Tarifas de empresas públicas privatizadas en Argentina.

Un reciente estudio realizado en el Área de Economía de FLACSO [1] aporta importantes elementos de juicio en torno a un tema central, que no había sido abordado hasta ahora: el impacto de las privatizaciones sobre la distribución del ingreso, derivado de la evolución de los precios de los servicios y de su cobertura desigual.

A partir del procesamiento de datos surgidos de los relevamientos elaborados por el INDEC cada diez años, como la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares correspondiente al período 1985-1986 y la realizada - y recientemente procesada - durante el bienio 1996-1997, el trabajo de FLACSO demuestra que las privatizaciones han tenido un importante impacto regresivo sobre la distribución del ingreso de los distintos estamentos sociales.

La convergencia entre evolución de las tarifas y la cobertura de los servicios implicó una desproporción entre el ingreso de los hogares y el gasto destinado a los servicios de primera necesidad, en perjuicio de los más pobres. En 1997, una familia del nivel más privilegiado gastaba en servicios públicos 3.5% de su ingreso, mientras que 10% más pobre de la población, destinaba a idéntico fin 17% del presupuesto familiar. Este año, el aumento de la inflación redujo la capacidad de consumo de los más pobres. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 40% mientras que la canasta básica de alimentos aumentó un 73%. En consecuencia, el salario real registró una disminución de aproximadamente el 35%. Este deterioro de los ingresos hace suponer que los sectores más empobrecidos destinan actualmente alrededor del 20% de su presupuesto total al pago de servicios públicos privatizados.

Un informe elaborado por Alberto Bigosch [2], el segundo de los cuatro coordinadores que han pasado por la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Publicas, plantea que no existen antecedente de sobre "estudios tendientes a evaluar cualitativamente y cuantitativamente" los criterios establecidos en la norma legal, relativos al impacto tarifario en la distribución del ingreso, la competitividad de la economía y la accesibilidad de los servicios. Aspecto que deberían ser ponderados en la revisión actual. Si al momento de tomar una decisión no se lo considera, advierte Biagosch, los actos administrativos "serán ilegítimos". A su vez, el deterioro del salario real y la disminución de la demanda de los servicios públicos, "hacen impensable un aumento con carácter general sin que, previamente, se recomponga el salario real", afirma.

En las ultimas décadas aumentó la brecha entre ricos y pobres, al tiempo que se modificaron los factores que influyeron en la distribución del ingreso. En base a las estadísticas del UNDEC, en 1985 el 10% más rico de la población obtenía un ingreso promedio 14 veces mayor que el 10% más pobre. Doce años después, esa cifra creció a 16. Esta tendencia continuó profundizándose. En marzo de 2002, el 10% más rico de la población recibió el 37,3% de los ingresos totales, mientras que al 10% más pobre le correspondió el 1,3%. Así los más ricos recibieron 28,7 veces más que los más pobres. Brecha que superó de 40 puntos diez meses después de la salida de la convertibilidad. "La tendencia en la distribución del ingreso del periodo analizado debe ser contabilizada más que neutralizada en el cálculo. No es lo mismo un incremento de las tarifas de los bienes básicos en un contexto de crecientes ingresos de los grupos sociales más pobres, que en un contexto de reducción de sus ingresos y de aumento de la desigualdad", analiza el estudio de FLACSO.

La voluntad del gobierno de Carlos Menem de seducir a los potenciales compradores garantizándoles ganancias monopólicas supuso aumentar supuso aumentar las tarifas en las fases previa y posterior a las privatizaciones, pese a que la ley de convertibilidad prohibió expresamente la suba de preciosa partir de 1991. En cambio, durante el periodo 1985-88, las tarifas de los servicios en manos del Estado bajaron en el sector gasífero un 11,3%; en telefonía básica el 9,4% y en electricidad el 2,8%. Según el estudio de FLACSO, la disminución de tarifas durante la gestión estatal muestra que la "empresa pública otorgaba al Estado la capacidad de subsidiar al consumo de servicios básicos en épocas de crisis, así como paliar la inflación a través del retraso de los servicios en relación con la evolución de precios". Con las privatizaciones, la capacidad de influir sobre el patrón de distribución del ingreso a través de la política tarifaria fue transferida al capital concentrado interno.

La actualización tarifaria durante los meses previos al traspaso coincidió con la negligencia generalizada en la gestión administrativa y operativa de la casi totalidad de las empresas "sujeto de privatización", aun cuando la experiencia internacional recomienda efectuar un saneamiento económico-financiero previo, tendiente a maximizar el precio de la venta de una empresa. Maria Julia Alsogaray descuido su gestión como interventora de ENTEL antes de su venta. "En 1990 se habilitaron solo 40.000 líneas telefónicas -70% menos que durante el año 1989- y se evidenciaron importantes atrasos en los planes de obras y en las tareas de mantenimiento" [3].

Desde la decisión oficial de privatizar hasta la actualidad, la pretensión del poder político y económico de adecuar los precios específicos a los costos de prestación de las empresas tradujo en variaciones muy diferenciales según el tipo de usuarios, en los sectores de la energía eléctrica, gas natural y telefonía básica. Las tarifas de estos servicios fueron fijadas en dólares e indexadas por índices de precios de Estados Unidos. Esto motivo incrementos que se independizaron de los precios domésticos. Entre 1995 et 2001, los precios mayoristas locales disminuyeron un 1,8% y los minoristas 1,6% pero las tarifas aumentaron entre un 8% y un 16%.

Frente a la estabilidad y hasta deflación de los precios locales en los ’90, el aumento tarifario profundizó más la desigualdad distributiva: entre el inicio del plan de Convertibilidad y la privatización de Gas del Estado, la tarifa de este servicio se duplicó para los usuarios residenciales, mientras que se redujo casi de un 10% para los consumidores industriales. En el Caso del gas natural, el promedio general de los hogares incremento su presupuesto destinado al pago del servicio de 56%, mientras que el aumento para los más pobres fue del 90%.

Los aumentos en el servicio eléctrico también repercutieron diferencialmente, ya que en el promedio de los hogares se registró un leve aumento del gasto, concentrado en los deciles de menores ingresos y una caída progresiva en los estratos más altos.

Las licenciatarias del servicio básico telefónico implementaron un mecanismo diferente a los otros sectores para lograr una suba en las tarifas. En 1997, momento en el que debía caducar el periodo de exclusividad para la prestación del servicio telefónico, se aprobó el balanceo tarifario. Esta medida implicó una reducción en las comunicaciones de larga distancia y un aumento en las llamadas urbanas del 40%; además de un incremento relativo en las tarifas, producto de la eliminación de los "pulsos libres" incluido sen el abono bimestral. Este dispositivo, cuestionado judicialmente, significó que el gasto se duplicara en el promedio general de los hogares y que se triplicara en los estratos más pobres.

Durante la operación privada, los aumentos derivaron de cláusulas ilegales y renegociaciones cuestionadas que, aun contraviniendo la legislación vigente, permitieron a las empresas obtener ganancias extraordinarias, en detrimento de los usuarios y consumidores en general, y de los sectores más empobrecidos en particular. En la mayor parte de los servicios, las tarifas residenciales aumentaron entre el 9 y el 40% entre el momento de la concesión y diciembre 1997.

En el sector del agua y saneamiento en particular, la tarifa se incremento en un 88,2% entre mayo de 1993 y enero de 2002, mientras el índice de precios al consumidor registró un crecimiento del 7,3%.

Un factor que acompañó la tendencia regresiva del ingreso fue el extraño criterio de la cobertura de los precios de red y consecuentemente, el diferencial acceso a los mismos. En telefonía básica, la extensión de la red se amplió, pero no con criterio de universalización. Aunque la expresión del servicio de energía eléctrica fue proclive a la homogeneización del acceso, hay que considerar que SEGBA se privatizó con una cobertura de las redes casi plena. Por el contrario, en el sector gasífero, la evolución de la cobertura no se orientó prioritariamente hacia los sectores de menor ingreso. El decil más pobre se vio reducido su acceso al servicio mientras que el resto experimentó una expansión de la cobertura que ronda los diez puntos porcentuales en todos los casos. En cuanto al agua potable y desagües cloacales, el incremento de su costo para los sectores de menores ingresos se conjugó con cobertura en la prestación de servicios de agua potable y una disminución -de casi 5%- en lo atinente al servicio de cloacas, que afectó a los hogares de bajos ingresos [4]. Sobre estos datos el estudio de FLACSO explica que la mayor presión de los servicios privatizados sobre el gasto de los pobres provino fundamentalmente de un incremento sustantivo en las tarifas que debieron afrontar y no de un crecimiento real en el nivel de acceso a los mismos. "Si la política publicas se fija como metal a universalización de la cobertura, garantizando el acceso a los servicios básicos a toda la población, la expansión de las redes no puede guiarse únicamente por cálculo estrictamente macroeconómico de costo beneficio".

Además de demostrar una tendencia generalizada a agrandar la brecha entre ricos y pobres, la desigual expansión de la cobertura repercutió negativamente en el bienestar de la población, en la medida en que afectó derechos sociales básicos, como el derecho a la salud. Una vez que el acceso queda librado a las "fuerzas del mercado", muy probablemente las empresas decidan no prestar el servicio a aquellos usuarios para los cuales los costos de la prestación sean demasiados altos, y la rentabilidad muy baja.

Reformas estructurales como las privatizaciones implican beneficios para algunos sectores y perdidas para otros. Esto da cuenta de una decisión política de parte del gobierno de turno y de la falta de un programa de protección social que acompañe este tipo de reestructuraciones. Con estos antecedentes, es dable pensar que el proyecto distributivo de las empresas privadas no ha tenido -como lo advierte el estudio de FLACSO- "una tendencia pro-pobre", sino que, por el contrario, ha sido plenamente funcional el conjunto de las políticas publicas que, durante los ’90, consolidaron un modelo económico y excluyente en lo social.

Le Monde Diplomatique, El Dipló, Noviembre 2002