Todos miran a Iraq pero Sudamérica debe evaluar Colombia

Escenario del secuestro de periodistas extranjeros, epicentro de la controversia por el bombardeo a Santo Domingo y eje de una disputa entre narcos y guerrilla, Arauca es hoy el principal laboratorio del conflicto colombiano.

El miércoles pasado, el mismo día en que Francia y Alemania desafiaron a USA y se pusieron en contra de una intervención militar en Iraq, en Colombia las autodefensas (o paramilitares) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional, procubano) secuestraron a dos grupos de periodistas estadounidenses que se encontraban en Urabá y Arauca, en las fronteras con Panamá y Venezuela.

La respuesta de USA por la actitud de Francia y Alemania fue dura; contraste, frente al secuestro de sus ciudadanos en Colombia, Washington DC guardó silencio, seguramente por el anuncio de que los periodistas serían liberados de inmediato, tal como ocurrió en la noche del jueves cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron a los dos estadounidenses y un alemán, en la localidad de Unguía, en Chocó.

Pero algo distinto puede ocurrir con los corresponsales del periódico Los Angeles Times secuestrados por el ELN en Arauca.

Al menos eso quedó en claro tras el pronunciamiento del bloque de guerra nororiental del ELN, que el jueves reconoció haber retenido a la reportera británica Ruth Morris y al fotógrafo estadounidense Scott Dalton, quienes habían viajado al oriente de Colombia con el propósito de hacer algunos reportajes para el periódico estadounidense.

Los guerrilleros salieron al paso de versiones militares que daban cuenta de que los comunicadores habían concertado una entrevista en las montañas con algunos líderes de esa organización insurgente. No obstante, trascendió en Bogotá que en la mañana del martes, tras su arribo a Arauca, Ruth Morris se comunicó con un colega a quien le dijo que ya había logrado un contacto con el ELN para entrevistar a sus comandantes en la frontera con Venezuela.

Para explicar el secuestro, el ELN difundió un comunicado que afirmó que los periodistas ingresaron sin permiso a una región que estaba bajo su control y según ellos fue declarada "zona de guerra por el Gobierno norteamericano y el Estado colombiano". En la parte final de su parte, los terroristas dijeron que estaban en capacidad de garantizar la seguridad de los retenidos, pero aclararon que su liberación se produciría cuando hubiera garantías políticas y militares en el país. Esta comunicación del ELN fue interpretada como una excusa para mantener secuestrados a los corresponsales extranjeros.

Esto ocurrió en uno de los departamentos más convulsionados de Colombia y donde los organismos de seguridad del Estado y las autoridades judiciales han desplegado una enorme actividad contra la alianza narcotráfico-guerrilla.

Si bien es conocido el dominio de los grupos al margen de la ley de extensas zonas del departamento, desde el 11 de enero el Ejército y la Fiscalía han capturado a 27 personas, consideradas claves para desmantelar el poder que tienen en la región esas organizaciones, que utilizan la frontera con Venezuela para actuar a sus anchas.

Los primeros indicios de lo que ocurría fueron obtenidos en abril de 2001 cuando el Ejército y la Fuerza Aérea desarrollaron en el departamento de Guaviare la operación Gato Negro, que pretendía acabar con la alianza entre el Negro Acacio, comandante del Frente 16 de las Farc y el narcotraficante brasilero Luís Fernando da Costa, alias Fernandinho Beira Mar, quien fue capturado y extraditado a Brasil.

En los campamentos subversivos en aquella región las tropas hallaron libros de contabilidad que contenían los registros del pago de grandes sumas de dinero a comerciantes y personalidades de Arauca, así como la relación de compra y venta de varios cargamentos de cocaína de propiedad del Frente 10 de las Farc al mando de Germán Suárez, Grannobles, hermano del Mono Jojoy.

Si el secuestro de los dos periodistas extranjeros se prolonga en el tiempo y el ELN continúa los ataques contra el oleoducto Caño Limón Coveñas -que la semana pasada no bombeó petróleo a causa de dos atentados-, los ojos del país y de la comunidad internacional, con USA a la cabeza, se volverán sobre Arauca.

Entonces, las autoridades desplegaron la operación Capital I que condujo a la captura de esas 27 personas, gente que al parecer permitían el trasiego de la droga y facilitaban el transporte de grandes cantidades de dólares producto del tráfico de alcaloides.

La operación no pudo dar con el paradero de los hermanos Ríos, un clan conformado por ocho hermanos y comandado por Didier Ríos, de quien los funcionarios judiciales dicen tener información suficiente para asegurar que es el principal contacto del Negro Acacio en la región.

La fuga del sospechoso encaminó a las autoridades hacia otros objetivos y por ello hace dos semanas fueron capturadas en Arauca ocho personas, conocidas en la región. Los habitantes de la capital no podían creer que la Fiscalía hubiera autorizado, por ejemplo, la retención de Fabio Alonso Cedeño, hermano del actual alcalde del municipio de Arauca, Héctor Sánchez Noval; y de Diover Galvis Cárdenas, conocidos comerciantes de la región, quienes fueron señalados como colaboradores de los frentes 10 y 16 de las Farc.

Más capturas

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando patrullas encubiertas capturaron el mismo día al médico Ciro Alejandro Peña, quien en 1998 practicó las necropsias de 18 campesinos que cayeron muertos durante una operación desarrollada por la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), en el municipio de Santo Domingo Arauca. Peña es acusado de haber cambiado el informe balístico que le significó a la FAC perder una parte de la ayuda de USA y la descertificación de la base de Palanquero.

Estos cuadros, que dibujan el complejo panorama que se vive en Arauca, convierten al departamento petrolero en el principal laboratorio de la guerra que se libra en Colombia.

El médico Ciro Alejandro Peña está recluido en los calabozos del DAS desde el 11 de enero pasado, y hasta la semana pasada pocos sabían de su existencia. Fue detenido en Arauca cuando las autoridades lo relacionaron con siete hombres, también capturados, con actividades tendientes a contribuir con la causa de las Farc en esa ciudad. El cargo por el que se le acusa es delinquir con fines de narcotráfico. En su defensa, él ha dicho que no ha tenido vínculos con grupos al margen de la ley y que tampoco ha participado o favorecido a los narcotraficantes de la región.

Pero su nombre tomó relevancia cuando USA suspendió la ayuda a la base aérea de Palanquero, a la que pertenecían las aeronaves y los pilotos de la FAC que en diciembre de 1998 desarrollaron una operación contraguerrillera en Santo Domingo, Arauca, en la que en forma confusa murieron 18 campesinos. Cuando ocurrieron los hechos, el médico Peña practicó las necropsias de las víctimas y hoy es señalado de haber adulterado el dictamen a favor de los intereses de las Farc.

Sin embargo, Peña ha dicho en repetidas ocasiones en su celda que él no estaba encargado de dictaminar si los campesinos murieron como consecuencia de un bombardeo desde el aire o de una explosión en tierra. Él asegura además que después de que culminó la acción militar fue citado en el cementerio de Tame con dos enfermeras y tres ayudantes para realizar varias necropsias.

En esa ocasión dijo en su informe que encontró 18 cuerpos calcinados y las esquirlas que halló en los restos se las entregó a la Fiscalía. "Solo me limité a entregar el dictamen médico. Estoy tranquilo y ni siquiera he sido requerido por autoridad alguna para hablar de ese suceso", dice Peña cada vez que alguien le pide una opinión sobre su participación en los hechos de Santo Domingo.