"Que la gente decida en un plebiscito si quiere o no anular la ley de caducida" :
Rafael Michelini

Por Walter Pernas
Brecha. Uruguay, 24 de diciembre de 2005

El senador frenteamplista, principal impulsor de la anulación de la ley de caducidad, dijo a BRECHA que el Parlamento puede dar ese paso aunque la norma haya pasado por un referéndum, y que habría que propiciar las
condiciones para que la ciudadanía vuelva a expresarse sobre el tema.

Sostuvo, además, que el fiscal Moller no tiene "vocación de justicia" y admitió que el gobierno no fue prolijo a la hora de realizar declaraciones
públicas con respecto a los caminos a seguir contra la impunidad.

Usted impulsó el proyecto interpretativo de la ley de caducidad, pero luego modificó su postura y ahora pretende que el Parlamento anule la norma. ¿Cómo fue ese proceso?

Nosotros trabajamos por la verdad, por la memoria y por la justicia. Antes del 1 de marzo había tres obstáculos: un gobierno de derecha que jugaba a la
impunidad; el fantasma de la intranquilidad militar siempre preanunciado por el poder de turno; y la ley de caducidad. Ahora hay un gobierno de izquierda que está contra la impunidad, y la subordinación de las Fuerzas Armadas es absoluta. En lo jurídico, siempre pensamos que si el presidente afirmaba que los casos no estaban amparados en la ley de caducidad se habilitarían las investigaciones y los enjuiciamientos. Se avanzó mucho en la verdad y en la memoria, pero en la justicia, nada. Por eso, en principio, propuse la ley interpretativa.

¿Por qué?

Había cuatro posibilidades para avanzar: la inconstitucionalidad de la ley, que depende de la Suprema Corte de Justicia; la derogación, que en
definitiva consagra la impunidad por los efectos jurídicos que habrían operado; la interpretación; o la anulación.
Hace unos meses pensábamos que todavía no estaban las condiciones para anular, pero había que avanzar sobre la justicia. La ley interpretativa
parecía el camino más rápido y claro para que se decretaran procesamientos,
pero se genera un clima en organizaciones de la sociedad civil que alienta
la posibilidad de anular; y a ello se suma la opinión de juristas de
renombre que plantean que los aspectos inconstitucionales de la ley madre se
transfieren a la ley interpretativa. Ahora creemos que las condiciones son
mucho más propicias para ir por la anulación.

¿Es posible interpretar y después anular?

No creo que ese sea el camino, porque si aprobamos una interpretativa
dentro de seis o siete meses se puede generar un escollo irremovible que
atentaría contra la intención de hacer justicia. Se van a presentar recursos
de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa basados en opiniones de
destacados juristas, quienes incluso señalan que lo mejor es anular. Por
eso, el FA debe analizar profundamente esa posibilidad y dar el paso
correcto hacia la anulación.

Hubo un referéndum en 1989 cuyo resultado mantuvo la ley de caducidad. ¿El Parlamento de hoy puede ir contra aquel pronunciamiento?

Un Parlamento puede derogar o anular una ley. La ley de caducidad es una ley como tantas otras. Tiene consideraciones políticas que no podemos dejar de lado, pero sólo en ese terreno. La ley de caducidad es una vergüenza para nuestro ordenamiento jurídico, porque le corta el brazo a la justicia. Yo creo que hay una vía parlamentaria que es la anulación, que debería ser
completada con una expresión ciudadana.

¿Usted está proponiendo un nuevo plebiscito?

Habría que generar las condiciones para que haya un plebiscito, y que la
gente se pronuncie por si quiere o no anular la ley de caducidad. Los
aspectos normativos hay que estudiarlos, pero la gente debería expresarse en
las urnas por este tema. Es notorio que vamos a estar más cerca de la
justicia si anulamos que si interpretamos la ley. Pero eso debería
ratificarlo la gente; puede ser por una ley de iniciativa popular o por un
recurso que se presente ante una decisión parlamentaria. Hay que estudiarlo.

El ex presidente y actual senador Julio María Sanguinetti señala que el Parlamento no puede anular una ley porque no existe el mecanismo de la anulación. Dice que sí se puede derogar, pero ello produce efectos jurídicos que salvarían a los represores de la cárcel. ¿Usted qué opina?

Sanguinetti ha sido artífice de la impunidad, y si él dice "muchachos, no vayan por la anulación" es porque ese es el camino que afecta más a la impunidad, a su propia obra.

¿Pero existe o no el mecanismo? ¿El Parlamento puede o no votar una ley que anule otra, como la de caducidad?

El Parlamento ya lo ha hecho. Anuló decretos de ley de la dictadura. En este caso hay que tener en cuenta que la ley de caducidad viola todos los pactos internacionales de defensa de los derechos humanos firmados por Uruguay.

Un informe de 1992 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sostuvo que Uruguay, al aprobar y aplicar la ley de caducidad, viola
principios fundamentales de los derechos humanos que naturalmente las
naciones deben respetar. ¿Por qué el Frente Amplio se comprometió en la
campaña electoral a cumplir con esa ley que atenta contra los derechos de
las personas?

Los gobiernos blancos y colorados ignoraron el pronunciamiento de la CIDH,
a tal punto que el ex presidente Luis Alberto Lacalle dice: "En mi gobierno
nadie reclamó nada". Pero fue justamente en 1992, durante su mandato, que la
comisión se expresó condenando internacionalmente a Uruguay como violador de
los derechos humanos.
Nosotros estábamos convencidos de que la lucha no era a favor o en contra de
la ley sino contra la impunidad. Y la ley tiene un elemento que deja en
manos del Poder Ejecutivo decidir si se habilita o no la investigación
judicial. Si el presidente de la República dice que los casos no están en la
ley de caducidad se acciona todo el ordenamiento jurídico vigente.
Pensábamos que bastaba con no aplicar la ley para que cayera la impunidad;
lo que pasa es que algunos fiscales y jueces han subvertido el espíritu de
la ley de caducidad, que es inconstitucional y una herramienta de la
impunidad cuestionada a nivel internacional.

¿Usted dice que el gobierno estaba convencido de que nunca iba a aplicar la ley de caducidad?

Pensábamos que si el Ejecutivo no aplicaba la ley, ésta en los hechos
quedaba fuera del ordenamiento jurídico nacional.

¿Por qué entonces el FA opta por prometer en la campaña que va a cumplir con la ley de caducidad, en vez de comprometerse a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, que aconseja eliminar la ley?

Una cosa es ver cómo el gobierno cumple con los compromisos internacionales, y en ese sentido va la idea de anulación, y otra es considerar las herramientas que tenemos contra la impunidad. La única manera de sortear la ley de caducidad era no aplicarla, aunque la norma siguiera vigente. Y no aplicarla es decir que cada uno de los casos está fuera de la
ley de caducidad.

El problema es que Tabaré Vázquez dijo: "Vamos a cumplir con la ley de caducidad", y ese fue un elemento importante de la campaña electoral.

Cumplir implicaba investigar, entrar a los cuarteles, devolver los restos a
los familiares de las víctimas, pedir toda la información que se pudiera
obtener y, a nuestro entender, darle paso a la justicia. El camino más
rápido para llegar a la justicia era que el presidente no aplicara la ley de
caducidad; si después la ley se anulaba es otro mecanismo.

¿Nunca va a suceder entonces que el gobierno responda a la justicia que un caso está amparado por la ley de caducidad?

En una visión estricta, los casos de lesa humanidad que le están llegando
al Ejecutivo no están en la ley. El problema es que si los magistrados
hubieran actuado como corresponde ya habría procesamientos, pero algunos
jueces y algunos fiscales están aplicando la ley de caducidad a piacere.
En uso de la facultad que le confiere la ley el Ejecutivo señala que los
casos no están dentro de la caducidad, y algún fiscal contraviene esa
potestad del gobierno y dice que sí están amparados.

Usted se refiere al caso del fiscal Enrique Moller.

El fiscal Moller no tiene vocación de justicia. Yo entiendo que él pueda
decir que investigó a los responsables y que no logró obtener pruebas para
procesarlos, pero este fiscal pone todas las objeciones para que no existan
los juicios.

¿Qué papel va a jugar usted en 2006 a favor de la anulación? ¿Intentará convencer a los sectores que aún no se han pronunciado?

Tenemos que tomarnos el tiempo necesario para decidir con cautela, quizá
sean cuatro o cinco meses de análisis, pero hay que hacerlo. Estamos
conversando con todos los sectores. Todos en algún momento soñamos con que
se anule la ley, pero esa decisión debe contar con bases muy sólidas. Y eso
llegará si logramos convencernos todos de que la anulación es el mejor
camino contra la impunidad.

Hace algunos meses la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, aseguró que
los militares no irían presos, cuando los hechos indican que esa sí era una
posibilidad; hace unos días el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin,
sostuvo que el gobierno no estaba discutiendo anular la ley de caducidad,
cuando sí se está discutiendo. ¿A qué atribuye estas posturas?

No creo que el camino de la verdad, la memoria y la justicia haya sido
absolutamente prolijo, y muchas veces en los sectores de izquierda hay una
necesidad de saber hasta dónde se va a llegar. Yo me quedo con la frase del
presidente de la República, que dijo a los familiares de las víctimas: "Yo
voy hasta donde van ustedes". Y los familiares quieren verdad, memoria y
justicia. La fuerza política es inmensa; no podemos empezar a discutir
públicamente quién dijo qué... tenemos que ponernos a pensar cuál es el
camino que nos lleva a la justicia.

¿Usted cree que cambiar la postura del Ejecutivo hacia la anulación puede tener costos políticos?

Ningún costo político; todo lo contrario. Además de verdad y memoria, se resolvería el tema de la justicia y se cumpliría con las recomendaciones de la CIDH.

Si el Parlamento no anula la ley, ¿usted apoyaría públicamente una campaña para juntar firmas a fin de plebiscitar una ley de anulación por iniciativa
popular?

Yo nunca me he quedado en casa. Hay que interpretar los momentos que estamos viviendo: ha llegado el tiempo de derribar la impunidad.