Poderes mafiosos paramilitares en regiones y organismos estatales de Colombia

Por Pedro Santana Rodríguez
Alai-Amlatina. Bogota, 17 de noviempbre de 2006.

La medida de aseguramiento proferida por la Corte Suprema de Justicia contra los prófugos senadores Jairo Merlano del Partido de la U y Álvaro García Romero así como contra el representante Erick Morris, quien se entregó a las autoridades, éstos dos últimos también de la coalición uribista que militan en el Partido fundado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, Colombia Democrática, así como la detención de la ex representante Muriel Benito Rebollo del Partido Conservador, sumado a la detención de cuatro diputados de la Asamblea Departamental de Sucre, pusieron en evidencia los profundos nexos entre el paramilitarismo y las estructuras de poder en las regiones de la Costa Atlántica Colombiana. [1]

Lo que se viene revelando en los medios de comunicación había sido anticipado en varios informes de investigadores y de organismos de derechos humanos así como en un debate que el entonces representante Gustavo Petro Urrego había puesto sobre la mesa desde hace ya dos años cuando denunció en importante debate en la Cámara de Representantes que sectores políticos tradicionales y afectos al proyecto del Presidente Álvaro Uribe tenían nexos estrechos con los grupos paramilitares y eran cómplices de masacres, desapariciones, corrupción e intimidación a los electores en bastas regiones de la Costa Norte del país. En concreto en aquella ocasión denunció lo que venía sucediendo en el departamento de Sucre.

Posteriormente la ciudadana Clara López Obregón instauró una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por éstos mismos hechos. La Corte inició su propia investigación puesto que la Fiscalía General de la Nación, ya tampoco hay duda de esto, estaba profundamente infiltrada por el paramilitarismo bajo la administración de Luís Camilo Osorio quien tenía una ahijada que a la razón resultó involucrada con los paramilitares en el departamento de Norte de Santander donde fungía como la jefe de la fiscalía regional en aquel departamento. Sobra decir que la ex funcionaria es hoy prófuga de la justicia. Ahora, el ex Fiscal Osorio dice no recordar si los expedientes contra los parlamentarios prófugos fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia. Qué bueno sería que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes iniciara una investigación sobre este funcionario para ver si recuerda cuáles fueron sus actuaciones y hasta donde cohonesto éstas actuaciones de los parlamentarios involucrados hasta ahora en las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia.

La situación en los otros departamentos de la costa

Los informes del semanario El Espectador dan cuenta que las investigaciones judiciales de la Corte Suprema están también muy avanzadas para el departamento del Magdalena en donde la situación es tanto o más compleja que en el departamento de Sucre. Ahora la Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra Jorge Noguera ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que es la Policía Política que está bajo la directa responsabilidad del Presidente de la República. No hay que olvidar que Noguera fue el coordinador de la campaña de Uribe en las elecciones de 2002 en el departamento del Magdalena y que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por un presunto fraude electoral tanto en las elecciones parlamentarias como en las elecciones presidenciales de aquel año según denuncia que hiciera el subdirector del DAS Rafael García que ha sido condenado recientemente a 18 años de cárcel por comprobarse que estaba al servicio de narcotraficantes y paramilitares. García, a su vez, denunció que Noguera estaba al servicio de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Ahora Noguera ha sido acusado por la Procuraduría quien lo sindica de entregar información a los paramilitares sobre operaciones en su contra, de corrupción al recibir comisiones por la aprobación de contratos y ser cómplice ante el borrado de antecedentes criminales de paramilitares y narcotraficantes. Entretanto la Fiscalía abrió investigación sobre el cargo más débil, el de fraude electoral, pues dice no tener pruebas sobre la corrupción y la entrega de información a los paramilitares que a la postre conllevó el asesinato por parte de los paramilitares de alias Jorge 40 del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis en Barranquilla y de varios sindicalistas en Santa Marta.

En Magdalena, la investigadora Claudia López demostró que hubo bastantes irregularidades en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2002, todas ellas favorables a miembros de la coalición uribista. Así mismo se ha denunciado un sinnúmero de irregularidades para la elección del gobernador, que se presentó como candidato único, Trino Luna, así como los nexos entre los parlamentarios y Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, tanto para su elección como para las redes de corrupción ligadas a la contratación pública. También allí se presentaron masacres, asesinatos selectivos y desviación de recursos públicos hacia las arcas de los paramilitares. En el resto de la Costa Norte del país las cosas son similares. Avanzan investigaciones que involucran al ex senador del departamento de Bolívar Vicente Blel quien fue excluido de las listas liberales por el ex presidente César Gaviria Trujillo así como al ex gobernador del departamento Daniel Vargas. La empresaria del juego de azar chance, Enilse López, apodada como "La Gata" está detenida y se menciona reiteradamente en toda la región por sus presuntos nexos con grupos paramilitares además de lucrarse ilegalmente de las finanzas de los municipios. Está detenida por una transacción de 800 millones de pesos, hecha por su hermano, de las arcas del municipio de Montecristo a una de sus cuentas privadas. Hay que recordar que "La Gata" fue aportante a la campaña del candidato Uribe en 2002 con cerca de 300 millones de pesos.

También son evidentes las relaciones de políticos clientelistas tradicionalistas con los paramilitares de alias Jorge 40 en el departamento del Cesar en donde también hubo candidato único y recientemente un ex candidato señaló que había sido amenazado por los paramilitares de Jorge 40 y por ello había retirado su candidatura a la gobernación del departamento. Allí los grandes beneficiados también fueron los parlamentarios uribistas que dominan la política regional. No debemos olvidar que el Alcalde de Riohacha esta preso por desviar recursos del sistema de salud para los pobres a las arcas de alias Jorge 40. Deberíamos también mencionar los casos del departamento del Meta, Antioquia, Norte del Valle del Cauca y la infiltración en los departamentos de la zona cafetera, Arauca, Guaviare y Putumayo. Hay que recordar que en el departamento de Córdoba en donde los paramilitares vienen actuando desde los años ochenta del siglo XX, delante del propio Presidente Álvaro Uribe Vélez, el 5 de enero del año 2006, los parlamentarios de dicho departamento Juan Manuel López Cabrales, hermano del Gobernador, Libardo López Cabrales, se enfrento a Miguel de la Espriella. Ambos se acusaron de tener nexos con los grupos paramilitares que operan en el departamento. En el computador de Jorge cuarenta aparece presuntamente vinculada con estos grupos la ex presidenta de la Cámara de Representantes y hoy senadora de la República, Zulema Jattin. En el departamento de Putumayo, el gobernador ha sido destituido por la Procuraduría y se ha denunciado que estaría íntimamente relacionado con el paramilitar alias Ernesto Báez a quien habría entregado el negocio de los licores en el departamento.

Entre tanto ¿en dónde estaban los organismos de la Justicia cuando todo esto ocurrió ? En dónde los organismos de control y los medios de comunicación sobre todo los canales de televisión y los medios radiales ?. ¿En dónde los partidos políticos tradicionales y clientelistas ?, ¿estarían como en Sucre, ligados profundamente con los poderes mafiosos paramilitares ?

¿En dónde esta la Fiscalía General de la Nación ?

El Fiscal General de la Nación Mario Iguarán ha señalado que el proceso iniciado por la Corte Suprema de Justicia resultará mucho más grave que el llamado proceso 8.000 en que fueron investigados dirigentes políticos por recibir dineros de los carteles de la droga y específicamente del cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela. Dice Iguarán que éste era un caso de corrupción pero que el actual proceso es mucho más grave pues involucra a parlamentarios con masacres, asesinatos, desapariciones. O como lo dice el diario El Tiempo "es inconcebible y revuelve los intestinos que personas que han tenido el privilegio de ser congresistas, embajadores, gobernadores, puedan planear desde sus fincas la eliminación física de sus rivales políticos, el asesinato de fiscales y testigos electorales. La matanza de humildes campesinos…con respeto pleno por el debido proceso y el derecho a la defensa que asiste a los acusados, es indispensable que en el caso de Sucre -y de los que puedan venir- el país conozca toda la verdad y sienta que se imparte justicia". [2]

La afirmación del Fiscal General de la Nación es cierta, pero, el gran problema es que su oficina que es justamente la encargada por el Estado de las investigaciones, no avanza en ellas. En este caso ha sido la Corte Suprema de Justicia - a quien insistimos debemos apoyar y levantar un movimiento de respaldo para que siga con las investigaciones- quien ha avanzado principalmente por sus propios medios e investigaciones. Es inaudito que la Fiscalía General de la Nación no haya avanzado en las investigaciones que comprometen seriamente a Jorge Noguera con los grupos paramilitares y con la complicidad en crímenes como los mencionados anteriormente o en investigaciones contra el ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile Salvador Arana o contra los ex parlamentarios Vicente Blel o los ex gobernadores que están bajo su órbita. En todo este episodio apenas produjo un llamamiento a indagatoria a Muriel Benito Rebollo ex parlamentaria conservadora del departamento de Sucre. ¿En donde están las actuaciones judiciales contra los empresarios y ganaderos ?. En todos los informes de prensa aparecen personas como Joaquín García quien estaba profundamente aliado a todo este poder mafioso paramilitar y las investigaciones contra el ex gobernador de Bolívar Miguel Nule Amin dueño de la hacienda las canarias en donde se realizó por lo menos una de las reuniones para programar parte de los atentados criminales contra indefensos campesinos del departamento. Y ¿en dónde y en qué están las investigaciones en otros departamentos del país ?

En realidad frente al escabroso asunto de los narcoparamilitares, la Fiscalía apenas produjo la apertura de investigación contra Jorge Noguera por el presunto fraude en las elecciones de 2002 y ha guardado completo silencio sobre los cargos de corrupción por cobrar comisiones por los contratos celebrados por el DAS, por encubrimiento de la alteración de los archivos de narcos y paramilitares y por colaboración con éstos mismos grupos. Ahora que la Procuraduría elevó cargos por éstos delitos le quedará muy difícil a la Fiscalía, negarse a investigar a Noguera por estos mismos hechos. La segunda medida ha sido la llamada a interrogatorio de Muriel Benito Rebollo ex parlamentaria de Sucre y la orden de conducirla bajo medida de aseguramiento para que rinda indagatoria en este proceso. Y finalmente las medidas de aseguramiento contra los cuatro diputados del departamento de Sucre por sus nexos con los grupos paramilitares y con toda suerte de fechorías y de crímenes. Ninguna otra medida ha tomado la Fiscalía General. En otros episodios -después del escándalo protagonizado por Armando Marti, el brujo contratado por la Fiscalía- lo que ha habido son retrocesos, el más grave y notorio el relacionado con los falsos positivos y la responsabilidad en los mismos de miembros del ejercito nacional. Aquí también se presenta la misma contradicción con la Procuraduría que en el caso de Noguera. Mientras el Procurador abre investigación disciplinaria contra oficiales del Ejército Nacional, el Fiscal General señala que no hay evidencia que permita abrir proceso en la Fiscalía y responsabiliza a una informante de haber engañado a los oficiales del Ejército Nacional.

La pregunta es en dónde esta la Fiscalía en este proceso y lo propio habría que decir de su papel en la puesta en marcha de la Jurisdicción de Justicia y Paz encargada de investigar y acusar ante los jueces de ésta jurisdicción a los paramilitares que se encuentran en la antigua sede de Prosocial en la Ceja en Antioquia. Aquí tampoco se nota la firmeza y la celeridad de la que habla el Fiscal cuando se le pregunta por estos procesos. Por ello habría que preguntarse ¿en dónde esta la Fiscalía General de la Nación en todos estos procesos ?

La responsabilidad política del gobierno y de los partidos políticos

Con las detenciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia contra tres reconocidos parlamentarios de la coalición uribista que votaron la reelección y que además consiguieron votos para la reelección, con la formulación de pliego de cargos contra un funcionario nombrado directamente por el Presidente por nexos con el paramilitarismo y con la comprobada corrupción que rodea la administración -corrupción en el DAS, créditos a narcotraficantes como en el caso del Fondo Ganadero del Caquetá, corrupción en la superintendencia de notariado y registro de uno de sus compadres, licencias ambientales para favorecer a uno de sus ex ministros, corrupción en contratación con la Fuerza Pública por lo que tuvo que prescindir de uno de sus colaboradores más cercanos, etc. etc.- con todo ello cabe una responsabilidad política al gobierno que hasta hora guarda completo silencio.

Tanto el Polo Democrático como el Partido Liberal pidieron a Uribe en la campaña reeleccionista que condenara el apoyo de los grupos paramilitares, no lo hizo ; ahora le piden que se pronuncie sobre los parlamentarios acusados por la Corte Suprema de Justicia de formar parte de los grupos paramilitares, hasta el momento de escribir éstas líneas, no lo ha hecho. Hasta hace muy poco tiempo el Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo sostenía que el país no resiste la verdad, que si se develaran los nexos y la penetración del paramilitarismo con los sectores dominantes el país prácticamente se desmoronaría. Esta tesis la explicó sobre la llamada "matriz social" del conflicto según la cual para enfrentar a la violencia guerrillera sectores de los poderes empresariales y sobre todo terratenientes habrían acudido a formar y respaldar grupos paramilitares. Por ello habría que ocultar la verdad pues son de tal magnitud los sectores vinculados con la violencia que es mejor "dejar así" y pasar rápidamente la página para ir al postconflicto. Por ello habla siempre de la justicia restaurativa, del perdón, etc.

Construir la reconciliación democrática sobre la impunidad es imposible. Se requiere la verdad. Los únicos que no resisten la verdad son los criminales y quienes los apoyaron con recursos, con poder, con encubrimiento. El país requiere la verdad y una gran dosis de generosidad de las víctimas. Penas blandas a cambio de toda la verdad, esta es la fórmula para encontrar la paz y la reconciliación. El país no resiste más impunidad ni más arbitrariedad. Quienes temen a la verdad consideran que ellos son el país y ellos son los que están y han estado comprometidos con el crimen, con la corrupción y con la exclusión social de millones de colombianos. La Corte Suprema de Justicia debe acelerar las investigaciones de tal forma que el país discuta que hace con el Congreso comprado por narcotraficantes y paramilitares. Esto es clave a menos de un año de las elecciones municipales y departamentales.

Los Partidos deberían, en un acto de responsabilidad con el país, realizar su propia autodepuración antes que los órganos de la Justicia toquen a sus puertas. La única posibilidad de reconstruir la institucionalidad democrática es sobre la base de la verdad y de la reparación de las víctimas de esta degradada violencia que nos consume.

Pero también se requiere de una amplia movilización ciudadana para defender el Estado Social y Democrático de Derecho que esta sitiado por los poderes mafiosos y paramilitares en muchas regiones del país. Hay que exigir a la Fiscalía General de la Nación que actúe y hay que convocar a la sociedad política a un gran pacto por la defensa de la institucionalidad democrática y por la restauración moral de la República como aquella reclamada por Gaitán en los años cuarenta del siglo XX. La democracia sitiada y amenazada debe ser defendida mediante la movilización ciudadana y mediante un pacto nacional que garantice la verdad y el castigo a los poderes criminales y mafiosos que se han apoderado de una buena parte del país.

* Pedro Santana Rodríguez es Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía.

www.vivalaciudadania.org