- República Dominicana -
¿Aún bajo la Penumbra del Caudillismo ?

Por Lilian Bobea
Nueva Sociedad, 9 de marzo del 2004

El año 2003 constituye la antesala de un momento crucial de decisiones que se prefigura complejo y difuso en cuanto a las opciones electorales para el 2004 en la República Dominicana. Mientras en el escenario conflictuado de los partidos políticos se vive aún bajo el precepto hegeliano del eterno retorno, la ciudadanía agoniza su proceso de desempoderamiento y frustraciones. El presente artículo aborda los asuntos que marcaron la cotidianidad política, social y económica del pueblo dominicano a lo largo del año que discurre y aun antes, agobiado por los escándalos de corrupción, la crisis de legitimidad y los "apagones" reales y simbólicos de su gobierno".

El deceso, a finales de la primavera del 2002, del múltiples veces presidente Joaquín Balaguer, auguraba un tránsito largamente esperado : el cierre de un prolongado ciclo de ejercicio mesiánico del poder político, que por más de medio siglo había orbitado alrededor de ésta y otras dos figuras cuasi legendarias -los también extintos Juan Bosch y Peña Gómez- imponiendo en diferentes grados y vertientes la impronta de un liderazgo de tipo patrimonialista, clientelar y recurrentemente centralizador, tanto en las esferas partidistas como en el manejo de la cosa pública.

Históricamente, la constitución de un sistema político tal ha descansado, como lúcidamente lo han explicado estudiosos de la realidad dominicana (Lozano, W : 1985, 1987, 1998 ; Hartlyn, J : 1998 ; Espinal, R:1986, 1987, 1992) en un esquema de relaciones políticas y en una cultura responsiva y funcional a los términos de perpetuar un estilo personalizado de gobernar, más que a la institucionalización del ethos burocrático-estatal. "La persistencia del viejo régimen", al decir de Arno Mayer, insufla al liderazgo futuro, especialmente aquel que se forjó al amparo de ese viejo referente, con una cierta recurrencia a patrones aprendidos, difiriendo la negación de un legado difícil de superar aún con el fin de los caudillos.

El advenimiento al poder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), luego de una sorpresiva derrota electoral en el 96, podría decirse que tuvo que ver con la animadversión a ese patrón, subrepticiamente conjurado en el pacto histórico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con el Reformismo. (Rosario Espinal, Nueva Sociedad, análisis de coyuntura 2002, No. 178). En el 2000 las masas votaron contra el continuismo. En el escenario electoral que se avecina, se atisba como muy probable que las masas votarán de nuevo contra el continuismo, esta vez encarnado en la figura del presidente Hipólito Mejía, en su escalada reeleccionista impulsada aún a contrapelo de su propio partido.

El año 2003 debe leerse por tanto en clave electoral. En él se sintetiza el impacto que el desempeño de la gestión perredeísta, encabezada por Hipólito Mejía, produjo en las aspiraciones de cambio y en el bienestar de la ciudadanía dominicana, pavimentando su desenlace futuro en la arena electoral. Las ausencias e incapacidades de su gestión para responder a las demandas básicas de la población constituyen la espada de Damocles que pende sobre su cuello y que es blandida con fiereza por las fuerzas opositoras. En este ritual de alternancia de opciones, llama la atención el vacismo reiterado en la oferta seria de programas sociales integrales que enfrenten los problemas estructurales de la pobreza, la desaceleración económica, los déficit en la administración pública y la obsolescencia burocrática.

Los eventos más relevantes que marcaron el discurrir de la vida política y económica de los últimos dos años en esta media isla y a los que me referiré en lo que sigue, fueron :
– 1) Las elecciones de medio término de mayo del 2002, que confirmaron el gran arrastre del Partido Revolucionario Dominicano y constituyeron un espaldarazo al gobierno del presidente Mejía.
– 2) La reforma constitucional de julio del 2002, que restableció la reelección presidencial con el fin de allanar el camino a la repostulación de Hipólito Mejía.
– 3) La crisis Política de los dos grandes partidos históricos : el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
– 4) La recuperación del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) en el panorama político pre-electoral.
– 5) El auge de la corrupción pública y privada como amenaza a la legitimidad del liderazgo político y a la gobernabilidad democrática, simbolizado por el "Pepegate"
– 6) El descalabro del sistema financiero, con la quiebra de tres influyentes bancos (Baninter, Bancrédito y Mercantil)
– 7) Las cuestiones relativas a los derechos humanos y las libertades públicas
– 8) Las reformas fallidas o incompletas
– 9) La llegada del FMI

Una mayoría aplastante

Las elecciones congresuales y municipales realizadas a medio término del mandato de Hipólito Mejía consolidaron la preeminencia del PRD al obtener éste 29 asientos de un total de 32 que conforman el Senado de la República, complementando de esa manera una mayoría relativa en la Cámara de Diputados. Como bien hizo notar Rosario Espinal en otro análisis de coyuntura (Nueva Sociedad 178), este arreglo posibilitó al Ejecutivo un amplio margen de ejecución, especialmente en la aprobación de importantes leyes como la Ley de Seguridad social, la aprobación presupuestaria y la aprobación de dos partidas por un monto de US$1,100 millones en bonos soberanos, manejadas sin embargo con una opacidad absoluta frente a la ciudadanía, al extremo de que ni aún la comisión externa encargada de monitorear el uso de los fondos tuvo acceso al rendimiento de cuentas sobre la distribución de los mismos.

Gracias a esta mayoría, fue factible realizar una nueva reforma constitucional en julio del 2002 a través de la cual se reestableció la figura de la reelección presidencial, que había sido suprimida en la anterior reforma del 1994, como resultado de los acuerdos establecidos en el marco del denominado "Pacto por la Democracia", acordado entre las fuerzas políticas mayoritarias participantes en las elecciones. Con su reintegración, se busco allanar la repostulación de Hipólito Mejía como candidato del PRD. Pese a la preeminencia congresional del PRD, este desarrollo no estuvo exento de confrontaciones, concitando el rechazo entre el liderazgo opositor y dentro del propio partido blanco. La iniciativa, asumida por la fracción perredeista que empujaba la candidatura del actual presidente, fue el preludio de un amargo proceso de discrepancias y luchas internas de intereses, que al día de hoy mantienen fraccionada esa organización política.

En este sentido, el fantasma del continuismo se sigue perpetuando como el legado más arraigado de la política tradicional dominicana, perfilándose como una proyección de la cultura patrimonialista, que hace de suyo el poder y sus atributos, y a cuyo efecto reconfigura las instituciones y ajusta las normativas a los intereses personales del soberano, encarnado en la figura presidencial. A pesar de no ser inconstitucional, este comportamiento, representa una contratendencia al espíritu liberal del que está impregnado el propio partido en el poder, y a cuyo principio se han referido de manera reiterada su dirigencia política y gran parte de su membresía. Esta crisis ha sido llevada al paroxismo de celebrarse dos convenciones electivas internas, evidenciándose así la tozudez del liderazgo y la incapacidad de llegar a acuerdos que restituyan el interés de la colectividad militante. Más allá de lo que acontece en el partido, la cuestión arroja dudas sobre lo que pudiera acontecer en el ámbito de la contienda nacional, de producirse resultados desfavorables a quienes poseen los recursos para perpetuarse en el poder.

Se calienta la maquinaria partidaria...

Las contradicciones al interno del partido comenzaron a aflorar con los aires reeleccionistas. Desde mediados del presente año, la dirigencia del PRD y su media docena de candidatos presidenciales han batallado duro en la definición de una postura definitiva y creíble por parte del Mandatario, respecto a la campaña proselitista impulsada por el denominado Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), un frente interno que ha catapultando las aspiraciones continuistas del actual presidente de la República. Ello ha colocado a la que una vez fuera definida por su fenecido líder, Dr. José Francisco Peña Gómez, como "la maquinaria partidista", en una especie de marasmo, respecto a las restantes opciones electorales, con un arranque lento y tambaleante que se refleja en las encuestas recientes de intención de voto. De acuerdo con Penn Schoen & Berland, los encuestados le confieren una posición señera al Partido de la Liberación Dominicana, cuyo candidato, Leonel Fernández se proyectaba en octubre pasado como ganador en la primera vuelta, con un 58%, captando incluso desde principios del 2003, las preferencias del voto urbano (41.7% en marzo pasado), proveniente de sectores populares (37.2% para la misma fecha) y medios (47.9%), en términos socioeconómicos.

Habiendo inhibido la elección temprana de un candidato que eventualmente tuviese mejores posibilidades, Hipólito Mejía concita además el rechazo de un 81% de los potenciales votantes, de acuerdo con la encuesta realizada hace un par de meses por la agencia Corporación CID Latinoamericana, siendo por demás considerado por sus representados como el presidente con el peor desempeño, en comparación con similares sondeos de opinión emitidos en otros países de Centroamérica, de acuerdo con el estudio de marras.

Sin embargo, la crisis política en el seno del sistema de partidos no es exclusivamente atribuible al PRD. También el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) enfrenta sus propios demonios divisionistas. La emergencia de un nuevo liderazgo, en la figura del ingeniero Eduardo Estrella, ex secretario de obras públicas durante el último gobierno de Joaquín Balaguer, parecía empañar desde principios del año las aspiraciones presidenciales del empresario Jacinto Peynado, principal contendiente de Balaguer, y compañero de boleta en las elecciones en que terminó ocupando la vice-presidencia. En el entendimiento de muchos, Peynado se consideraba el sucesor natural en un escenario donde la prominente figura del nonagenario líder no estuviese dominando las decisiones partidarias. Desde el año 2001, Peynado se perfiló como el candidato favorito al interno del partido, concitando un 60% en abril de ese año y un 62% en marzo del 2002. Similarmente, en las preferencias generales, aglutinaba un 44% de los potenciales electores, mostrando un auge entre 47 y 53% a lo largo del 2001 y entre 48 y 44% a mediados del 2002. Sin embargo, este panorama dio un giro sorpresivo con posterioridad a la muerte de Balaguer, polarizando la contienda interna. Ya en marzo del 2003, la firma Cies Internacional ratificaba la fuerza de Estrella con un 29.4% de las preferencias partidarias, de cara a un 40% que representaba Peynado. El auge de Estrella parece estar respaldado por la "vieja guardia" del reconocido "anillo balaguerista" que encabeza su antiguo hombre de confianza y actual presidente del partido, Rafael Bello Andino, y por una influyente figura durante y después del dominio balaguerista, Guaroa Liranzo. A este sector se le atribuyen además conexiones conspicuas con el gobierno de Hipólito Mejía, a un grado tal que a los ojos de varios lideres reformistas, las consideradas "manifestaciones injerencistas" ponen en riesgo la integridad del PRSC.

La JCE

"Te pedimos señor que las autoridades garanticen a la Nación un proceso electoral diáfano, pulcro y sin contratiempos, en el cual los ciudadanos podamos ejercer el derecho al voto libremente y cuyos resultados sean respetados, garantizando el fortalecimiento de nuestra democracia"
(representante del empresariado, homilía del 13/11/03, en conmemoración del 25 aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios)

Las tendencias reeleccionistas -a juicio de muchos, violándose incluso estatutos y principios internos- y las pugnas intrapartidarias, orientadas a aniquilar tendencias opositoras mas que a concertar una propuesta de partido, son factores que precipitan la incertidumbre sobre la diafanidad del próximo torneo electoral. A ello hay que agregar que desde inicios del presente año, el organismo responsable de conducir las elecciones, la Junta Central Electoral (JCE), también ha estado inmerso en su propia crisis. Las tensiones comenzaron a atisbar con posterioridad a las elecciones congresuales y municipales del 2002, cuando el Senado de la República, de composición mayoritariamente perredeísta, se tomo la iniciativa de ratificar a sus jueces, quienes tendrán bajo su responsabilidad las presidenciales del 2004 y las municipales del 2006. Dicha acción fue rechazada por los partidos de oposición y sectores de la sociedad civil, por considerar el proceso amañado y viciado a favor de la fracción gobernante del partido en el poder.

Concomitantemente, un amplio sector de la ciudadanía interpeló la credibilidad del entonces presidente de la JCE, Dr. Morel Cerda, exigiéndole que renunciara a su posición en el cargo. El conflicto solo se resolvió parcialmente con el aumento del número de jueces, como una forma de neutralizar el poder de los anteriores, y la división de la JCE en dos cámaras : una contenciosa y otra administrativa, como una salida que esencialmente redujo el poder de incidencia de la presidencia, y que finalmente devino en la dimisión de su incumbente.

Adicionalmente, voces provenientes de diferentes sectores de la sociedad civil han exteriorizado su preocupación de que la gran mayoría de los acuerdos surgieron como "arreglos de gabinete", desde el ámbito partidario y al margen de sectores organizados e informados de la sociedad civil que apelan por una mayor participación en la toma de decisiones en áreas que terminarán afectando el bienestar de la ciudadanía. Entre estas instancias, la Coalición por la Transparencia y la Constitucionalidad y organizaciones no gubernamentales como Participación Ciudadana, han jugado un rol fundamental de contrapeso en términos educativos, informativos y de fortalecimiento institucional, para lograr una mayor diafanidad y legitimidad de los procesos electorales implementados en la última década. Ello adquiere aún más relevancia en cuanto el proceso tiende a complejizarse, con la introducción por vez primera del voto de los ciudadanos dominicanos residentes en el exterior.

Un panorama poco alentador

"Te pedimos Señor, que des discernimiento a las autoridades para que logren estabilizar la moneda nacional y puedan detener la devaluación que afecta grandemente a la clase mas necesitada"
(representante del empresariado)

No es la primera vez que en la práctica política dominicana se recurre a algún tipo de poder providencial que salve al país de la crisis. Sin embargo, el clamor a una entidad divina, desborda la dimensión utilitaria de esta connotación. Por lo menos, así parecen percibirlo dos de los aliados principales en el triunfo electoral del PRD en las elecciones del 2000 : el empresariado y la iglesia católica, quienes han pasado a constituirse en críticos acérrimos de la presente administración. El empresariado resistió la imposición del 1.5% del recargo cambiario y más tarde el 5% a las importaciones, impuestos agregados a la recaudación bajo el programa del FMI. En una homilía celebrada a mediados de noviembre pasado, en conmemoración del 25 aniversario de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y a la que asistió la directiva empresarial nacional, un inusitado listado de peticiones al poder divino cristalizaba el momento de incertidumbres que intercepta diversos sectores de la vida nacional ;
"Te pedimos señor que ilumines a nuestras autoridades y líderes políticos para que promuevan con su ejemplo una actitud conciliadora (...) permite Señor, que ellos puedan entender el rol que juega el sector privado junto a los demás sectores del país como dinamizadores de la economía".

Esta queja subyacente no deja de ser al mismo tiempo una crítica tenaz al desempeño administrativo y a la gestión económica gubernamental. Es un hecho innegable que la recesión económica por la que atraviesa el país en parte es atribuible al impacto que los eventos terroristas del 11 de septiembre tuvieron en la economía norteamericana y, consecuentemente, en la realidad económica del resto de los países vinculados a ella. Sin embargo, no es exagerado afirmar que más que el choque externo generado por el aumento posterior de los precios internacionales del petróleo y por la merma en los intercambios comerciales, han sido los factores internos (las medidas erráticas asumidas por la burocracia administrativa, los eventos disruptores, la licencia que han tenido sectores pertenecientes al liderazgo en el poder respecto a acciones dolosas), los que de manera consistente han puesto en juego la capacidad de recuperación económica y amenazan con reeditar la década perdida por la que atravesó el país en los 80. Todo ello ha contribuido a mellar la confianza de la ciudadanía respecto a una eventual superación de la crisis, al menos en el corto y mediano plazo.

Como lo demuestran las cifras, incluso oficiales, durante la presente administración, la deuda externa global aumento significativamente, pasando de US$3,350 millones en el año 2000, a US$5,500 millones al momento actual. La devaluación de más de un 100% y una tasa anual de inflación estimada para final del año en 30%, en comparación con 10.5% el pasado año [1] , ha venido acompasada con una tendencia decreciente de la economía, pasando de una de las tasas mas altas de crecimiento registrada en el hemisferio, 7% en la anterior administración, a menos de un 3% en la presente. A juicio de muchos, gran parte del comportamiento dispendioso tiene que ver con la política clientelar que subyace en el aumento progresivo del gasto corriente, observándose un incremento de la nómina pública en más de 300,000 empleados, con un excedente reconocido por el propio oficialismo, de por lo menos 125,000 empleados.

Pese a una reconfortante y consistente recuperación desde el 2002 del sector turismo, el cual reflejo un aumento en el flujo de pasajeros de 21.6% en los últimos 8 meses, con ingresos reportados de hasta US$410 millones mas que el pasado año, el impacto de la crisis en los sectores populares se observa mas profunda que nunca, con incrementos abruptos entre 15 y 20% de los productos de primera necesidad.

...Mientras tanto, se enfría el apoyo popular al PRD

Por tanto, el encarecimiento de los bienes y productos de consumo básico, el resurgimiento de la crisis energética, esta vez como consecuencia de conflictos entre el gobierno y los suplidores, potenciados por la iniciativa del primero de revertir el proceso de privatización establecido desde hace un par de años, afectando dramáticamente a los sectores mas empobrecidos y a las clases medias que ahora tienen que pagar mas caro los apagones, en gran medida han revertido una tendencia positiva con la cual se proyectaba la gestión de Mejía durante el primer semestre de su gobierno. Entonces, pese al declive que ya venían registrando las zonas francas y el turismo, Hipólito Mejía había logrado una estabilidad macroeconómica favorable. Esta ligera recuperación inyectó de un optimismo cauto al sector inversionista y pareció dar un respiro a los más desposeídos. Posteriormente, la mala coyuntura económica y el mal manejo de la misma dieron al traste con las expectativas ciudadanas respecto a una mejoría consistente.

En febrero del presente año, las organizaciones barriales y sindicales realizaron una manifestación nacional que cobro vidas de civiles y de por lo menos un miembro de las fuerzas del orden. La presión popular conminó al gobierno a establecer subsidios de algunos productos básicos para los sectores de menores ingresos. Sin embargo, ello no pudo evitar la realización a mediados de noviembre de un paro nacional, convocado por el Consejo de Unidad Popular y medio centenar de organizaciones populares, en protesta contra el alto costo de la vida, los apagones y la política económica del gobierno, el cual dejó nuevamente un saldo de 6 personas muertas, 34 heridos y mas de 500 detenidos. Dicha manifestación en todo el territorio nacional galvanizó el descontento generalizado de una población que apostó y votó apenas tres años atrás por una opción populista.

La economía política del dispendio y el fraude

Si algún vínculo concreto puede establecerse entre un Estado institucionalmente débil, un liderazgo público y privado ineficiente en el desempeño administrativo y una tradición centralizadora y clientelista, éste será sin lugar a dudas el lugar donde se anida la corrupción como práctica y sistema.

Con el advenimiento de un escándalo mayúsculo de malversación de fondos a finales del año pasado, la campaña anticorrupción promovida desde la Procuraduría General de la República quedó seriamente comprometida. El "Pepegate" -como fue popularmente bautizado- representó la punta del iceberg de una crisis de legitimidad que detonaría en los meses subsiguientes, salpicando a las esferas más altas del poder. El Coronel en funciones, Pedro Julio Goico (Pepe Goico), a la sazón Jefe de la seguridad presidencial, ascendido por orden del Ejecutivo al rango de Coronel, pese a no haber realizado carrera militar previa y a encontrarse en condición subjúdice por un escándalo de desfalco en la anterior administración perredeísta, encaraba cargos judiciales incoados por el Banco Intercontinental (Baninter), por gastos abusivos en el uso de la tarjeta de crédito, ascendentes a mas de medio millón de dólares.

Luego de un controversial juicio en el cual se desestimaron lo que parecían ser pruebas fehacientes y se manejaron influencias y recursos, Pepe Goico fue inicialmente juzgado y pese a ser encontrado culpable de múltiples cargos, fue finalmente liberado y eventualmente reintegrado, con un más bajo perfil, a sus funciones burocráticas.

El Pepegate fue el detonante de un fraude de mayor envergadura, que involucró de manera directa al Banco Interamericano, la segunda institución bancaria en el país, cuyos ingresos rondaban los 2.2 billones de dólares, pero que terminó declarándose insolvente, luego de operar durante 14 años, un banco clandestino desde el cual se realizaban transacciones ilegales de transferencias y retiros que terminaron descapitalizando sus arcas. El banco con toda su deuda fue, asumido por el Banco Central de la República, ascendió a un total de 55,845 millones de pesos, equivalentes a mas de dos terceras partes del monto del presupuesto del gobierno central para el 2003 y el 15% del Producto Bruto Interno de la República Dominicana.

Lo mas gravoso de la situación resultó ser que, en detrimento de la gran cantidad de pequeños ahorristas, el grueso del volumen monetario comprometido en las transacciones millonarias realizadas sin respaldo o de manera ilegal, pertenecían a una reducida y selecta clientela. Todo el proceso judicial posterior ha sacado a la luz pública actividades ilegales que involucraban a funcionarios gubernamentales, figuras públicas muy reconocidas en los ámbitos económicos y políticos e incluso mas de medio centenar de militares de alto rango que se beneficiaron de actividades irregulares realizadas por la institución.

La desafortunada decisión gubernamental de honrar una deuda privada, convirtiéndola en pública, a través de su absorción por parte del Banco Central, no solo transfirió a la ciudadanía los costos de un hecho criminal, descapitalizando en consecuencia al propio Banco Central que ahora enfrenta una escasez de reservas internacionales, sino que también contribuyó a desatar una crisis fiscal, como consecuencia, entre otras cosas, de la recurrencia a la emisión inorgánica. Este hecho doloso sacudió los cimientos de la sociedad, de por sí agobiada por los problemas económicos y a la maltrecha moral de los dominicanos, víctimas de una complicidad orquestada a lo largo de tres gobiernos sobre la base del silencio de líderes políticos y religiosos, autoridades civiles y militares, empresarios y legisladores.

El derrotero fraudulento y la crisis de insolvencia del sistema bancario ganó aún más terreno con la quiebra del Bancrédito (sus ejecutivos desviaron recursos a su favor valorados en RD$20,000 millones), y posteriormente del Banco Mercantil, cuya insolvencia, estimada en unos RD$9,000 millones fue también cubierta por el Banco Central, para luego ser adquirido por una institución bancaria en Trinidad y Tobago.

Otro ejemplo de la ineficiencia institucional del Estado dominicano y la incapacidad de su liderazgo gobernante en identificar prioridades, lo constituyó el compromiso asumido por el país con los juegos Panamericanos.

La noche del 1ro.de agosto del presente año, una batería de fuegos artificiales aperturaba los polémicos juegos Panamericanos, sofocando así dos años de amargas rencillas e incertidumbres. Al final, el affaire costó al país unos US$133 millones, pese al trasfondo oscuro de los apagones, la crisis económica y la entonces inminente firma con el FMI.

Si bien es cierto que dicho compromiso fue heredado del gobierno anterior de Leonel Fernández, cuando la economía dominicana se encontraba en una posición más robusta que en el momento en que fue finalmente concretizado, la desacertada decisión de seguir adelante a expensas de los costos y los sacrificios económicos, en cierta medida alimentaba un simbolismo difícil de obliterar. De esta suerte, los Panamericanos constituyen otra prenda de la cultura faraónica que viene primando desde los tiempos de Trujillo, cuando se realizó la Feria de la Paz, y sus secuelas durante el balaguerismo, con el Faro a Colon fungiendo como un icono más de la voluntad narcisista y del despilfarro.

Los recurrentes casos de oficiales corruptos a quienes no parece alcanzar el largo brazo de la ley, han puesto más que nada en entredicho la capacidad del propio estado de curarse en salud. El ejemplo mas obvio es el del congresista Guillermo Radhamés Ramos García, diputado del PRD, sometido a la justicia el 15 de julio del 2002 por cargos probados de haber traficado con visas otorgadas a nacionales chinos mientras ocupaba la posición de cónsul dominicano en Haití. Radhamés García, quien cándidamente admitió haber obtenido beneficios de más de 1.5 millones de dólares mientras estuvo al frente de la delegación consular, no solamente ha logrado burlar la sentencia condenatoria, sino que aún ejerce sus funciones como congresista.

Pese a este contexto, quizás el avance más importante para la sociedad dominicana lo constituye la elevación del perfil de la lucha contra la corrupción como un corolario del desarrollo económico, de la estabilidad política y de la gobernabilidad democrática, a la par con la toma de conciencia por parte de la ciudadanía de la necesidad de desarrollar mecanismos externos de control y de rendimientos de cuentas a las instituciones estatales.

Desde la sociedad civil dominicana se han ido fortaleciendo en los últimos dos años instancias que promueven la transparencia en el manejo de recursos, logrando empujar iniciativas como la aprobación de la Ley de Lavado de Activos por parte del Congreso dominicano. La reciente eliminación de la instrucción secreta en el marco de las reformas realizadas al sistema de justicia, erradica el carácter secretivo del proceso de instrucción, al tiempo que limita la facultad de absoluta discrecionalidad de los jueces para otorgar libertad provisional bajo fianza, dictar o revocar mandamientos de prisión, como una práctica reiterada en el manejo de influencia y tráfico de intereses, potenciando en su lugar una justicia mas transparente. Aún están pendientes de aprobación un conjunto de proyectos de leyes en este campo, tales como el de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado, el de Acceso a la Información Pública, la reforma de la ley de declaraciones juradas de bienes, el que crea la Fiscalía Anticorrupción, la modificación de las leyes de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República y la de Presupuesto, entre otras.

Derechos Humanos/Violencia estatal

A lo largo del 2003, el tema de la brutalidad policial se mantuvo vigente en las primeras planas de los medios de comunicación y en la cotidianidad de los pobladores de los sectores social y económicamente mas marginados. Las cifras de víctimas de enfrentamientos con la policía, tanto de supuestos delincuentes y de manifestantes en las protestas callejeras prácticamente ascendieron a los niveles de años anteriores, cuando el rechazo de la ciudadanía a la política represiva y confrontacional de los cuerpos del orden conllevó la sustitución del entonces jefe policial, Pedro de Jesús Candelier, famoso por aplicar la política de mano dura a todo trance.

La práctica de involucrar a las Fuerzas Armadas en las actividades de control del orden publico, condujo a exacerbar esta tendencia, como quedó manifestado en la recién pasada huelga del 11 noviembre, matizada por un abrumador despliegue policial y militar. A la víspera de la huelga, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevaron a cabo detenciones masivas de ciudadanos, apresando a más de 700 personas, según se dijo, "preventivamente".

Un aspecto positivo en el orden institucional en el ámbito de la seguridad pública, lo constituyó el sometimiento al Congreso de la Ley de Reforma Policial, orientada a resaltar el carácter civil de los cuerpos del orden y a modernizar la institución policial, confiriéndole un carácter más profesional. El proyecto de ley fue ampliamente debatido por sectores diversos de la sociedad civil, sin embargo, discrepancias cruciales entre las partes ha mantenido la propuesta en un limbo, sin que hasta el momento haya sido aprobada.

Otra iniciativa determinante en materia de derechos humanos fue la promulgación de la ley del defensor del pueblo. La misma concitó una amplia participación de sectores diversos de la ciudadanía y de la comunidad internacional enfocada en los temas de derechos humanos e interesada en la conformación de mecanismos externos de control y contrapesos. Desafortunadamente, no obstante la presión y el involucramiento externo, aún los legisladores no han seleccionado el candidato entre las opciones propuestas, para ejercer las responsabilidades del Defensor.

En el plano de la justicia, un avance significativo fue la aprobación del nuevo código procesal penal y de la ley del Ministerio Público. El primero orientado a erradicar un sistema de justicia de carácter inquisitorio y antidemocrático y sustituirlo por un sistema moderno que vindica el debido proceso de ley, consagrado en la Constitución. Ambos instrumentos están orientados a fortalecer los aparatos institucionales que garanticen los derechos ciudadanos.

En materia de garantías constitucionales, derechos civiles y seguridad humana, "aún queda mucho por hacer", parafraseando al mandatario dominicano. De acuerdo con el informe del Departamento de Estado de los EE.UU. sobre Tráfico de Personas a escala mundial, en el 2003, la República Dominicana se mantenía en la lista tope de países considerados "fuente, tránsito y destino del tráfico de personas para explotación sexual y trabajo forzado (…) en el hemisferio occidental". Esta condición, de larga data y de ninguna manera de exclusiva responsabilidad de la actual administración, ha contado sin embargo con la misma tolerancia y dejadez que las administraciones anteriores. Los sucesivos gobiernos dominicanos, incluyendo el actual han demostrado ser incapaces de imponer la aplicación de la ley para desarticular las redes de traficantes, aún en los casos donde funcionarios gubernamentales han sido implicados.

Militarismo renovado

A lo largo de la presente gestión, la cuestión del militarismo volvió a resonar con renovado vigor. Matizada por una incontestada presencia militar con rostro lavado, su preeminencia en la vida social fue entendida por algunos como un necesario proceso de conciliación e incorporación del estamento militar a la vida pública nacional, como un acto de tolerancia y apertura de doble vía. Este resurgir estuvo respaldado por la emergencia de una nueva elite de cuadros militares que coadyuvaron la conformación de nuevos espacios de intercambios entre civiles y militares, iniciativas provenientes inicialmente desde el ámbito civil académico y más tarde retomadas por las propias instituciones castrenses. Paulatinamente, éstas fueron asumiendo responsabilidades en el ámbito de la seguridad pública, utilizadas en el control de protestas, e incluso como potenciales suplentes de maestros en huelga, demandantes de mejoras salariales. Ocasionalmente, se hicieron manifiestas declaraciones políticas de apoyo a Hipólito Mejía para las elecciones venideras.

A mediados del 2003 el debate sobre si los militares dominicanos deberían o no ejercer su derecho al sufragio fue traslapado con la cuestión de la participación política de éstos. Amparado en la letra de la constitución dominicana que establece en el título X, art. 88, inciso 2 que "Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos de la policía no podrán votar", la discusión ha girado en torno a si los militares poseen o no una ciudadanía restringida que les impide ejercer sus derechos plenos a través del voto.

Para un amplio sector de la ciudadanía, la prerrogativa ciudadana de votar es generalmente asumido como un signo de madurez de una democracia y sus instituciones, y existen al respecto temores fundamentados en la manifiesta precariedad institucional y el limitado desarrollo que caracteriza nuestra incipiente democracia para garantizar el control civil ampliado de la esfera militar.

En la República Dominicana, los militares han ejercido un poder de incidencia diferido a través de una lealtad absoluta a la persona que encarna la presidencia. El poder personalizado requiere una lealtad personalizada y eso da paso a todo un rejuego de prácticas y discursos prebendalistas y clientelares que atentan contra la institucionalidad y el desarrollo democrático. Esa relación se expresa como un juego de espejos (y espejismos) porque los militares dominicanos dicen respetar la constitución y dado que no votan, toman eso como una prenda de su supuesta apoliticidad.

Los militares dominicanos durante el período de Balaguer practicaron ese apoyo incondicional al gobernante y tuvieron una participación política (proselitista) activa en los procesos electorales. Eran el poder detrás del poder. Como lo destaca Wildredo Lozano (2002) [2] , el Dr. Balaguer manejó esa relación a lo interno de la institución castrense a través de su lógica de equilibrar tensiones entre poderes, moviendo militares como fichas en posiciones claves alrededor del poder central. Entonces, la sociedad dominicana podría decirse que estaba militarizada por la presencia de uniformados en la vida pública administrativa, y por el predominio de lo que Lozano ha caracterizado como el discurso de ascendente militar en el ejercicio de la política.

Esa situación de incidencia militar se ha perpetuado en los sucesivos gobiernos aunque con matices diferentes. Es decir, los militares perdieron cierta centralidad en los primeros gobiernos del PRD. Tuvieron un mas bajo perfil durante los dos primeros gobiernos del PRD, pero el fenómeno que se dio allí fue de diversificación de intereses partidarios al interno de la institución castrense.

Lo cierto es que en la República Dominicana, la cuestión partidaria, y por ende, las adscripciones a una figura presidencial o presidenciable, han contado y cuentan para la distribución de poderes al interno de la institución castrense, más aún que la antigüedad en el puesto y la propia carrera militar. Por esa razón, la cuestión de la participación política de los militares supone un riesgo al proceso mismo de la profesionalización militar. Las políticas de reintegro de generales y oficiales superiores puestos en retiro por gobiernos anteriores constituyen otra expresión de su adscripción "informal" e implícita a tendencias políticas/partidarias especificas. El reintegro es entendido comúnmente como una prebenda o una retribución a la adscripción leal a un candidato, de la misma manera que con frecuencia, la puesta en retiro supone un castigo o desconocimiento ante la falta de lealtad a la figura de un gobernante específico.

Consecuentemente, la ’apoliticidad’ de los militares no se dirime en la adscripción al articulo constitucional que establece la imposibilidad de los militares ejercer el sufragio, ni tampoco en la letra que rige la Ley Orgánica de las FF.AA. que les impide ser deliberantes. La cuestión es más compleja dado que los militares han ejercido siempre y continúan ejerciendo incidencia en la política tanto al interno de la institución como en diversas esferas de la sociedad dominicana. Cuando se analiza el discurso presidencial y el de los Jefes de las FF.AA., resulta evidente el culto a la lealtad de la persona que ocupa la posición de mando, más que a los propios preceptos constitucionales que establecen los derechos civiles y ciudadanos de todos los dominicanos. Los presidentes dominicanos, unos más que otros, han ejercido ese veto y poder sobre los militares de múltiples maneras en el contexto de una cultura desinstitucionalizante, personalista y clientelar, y los militares también ejercen su supuesta subordinación al poder civil, acogiéndose a las formalidades del rejuego político.

Faltando apenas seis meses para las elecciones presidenciales, la confluencia de la crisis política, económica y social, aunado al desgaste institucional de las instancias estatales y del sistema de representación, genera una especie de deja vú respecto a prácticas y retóricas que sobreviven el ocaso de los caudillos. El recurrente desencuentro entre las expectativas de una sociedad que quiere avanzar hacia la modernidad y un liderazgo político obsoleto, parece recrear el mito de Sísifo, subiendo su carga cuesta arriba sólo para volver al pie de la colina. Para el pueblo dominicano, queda sin respuesta la cuestionante : ¿adelante hacia el futuro, o el pasado una vez más ?