Uruguay eludiendo la impunidad

El gobierno tiene ganas de terminar con la impunidad. Por ello impulsará una ley que declare como delitos permanentes e imprescriptibles los casos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Con la aprobación de la norma se busca superar el escollo que presenta la ley de caducidad para perseguir y castigar a los violadores a los derechos humanos.

Por Walter Pernas
Brecha. Uruguay, domingo 23 de Octubre de 2005

La bancada del ep-fa pretende "una ley que aterrice las convenciones internacionales que el Estado ha firmado. Y nuestra postura es que si hay delito continuado y permanente, abarca el período de la dictadura", dijo a BRECHA el senador Enrique Rubio. El presidente de la Vertiente Artiguista señaló que el proyecto de ley para la creación de la figura de desaparición forzada puede ser la puerta de entrada para que los represores del período de facto sean encarcelados. Pero "si no es por esa vía, será por otra" iniciativa parlamentaria, aseveró el legislador.

El tema se encuentra en una etapa de consultas jurídicas y políticas que tienden a preparar el terreno para cuando la oposición, o parte de ella, argumente que la ley no puede ser retroactiva. "La visión del gobierno es que aunque la ley se vote hoy, valga para los hechos de la dictadura", remarcó Rubio.
Según el legislador, la idea no es "entrar a revisar o no la ley de caducidad" sino explorar un camino que permita "cumplir" con las convenciones internacionales y, por consiguiente, con las recomendaciones realizadas en 1992 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Si bien las conversaciones por este asunto se mantienen desde hace algunas semanas, la clausura del expediente judicial por la desaparición de María Claudia García de Gelman hizo entender al gobierno que, a priori, el único camino "de fondo" para resolver los casos de impunidad es el parlamentario, dijeron a BRECHA fuentes del Poder Ejecutivo.

EL DISPARADOR.

La sentencia firmada el miércoles 19 por el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno dejó claro que, en Uruguay, la justicia no va a encarcelar a los indagados -sean éstos delincuentes comunes, torturadores o asesinos- si la fiscalía no tiene intención de perseguirlos penalmente.
"El tribunal no puede obligar al señor fiscal a hacer lo que éste no quiere hacer", asevera la resolución que clausuró la investigación por la desaparición en 1976, en Montevideo, de la joven María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
Este fallo se emite en una semana muy particular para Uruguay en relación con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El lunes 17 la CIDH decidió enviar una delegación a Montevideo a fin de monitorear si el Estado cumple o no con las recomendaciones que el organismo realizó en 1992, cuando sostuvo que la ley de caducidad viola las normas internacionales de derechos humanos firmadas por Uruguay, y que por tanto se debe perseguir y condenar a los torturadores y asesinos del período represivo.
El archivo del expediente de María Claudia implica un paso atrás del Estado -o al menos el retorno a una situación similar a la que se vivía durante el gobierno de Jorge Batlle- respecto a las recomendaciones de la CIDH, que ya tienen 13 años de incumplimiento.

Los hechos demuestran que sólo con voluntad política no alcanza para que los responsables de las violaciones a los derechos humanos sean individualizados y castigados penalmente. Esa intención muere ante la presencia de una ley de caducidad que, como un barco a la deriva, puede varar en cualquier orilla. Si el timón lo toma una fiscal como Mirtha Guianze, hay posibilidades de que los criminales sean enjuiciados, pero si el que está en el puente de mando es un magistrado como Enrique Moller, el naufragio de la pretensión punitiva es y será un hecho.

Pero la ley existe -a pesar de las recomedaciones de la CIDH- y eso permite esta dualidad de criterio a la hora de investigar. Existe porque la aprobó el Parlamento en 1986 y la ratificó la ciudadanía en 1989, y porque el Poder Legislativo nunca se propuso derogarla, ni tampoco ningún gobierno tuvo hasta ahora intenciones de impulsar su abolición (véase recuadro). De allí que la novedad aportada por el senador Rubio implique un cambio radical de escenario.

ARCHIVO 3 - JUICIO 0.

En el acuerdo semanal del Tribunal Penal de Segundo Turno se firmó una resolución esperada con expectativa, no sólo por la familia involucrada sino por dos gobiernos -el de Vázquez y el de Néstor Kirchner- y por las organizaciones de derechos humanos. No hubo discordia : los tres ministros (Alfredo Gómez Tedeschi, William Corujo y Bernadette Minvielle) entendieron que el caso de la desaparición de la nuera de Gelman debe ser archivado.

Pero los magistrados no valoraron si la ley de caducidad se aplica o no a este caso, ni consideraron la opinión del Ejecutivo. Basaron su fallo en el principio del proceso penal uruguayo que ubica al Ministerio Público como titular de la acción penal : el fiscal es el único que puede pedir procesamientos y acusar, pero si manifiesta que no va a ejercer la acción punitiva, el juez queda literalmente con las manos atadas. No puede firmar una sentencia contra los denunciados, y -según el tribunal- ni siquiera continuar con el proceso abierto en contradicción con el fiscal.

La terna judicial consignó que el "curso de razonamiento" seguido por el juez Gustavo Mirabal luego de que el fiscal Moller pidiera el archivo del expediente, derivó en que las actuaciones "transitaran un inexplicable periplo procesal" que causó "estupefacción" en el tribunal, según señala el fallo.

Mirabal intentó proseguir con la indagatoria a fin de encontrar a los responsables del crimen de María Claudia, aun cuando el fiscal había alegado que con la ley 15.848 "caducó la pretensión punitiva del Estado" y que por ello "la investigación carece de objeto".
La resolución señala : "No existe indagatoria que se justifique por sí misma, sino que se realiza en vistas de la promoción de una pretensión penal por parte del acusador". Pero Moller adelantó que no iba a acusar a nadie.

Cuado el fiscal "con independencia técnica, estructuralmente dependiente del Poder Ejecutivo, pide el archivo de las actuaciones ello es definitivamente vinculante para el juez", argumentó Corujo. El tribunal dictaminó entonces que Mirabal debió archivar el caso porque "ineluctablemente, la decisión es una, y ella, en su momento debió asumirse por el juez", quien "ignora la realidad o pretende soslayarla".

Además, la terna esgrimió que en sentencia dictada el 15 de noviembre de 2004, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) afirmó que en este caso hay "cosa juzgada" y que ello implica no volver a investigar los hechos.
El abogado de la familia Gelman, José Luis González, presentará un recurso de casación ante la SCJ. Esa es la última posibilidad de que el caso sea reabierto. No obstante, la integración actual de la SCJ es la misma que hace un año declaró la calidad de "cosa juzgada".

AUDIENCIA INTERNACIONAL.

Dos días antes de conocerse ese fallo, la CIDH decidió acoger un planteo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) a fin de monitorear la actuación del Estado uruguayo en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el organismo internacional en 1992.
No se trata de una tarea sencilla para el gobierno, pues cumplir con el informe 29/92 de la CIDH implica derogar la ley de caducidad.

La comisión señaló hace 13 años que esa ley viola el artículo XVIII (Derecho de Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención sobre Derechos Humanos, firmados por Uruguay. Recomendó entonces al Estado la "adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante el período de facto". Pero nada de esto ha pasado.

El informe del IELSUR ante la CIDH afirma : "Desde 1992 a la fecha el Estado uruguayo ha incumplido en forma abierta y contumaz con las recomendaciones del informe 29/92. Dicho incumplimiento ha tenido como protagonistas a los tres poderes del Estado".
Así, sostiene que el Poder Legislativo es responsable por no adecuar la normativa a lo previsto en las recomendaciones de la CIDH : un Estado integrante del sistema interamericano, para respetar la obligación de garantizar la vigencia de los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos "no puede mantener en su fuero interno" una ley que la CIDH declaró incompatible con dicha convención.
El informe también destaca que la responsabilidad del Ejecutivo radica en que no ha iniciado ni sustanciado "investigaciones serias, exhaustivas e imparciales". Y sobre el Poder Judicial apunta que la SCJ se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de la ley de caducidad y que, luego del informe de la CIDH, "no ha variado su posición al respecto, pudiendo hacerlo de oficio conforme con la ley procesal nacional".

Agrega que los jueces penales "han clausurado las investigaciones en aplicación de la ley de caducidad" y que éstas no han sido reabiertas luego de las recomendaciones del año 92. "Todo ello implica que el Estado uruguayo ha adoptado la posición institucional de omitir -deliberadamente- la aplicación de las recomendaciones emanadas del Informe 29/92, haciendo prevalecer en cambio una ley de amnistía, que desde su aprobación hasta la fecha ha tenido una aplicación ininterrumpida, continua e inexpugnable", señaló el representante del IELSUR, Jorge Pan, en el informe citado.

Y añadió que, de este modo, las víctimas de las violaciones de derechos humanos y la sociedad "han encontrado en la ley de caducidad una barrera infranqueable a la plena vigencia de instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Uruguay".

SEGUIMIENTO A URUGUAY.

No obstante lo anterior, el IELSUR destacó que el actual Ejecutivo "ha emitido señales y emprendido acciones que significan un cambio positivo con relación a la política del Estado en materia de derechos humanos". Resaltó que el gobierno de Tabaré Vázquez inició investigaciones administrativas para conocer la suerte de los desaparecidos, y que ello "evidencia una actitud distinta con respecto a las Fuerzas Armadas, exigiéndoles que revelen la información que tienen celosamente guardada desde el retorno a la democracia". Indicó también que el gobierno presentó un proyecto de ley de ausencia por desaparición forzada que declaró fuera del alcance de la ley de caducidad a los mandos militares, y que el presidente manifestó que dará trámite a los pedidos de extradición que lleguen desde el exterior para militares violadores de los derechos humanos.

No obstante, precisó que estos "avances" se siguen enmarcando "dentro de lo dispuesto por la ley de caducidad". Y para el IELSUR ese es el punto medular : "Se abren dos caminos paralelos e irreconciliables : o se cumple con lo dispuesto en la ley de caducidad o se cumple con el informe 29/92".
Si se opta, como lo ha dicho expresamente Vázquez, por el primer camino, entonces "las buenas intenciones que el gobierno pueda tener, se encontrarán nuevamente con las limitaciones de una ley de amnistía cuyo texto y espíritu es mantener la impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad", aseguró Pan. Y reafirmó que si la opción es por el cumplimiento de lo dipuesto en el informe de la CIDH "se logrará la plena vigencia de los derechos humanos".

Para ello es necesaria una investigación "seria, exhaustiva e imparcial" que sólo puede realizar "el Poder Judicial", subrayó el IELSUR. Pero aclaró que el Poder Ejecutivo deberá remitir toda la información a los jueces para que reabran las investigaciones clausuradas por la ley de caducidad. El gobierno tendrá que dar trámite a todas las solicitudes de extradición y conferir "igual trato a los casos de personas detenidas-desaparecidas y a los de ejecuciones sumarias".

Apuntó que el Legislativo deberá adecuar la legislación interna "procediendo a la derogación de la ley de caducidad, que es el único camino para salvar su incompatibilidad con la Conveción Americana sobre Derechos Humanos". Y que la SCJ tendrá que "dejar sin efecto la anterior declaración de constitucionalidad de la ley", en tanto los jueces deberán "reiniciar las investigaciones clausuradas" por la norma.
Si todo ello sucede Uruguay quedará en paz con las convenciones de derechos humanos que ha firmado.
De todas maneras el gobierno ganó tiempo para reacomodar su actuación frente a la CIDH, pero sabe que una delegación del organismo internacional un "monitoreo directo" y realizará una "visita de seguimiento" antes de que se lleve a cabo una nueva audiencia en 2006.

Si la valoración de los observadores sobre la actuación del Estado es positiva, el gobierno habrá sorteado un enorme escollo. Pero si sucede lo contrario es posible que un representante del Estado deba escuchar un fallo de la CIDH presumiblemente de condena. Eso es precisamente lo que quiere evitar el gobierno mediante la aprobación de una ley que termine con la impunidad.
El Estado ante la comisión

El gobierno uruguayo señaló ante la CIDH que la política de la nueva administración dio un "viraje fundamental" en materia de derechos humanos. "El gobierno de mi país está embarcado en un proceso de decisiones sin precedentes, directamente conducentes al esclarecimiento de las amargas y dolorosas circunstancias y episodios de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Uruguay", dijo el representante del Estado uruguayo ante la OEA, Juan Fischer, en la audiencia que se desarrolló en la sede de la CIDH.

Añadió que el gobierno está "poniendo particular énfasis en la búsqueda y determinación de la situación de los desaparecidos pendiente desde hace más de 20 años". El funcionario resaltó que el gobierno de Vázquez ha encarado un proceso destinado a "profundizar la averiguación de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, marcado por la transparencia y la determinación".

El diplomático repasó la postura del gobierno en cuanto al cumplimiento del artículo 4 de la ley de caducidad, a la exclusión de varios casos del amparo de la norma -entre ellos, los previos a la dictadura- y a la no obstaculización en materia de extradiciones.
"Este giro sin precedentes viene acompañad o por un gran respaldo moral de la opinión pública. Las encuestas de opinión pública no hacen más que traducir la aprobación frente a las decisiones que ha venido tomando nuestro gobierno", señaló Fischer.