Protestas y escándalos en Colombia.

Por María Victoria Romero
APM. Argentina, 26 de octubre de 2008.

Tres indígenas murieron durante una protesta, la jefa de inteligencia renunció en medio de denuncias por espionaje ilegal y reina el estado de conmoción y huelga en el país.
Colombia soportó una semana de decepción social proveniente de diversos sectores pero con el mismo eje de reclamo : el descontento con las políticas asumidas por el presidente, Álvaro Uribe, algo que no condice con los sondeos de opinión que le brindan al Jefe estatal un elevado porcentaje de popularidad.

Las encuestas dan a Uribe una imagen positiva. El último sondeo realizado por Prisa a la empresa Invamer-Gallup, multinacional encuestadora habitual en el panorama político colombiano, elevó en diez puntos la imagen del presidente : de 65 por ciento pasó a 75 por ciento. No obstante, en las calles parece vivirse otra realidad.

Por un lado, la huelga iniciada por los trabajadores de la caña de azúcar debido a las condiciones extremas de explotación y a la violación de derechos laborales, hizo tambalear ese mercado, uno de los principales pilares de la economía colombiana. Y por otro, en las ciudades se hizo sentir la disconformidad con Uribe en las movilizaciones que se llevaron adelante el 23 de octubre por las calles de Bogotá y otras ciudades principales del país.

La huelga general convocada por La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) organizaciones sociales y políticas de oposición, fue en rechazo al decreto de urgencia que declaró el estado de conmoción por noventa días en todo el territorio colombiano. El presidente tuvo que recurrir a esa normativa, luego de que 36 días de huelga judicial bloqueara los fallos en 160.000 procesos.

El paro de ese sector se inició porque Uribe no cumplió con la promesa de nivelación salarial en la base de la pirámide de la rama judicial. Según el mandatario, la huelga provocó que 2.700 personas capturadas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas quedaran libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos permanezcan sin fallos y unas 25.000 audiencias quedaran suspendidas.

No obstante, el paro general no fue el único frente que reta el Jefe de Estado. El frente indígena constituye uno de los más combativos y uno de los que mayores inconvenientes le produjeron a Uribe por las consecuencias fatales que tuvieron las protestas indígenas.

"Que el estado de conmoción no apague la voz de los Pueblos y el grito de la Madre Tierra", fue el lema de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular. "Como lo han enseñado los mayores, autoridades tradicionales, los líderes indígenas y los mil 125 de indígenas asesinados en este gobierno, que abonan la Madre Tierra, ya no tenemos porque guardar silencio, nuestras luchas son luchas que representan el derecho de los pueblos a tener memoria, a exigir el respeto por la vida y la diversidad", expresaban los nativos al inicio de la protesta con fines pacíficos.

La Minga tenía por objetivo repudiar los Tratados de Libre Comercio (TLC), la política de Seguridad Democrática y el Estatuto Rural, el Código Minero y el Plan de Aguas que amenaza con privatizar los recursos naturales del país.

Además, exigían la presencia de Uribe para que explicara el incumplimiento de algunos acuerdos relacionados con despojo de tierras, y en especial, los recientes asesinatos de miembros de sus comunidades. Al no recibir respuesta, los indígenas optaron por el corte de la vía Panamericana, una de las principales arterias que une varias ciudades.

"La respuesta del gobierno nacional fue asegurar, irresponsablemente, que la protesta estaba infiltrada por las FARC -maniobra que siempre utiliza el gobierno para criminalizar y reprimir las protestas sociales-, y enviar al ejercito nacional y a los escuadrones móviles antidisturbios para desalojar la vía. Estos grupos armados inmediatamente comenzaron a golpear a la gente con gases lacrimógenos, y armas de fuego, ante o cual la gente allí apostada se defendió valientemente a pesar de las desiguales condiciones en las que se encuentran", denunciaron las organizaciones indígenas.

La protesta dejó un saldo de tres manifestantes muertos y cientos de heridos. Si bien en un principio desde el Gobierno se negó que la policía haya reprimido, días después Uribe salió a reconocer que efectivamente los disparos habían salido de las fuerzas de seguridad. No obstante, en cadena nacional, el mandatario afirmó que los exámenes realizados a los cuerpos indican que "no han muerto por disparos de la fuerza pública sino por explosivos terroristas".

La declaración gubernamental se dio luego que un medio de televisión internacional divulgara un video en el que se observa a un agente de policía disparando al aire un fusil oficial. "El patrullero de la Policía que disparó... ha reconocido que disparó porque los estaban atacando con explosivos", expresó Uribe".

En su discurso, Uribe pidió a las fuerzas de seguridad que cuando en "circunstancias en que se encuentren atacados por acciones terroristas tengan que responder disparando, por favor que lo sepamos todos. Aquí no puede haber verdades a medidas".

Es que Uribe endilga la culpa a la oposición de querer desestabilizar su gobierno y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de infiltrarse en las organizaciones de indígenas para generar caos. En efecto, el opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), es el principal señalado por el mandatario de tener un plan desestabilizador. Por su parte, el PDA acusó a Uribe de espionaje ilegal mediante el estatal Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La polémica con el DAS comenzó cuando el senador por el PDA, Gustavo Petro, reveló copias de memorandos del jefe de inteligencia de esa agencia donde ordena seguimientos contra él y otros dirigentes de ese partido. Uno de los memorandos sobre Petro solicita "información privilegiada de vínculos o nexos con organizaciones al margen de la ley" y "sobre contactos con personas que se presten como testigos para atestiguar contra el gobierno".

"En el Senado hay un Watergate colombiano, en donde se espía a la oposición y no deja garantías para la crítica al Gobierno", sostuvo Petro el día que presentó los informes. Ese escándalo se agrega al de la parapolítica, que dejo de acaparar la atención de los medios de comunicación.

El Departamento Administrativo de Seguridad fue creado en reemplazo del Servicio de Inteligencia Colombiano con el fin de recolectar información de inteligencia y contrainteligencia que permitiera conocer con anticipación las intenciones de agentes enemigos del Estado o del Gobierno. Pero, en los últimos tiempos lo salpicaron denuncias de partidos opositores quienes aseguran que el gobierno hace inteligencia ilegal.

Los cuestionamientos al DAS tuvieron un costo político : la directora general, María del Pilar Hurtado presentó su renuncia a Uribe y se destituyó al coordinador de Asuntos de Inteligencia Política y Social, Jaime Ovalle, quien aparece como firmante de los documentos.

La respuesta del mandatario colombiano espesó aún más los ánimos, ya que para él la decisión de espiar fue decidida por "cuenta propia" por Ovalle. Pero resulta difícil creer que una decisión de esa envergadura fuera tomada libremente por un funcionario de larga experiencia en el DAS, sin una orden directa del Gobierno. Por esa razón, tanto el Polo como el Partido Liberal responsabilizaron directamente al presidente Álvaro Uribe del accionar del funcionario.

Con encuestas que marcan un alto porcentaje de popularidad y un Congreso que busca un tercer mandato para el presidente, el país está inmerso en un descontento social generalizado que parece no encontrar un final cercano. A pesar de ese 70 por ciento de imagen positiva, las respuestas de Uribe no encuentran un correlato positivo en la sociedad, ni en los sectores sociales que demandan soluciones viables a sus problemas en medio de escándalos por parapolítica, espionaje ilegal y la muerte de tres indígenas en las protestas.

26|10|2008