equivale a poner al Equipo Especializado en Graves Violaciones de Derechos Humanos bajo las órdenes de las mismas unidades policiales que están siendo investigadas por su posible responsabilidad en crímenes del pasado reciente. Es sabido que algunos de sus ex funcionarios fueron procesados por delitos del terrorismo de Estado y hay altos mandos que siguen reivindicando sus acciones.

La independencia y la objetividad de quienes tienen que investigar las prácticas delictivas del régimen autoritario son preocupaciones constantes de las organizaciones de derechos humanos. Hay muchos ejemplos en Uruguay de lo que sucede cuando las fuerzas armadas tienen el poder de investigarse a sí mismas. Por ejemplo, la actuación de los fiscales y jueces militares en los casos de detenidos muertos bajo tortura siempre dio lugar a investigaciones superficiales y a condenas escandalosamente indulgentes, como lo demuestra actualmente el « caso Roslik », que lleva el nombre de un médico comunista cuyo asesinato recibió muy poca atención por parte de la justicia militar que dictó en 1986 sentencias muy leves contra los responsables. La causa judicial pudo ser reabierta recientemente, pero la Corte Suprema de Justicia acaba de decidir de archivarla definitivamente, invocando la autoridad de la « cosa juzgada ».

Otros ejemplos son las falsas declaraciones de los militares ante la Comisión para la Paz (2000-2003), la primera comisión oficial que investigó los crímenes de la dictadura ; los informes truncados de las autoridades militares presentados al gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez ; y la actuación de los « tribunales de honor » militares que ignoraron o encubrieron confesiones de delitos gravísimos. Fue así el caso de los tribunales de honor que juzgaron a los militares José Gavazzo, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez y que no comunicaron las confesiones de crímenes de lesa humanidad a la justicia civil. Esto llevó a la destitución del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Guido Manini Ríos y de varios otros oficiales superiores por el Presidente Vázquez en abril de 2019.

En cuanto a la policía, los servicios de inteligencia han desempeñado un papel importante en los casos de « espionaje en democracia » contra militantes sociales y políticos y defensores de los derechos humanos en los años posteriores a la dictadura. Uno de los objetivos de este espionaje era precisamente mantener la impunidad de los criminales de la dictadura.

Confiar la responsabilidad de investigar crímenes de lesa Humanidad a una institución que durante tanto tiempo ha amparado y encubierto a los responsables de esos crímenes es arriesgarse a enlentecer aún más, si no a bloquear definitivamente, el camino hacia la verdad y la justicia.

Esta iniciativa de un gobierno formado, entre otros, por nostálgicos de la dictadura y defensores de la impunidad, refleja la voluntad de desmantelar una de las herramientas puestas en marcha bajo la presión de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos para lograr avances en el ámbito de la justicia por crímenes de lesa humanidad. Pedimos que se retire el artículo 56 del proyecto de rendición de cuentas que se está debatiendo actualmente. El gobierno y el parlamento deben encontrar los medios adecuados para que el Equipo Especializado en Graves Violaciones de Derechos Humanos de los derechos humanos pueda cumplir eficazmente los objetivos que le encomienda la ley. Apoyamos todas las acciones emprendidas por el Observatorio Luz Ibarburu en este sentido.

Association ¿DóndeEstán ?

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