Recuperación de lo perdido por la Nación Argentina con las empresas, rentas, recursos naturales y otros temas

Por Félix Herrero
INFOMORENO, 17 de septiembre 2004

"La ironía de la desregulación
es que cuanta más libertad tienen las empresas,
más necesitan que el gobierno acuda a salvarlas’,
John Ralston Saul (’Los bastardos de Voltaire:
La dictadura de la razón en occidente’).

Cuando se critica el fenómeno de la privatización, en general se suele considerar el aspecto de la transferencia empresaria, es decir la privatización como cesión del paquete accionario o directamente de los activos, a una empresa que deja de ser del Estado.

Pero el fenómeno de la privatización (de la gestión empresaria) no se agota con la venta de activos, o por lo menos no cubre todo el proceso de transferencias que los programas de privatización incluían . Por ello es necesario analizar la privatización así definida junto con las políticas de desregulación, equivalentes al establecimiento de las normas del mercado para beneficio de las empresas privadas, en general extranjeras en el caso argentino.

En la mayoría de los países latinoamericanos, privatización y desregulación se dieron unidas, tal como las concibieron el Fondo, el Banco Mundial, el ’Consenso de Washington’, y las escuelas neoliberales. Pero para ver los efectos completos de estas políticas, bien resumidas con el término ’neoliberal’, es conveniente tomar en cuenta no sólo la desregulación normativa (que impuso nuevas reglas de juego a la actividad energética, o al mercado) y la enajenación de los activos, sino también otros aspectos como la gestión y renta empresarias, la renta petrolera y energética en general, y la propiedad y uso de los recursos naturales. También se debe analizar la naturaleza del derecho aplicable, los costos de generación o producción, las decisiones de planificación y la elaboración de estadísticas.

La suma de la desregulación de las actividades (o del mercado) y la privatización de las empresas públicas fue tan intensa en el programa liberal que, inicialmente, hubo en muchas situaciones reales una desregulación sin privatización que consolidó a la empresa pública. Ello puso al descubierto la ineficiencia e ineficacia de muchas empresas privadas que, pidiendo libertad de competencia porque conocían que no estaban en condiciones de competir libremente contra las empresas públicas, por lo cual se las adueñaron.

Empresas públicas sin renta

Son conocidos los casos en que la renta generada por las empresas públicas (antes de ser privatizadas) se ’filtraba’ a favor de los grupos empresarios, fenómeno conocido popularmente como ’patria contratista’. En Argentina fueron esos mismos grupos locales los que luego se convertirían, con las privatizaciones, en los dueños de esas empresas públicas. No para siempre, sino para cobrar el ’impuesto o peaje’ que significó participar en las privatizaciones para luego retirarse y trasladar la titularidad empresaria total o parcialmente a firmas extranjeras, etapa en que como vendedores ya no les preocupaba que los compradores fueran estatales o privados. Un caso reciente, en Venezuela, es el de PDVSA, que culminó en el sabotaje petrolero (realizado por sus directivos, mediante una presunta huelga que duró tres meses): la filtración de la renta se hacía a través de generosas asociaciones de producción con las multinacionales, con la venta del crudo de la Faja del Orinoco al precio de bituminoso y no al precio de petróleo, y con los tradicionales contratos de locación de obras y de servicios. Felizmente la reacción del gobierno y del pueblo venezolano terminó con la práctica de desposeimiento de la renta petrolera (esta práctica, con un elevado grado corruptor, obedece a dos objetivos: el primero y obvio es despojar al Estado de sus ingresos, apropiándoselos; y el segundo consiste en endeudar y debilitar a las empresas para que resulten no rentables (de manera real o ficticia) y así ’justificar’ la trasferencia empresaria o, en algunos casos, la liquidación lisa y llana, para lograr posteriormente la captura íntegra de la renta.

En Argentina tuvimos un período de ’patria contratista’ que, además de entregar la política energética a los contratistas significó la transferencia parcial de la renta, lo que fuera manifiesto en el caso de YPF, en general a través del pago de precios exageradamente altos en los contratos de locación de obras y servicios [1]. La empresa era rentable, pero con esos contratos y otras manipulaciones se la esquilmó. Entre esas otras prácticas quedan en la memoria histórica las ventas del crudo a las destilerías de Shell y ESSO a precios inferiores a los que se pagaban a los contratistas (tipo Pérez Companc, por ejemplo) por la extracción del petróleo que pertenecía a YPF. También se pusieron en práctica otras estrategias corruptoras, como obligar a la empresa pública a endeudarse en el exterior con créditos en dólares que nunca utilizaron [2] ya que se los destinaba a la llamada ’patria contratista’ y, en numerosos casos, a las empresas que competían con las estatales o actuaban para que estas empresas se retiraran del ’mercado’ [3]. También se utilizó la ’contabilidad creativa’ haciendo figurar inversiones sociales y territoriales como gastos comunes, no contabilizando activos sustanciales (aguas de las represas, crudo y gas natural en el subsuelo, etc.) y otras prácticas destinadas a que las empresas públicas no pudieran desarrollar toda su potencialidad empresaria [4].

La historia en tres periodos

Si quisiéramos hacer una relación de las empresas públicas en función de la gestión, la renta, y la propiedad y uso de nuestros recursos naturales, se deberían considerar tres etapas por las que han pasado las empresas públicas, teniendo presente que las épocas no son las mismas en todos los subsectores o todas las firmas: YPF nace en 1923, pero el período dorado o épico se inició con el descubrimiento del petróleo argentino, pero Agua y Energía, los ferrocarriles estatales y Gas del Estado son del decenio del 40. Dejando de lado el período del viejo liberalismo anterior a este período épico, que tampoco fue general porque coexistían ferrocarriles privados con públicos, generación privada con pública, etc., el período épico significó la construcción social y económica del pueblo argentino respecto a los servicios públicos y a los recursos naturales esenciales.

Podemos decir que durante el siglo XX se manifiestan, según los sectores, sin evolucionar de la misma manera, los tres períodos: el dorado de la empresa pública sin cesión de la renta; el contratismo o de la ’patria contratista’, donde la empresa pública sufría la cesión parcial de su renta, que puede ubicarse con la pujanza contratista reaparecida en el año 1976, y el período privatista o de la ’patria privatista’ iniciado con fuerza dominante a partir de 1989.

El período fundador o dorado [5] de la empresa pública sin patria contratista (es decir sin filtración parcial de su renta) lo diferencia del período contratista por la generación y destino de la renta En el período contratista la empresa sigue siendo pública pero desciende el compromiso social de sus directivos. En el período contratista tampoco había transferencia del patrimonio público, ni en la elaboración estadística ni en la planificación, ya que todos estos males vendrán directamente con las privatizaciones. En el cuadro que se acompaña se puntualiza el comportamiento de estos elementos y otros (no desarrollados en este artículo) en los dos últimos períodos de las empresas públicas, los períodos inmediatamente previo y el posterior a la introducción de las privatizaciones, o sea los períodos posteriores al fundador:

Cuadro comparativo del periodo contratista y del periodo privatista

Como ya se dijo, previamente a estas dos etapas existió un período cuasi legendario del servicio público: la empresa estaba al servicio del público y ser servidor público era un orgullo. Luego del período fundacional de la empresa pública se instaló el período del contratismo a través de funcionarios de las empresas públicas, muchas veces designados y controlados por las empresas privadas contratistas, al mismo tiempo en competencia con la empresa pública. El período de la patria privatista trae la privatización total con el consecuente apoderamiento de la gestión, la renta, la propiedad de los Recursos Naturales y el capital. Se altera el principio del servicio público (misión pública para el usuario y respeto a sus trabajadores y profesionales) para imponer el criterio privado y comercial de la actividad (rentabilidad ante todo; el cliente reemplaza al usuario). Y negando, por otra parte, las explicaciones realizadas previa y durante el proceso de privatización, los niveles de corrupción activa y pasiva del período privatista superaron a los del período contratista.

Si se compara el apoyo real y el entusiasmo popular que tuvieron las grandes fundaciones de las empresas publicas [6] con relación a las privatizaciones, se comprende como estas últimas nacen en cenáculos de negocios (en el ’clima de los negocios’) y nunca tuvieron un real apoyo y afecto popular. Si lo hubieran tenido ¿por qué no se llamó a plebiscitos que la justificaran las privatizaciones? [7] El caso uruguayo es más que paradigmático: nunca pudieron privatizar porque no hubo traición de dirigencias y porque el pueblo fue consultado en varias ocasiones.

La política de renacionalización (como se hace en Bolivia) o de recuperación, no se cumple simplemente con la recreación de una empresa estatal (hecho, sin embargo, positivo y que debe apoyarse). Pero no basta con cualquier empresa estatal, sino que se debe rever totalmente la desregulación a favor de las privatizadas y además se debe recuperar la renta, como también la decisión planificadoray los Recursos Naturales (hay concesiones a tan largo plazo que se asemejan a la entrega de la propiedad, y algunas concesiones con términos ampliados con la práctica corrupta de otorgar prórrogas de explotación de yacimientos casi contemporáneamente a la firma del contrato original).

La política de precios no puede ser desregulada de tal modo que se vendan a cualquier precio los bienes naturales que se nos están agotando. No se puede ’liberar’ el precio de venta de los bienes estratégicos sin tener en cuenta los costos de extracción o producción y toda la cadena de precios. Mucho es lo que hay que recuperar, pero sí es algo posible, como lo muestran países de América Latina que están luchando por sus empresas, por las rentas de estas actividades esenciales y estratégicas y para terminar con la cesión de sus Recursos Naturales.