Represores guardan espaldas y haciendas de los hombres del poder

Por María Cristina Caiati.
El Correo. París, 3 de Marzo de 2008

Tales promociones se producen luego de que se reforzó en el imaginario social la idea de que la delincuencia, convertida en un verdadero ejército descontrolado, supera ampliamente a los ciudadanos decentes; el miedo entonces es la mejor garantía para la supervivencia; el cuidado de ésta cae en manos de represores reciclados que implementan lo único que saben hacer -reprimir-, pero públicamente se muestran como carmelitas descalzas: siempre resulta curioso ver cómo niegan cualquier mínima participación en el terrorismo de Estado.

Con esos nombramientos, el mensaje subliminal que el gobierno provincial de turno -precisamente ese elegido por voto popular- lanza a la ciudadanía, sostiene: calma, muchachos, todavía podemos contar con los que hacen el trabajo sucio, ellos se encargarán de terminar con la delincuencia. Este manejo perverso tiene la virtud de poner de manifiesto un delgado hilo conductor entre democracia y dictadura que perduró durante muchísimos años y respaldó la impunidad de gobiernos de facto cada vez más violentos.

Allí está, para ejemplificarlo, el caso del comisario (re) Carlos Rico, nombrado subsecretario de Seguridad de Mendoza y respaldado por el ministro del área, el demócrata Juan Carlos Aguinaga quien a su vez, cuenta con el visto bueno del gobernador Celso Jaque, un hombre ecléctico si los hay, ya que colocó a los abogados defensores de los derechos humanos en ese sector del gobierno y designó a la dupla Aguinaga-Rico (más otros comisarios del estilo de Rico) en seguridad en un clara advertencia a los letrados, para que no se pasen de la raya. En 1976, Rico, se capacitó en Buenos Aires en el Centro de Instrucción Contrasubversivo (CIC) de la policía federal, enviado especialmente por el entonces jefe de la policía de Mendoza, Julio César Santuccione; en ese curso, la mano derecha de Aguinaga aprendió métodos para el "combate urbano antisubversivo" -un eufemismo para designar el secuestro y desaparición de personas-, y más tarde tuvo a cargo el GE ’78, un grupo especial para la custodia del Mundial del Fútbol, que comandó el coronel Mohamed Alí Seineldín y que en realidad se dedicó a reprimir para que ningún disidente empañara la "fiesta del futbol"; Rico negó haber servido a las órdenes de Santuccione, pero admitió haber sido ayudante del subjefe de la policía mendocina durante la dictadura, comisario general Ramón Armando Arrieta Cortez, un hombre con conocimiento y poder decisorio en los campos de concentración que funcionaron en las crías 7 de Godoy Cruz y 25 de Guaymallén y en el D-2 de la policía provincial, y que fue beneficiado en su momento con el Punto Final.

Otro ejemplo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, mostró el mes pasado su profunda preocupación por la designación en el ministerio de Seguridad de esa provincia, del coronel (re) Guillermo López, quien reconoció haber participado en 1975 en el Operativo Independencia en Tucumán, un verdadero ensayo de Terrorismo de Estado; López, dijo públicamente que después de aquella experiencia fue trasladado a la Dependencia de Artillería Antiaérea de Mar del Plata, una de las ciudades más castigadas del país, durante la dictadura. La APDH San Luis y los organismos que acompañaron su denuncia, consideraron ofensiva la designación de López y de cualquier otro represor, en cargos ministeriales de gobiernos elegidos por el voto popular; sostuvieron además, su convicción de que los represores, educados en el sectarismo y acostumbrados a actuar bajo el manto de la impunidad, no aportan a la defensa y consolidación del sistema constitucional

Un último ejemplo: en Salta fue designado secretario de Seguridad Jorge Amado Skaf; David Leiva integrante de la red de abogados por los DDHH , pidió al juez federal de esa provincia, Abel Cornejo, que investigue si el funcionario fue miembro de la policía federal y su presunta participación en tareas de inteligencia durante el terrorismo de Estado. Skaf negó todo y le dio al trámite pedido por Leiva, carácter político, como si no fuera política su designación, su desempeño y su discurso; lo cierto es que los organismos de derechos humanos sostienen que entre 1977 y 1980 Skaf -que es abogado- integró la policía federal, realizó tareas de inteligencia en Salta durante la última dictadura militar y en 1982 ingresó a la policía de la provincia donde finalmente se quedó. Más expeditivo, el Concejo Deliberante de la provincia norteña anticipó que pedirá la renuncia de Skaf por una sencilla razón: ’Una persona sospechada por algún organismo de derechos humanos no puede ser secretario de Seguridad’, sostuvo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo, Nora Ríos.

Ese hilo conductor entre dictadura y democracia, evidentemente, no se quebró ni con el régimen constitucional recuperado en 1984. Más allá de los casos conocidos - el ministro de Economía Domingo Cavallo, el múltiple asesino Antonio Domingo Bussi en Tucumán o el marino Roberto Ulloa, gobernador de Salta con responsabilidad en un centenar de desapariciones que él negó siempre-, hay otros casos dignos de mención. Se señalan aquí sólo algunos, sin pretender con ello agotar el tema

El tte cnel Antonino Fichera, que entre 1977 y 1978 fue jefe del área 114, cuya jurisdicción abarcaba los partidos de La Matanza, Las Heras, Navarro, Lobos y Marcos Paz y por lo tanto responsable de los campos de concentración El Banco, comisaría 2da., Brigada de Investigaciones de San Justo, Sheraton y Vesubio, entre otros. Cuando estalló el cuartelazo carapintada de semana santa de 1987, Fichera era titular del tercer cuerpo en Córdoba, predio en el que se refugió el torturador Ernesto "Nabo" Barreiro, para no declarar ante la justicia provincial; cuando ese golpe fracasó, Fichera pasó a retiro, pero mantuvo siempre un estrecho contacto con la cúpula castrense. En octubre de 1992 fue designado titular de la Dirección General de Política del ministerio de Defensa, durante la gestión al frente de esa cartera del menemista Jorge Domínguez; al asumir Oscar Camilión fue confirmado en el cargo, tras ganar un concurso dentro del Sistema Nacional para la Administración Pública (Sinapa); esto significa que gozó de un régimen de estabilidad según las normas vigentes; renunció a ese cargo a raíz de la difusión de un documento sobre Seguridad y Defensa en el Mercosur, que preveía la participación militar en el control de conflictos sociales de la región. Fichera murió, impune, en enero de 1999.

El cnel (re) José Bernhardt no sólo "asesoró" al ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, sino también acompañó a Jorge Obeid, el político que alternó el poder provincial con el piloto de carreras; fue preferentemente subsecretario de seguridad pública de la provincia, aunque también se desempeñó como subsecretario de Emergencias y como titular de Defensa Civil; por supuesto, se movió impune porque no conmovieron al gobernador las denuncias sobre su experiencia en inteligencia militar, rol desde el cual trasladaba prisioneros al campo de concentración La Calamita, en Granadero Baigorria; Bernhardt, que tuvo como segundo en sus numerosas funciones de gobierno a otro torturador, el suboficial del ejército (re) Nicolás Correa -muerto en agosto pasado-, es el único de los amigos de Obeid que lo acompañó en la Casa Gris hasta el final de su mandato, el año pasado, con lo que completó doce años al amparo del poder santafesino.

El gendarme Sergio Nazario (a) comandante Estevez, represor del Vesubio y Olimpo, fue guardaespaldas del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero; el escándalo desatado en 1997 por esa presencia, obligó al mandatario a "guardarlo" por un tiempo, aunque sin desprenderse del todo; mantuvo la jefatura de la agencia de seguridad Vanguardia, en Salta; Nazario además, formaba parte de los equipos de guardaespaldas de Alfredo Yabrán, quien lo habría recomendado como jefe de seguridad del diario El Tribuno de propiedad de Romero. Cierto que en su época de esplendor, Yabrán tuvo a la flor y nata de los represores, para cuidarle las espaldas y los dineros: además de Nazario, fueron asalariados del poderoso empresario los más notorios secuestradores y torturadores de la ESMA: Adolfo Miguel Donda, Claudio Pitana, Enrique Peyón, Jorge Carlos Radice y el contralmirante (re) Jorge "Tigre" Acosta, quien fue comisionado por el gobierno menemista para viajar a Chiapas, México, en 1994, junto a Peyón, como observadores a raíz de la aparición de la guerrilla zapatista; el ’Tata’ Yofré, ex-titular de la SIDE, ratificó la información diciendo en enero de 1998, que cuando era embajador en Panamá los vio pasar rumbo a México.

Estos son unos pocos casos que sirven sólo como botón de muestra; los hombres del poder, acostumbrados a asumir el ejercicio político como un negocio lucrativo, sabedores de que no tienen la tranquilidad garantizada, se muestran más seguros si los represores experimentados, guardan sus espaldas y sus haciendas.