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Los gobiernos de Filipinas e Indonesia usan la Guerra contra el Terror de Bush como el encubrimiento perfecto de su brutal limpieza de los movimientos separatistas de las regiones ricas en recursos.
Por Naomi Klein*
The Nation, 14 août 2003.
Hace unos días, un grupo de soldados filipinos amotinados acusó a uno de los más estrechos aliados de Washington de hacer explotar sus propios edificios para atraer dólares estadounidenses militares. Pero sus acusaciones no fueron más que noticia por un día. Quizá simplemente parecía demasiado estrafalario : un gobierno fuera de control soplándole a las llamas del terrorismo para bombear su presupuesto militar, aferrarse al poder y violar las libertades civiles.
¿Por qué habrían de estar interesados los estadounidenses en algo así ?
¿Qué se necesita para ser historia de primera plana en el verano de Arnold y Kobe, Ben y Jen ?
Mucho, como recientemente lo descubrió un grupo de jóvenes soldados filipinos. El 27 de julio, 300 soldados ataviaron a un enorme centro comercial en Manilla con explosivos C-4, acusaron a uno de los más estrechos aliados de Washington de hacer explotar sus propios edificios para atraer dólares estadounidenses militares y aún así apenas lograron entrar en las noticias internacionales.
Una pérdida para nosotros, porque tras el bombardeo del Marriot en Yakarta y la infiltración de nuevos informes de inteligencia donde se afirmaba que los ataques del 11 de septiembre se incubaron en Manilla, parece que el Sudeste asiático está a punto de convertirse en el próximo frente principal de la Guerra contra el Terror de Washington.
Puede ser que Filipinas e Indonesia no hayan entrado al Eje del Mal, pero los dos países sí ofrecen a Washington algo que Irán y Corea del Norte no hacen : gobiernos amigables a Estados Unidos, dispuestos a ayudar al Pentágono a lograr una fácil victoria. Tanto la presidenta filipina, Gloria Macapagal-Arroyo, como el presidente de Indonesia, Megawati Soekarnaputri, usan "la cruzada" de Bush como el encubrimiento perfecto de su brutal limpieza de los movimientos separatistas de las regiones ricas en recursos -Mindanao en Filipinas, Aceh en Indonesia-.
El gobierno filipino ya cosechó ganancias de sus estatus como el aliado favorecido de Washington en la lucha contra el terror en Asia. La ayuda militar estadounidense se incrementó de 2 millones de dólares en 2001 a 80 millones al año, y los soldados y Fuerzas Especiales estadounidenses inundaron Mindanao para lanzar ofensivas contra Abu Sayyaf, un grupo que la Casa Blanca asegura tiene ligas con Al-Qaeda.
Esto continuó hasta mediados de febrero, cuando la alianza Estados Unidos-Filipinas sufrió un gran contratiempo. En la víspera de una nueva operación militar conjunta, que involucraba a más de 3 mil soldados estadounidenses, un vocero del Pentágono le dijo a los reporteros que las tropas estadounidenses en Filipinas iban a "participar activamente" en los combates -una desviación de la versión de la administración Arroyo de que los soldados sólo llevaban a cabo "entrenamientos".
La diferencia es significativa : una cláusula de la constitución filipina prohíbe los combates de soldados extranjeros en su suelo, una salvaguarda contra el retorno de las extendidas bases militares estadounidenses que fueron desterradas de Filipinas en 1992. El descontento popular fue tan grande que la operación tuvo que ser cancelada, y todas las futuras operaciones conjuntas suspendidas.
Noticia de un día
Durante los seis meses que han transcurrido desde entonces, mientras todos los ojos están sobre Irak, ha habido un repunte en los bombardeos terroristas en Mindanao.
Ahora, después del motín, la pregunta es : ¿Quién lo hizo ? El gobierno culpa al Frente Moro Islámico de Liberación (MILF, por sus siglas en inglés). Los soldados amotinados apuntan el dedo de regreso a los militares y al gobierno, asegurando que al inflar la amenaza terrorista, están reconstruyendo la justificación de más ayuda e intervención estadounidense.
Entre las afirmaciones de los soldados : que altos funcionarios militares, en colusión con el régimen de Arroyo, llevaron a cabo el bombardeo del pasado mes de marzo en el aeropuerto de la sureña ciudad de Davao, así como otros ataques. Treinta y ocho personas murieron en los bombardeos. El líder del motín, el teniente Antonio Trillanes, asegura :
– tener "cientos" de testigos que pueden declarar en relación con el complot ;
– que el gobierno ha estimulado el terrorismo en Mindanao a través de la venta de armas y municiones a las mismas fuerzas rebeldes a las que los jóvenes soldados son enviados a enfrentar ;
– que miembros de la fuerza militar y policiaca ayudaron a prisioneros declarados culpables de crímenes terroristas a escapar de la cárcel. La "confirmación final", según Trillanes, fue el escape del 14 de julio de Fathur Rohman al-Ghozi de una prisión fuertemente vigilada en Manilla. Al-Ghozi es un renombrado hacedor de bombas que está con la organización Jemaah Islamiah, el cual fue vinculado con los ataques de Bali y el Marriot ;
– que el gobierno estaba a punto de llevar a cabo una nueva cadena de bombardeos para justificar una declaración de ley marcial.
Arroyo niega las acusaciones y acusa a los soldados de ser peones de sus opositores políticos sin escrúpulos.
Los amotinados insisten en que no intentaban tomar el poder, sino que sólo querían sacar a la luz una conspiración de alto nivel. Cuando Arroyo prometió iniciar una exhaustiva investigación respecto a las acusaciones, el motín finalizó sin violencia.
A pesar de que las tácticas de los soldados fueron ampliamente condenadas en Filipinas, hubo un reconocimiento generalizado en la prensa y hasta en las filas militares, de que sus reclamos eran "válidos y legítimos", como me dijo el retirado capitán naval Danilo Vizmanos.
Los reportes locales de los diarios describían la venta de armas de parte del ejército como "un secreto de conocimiento público". El comandante de las fuerzas armadas filipinas, el general Narciso Abaya, concedió que hay "sobornos y corrupción en todos los niveles".
Y la policía admitió que al-Ghozi no podía haber escapado de su celda sin la ayuda de alguien adentro.
Más significativo aún, Víctor Corpus, jefe de inteligencia militar, renunció, aunque niega cualquier tipo de participación en los bombardeos de Davao.
Además, los soldados no fueron los primeros en acusar al gobierno filipino de bombardear a su propia gente. Días antes del motín, una coalición de grupos eclesiásticos, abogados y ONG lanzaron una "misión para develar hechos", para investigar los persistentes rumores de que el Estado estuvo involucrado en las explosiones de Davao. También investiga la posible participación de agencias de inteligencia estadounidenses.
Estas sospechas provienen de un extraño incidente ocurrido el 16 de mayo de 2002 en Davao. Michael Meiring, un ciudadano estadounidense, supuestamente "detonó" explosivos en su cuarto de hotel, lastimándose gravemente. Mientras se recuperaba en el hospital, Meiring fue sacado de ahí por dos hombres -testigos dicen que se identificaron como agentes de la FBI-, quienes se lo llevaron a Estados Unidos. Funcionarios locales han demandado que Meiring regrese para enfrentar los cargos, con poco resultado. BusinessWorld, uno de los principales diarios filipinos, ha publicado artículos abiertamente acusando a Meiring de ser un agente de la CIA involucrado en operaciones encubiertas "para justificar las tropas y bases estadounidenses apostadas en Mindanao".
Sin embargo, el caso Meiring no ha sido reportado en la prensa estadounidense. Y las increíbles acusaciones de los soldados amotinados no fueron más que noticia por un día.
Quizá simplemente parecía demasiado estrafalario : un gobierno fuera de control soplándole a las llamas del terrorismo para bombear su presupuesto militar, aferrarse al poder y violar las libertades civiles.
¿Por qué habrían de estar interesados los estadounidenses en algo así ?
*Naomi Klein, es autora de No Logo y Vallas y Ventanas.
Traducción : Tania Molina Ramírez.
Version original :
Mutiny in Manila
What does it take to become a major news story in the summer of Arnold and Kobe, Ben and Jen ?
By Naomi Klein
A lot, as a group of young Philippine soldiers discovered recently. On July 27, 300 soldiers rigged a giant Manila shopping mall with C-4 explosives, accused one of Washington’s closest allies of staging terrorist attacks to attract US military dollars—and still barely managed to make the international news.
That’s our loss, because in the wake of the Marriott bombing in Jakarta and newly leaked intelligence reports claiming that the September 11 attacks were hatched in Manila, it looks like Southeast Asia is about to become the next major front in Washington’s War on Terror™.
The Philippines and Indonesia may have missed the cut for the Axis of Evil, but the two countries do offer Washington something Iran and North Korea do not : US-friendly governments willing to help the Pentagon secure an easy win. Both Philippine President Gloria Macapagal-Arroyo and Indonesian President Megawati Sukarnoputri have embraced Bush’s crusade as the perfect cover for their brutal cleansing of separatist movements from resource-rich regions—Mindanao in the Philippines, Aceh in Indonesia.
The Philippine government has already reaped a bonanza from its status as Washington’s favored terror-fighting ally in Asia. US military aid increased from $2 million in 2001 to $80 million a year while US soldiers and Special Forces flooded into Mindanao to launch offensives against Abu Sayyaf, a group the White House claims has links to Al Qaeda.
This went on until mid-February, when the US-Philippine alliance suffered a major setback. On the eve of a new joint military operation involving more than 3,000 US soldiers, a Pentagon spokesperson told reporters that US troops in the Philippines would "actively participate" in combat—a deviation from the Arroyo administration’s line that the soldiers were only conducting "trainings."
The difference is significant : A clause in the Philippine constitution bans combat by foreign soldiers on its soil, a safeguard against a return of the sprawling US military bases that were banished from the Philippines in 1992. The public outcry was so strong that the entire operation had to be called off, and future joint operations suspended.
In the six months since, while all eyes have been on Iraq, there has been a spike in terrorist bombings in Mindanao. Now, post-mutiny, the question is : Who did it ? The government blames the Moro Islamic Liberation Front. The mutinous soldiers point the finger back at the military and the government, claiming that by inflating the terrorist threat, they are rebuilding the justification for more US aid and intervention.
’Among the soldiers’ claims :
§ that senior military officials, in collusion with the Arroyo regime, carried out last March’s bombing of the airport of the southern city of Davao, as well as several other attacks. Thirty-eight people were killed in the bombings. The leader of the mutiny, Lieut. Antonio Trillanes, claims to have "hundreds" of witnesses who can testify to the plot.
§ that the army has fueled terrorism in Mindanao by selling weapons and ammunition to the very rebel forces the young soldiers were sent to fight.
§ that members of the military and police helped prisoners convicted of terrorist crimes escape from jail. The "final validation," according to Trillanes, was Fathur Rohman al-Ghozi’s July 14 escape from a heavily guarded Manila prison. Al-Ghozi is a notorious bomb-maker with Jemaah Islamiyah, which has been linked to both the Bali and Marriott attacks.
§ that the government was on the verge of staging a new string of bombings to justify declaring martial law.
Arroyo denies the allegations and accuses the soldiers of being pawns of her unscrupulous opponents. The mutineers insist they were not trying to seize power but only wanted to expose a top-level conspiracy. When Arroyo promised to launch a full investigation into the allegations, the mutiny ended without violence.
Though the soldiers’ tactics were widely condemned in the Philippines, there was widespread recognition in the press, and even inside the military, that their claims were "valid and legitimate," as retired Navy Capt. Danilo Vizmanos put it to me.
Local newspaper reports described the army’s selling of weapons to rebels as "an open secret" and "common knowledge." The army’s chief of staff, Gen. Narciso Abaya, conceded that there is "graft and corruption at all levels." And police have admitted that al-Ghozi couldn’t have escaped from his cell without help from someone on the inside. Most significant, Victor Corpus, chief of army intelligence, resigned, though he denies any role in the Davao bombings.
Besides, the soldiers were not the first to accuse the Philippine government of bombing its own people. Days before the mutiny, a coalition of church groups, lawyers and NGOs launched a "fact-finding mission" to investigate persistent rumors that the state was involved in the Davao explosions. It is also investigating the possible involvement of US intelligence agencies.
These suspicions stem from a bizarre incident on May 16, 2002, in Davao. Michael Meiring, a US citizen, allegedly detonated explosives in his hotel room, injuring himself badly. While recovering in the hospital, Meiring was whisked away by two men, who witnesses say identified themselves as FBI agents, and flown to the United States. Local officials have demanded that Meiring return to face charges, to little effect. BusinessWorld, a leading Philippine newspaper, has published articles openly accusing Meiring of being a CIA agent involved in covert operations "to justify the stationing of American troops and bases in Mindanao."
Yet the Meiring affair has never been reported in the US press. And the mutinous soldiers’ amazing allegations were no more than a one-day story. Maybe it just seemed too outlandish : an out-of-control government fanning the flames of terrorism to pump up its military budget, hold on to power and violate civil liberties.
Why would Americans be interested in something like that ?