Uruguay la patria en venta

Por Antonio Elias (*)
La República, Montevideo, el 7 de octubre de 2007.

En Uruguay, el proceso de extranjerización y concentración de la propiedad de los recursos naturales y de una parte sustantiva de las agroindustrias exportadoras irrumpió aceleradamente y con una magnitud sin precedentes. Un estudio de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) nos informa que entre el 1° de enero de 2000 y el 30 de junio de 2006 se hicieron 14.148 operaciones de compraventa de tierras de uso agropecuario en 16 departamentos del país; el estudio no abarca a Canelones, Maldonado y Montevideo. La superficie vendida fue de 3,9 millones de hectáreas, la cuarta parte de la superficie agropecuaria del país, equivalente a la suma de las superficies de Colonia, Durazno, Río Negro, San José y Soriano. [1]

Desde distintos sindicatos (frigoríficos, curtidores, vestimenta, etcétera) se percibe que el ingreso masivo de capitales extranjeros deteriora las relaciones laborales, se reduce el trabajo (menos cueros para procesar por exportación de materia prima). Se despuebla la campaña, se deterioran suelos y acuíferos. Las decisiones económicas salen del país y se trasladan a los escritorios de los directivos de las transnacionales, sin embargo, el gobierno se alegra porque ingresan inversiones extranjeras que no son tales, pues en la mayoría de los casos se trata de comprar empresas existentes, generando un proceso de concentración de la propiedad que no contribuye al desarrollo de un Uruguay productivo, con justicia social y profundización democrática. La ganancia de unos pocos predomina por sobre el interés nacional y las necesidades de la mayoría, mientras que el Estado es prescindente ante lo que denomina "negocios entre privados". Esta "prescindencia" estatal es la esencia del neoliberalismo.

Esta nueva situación se ubica en el proceso de la expansión capitalista que comienza en los primeros años de la década de los setenta y que redefine la división internacional del trabajo asignando un papel muy específico a América Latina como proveedora de recursos naturales. Es la "reconquista" de América.

UNO. Desde la segunda guerra mundial hasta principios de los setenta la economía de los países centrales vivió una de las épocas más prolongadas de certidumbre y estabilidad. La política económica era utilizada para regular el ciclo económico buscando maximizar el uso de la capacidad instalada y la estabilidad de precios. El alto nivel de empleo favorecía el consumo de la producción en masa y el Estado recaudaba lo suficiente para sostener el Estado del bienestar.

En los setenta, la prioridad de los gobiernos se desplazó de la búsqueda del pleno empleo al control de los precios, los salarios y el déficit público. A continuación, se sucedieron los procesos de desregulación de la economía, de privatización de las empresas y servicios propiedad del sector público y de desmantelamiento del Estado del bienestar.

El fuerte cambio en las políticas económicas es producto de una crisis estructural del capitalismo debido a la reducción de la productividad y la tasa de ganancia durante los sesenta. Los cambios tecnológicos aumentaron la capacidad productiva reduciendo el ciclo de vida útil de maquinarias y productos. El desarrollo de las fuerzas productivas no era compatible con un mundo fragmentado en mercados nacionales. Los acuerdos del GATT: liberalización comercial multilateral ampararon física y legalmente la penetración de las transnacionales en los mercados a nivel global eliminando las fronteras económicas nacionales que implicaban pagar altos costos de transacción e instalación.

Las empresas transnacionales (ET) son los principales beneficiarios de un mercado mundial, donde desarrollan una gran parte del comercio entre sus filiales, que potencia enormemente los beneficios que se obtienen por los avances tecnológicos y las economías de escala. Explotan todos los espacios legales en cualquier parte del mundo para conseguir capital, trabajo y todo tipo de recursos e insumos más baratos para desarrollar un triple proceso de reducción de costos: re-localizan sus plantas productivas; centralizan sus procesos administrativos y financieros; tercerizan los aspectos logísticos.

Se agudizó, en ese marco, la tendencia dominante de la economía capitalista el proceso de concentración de la propiedad y las alianzas estratégicas.

La apertura comercial y financiera señalada anteriormente, fue acompañada por cambios institucionales tendientes a reducir el papel del Estado, siendo la privatización de empresas públicas uno de los aspectos más notables. El proceso de desregulación afectó fundamentalmente la relación capital trabajo con los procesos de flexibilización que buscan incrementar la tasa de ganancia. Fue la época del desmantelamiento masivo de organizaciones sindicales.

En este proceso "las iniciativas de integración regional representan un tercer nivel de reforma de política comercial, que apuntan a complementar la liberalización unilateral y multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta" [2].

Primero fueron las políticas del Consenso de Washington; luego vinieron las llamadas reformas de segunda generación que han pretendido expulsar el poder político del ámbito de la economía; ahora, en la tercera fase de este proceso, la "neocolonización": la ocupación física de nuestros territorios para llevar adelante una división internacional del trabajo que adjudica a nuestro continente el papel de proveedor de materias primas en bruto o con poco valor agregado.

DOS. En este marco se inscriben los megaproyectos de la "Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sur América" (IIRSA), impulsados como complemento del ALCA, pero que se mantiene como meta en el marco de los tratados binacionales de protección de inversiones que firman los gobiernos progresistas.

La IIRSA busca unir varios países y sectores productivos para canalizar, en forma rápida y económica, los flujos de comercio a través de un mejoramiento de la infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones. Está dirigido, fundamentalmente, a los complejos y cadenas productivas con grandes economías de escala y capacidad exportadora, mayoritariamente, en manos extranjeras. Su objetivo esencial es la extracción, rápida y económica, de nuestros recursos naturales, a la vez, que facilita la instalación de la llamada "industria sucia".

Implica, además, "el repliegue del Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de nuevos marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos servicios, la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control de los servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de nuevos operadores nacionales e internacionales, son los rasgos comunes de esta transformación histórica". [3]

Lo paradójico es que estos proyectos y la determinación de diseñar y avanzar en las obras reúne a gobernantes de diferentes orillas ideológicas. El proyectado "Puerto de La Paloma", que se mantuvo en estricta reserva durante años, y las megaplantas de celulosa se inscriben en ese marco.

TRES. La situación es descripta por Eduardo Galeano con meridiana claridad: "Según la voz de mando, nuestros países deben creer en la libertad de comercio (aunque no exista), honrar la deuda (aunque sea deshonrosa), atraer inversiones (aunque sean indignas) y entrar al mundo (aunque sea por la puerta de servicio)".

Esta estrategia que no surge, ni forma parte del programa del FA contradice décadas de lucha del movimiento popular y las finalidades del Uruguay productivo. No es posible construir una nueva sociedad manteniendo fundamentos del modelo neoliberal y profundizando la extranjerización económica. No se puede ir hacia el Sur y hacia el Norte al mismo tiempo.

Hoy, a cuarenta años de la muerte del heroico y legendario "Che" Guevara, sólo cabe enfrentar la expansión capitalista —en su fase "neocolonial" — y su expresión local —la retórica progresista que malvende nuestro patrimonio y busca el TLC con los Estados Unidos— con una imprescindible respuesta nacional, popular y democrática que apunte a un horizonte socialista. El Congreso del Pueblo es un paso en esa dirección. *

(*) Antonio Elias es docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)