Se suman los focos de conflicto con Uribe y su "parapolítica" en Colombia

El mejor aliado de Washington está tan cuestionado que ya desistió de la idea de un tercer mandato presidencial. La causa que investiga los nexos de los "paras" con el poder político crece día a día y amenaza con salpicar a su entorno.

Por Matías Mongan
APM. La Plata . Argentina, 7 y 11 de febrero de 2007.

Las palabras del senador oficialista Miguel De la Espriella revelando el acuerdo llevado a cabo el 2001 entre integrantes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia(AUC) e importantes políticos del país, produjo una crisis estructural en el sistema político colombiano : la misma es de tal magnitud que terminó afectando la imagen del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalia General y la Procuraduría decidieron iniciar investigaciones sobre los nexos paramilitares con el poder político. Los primeros que aparecieron implicados con este caso fueron los senadores oficialistas Alvaro García, Jairo Merlano, el representante Erick Morris y el ex gobernador de Sucre Salvador Arana. Sin embargo la causa judicial cada día tiende a ensancharse más y más ; en los últimos días la Corte decidió llamar a declaración indagatoria a unas 60 personas : entre ellos sobresalen el ex candidato presidencial del Partido Liberal, Horacio Serpa ; el padre y el hermano de la actual canciller de relaciones exteriores, Sergio y Alvaro Araujo ; y el ex Ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía.

Paralelamente a este conflicto que lo esta jaqueando en el frente interno, Uribe actualmente también tiene que enfrentar una serie de inconvenientes- y retos- a nivel internacional.

Uno de ellos es la disputa con Ecuador, luego de la decisión Colombia de continuar con la aspersión de glisofato en la frontera que une ambos países, para combatir los presuntos "cultivos ilícitos" - cuya existencia nunca fue totalmente comprobada- que según Uribe y compañía existen en esa región. Debido a los nocivos efectos del glisofato en la salud de la población y el medio ambiente, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, hace días atrás no descartó la posibilidad de iniciar demandas penales debido a la imprudente actitud del gobierno colombiano.

"Se demandará a Colombia frente al Tribunal de La Haya y otras instancias internacionales por el daño que ha causado a nuestra población y tierra", afirmo el flamante presidente Correa en el marco de una rueda de prensa.

A pesar de estas declaraciones, hasta el momento Ecuador todavía no ha presentado ninguna demanda. Sin embargo, el embajador ecuatoriano en Caracas, Rene Vargas, dijo que su nación ya cuenta con el respaldo de tres países : "Si en algún momento se decide a demandar a Colombia ante la OEA o algún otro organismo internacional por las fumigaciones aéreas".

"Está comprometido, inicialmente, el apoyo de Venezuela, Argentina y Nicaragua. Y Venezuela arrastra a los países del Caribe", señaló Vargas en declaraciones al diario El Universo.

Si la presentación judicial de Ecuador llega a materializarse, el gobierno de Alvaro Uribe seguramente va embestir contra varios gobiernos latinoamericanos que actualmente ocupan un papel preponderante en el proceso de integración regional que se esta dando en América Latina. Los principales dardos seguramente van a ir dirigidos contra Hugo Chávez, a quien acusan - infundadamente, ya que Ecuador es una nación soberana- de ser el culpable que Rafael Correa "decida atacar" a Colombia.

Uribe siempre se jacto que su "política militarista tuvo éxito en combatir a la guerrilla", sin embargo gran parte del pueblo colombiano - tanto como la comunidad internacional- en varias ocasiones le han criticado su ineficacia en lograr un intercambio humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permita la liberación de las cientos de personas que los guerrilleros tienen en su poder : entre ellas a la ex candidata Presidencial Ingrid Betancourt.

Las FARC exigen que el Estado desmilitarice dos municipios del suroeste del país, para así negociar el intercambio de unos 500 guerrilleros presos a cambio de 57 secuestrados.

No obstante esta propuesta, el gobierno colombiano en todo momento ha negado a dialogar con la guerrilla, es más ha decidido recurrir a las operaciones militares para así intentar liberar a las personas en cautiverio. De esta manera se logró, a fines de año pasado, el rescate del ex Ministro de Desarrollo Fernando Araujo.

Respaldado con ese éxito, intentó demostrar que su política de "mano dura", con respecto a los secuestros extorsivos de las FARC era efectiva. Sin embargo la posición "intransigente" de su gobierno recibió varias críticas en el exterior, una de ellas del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Jean Baptiste Mattei, quien critico el hecho que con este "método" se pone en un riesgo excesivo la vida de las personas secuestradas.

"Nosotros lanzamos una iniciativa junto a España y Suiza para favorecer un acuerdo humanitario. Estamos dispuestos a seguir trabajando por este camino, pero insisto : por medios pacíficos", señaló el funcionario galo.

Esta posición también es compartida por varios integrantes de la Iglesia Colombiana, representantes políticos de la oposición y hasta los mismos familiares de las personas apresadas. A pesar de todos estos reclamos, hasta el momento Uribe no ha dado el brazo a torcer y continúa defendiendo la tesis de los operativos militares para liberar a las personas que están en manos de las FARC.

Por último, uno de los principales retos del gobierno colombiano en el plano internacional es lograr que el congreso de los Estados Unidos apruebe antes de julio el Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmaron ambos países. Si no lo logra antes de esa fecha, el país latinoamericano perderá "la ayuda económica"que le da Washington por intermedio de la ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA).

Para evitar que esto ocurra, a sabidas cuentas que sería catastrófico para la economía colombiana, Uribe viajó a Estados Unidos para hacer lobby (hasta se podría decir suplicar) en pos de la aprobación del tratado comercial. A su vez también se reunirá con el nuevo secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y con el ex Presidente Bill Clinton, con la ilusión que tal vez este pueda llegar a mover unos hilos que permitan una aprobación más rápida del TLC en el Congreso.

A los inconvenientes- y retos- que actualmente debe afrontar el presidente colombiano en el plano internacional hay que sumar la crisis institucional que vive hoy en día el gobierno en su frente interno a causa del escándalo de la "parapolítica, un bola de nieve que se sabe donde comenzó a rodar, pero no donde puede llegar a frenar.

Los alcances de la "parapolítica"

No obstante la diversidad de focos de conflictos que debe afrontar en la actualidad, el gobierno de Uribe continúa jaqueado por el escándalo de la parapolitica. Un hecho que puede llegar a desencadenar una profunda política en el país.

A lo largo de las últimas tres décadas, ha sido una característica en Colombia la realización de reuniones"secretas" entre importantes representantes del sector político nacional e integrantes de organizaciones ilegales : tales como narcotraficantes, paramilitares, etc. Un ejemplo de ello, cuando en Mayo de 1984 se reunió en Panamá el ex Presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) con los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria y Jorge Luis Ochoa. A través de el ex Primer mandatario y en pos de "contribuir a alcanzar la paz en Colombia", los líderes de los carteles de droga le manifestaron al gobierno de ese entonces- encabezado por Belisario Betancur- su disposición a desmontar sus redes de distribución, de repatriar sus capitales y hasta llegaron a proponer la idea de contribuir en pago de la deuda externa colombiana.

Días más tarde, los "narcos" tuvieron un encuentro con el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez ; en esa ocasión redactaron un documento de seis páginas : en el que sugerían que a cambio de su ayuda, la administración colombiana debería terminar con su intención de extraditar a los máximos exponentes del narcotráfico a Estados Unidos. Finalmente cuando el encuentro secreto se hizo publico, el Presidente Betancurt deslindo su responsabilidad afirmando que nunca tomó en cuenta el escrito y que "cada quien había actuado por su propia cuenta".

En la década del noventa estalló en Colombia el llamado "Proceso 8000", en el cual estaba implicado el mismísimo Presidente de por ese entonces, Ernesto Samper, quien fue acusado de haber recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña política. Luego de una "profunda" investigación del Congreso, el ex Primer mandatario fue exonerado : distinta fue la suerte de su ministro de Defensa Fernando Botero, y del tesorero de la campaña Santiago Medina, quienes fueron encarcelados luego de haber sido hallados culpables del delito de hurto agravado.

A fines del año 2006, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe sufrió un duro golpe luego que se hiciera pública una reunión realizada en el año 2001 entre los principales líderes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y alrededor de cuarenta políticos de trascendencia nacional. Lo que diferencia este hecho- "el escándalo de la parapolítica"- con los anteriores, es que el mismo parece afectar no solo a la totalidad del sistema político, sino también a distintos sectores de la sociedad colombiana : militares, empresarios, sectores ganaderos, entre otros.

Otra diferencia de este hecho con respecto a los anteriores, es que al menos por el momento hay una predisposición del Poder Judicial para sacar a la luz los presuntos nexos del sector político con distintos grupos criminales. Es más, la investigación judicial que esta llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia, ya cuenta con tres detenidos : los senadores oficialistas Álvaro García, Jairo Merlano y el representante Erick Morris.

A su vez, fuentes judiciales aseguran que a mediados de la semana que viene la Corte va a decidir el futuro de los políticos que a lo largo de este último tiempo rindieron declaración indagatoria para intentar desvincularse de las acusaciones que se les imputan. En esta situación se encuentran los senadores Álvaro Araujo- hermano de la canciller del gobierno colombiano-, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof, los representantes Jorge Luis Caballero y Alfonso Escobar.

Asimismo el "escándalo de la parapolìtica" también afectó de manera directa al entorno más intimo del Presidente, hasta el punto que uno de sus hermanos - Santiago Uribe- fue acusado por el Senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, de ser uno de los creadores del grupo paramilitar llamado "Los Doce Apóstoles", que operó en los departamentos de Antioquia y Córdoba durante la década del noventa.

Según la denuncia del congresista : "El centro de operaciones del grupo paramilitar Los Doce Agósteles, que después se inserta en la AUC, es la finca del presidente Álvaro Uribe".

Fiel a su actitud desafiante, el Primer Mandatario salió con los "tapones de punta" al afirmar que Petro y los demás integrantes del PDA -que formaban parte de la organización guerrillera M-19- simplemente : "Pasaron de ser terroristas de camuflado a ser terroristas de traje civil".

A su vez, respondió a las críticas del ex Presidente Cesar Gaviria, quien le viene reprochando a Uribe que su lenguaje belicoso sólo sirve para profundizar aún mas la crisis que vive Colombia : "Dígale al doctor César Gaviria que no se preocupe por el lenguaje, que se preocupe por las cosas de fondo", expresó el mandatario.

Para finalizar remarcó que "el (Gaviria) dejó el paramilitarismo en alza y yo tengo un paramilitarismo en la cárcel".

Ahora bien : ¿Hasta que punto el llamado proceso de paz alcanzado por el gobierno colombiano con los grupos paramilitares fue un éxito ? ¿La totalidad de estas organizaciones criminales se encuentran tras las rejas ?

Si tomamos en cuenta lo que viene sucediendo en estos últimos días, podemos llegar a concluir que el acuerdo de paz ha fracasado rotundamente, ya que en territorio colombiano todavía siguen operando fuerzas paramilitares : un ejemplo de ello es el asesinato a manos de un sicario del Presidente del comité de desplazados de la localidad de Cotorra, Freddy Espitia. Sólo tres días después, corrió la misma suerte la dirigente campesina Yolanda Izquierdo, quien fue sorprendida a balazos por desconocidos en su casa en el departamento de Córdoba.

De acuerdo a fuentes de la Fiscalia General de la Nación, el responsable de este crimen sería nada más que Vicente Castaño- el verdadero "cerebro gris" de las AUC- , el líder paramilitar ayudo a Uribe a formar el proceso de paz en el 2002 y que hasta el momento esta prófugo de la justicia.

Por su parte en un extenso comunicado de prensa titulado "La reconciliación o el desastre que se viene…", el desmovilizado ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, señaló que el asesinato de Izquierdo fue posible gracias a la total ineficacia del gobierno nacional en proteger a todos aquellos testigos vinculados al mejor funcionamiento de la ley de Justicia y Paz.

Según Mancuso, detrás del rebrote militar están algunos ex integrantes del Estado Mayor de las AUC : "crecen día a día y cuentan en estos momentos con no menos de cinco mil integrantes distribuidos en distintas zonas del país".

"Consideran estos ex comandantes en rebeldía que, con el curso que ha tomado, de parte del Gobierno Nacional, el Proceso de Paz desde agosto pasado, las autoridades no han cumplido sus compromisos adquiridos en la mesa, ni han mostrado interés en dialogar seriamente sobre temas de la agenda de negociaciones, de vital importancia para la seguridad de las regiones y la reinserción exitosa de los ex combatientes", remarcó Mancuso, "pasándole factura" de esta forma al gobierno de Alvaro Uribe.

Tal como queda en evidencia, hoy en día el proceso de Paz en Colombia peligra más que nunca. El Presidente -a través de su actitud beligerante- busca atraer la atención de la opinión pública, para de esta manera intentar restarle relevancia a los distintos focos de conflicto que actualmente debe enfrentar su gestión : entre los que se encuentra el "escándalo de la parapolítica".

El lenguaje "explosivo" de Uribe también puede llegar a ser interpretado como un síntoma de nerviosismo, ante los posibles alcances de la investigación judicial que investiga los nexos del poder político -entre los que se encuentra mucha gente de su entorno- y las organizaciones paramilitares.