Uruguay perderá toda asistencia financiera de Estados Unidos si no firma acuerdo de impunidad

El Congreso estadounidense dio media sanción a la enmienda presupuestal que sanciona a todos los países que no acepten el reclamo. Estados Unidos se niega a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en crímenes de lesa humanidad. La embajadora en Ecuador amenazó al presidente Lucio Gutiérrez. Uruguay recibió ayuda directa durante la crisis de 2002. Gobierno de Tabaré Vázquez deberá tratar el tema junto al Tratado de Inversión firmado por Batlle.

Por Roger Rodriguez
La República, 8 de diciembre del 2004

El país ya fue sancionado con la suspensión de la ayuda militar por negarse a exigencia de Bush

Una ley aprobada esta semana por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, puede implicar que Uruguay pierda toda eventual asistencia financiera estadounidense, si no acepta firmar un acuerdo bilateral de inmunidad (ABI) a los ciudadanos norteamericanos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Uruguay, como otros 45 países de todo el mundo, fue sancionado hace dos años con la pérdida de un millón de dólares en ayuda militar, al negarse a firmar el acuerdo bilateral por el que civiles y militares norteamericanos aseguran su impunidad en un enjuiciamiento de la Corte con sede en La Haya.

La nueva propuesta legislativa, que enmienda la ley de presupuesto estadounidense del año 2005, debe aprobarse ahora en el Senado antes de ser promulgada por el presidente George W. Bush, quien sostuvo que la Corte creada por el Tratado de Roma es contraria a los intereses norteamericanos.

En abril de 2002, Estados Unidos otorgó a Uruguay un préstamo directo de 1.500 millones de dólares que permitieron al gobierno de Jorge Batlle palear la crisis económica mientras los organismos internacionales aprobaban un préstamo con el que luego se devolvió la ayuda de la administración Bush.

La enmienda presupuestal a estudio del Congreso norteamericano afectará directamente el programa de asistencia conocido como "Fondo de Ayuda Económico" con el que el gobierno estadounidense respalda a países clave en la obtención de objetivos estratégicos como el narcotráfico o el terrorismo.

Voceros de la Embajada norteamericana en Montevideo no respondieron una consulta de LA REPUBLICA sobre la eventual incidencia que la nueva ley pueda tener sobre el Tratado Bilateral de Inversiones acordado entre Batlle y Bush, que deberá refrendar la legislatura en el gobierno de Tabaré Vázquez.

Sin ayuda militar

Uruguay fue sancionado con la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos ­mayoritariamente destinada a cursos de capacitación de oficiales y efectivos uruguayos­ el mismo día que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados aprobó una recomendación para no firmar los ABI.

La minuta había sido presentada en octubre de 2002 por el diputado del Nuevo Espacio, Felipe Michelini, quien exigió al Poder Ejecutivo uruguayo rechazar las propuestas que para un acuerdo de inmunidad venía negociando con Estados Unidos el canciller Didier Opertti.

La exigencia norteamericana había sido denunciada por LA REPUBLICA, al corroborar una información del diario La Nación de Buenos Aires que manejó versiones sobre existencia de fuertes presiones de parte de Washington para que se aceptaran los acuerdos de inmunidad.

El ex canciller Héctor Gros Espiel, opinó en el Parlamento que los acuerdos de inmunidad eran "jurídicamente ilegales" y particularmente "inconvenientes" para Uruguay, cuyo gobierno estudió "adaptar" un acuerdo de 1952 para otorgar el status de "diplomáticos" a todos los ciudadanos estadounidenses. El tema es hoy el centro de un debate político en Ecuador, donde la embajadora norteamericana Kristie Kenney advirtió al gobierno del presidente Lucio Guitérrez que si no firmaba los acuerdos bilaterales de inmunidad le cancelarían una prometida ayuda militar por 7 millones de dólares.

El gobierno norteamericano se opone al Tratado de Roma, a la Corte Penal y a la fiscalía que ejerce el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, ante la posibilidad de que sus efectivos militares puedan ser juzgados por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. *