Tierras de Uruguay en manos extranjeras

Nuevos propietarios son sociedades anónimas que no invierten en el desarrollo local.

Por Pablo Long
Noticias Aliadas, 19 de Agosto 2004

Hasta hace dos años los hermanos González plantaban trigo y criaban vacas en un campo del departamento uruguayo de Soriano, en la frontera fluvial con Argentina. Endeudados con el estatal Banco de la República, se vieron forzados a vender sus tierras a una sociedad argentina. Hoy ya no hay ganado ni espigas doradas en "La Herencia" ; allí, reina la soja.

El sector agrario uruguayo padece una profunda crisis que ha hecho que el 10% del territorio nacional sea hoy propiedad de ciudadanos y sociedades anónimas extranjeras. Consecuentemente, se operó un fenómeno de concentración de la propiedad rural, que ha llevado a que en sólo tres décadas haya desaparecido el 40% de las explotaciones agropecuarias.

"Invasión pacífica"

Según la Dirección General de Registros (DGR), en el 2003 se vendieron casi 500,000 Ha, que equivalen a siete veces la superficie del departamento de Montevideo -664 km²- donde se encuentra la capital del país.

De aquel medio millón de hectáreas, el 22.5% fue comprado por brasileños, el 16% por argentinos y el 17.9% por europeos (una sociedad española y una sociedad holandesa). Es decir que el 56.4% de las tierras vendidas fue a parar a manos extranjeras y sobre un 28% de los otros compradores la autoridad oficial no pudo determinar el origen de los capitales.

Al igual que en años anteriores, los brasileños se concentraron en la región fronteriza noreste del país. Los argentinos compraron en el oeste, en los departamentos limítrofes con costas sobre el río Uruguay. Los primeros se interesaron en las plantaciones de arroz, los segundos se instalaron para cultivar soja.

"Podría decirse que estamos ante una invasión pacífica. A través de sus sociedades anónimas o de compradores individuales, Brasil y Argentina han penetrado en el país, prolongando sus territorios nacionales en suelo uruguayo", dijo Fernando Laviste, un productor del departamento occidental de Río Negro.

Del total de las operaciones de compra realizadas por extranjeros, el 74% corresponde a sociedades anónimas. "De tal forma, ahora no sabemos quiénes son los dueños de los campos, son personas jurídicas anónimas, lo que alimenta la posibilidad de fraudes y lavado de dinero", dijo el senador Carlos Julio Pereyra, del Partido Blanco.

"Los banqueros que en los últimos años estafaron a sus ahorristas también invirtieron el dinero robado en tierras compradas a través de sociedades que les aseguraban el anonimato", recordó Pereyra.

El senador brega desde hace años por cambiar la norma que permite que las sociedades anónimas sean titulares de establecimientos agropecuarios. Propone otra que exija que la tierra esté a nombre de personas físicas.

Impacto socioecónomico

"La extranjerización de la tierra a través de grupos anónimos provoca el desmembramiento del tejido social. Estas grandes corporaciones desplazaron a la familia rural y, como vienen con fines especulativos, también están desplazando al campesinado", dijo Ronald Rivoir, presidente de la Sociedad Rural de Colonia, departamento limítrofe con la Argentina.

"Esa gente expulsada del campo era socia de clubes deportivos, participaba socialmente en muchas actividades, colaboraba con entidades sociales o con la escuela, y esa gente no está más porque debió vender para saldar sus deudas. En su lugar ahora tenemos sociedades que no dejan ni un peso en el país, que hasta contratan sus seguros en el exterior", dijo Rivoir.

La central sindical PIT-CNT, la Asociación Rural del Uruguay -que agrupa a productores medianos- y el izquierdista Frente Amplio -el partido con mayores posibilidades de ganar las elecciones de octubre - han advertido sobre la gravedad de este proceso y reclaman la intervención del Estado y la prohibición de las sociedades anónimas como titulares de explotaciones rurales.

El gobernante Partido Colorado, el Partido Blanco -a excepción del senador Pereyra- y la Federación Rural, gremio de grandes terratenientes, están en las antípodas.

"No nos oponemos a las sociedades extranjeras, bienvenidas sean", dijo el presidente Jorge Batlle ante un grupo de productores que protestaba durante la inauguración de una muestra rural.

El gobierno es consecuente con lo que dice. No le otorga recursos al Instituto de Colonización para que pueda hacer uso de la prioridad de compra que le confiere la ley 11.029 de 1948, y distribuir la tierra entre los aspirantes a colonos. Y el Banco de la República sólo ofrece los campos que confisca a los productores endeudados.

Hace más de tres décadas que se viene observando este proceso de extranjerización de la tierra, pero se acentuó en los últimos cuatro años. Según el operador inmobiliario Alejandro Blasina, los capitales de las grandes corporaciones llegan al Uruguay con fines especulativos o para aprovechar las ventajas impositivas que se ofrecen.

Leyes favorables al proceso

La devaluación que en el 2002 llevó la paridad cambiaria de 15 a 30 pesos por dólar hizo que Uruguay se convirtiera en un "país muy barato" para las inversiones y eso favorece maniobras especulativas, dijo Blasina.

Sin embargo, para muchos analistas la clave está en la generosa política tributaria uruguaya hacia el sector rural. Los propietarios sólo pagan la contribución inmobiliaria y los aportes a la previsión social. En los años 90 se eliminaron dos impuestos de alto contenido social : uno con el que se financiaba la educación primaria y otro que gravaba el patrimonio.

Pero lo más importante es que en Uruguay no se aplican impuestos a las exportaciones agropecuarias, algo que para los productores argentinos y brasileños es gravoso, pero que permite a sus respectivos gobiernos recaudar fondos para financiar programas sociales, además de ofrecer la posibilidad de obtener créditos "blandos" a través de la banca oficial.