República Dominicana, Haití
Deportaciones en masa : Peligra vida de haitianos en República Dominicana.

Organizaciones sospechan que violaciones a derechos humanos de inmigrantes haitianos son política del Estado dominicano.

Por Charles Arthur
Noticias Aliadas. Peru, 1° de Diciembre de 2005

Desde hace décadas los políticos derechistas de República Dominicana avivan periódicamente las tensiones raciales entre los pobladores de la isla de Hispaniola, que este país comparte con Haití. De cuando en cuando, el Ejército dominicano es enviado a acorralar y deportar a miles de haitianos que han cruzado la frontera en busca de un trabajo para ganarse la vida.

Entre 500,000 y 1 millón de haitianos viven en República Dominicana, tras la migración de las últimas décadas, pero es difícil saber la cifra exacta porque muchos de ellos son indocumentados. Encuentran trabajo en turismo, construcción y agricultura.

Desde mayo está en marcha una nueva ronda de deportaciones forzosas, pero esta vez, organizaciones de derechos humanos están alertando sobre un notable aumento de las actitudes antihaitianas entre algunos sectores del público, a menudo alentados por declaraciones oficiales. Lo más preocupante es una serie de ataques violentos contra haitianos y dominicohaitianos, que han dejado muchos muertos y heridos.

Incontables víctimas

Se desconoce el número exacto de haitianos o dominicanos de origen haitiano que han sido asesinados en los últimos meses. Organizaciones haitianas de derechos humanos aseguran que los ataques que empezaron en mayo se están cobrando numerosas víctimas.

A fines de agosto, más de 13 haitianos y dominicohaitianos fueron asesinados en sólo dos semanas, entre ellos tres jóvenes haitianos que fueron maniatados, bañados en líquido inflamable y luego quemados. Murieron por las heridas días después.

El 6 de noviembre, Yan Luis, haitiano de 28 años que vivía en Bavaro, Higuey, ciudad en el noroeste de República Dominicana, fue abatido a tiros por el propietario de un bar. Testigos dijeron al diario El Nacional que Luis no hizo caso cuando el dueño le exigió que saliera del establecimiento.

El detonante de la situación actual fue el asesinato de un comerciante dominicano supuestamente por inmigrantes haitianos en la población de Hatillo Palma en el noroccidental departamento de Montecristi, el 9 de mayo. En respuesta, grupos armados con machetes y palos empezaron a atacar a gente a la que creían haitiana. Las propiedades fueron saqueadas e incendiadas en varias localidades. Durante este periodo, dominicanos atacaron a un grupo de haitianos que dormían en una pequeña casa, decapitando a dos de ellos e hiriendo gravemente a otros dos.

Los días siguientes, cientos de inmigrantes haitianos huyeron de la persecución, y cruzaron la frontera a Haití por Dajabón-Ouanaminthe, uno de los dos principales cruces fronterizos. En las semanas posteriores, el Ejército dominicano empezó a rodear a personas consideradas haitianas para deportarlas a la fuerza. Durante mayo y junio, hasta 4,000 personas fueron expulsadas a Haití, y miles más han sido deportadas desde entonces.

Deportaciones empeoran situación

Las autoridades dominicanas dicen que deben llevar a cabo las deportaciones porque el país ya está abrumado por los inmigrantes. Las organizaciones de derechos humanos responden que las deportaciones en masa no hacen nada por resolver las tensiones sociales o económicas conectadas a la inmigración, y que el hecho sólo empeora la situación. También denuncian que en las deportaciones se producen graves violaciones a los derechos humanos.

Los ataques han suscitado temores sobre la posibilidad de que se repita la infame masacre de 1937, en la que el dictador dominicano general Rafael Trujillo (1930-61) ordenó al Ejército expulsar a decenas de miles de haitianos. Se cree que murieron más de 25,000 personas.

El Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL) -organización creada por la Iglesia Católica para ayudar a proteger los derechos de los inmigrantes- criticó las repatriaciones "indiscriminadas y antidemocráticas" de haitianos.

En una nota de prensa el 27 de mayo, CEDAIL observó que los inmigrantes haitianos desempeñan trabajos que la mayoría de dominicanos se niega a considerar, subrayando que si bien el Estado dominicano tiene todo el derecho a regular sus fronteras y tomar medidas contra la inmigración, también tiene "una gran deuda social con la población migrante haitiana, que hace importantes contribuciones a la economía dominicana… trabajando en condiciones que los ciudadanos [dominicanos] rechazan".

Clima de xenofobia

Activistas de derechos humanos señalan que la reciente oleada de deportaciones se agrava aún más porque ha estado acompañada de declaraciones de funcionarios públicos que están alentando un clima de xenofobia contra haitianos y dominicohaitianos.

A mediados de mayo, José Ramón Fadul, secretario de Trabajo dominicano, afirmó que apoyaba "limpiar el área de trabajadores extranjeros de conformidad con la ley". Luego, en agosto, el secretario de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared, declaró que la continua inmigración de haitianos es "un ataque" a la soberanía de la República Dominicana.

En setiembre, una institución dominicana conocida como la Mesa Nacional para las Migraciones, compuesta por varias organizaciones de la sociedad civil, respondió acusando a algunos políticos y periodistas de "atizar" e "incitar" el odio racial contra los haitianos.

En Haití, Colette Lespinasse, coordinadora del no gubernamental Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GAAR), denunció las recientes deportaciones forzosas y ataques diciendo que la situación equivalía a una "limpieza étnica".

Las autoridades dominicanas niegan que esté ocurriendo nada extraordinario, y sostienen que las organizaciones no gubernamentales están exagerando la situación.

En setiembre, el presidente dominicano Leonel Fernández declaró a la prensa que si hubiera asesinatos, éstos serían consecuencia inevitable de la pobreza en las regiones fronterizas, y no tendrían que ver con motivos raciales.