Transnacionales y privatización (parte I)

Por Walter Chávez
15 de marzo del 2004

El Delegado Presidencial para el estudio de las grandes privatizaciones de Bolivia, Juan Carlos Virreira, expone en la presente entrevista las implicancias políticas de ese proceso y advierte que la situación ventajosa de las transnacionales petroleras, que el Gobierno actual ha prometido cambiar, no puede durar porque a la larga puede generar violencia.

Empezaremos recordando que esta oficina es un logro del Febrero Negro (estallido social del 12 y 13 de febrero de 2003), que su cargo es casi una imposición del movimiento social.
– Bueno, esta oficina es ciertamente producto de los hechos de febrero, pero también se debe a una petición muy particular del ex presidente Jaime Paz Zamora. A finales de febrero de 2003 empezamos nuestro trabajo, pero hasta junio no teníamos ni los fondos ni las oficinas ni los expertos para empezar a trabajar. Ahora estamos en la etapa final, en la presentación de los últimos informes sobre los costos de la Capitalización (privatización), las tarifas de las empresas y las conclusiones y propuestas para enmendar la Capitalización. Y también nos queda el tema de la Nerón (transnacional norteamericana beneficiaria de la privatización), un tema muy interesante.

Hasta aquí hubo dos posiciones respecto a la Capitalización: una, del lado popular, que pedía su revisión; y otra, desde el lado elitario, que decía ’eso no se puede revisar porque se pone en duda la fe del Estado’.
– Creo que está quedando claro que se precisaba una revisión de la Capitalización. Hasta hoy toda la información estaba dispersa, casi extraviada, y lo que hemos hecho con este trabajo es conocer, con documentos de respaldo, la realidad de lo que fue un proceso que le costó al Estado 188 millones de dólares. La ciudadanía ha accedido a información importantísima sobre cómo operaron las empresas que vinieron a capitalizar, cuánta de la inversión que dicen que hicieron se puede comprobar con documentos, cuánto se pagó a los asesores locales y extranjeros de la capitalización, etc.

¿Cuál es la lección central que a usted le ha dejado la revisión de los documentos de la Capitalización?
– Que tenemos un Estado débil y en otros casos debilitado por ciertas élites políticas que, por su ortodoxia neoliberal y bajo el pretexto de implementar un modelo económico moderno, le quitaron al Estado sus capacidades de fiscalización que le hubieran permitido enmendar las deficiencias que se producen en el mercado como las tendencias monopólicas.

La información que usted puso en Internet evidenció que hubo un grupo de profesionales bolivianos que desde distintos espacios y con distintas competencias asesoraron el proceso de Capitalización. Esos profesionales se convirtieron en los convalidadores ideológicos de la Capitalización, escondieron sus falencias y por eso quizás empresas fraudulentas como la Enron aquí ni siquiera fueron investigadas.
– Ciertamente la Enron ha sido denunciada como empresa fraudulenta. Pero lo más grave es que en países en los que operó, como la India, está claramente establecido que actuó de manera irregular. Aquí en Bolivia, la Enron llegó de una manera que ya fue cuestionada, con contratos firmados en Estados Unidos -el famoso contrato firmado por Goñi-, no cumplió con lo que debería haber hecho, no consiguió financiamiento para el gasoducto a Brasil, como era su obligación contractual y, sin embargo, obtuvo muchas ventajas.

Eso se debe aclarar, si hay o no responsabilidad de las autoridades de entonces. Eso debe conocerlo el país.

Para precisar más, ¿usted sostiene que en el caso de la Enron hubo algo irregular?
– Eso creemos que lo vamos a mostrar con documentos. Esa empresa llegó a Bolivia sin poner nada y más bien el Estado le pagaba por venir. Eso lo expondremos detalladamente en nuestro informe.

Usted es consciente de que su trabajo, aun cuando se basa en documentos, no tiene ningún eco, no genera procesos. Hasta hoy ni el gobierno lo tiene en cuenta ni la oposición lo toma como fuente de investigaciones y hasta es cuestionado en tono de burla por las empresas capitalizadoras (privatizadoras).
– Bueno no hay un eco en los sectores que uno esperaría, pero siento que este trabajo ha sido importante para la gente. No quiero entrar en una autovaloración de mi trabajo, pero siento que la ciudadanía, más que las élites, a partir de la información que desde aquí le damos, está comprendiendo qué se hizo con sus empresas, con el ahorro nacional de más de 70 años. Y eso me importa mucho y me gratifica porque en última instancia creo que ha quedado claro que las élites y los partidos políticos toman decisiones pero sólo coyunturales, las decisiones trascendentales las toman los ciudadanos, ¿no?.

Como en febrero y octubre (en octubre una vasta protesta social obligó a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada).
– Creo que sí.

Ciertos comentaristas difundieron y difunden la idea de que no hay que revisar nada para no ahuyentar la inversión extranjera.
– Mire, en los países desarrollados, los inversionistas operan bajo el principio de que tienen que ganar, pero respetando la normatividad -sin inventarse normas especiales-, siendo fiscalizados, entregando toda la información que se les pide y dejando ganancias también para el país. Aquí, en cambio, se emplea mucho el concepto de ’seguridad jurídica’ para evitar que las empresas sean fiscalizadas y así de alguna manera se protege a los malos inversionistas, como la VASP o la Enron. Creo que más bien a los malos inversionistas hay que ahuyentarlos, que no vengan para que no incurran en corrupción aquí.

La opinión pública, con datos o sin datos, intuía que había sido defraudada por la Capitalización. La violencia en que vivimos es parte de eso. Y en esto tuvieron mucho que ver las propias élites que, alrededor de Sánchez de Lozada, impulsaron la Capitalización.
– Como en cualquier sociedad, si un accionista percibe que su socio no es muy transparente entonces se violenta, toma medidas y protesta. Yo lo he dicho claramente, las compañías del sector petrolero que vinieron a capitalizar tienen modos de trabajo muy transparente en otros países, pero aquí no. Y tienen otra conducta porque quienes hicieron la Capitalización, aun siendo expertos internacionales, gente con muchísima información que sabía cómo se manejan los contratos internacionales, no les exigieron toda la transparencia que se precisa, no les exigieron que entreguen toda la información para saber de las inversiones que hacen, de los sueldos que pagan a sus ejecutivos.