Miles de Argentinos expresan su preocupación por la situación de la Democracia y la Justicia en Argentina

8 de enero 2023

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y más de cinco mil personalidades -intelectuales, científicos, artistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales, educadores, representantes sindicales, etc- respaldaron, a través de una solicitada, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia que el Presidente Alberto Fernández y varios gobernadores provinciales presentaron al Congreso Nacional.

La masividad del apoyo sólo se explica por la gravedad de los ilícitos cometidos por el Poder Judicial en los últimos años y por el peligro real que atraviesa la Democracia en Argentina.

Un juicio político a la Corte Suprema es un hecho inédito en Argentina. No obstante, los últimos acontecimientos lo justifican. La actual Corte Suprema contravino la Constitución desde su misma conformación ya que no sólo no tiene el número de miembros que establece la Carta Magna sino que, además, algunos de sus actuales integrantes no fueron elegidos según indica la ley.

Por otra parte, el Poder Judicial ha dejado de respetar la división de poderes, base de la democracia, interviniendo y avanzando sobre el Legislativo y el Ejecutivo.
Los casos de corrupción y parcialidad son lamentablemente muchos. Uno de ellos -paradigmático del nivel de descomposición de la Justicia- es el de la jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de investigar el intento de magnifemicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aunque está prohibido por la ley, la jueza trabaja paralelamente para el partido opositor -Juntos por el Cambio- en el gobierno porteño de la capital argentina. Estos vínculos le impiden desempeñar su función de jueza en forma imparcial : el atentado contra la vicepresidenta fue el 1º de septiembre de 2022 y, desde entonces, Capuchetti no sólo no avanzó en la investigación sino que no detuvo a varios de los sospechosos (sobre todo aquellos cuyos vínculos están claramente ligados a la oposición de derecha) implicados en el hecho.

Otro ejemplo : Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, invitaron a un grupo de funcionarios, jueces y fiscales directamente vinculados a la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner a pasar unos días en Lago Escondido, la estancia patagónica del magnate inglés Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri. Descubiertos, intentaron encubrir esta reunión a través de la confección de facturas truchas y el direccionamiento de la causa en la que se los investiga. Sobre estos hay pruebas fehacientes.

La situación deja al desnudo cómo opera la tríada Jueces-Medios-Espías, pilares fundamentales del lawfare. Como indica la solicitada « Democracia o mafia » : « el deterioro del Poder Judicial se manifestó con la condena sin pruebas y la proscripción de Fernández de Kirchner. Como sucedió en Brasil, con la proscripción política de Lula da Silva en Brasil, la información de lo que sucede en Argentina llega sesgada a los medios extranjeros. La Justicia argentina en connivencia con el poder económico y los más poderosos medios de comunicación locales han logrado que la información de lo que sucede en el país llegue deformada al extranjero y que la peligrosa situación en la que se encuentra la Democracia Argentina aparezca engañosamente como una mera “operación kirchnerista ».

Como lo avalan miles de personas es necesario terminar con « un régimen de justicia corporativa que responde a intereses ideológicos y de clase » y con « el Estado paralelo, mafioso y delincuencial que montó en sus años de gobierno Juntos por el Cambio ».

Abajo se adjunta la solicitada y las firmas.

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