Piden apertura de archivos de la dictadura

Por María Victoria Romero
APM. La Plata, Argentina, 22 de agosto de 2007.

Los archivos de la dictadura brasileña continúan siendo un secreto y aún no han podido ser abiertos pese al trabajo de una comisión especial gubernamental, y a las promesas del gobierno de hacerlos públicos.
Los archivos de la dictadura brasileña continúan siendo un secreto y aún no han podido ser abiertos pese al trabajo de una comisión especial gubernamental, y a las promesas del gobierno de hacerlos públicos.

Organismos de derechos humanos volvieron a exigirle a la administración de Luiz Inácio Lula da Silva la apertura de los archivos de la dictadura militar, instaurada en el país en el período 1964-1985. Se cree que esos archivos tienen información clave para desentrañar crímenes de lessa humanidad cometidos en Latinoamérica, en tiempos dictatoriales.

Días atrás se llevó adelante la audiencia pública en la Cámara Municipal de San Pablo "Derecho a la Información y a la Apertura de los Archivos de la Dictadura Militar", con el objetivo de desactivar la figura del "secreto eterno", decretado en diciembre de 2002 por el entonces presidente Fernando Enrique Cardozo.

Esa figura legal significó el otorgamiento de plazos renovables indefinidamente para permitir la apertura de esos documentos. El presidente Lula mantuvo esa disposición a través de una medida provisoria de diciembre de 2004 y de la ley 11.111/05, que prohibió la apertura por 30 años de los documentos considerados "ultrasecretos".

"Antes de expirada la prórroga del plazo de que trata el caput de este artículo, la autoridad competente para la clasificación del documento en el más alto grado de secreto podrá provocar, de modo justificado, la manifestación de la Comisión de Averiguación y Análisis de Informaciones Secretas para que evalúe si el acceso al documento amenazará la soberanía, la integridad territorial nacional o las relaciones internacionales del país, caso en que la Comisión podrá mantener la permanencia de la reserva del acceso al documento por el tiempo que estipule", dice el texto del artículo 6, inciso 2º de la Ley.

El golpe militar de 1964 que derrocó el gobierno de Joao Goulart, fue el preámbulo de un período largo de represión social y política en Brasil. El terrorismo de Estado aplicó la tortura, las persecuciones, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de opositores políticos.

Brasil, junto con Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, participó en el llamado Plan Cóndor, una operación conjunta de las dictaduras que gobernaron en esos países en los años 70, que tuvo como tarea "la recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas, con el fin de eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones en la zona".

Según Roger Rodríguez, periodista uruguayo, quien desde el periodismo aportó datos concretos para el esclarecimiento de crímenes dictatoriales, sostuvo que el hecho de que cualquiera de esos países mantenga cerrados los archivos de las dictaduras "supone seguir violando los derechos humanos y significa también una especie de terrorismo de Estado".

El pedido de apertura de esos archivos, es una iniciativa de la Comisión Extraordinaria Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, Ciudadanía, Seguridad Pública y Relaciones Internacional y de la Comisión de Familiares de los Desaparecidos y Muertos Políticos : "Movimiento Desarchivando Brasil".

Mediante un petitorio extendido a toda la comunidad brasileña, "Desarchivando Brasil" considera imperioso que "los tribunales reconozcan las inconstitucionalidades de la ley nº 11.111/05, y que una efectiva discusión popular y legislativa les dé sustento. La apertura de los archivos públicos consolida el Estado democrático de derecho. Exigimos el fin del silencio impuesto a los archivos, sobre todo los del período militar. Tenemos derecho al acceso pleno a nuestro pasado".

En tanto, durante la realización del Primer seminario "Amnistiados de Brasil : Amnistía y Derechos Humanos", realizado el jueves pasado en la Cámara de Diputados de Brasilia, se entregó un documento al Ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Paulo Vanucchi.

El documento señala que la omisión del Gobierno respecto a la apertura de los archivos atrasó la consolidación de la democracia en Brasil, impidió el sepultamiento político de la dictadura y la creación de instrumentos sólidos contra el golpismo, las conspiraciones y provocaciones autoritarias.

Y agrega que la violación del derecho a la verdad y a la memoria "produce la tolerancia de gran parte de la sociedad a delitos graves como la corrupción, el aumento de la violencia y de la tortura, así como la alienación de los medios de comunicación y de las instituciones de la Justicia brasileña".

Acceder a esos archivos no sólo significaría develar una parte de la historia del país, sino también del resto de los pueblos del continente que necesitan conocer la verdad.