Un saqueo premeditado : a un año de la hecatombe financiera de Uruguay

La verdadera historia de la crisis financiera sugiere un meticuloso saqueo con la ayuda solícita del gobierno.

Por Samuel Blixen
BRECHA

Hace exactamente un año el gobierno colorado de Jorge Batlle imponía el corralito para los depósitos de cinco bancos (República, Hipotecario, Comercial, Montevideo y de Crédito). La medida sobrevenía después de seis meses de ’corrida’ bancaria, de una fuga de capitales que afectó a casi el 40 por ciento de los depósitos, de una asistencia a las instituciones privadas que costó más de 1.200 millones de dólares, de una devaluación de la moneda del 30 por ciento, de múltiples ilegalidades y manipulaciones inconstitucionales, y de un acuerdo con el FMI que hipotecó al país por los próximos 20 años, refrendado por una mayoría parlamentaria que necesitó apoyarse en la historieta de los saqueos y las invasiones de hordas de marginados para camuflar la genuflexión ante la inflexibilidad y la voracidad del poder financiero trasnacional.

Al comenzar agosto de 2002 el gobierno colorado orquestaba un entierro de lujo para un Uruguay cuya muerte había sido anunciada en enero. La versión oficial de la historia dice que el ministro de Economía Alberto Bensión intentó frenar la ’corrida’ bancaria iniciada con la detención de Carlos Rohm, uno de los dueños del Banco Comercial, ordenada por una jueza argentina el 20 de enero de 2002, y evitar el tan temido default, pero fracasó porque -explicó un año después a los diputados que investigan su actuación- las ’corridas’ se frenan con dinero y a él no le alcanzaron las reservas del Banco Central (BCU). Algunas crónicas que recogen la indulgente versión de los hechos divulgada por el propio Bensión, se demoran en los efectos gástricos de una pizza que compartía con sus hijos en un boliche de Gorlero, en Punta del Este, y que se le atragantó cuando recibió en su celular la noticia del desfalco de los Rohm. En su última comparecencia ante la comisión investigadora de Diputados sobre la crisis financiera, Bensión depositó toda la responsabilidad del desplome de la plaza financiera uruguaya en la conducta delictiva de Carlos y José Rohm. Así de fácil : dos banqueros inescrupulosos se roban 250 millones de dólares y un país se hunde en la bancarrota.

La historia es algo más que pizza, lágrimas y ladrones. La simpleza de las explicaciones de Bensión empieza por escamotear su propio protagonismo en los hechos, un protagonismo referido a su doble condición de ministro, que antes de la detención de Carlos Rohm había recibido múltiples señales de la tormenta que se avecinaba, y antiguo asesor del Banco Comercial. Bensión sabía exactamente quiénes eran los hermanos Rohm y, más aun, quiénes eran los verdaderos dueños del Comercial. Los Rohm ejercían la gestión de este último, y de su mellizo Banco General de Negocios en Buenos Aires, porque habían sido expresamente delegados por los otros tres dueños que detentaban en conjunto el 75 por ciento del capital accionario, a saber : David Mulford, representante del Crédit Suisse/First Boston, Brian O’Neill, del J P Morgan/Chase, y Holger Sommer, del Dresdner Bank.

Bensión sabía que Brian O’Neill y David Mulford (pero en especial este último, suegro de José Rohm) venían digitando el endeudamiento externo de Argentina, desde la aplicación del Plan Brady, un mecanismo para que los bancos acreedores tuvieran rápidas ganancias vendiéndole al Estado, a precio nominal, bonos de deuda depreciados. Mulford, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos durante la presidencia de George Bush padre, fue uno de los comensales que en enero de 2000 se sentaron a la mesa de Carlos Rohm en su residencia de La Recoleta, donde se proyectaron las grandes especulaciones financieras que se desplegarían en los años siguientes en Argentina y en Uruguay ; los restantes comensales eran el presidente saliente Carlos Menem, el presidente electo Fernando de la Rúa, el ex presidente George Bush padre y el presidente electo de Uruguay, Jorge Batlle. Ninguno de ellos ha brindado hasta ahora una información, aun somera, de los motivos que los reunieron alrededor de una mesa. Pero un año más tarde, con el fantasma del default sobre su cabeza, el inefable De la Rúa convocó a Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad durante la primera presidencia de Menem, para que salvara a Argentina del desastre. Orientado por su amigo personal David Mulford, Cavallo impulsó el llamado megacanje de títulos de deuda, para resolver un problema de vencimientos de pagos por 13 mil millones de dólares. Mulford y su yerno José Rohm instrumentaron personalmente el pool de bancos que administraría el canje. El megacanje, por la vía de la reprogramación de vencimientos y la reliquidación de intereses, aumentó el endeudamiento argentino en más de 40 mil millones de dólares. El FMI, que había autorizado la operación, después del saqueo puso a Argentina al borde del precipicio.

El escándalo -que otorgó ganancias suplementarias al Crédit Suisse, al JP Morgan y al Citigroup, principales tenedores de los bonos y que, además, cobraron 130 millones de dólares por administrar el canje- desembocó a fines de 2001 en el procesamiento por estafa de Mulford y Cavallo. Para entonces el llamado ’informe Carrió’, elaborado por la notoria diputada del ari, congestionaba Internet con detalladas pruebas de los negociados, fuga de capitales y lavado de dinero, en los que los nombres de Mulford y Rohm se repetían hasta el cansancio. Pero ninguna pizza atragantó la digestión de Bensión en el año nuevo de 2002, a pesar de que los servicios técnicos del Banco Central (BCU) advertían sobre las maniobras de vaciamiento en el Banco Comercial de los Rohm, Mulford y O’Neill, y cuando el default argentino proyectaba su sombra sobre la plaza uruguaya.

En enero se produjo el desplome de la sucursal uruguaya del argentino Banco de Galicia ; y a mediados de febrero de 2002 el BCU ya había puesto 50 millones de dólares para sostener al Comercial, víctima de una lógica corrida de depositantes. El presidente Batlle y su equipo económico instrumentarían una estrategia que se apoyaría en una premisa inalterable : ningún banco sería intervenido, el Estado sostendría la liquidez de la plaza y se evitaría el default. Una gestión encabezada por el propio Batlle y por Bensión sugería que el gobierno reclamaba de los dueños del Comercial el flujo necesario de capitales para sostener su actividad. A fines de febrero de 2002 Batlle y Bensión incurrieron en la primera gran mentira a la población, al anunciar que los socios del Comercial, el Morgan, el Dresdner y el Crédit Suisse, capitalizaban el banco con 100 millones de dólares. En realidad, se trató de un préstamo concedido al gobierno, en condiciones leoninas y amparado por un contrato que Bensión mantuvo en secreto hasta mediados de año. La política oficial consistía en endeudarse con los dueños del Comercial y a la vez comprometerse para poner el dinero que fuera necesario a efectos de que la institución no cayera.

Fue la primera evidencia de que el gobierno, y en especial Bensión, administraban la crisis según los intereses del capital trasnacional, de manera tal que los bancos extranjeros pudieran poner a salvo el dinero en el exterior mientras el Estado se endeudaba para tapar un barril sin fondo. El convenio secreto no fue la única ilegalidad que Bensión osó cometer a efectos de privilegiar a sus amigos banqueros : ordenó transferencias de fondos sin las autorizaciones correspondientes y presionó al BCU para que extendiera la asistencia financiera al Comercial violando las normas sobre los patrimonios negativos de los bancos. Cada vez que se enfrenta a la evidencia de sus ilegalidades (hasta hace una semana, en que se publicó su correspondencia con el directorio del BCU, había negado su responsabilidad en el episodio) Bensión se justifica afirmando que cualquier medida era lícita para asegurar la estabilidad de la plaza financiera. Pero lo cierto es que después de todo el esfuerzo se perdieron cuatro bancos y se debilitó seriamente al República ; la plaza financiera, para Bensión, son los bancos extranjeros o los dueños de los bancos fundidos y vaciados. Las investigaciones sobre la administración de la crisis revelan que el gobierno puso 700 millones para sostener al Comercial y preservar a los Mulford y los O’Neill quienes, según las evidencias, se beneficiaron de las maniobras de vaciamiento de sus socios los Rohm. Y a pesar de toda la generosidad, de la asistencia y de los convenios secretos, los antiguos dueños del Comercial terminaron iniciando juicio al Estado uruguayo.

La versión edulcorada del propio Bensión dice que renunció al ministerio cuando la corrida agotaba el dinero disponible. Sin embargo, la grabación de una conversación telefónica entre el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, y el diputado quincista Jorge Barrera revela que Bensión ’se entregó’ al FMI y que pretendía ’matar’ a Uruguay con un proyecto de ley que imponía un default total, a la medida de las pretensiones del organismo internacional.

Bensión fue desplazado de la conducción económica, pero no parece haber cambiado mayormente la filosofía oficial porque, sin él, el gobierno terminó pactando con el FMI un canje de deuda externa que, según los cálculos del senador socialista Reinaldo Gargano, incrementó la deuda pública en 2.759 millones de dólares. La historia verdadera, todavía por descubrir en todos sus detalles, sugiere que entre enero y agosto de 2002 los hombres de los bancos en el gobierno dilataron el entierro de la plaza financiera a los solos efectos de facilitar el saqueo de las reservas del país y la transferencia de divisas al exterior.